El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
Miles de personas se congregaron este domingo en las afueras del estadio El Campín de Bogotá para rendir homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, fallecido el sábado en un accidente aéreo junto con otras cinco personas, en un acto espontáneo que terminó convertido en una celebración colectiva de su vida y su música.Como si de un gran concierto o un multitudinario partido de fútbol se tratase, desde las primeras horas de la tarde largas filas se formaron alrededor del estadio para ingresar al espacio vallado y protegido donde una gran pantalla mostró actuaciones pasadas del artista.Los alrededores del estadio fueron el lugar elegido por sus seguidores por su fuerte valor simbólico: allí Jiménez juntó en 2025 a 40.000 personas en un multitudinario concierto y tenía previsto volver a presentarse este año.Frente a la pantalla, los asistentes, con sombrero y poncho colombianos, y portando globos y ramos de flores blancas, se organizaron en semicírculo y corearon sus canciones más conocidas mientras caía el sol en Bogotá, en un ambiente que pasó del recogimiento a la celebración de su legado."No lo sentimos como un artista, lo sentimos como un familiar cercano que se nos fue", dijo a EFE Mariana Velásquez, una de las asistentes que llevaba en sus manos una fotografía del cantante.Cuatro altares fueron ubicados en cada una de las entradas del estadio, todos con fotografías del artista, coronas florales y cientos de velas blancas encendidas."Un ejemplo de vida""Nos enseñó que los sueños sí se cumplen y que no es necesario nacer en una cuna de oro para salir adelante", dijo a EFE el representante del club de fans, Óscar Sánchez, quien conoció personalmente al cantante y lo describió como "un ejemplo de vida" para miles de seguidores.Sánchez agregó que Jiménez "siempre tuvo tiempo para su gente" y que nunca perdió el vínculo con sus seguidores, a quienes consideraba parte fundamental de su carrera.Jiménez, de 34 años, nacido en el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, fue un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá, y que encontró la muerte cuando estaba en la cúspide de su carrera.El artista se convirtió en una de las figuras más representativas de la música popular colombiana y, además de su carrera artística, impulsó una fundación con la que desarrolló iniciativas de apoyo social dirigidas a comunidades vulnerables, en especial a niños y jóvenes.Durante el homenaje, varios cantantes jóvenes y artistas emergentes que en el pasado compartieron escenario con Jiménez interpretaron algunas de sus canciones, en un gesto de gratitud hacia quien consideraban un referente de la música popular colombiana.Los organizadores explicaron a EFE que la convocatoria fue espontánea y surgió tras un anuncio difundido por clubes de fans "Jimenistas" en redes sociales.El accidenteEl cantante falleció el sábado cuando la avioneta particular en la que se desplazaba sufrió un accidente y quedó completamente calcinada.La Fiscalía General informó este domingo que abrió "una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular", que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, y cayó en un campo cercano al final de la pista.En el siniestro murieron también su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.A medida que avanzaba la noche, miles de personas se congregaron frente al estadio El Campín, en Bogotá, donde permanecieron entre cantos y aplausos para despedir al artista en el mismo lugar donde, hace menos de un año, celebraron su música en vida.
Al momento de salir al trabajo, universidad o a otro destino, las personas usan varios medios de transporte, carro particular, taxi, transporte público o, incluso, algunos prefieren movilizarse en bicicleta, patineta eléctrica, ciclomotor, entre otros.No obstante, los medios de transporte más usados por las personas en Bogotá, según una encuesta de movilidad publicada por el Distrito, son:Transporte público: 4.211.486, con un 35%.A Pie: 3.342.400, con un 28%.Auto: 1.692.598, con un 14%.Bicicleta: 886.655, con un 7%.Moto: 887.352, con un 7%.Taxi: 528.287, con un 4%.Frente a esto y con el fin de incentivar el uso de medios de transporte más amigables con el medio ambiente, TransMilenio ofrece pasajes gratis a quienes conviertan la bicicleta en su principal medio para moverse en la ciudad.Así puede ganar pasajes gratis de TransMilenioActualmente, Bogotá cuenta con la cicloruta más extensa de Latinoamérica, la cual tiene una extensión de 374 kilómetros y con carril exclusivo. Por ello, portales y algunas estaciones implementaron espacios para dejar sus bicis, conocidos como 'TransMiBici'.Los ciclistas que usen los TransMiBicis para después abordar los buses del sistema, tendrán un pasaje gratis que será abonado a la tarjeta TuLlave personalizada, pero, para ello, deben cumplir con el mínimo de validaciones.Según TransMilenio, los biciusuarios deben acumular un total de 30 validaciones, para luego acercarse a un dispositivo de recarga manual o automático para activar la carga.No obstante, es importante que estén registrados en BiciBogotá para utilizar los TransMiBicis del sistema. Estos prestarán el servicio en el mismo horario que el sistema.¿Cómo registrarse en TransMiBici?Para usar el servicio, los ciclistas deben registrarse previamente antes de ingresar su bicicleta a las estaciones o portales de TrasMilenio, para ello, deben seguir estos pasos:Acercarse al portal o estación, donde haya un TransMiBici, con cédula y la tarjeta de propiedad o documento que certifique la persona es dueña de la bicicleta.Hacer el registro una sola vez en TrnasMiBici (en lugares de mucha demanda) y cada vez que se haga uso en sitios de menor demanda.Presentar siempre la cédula y tarjeta de propiedad de la bicicleta.¿Cómo usar los TransMiBici?La empresa de transporte hizo énfasis en que el servicio de TransMiBici es gratuito y debe usarse así:Usar la bicicleta para llegar hasta el portal o estación.Comprar el pasaje.Ubicar la entrada de la TransMiBici e ingresa al sistema validando el pasaje con la bici en mano.Identificar qué tipo de control de acceso cuenta la TransMiBici.Parquear la bicicleta y asegúrala con cadena, candado y demás elementos de seguridad.Una vez guardada y asegurada, hay que dirigirse a las plataformas para ingresar al bus.Al momento de recoger la bicicleta, es importante recordar que solo quien ingresó la bicicleta está autorizado para sacarla.
El expreso político venezolano Wilmer Azuaje relató en Sala de Presa Blu su experiencia durante los dos años que permaneció detenido en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al que calificó como un espacio de represión sistemática contra los presos políticos en Venezuela.Durante la conversación, Azuaje aseguró que su detención se produjo el 1 de mayo de 2017, cuando fue capturado junto a su asistente Giovanni González. Desde entonces, afirmó haber vivido condiciones que, según sus palabras, constituyen violaciones graves a los derechos humanos. “El Helicoide, el centro de tortura pudiera decir más grande en Latinoamérica”, señaló al describir el lugar donde estuvo recluido.Condiciones de reclusión y denuncias de torturaAzuaje explicó que dentro de El Helicoide los presos políticos eran sometidos a tratos degradantes y castigos constantes. “Dormíamos en la famosa escalera, con ratas y cucarachas, sin condiciones mínimas de dignidad”, afirmó. También denunció restricciones al descanso, a la alimentación y al contacto con familiares y abogados, lo que, a su juicio, evidencia la falta de garantías procesales.El entrevistado aseguró que fue presentado ante tribunales 113 días después de su detención, pese a que la ley venezolana establece un plazo máximo de 48 horas. “La gran mayoría estamos secuestrados, se viola el debido proceso”, sostuvo durante la entrevista.Impacto físico y psicológico en los detenidosAzuaje relató que su asistente, Giovanni González, sufrió graves afectaciones de salud tras los golpes recibidos durante su reclusión. “Hoy en día tiene cáncer producto de los golpes que recibió en la espalda”, afirmó, señalando que este caso refleja las consecuencias físicas que enfrentan muchos detenidos.Además, aseguró que las secuelas psicológicas persisten tras recuperar la libertad. “Cada siete días sueño que me están persiguiendo o que sigo preso”, confesó, al referirse a los traumas que, según dijo, afectan a numerosos expresos políticos.Llamado internacional y situación actual de los presos políticosDurante la entrevista, Wilmer Azuaje afirmó que en Venezuela existen más de 2.000 presos políticos y denunció la desaparición de cientos de personas. También hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir la liberación total de los detenidos. “Pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos”, expresó.Finalmente, sostuvo que su testimonio busca visibilizar lo ocurrido dentro de las cárceles venezolanas y reiteró que, a su juicio, debe haber justicia por los hechos denunciados.Escuche la entrevista completa acá:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su administración está trabajando bien con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que está dispuesto a reunirse con ella."Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.Al ser preguntado si planeaba reunirse con Rodríguez, quien era la vicepresidenta del presidente depuesto Nicolás Maduro, Trump respondió: "En algún punto lo haré".Cabe resaltar que Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que en su país "manda el pueblo" y "hay un Gobierno, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro", quien hace una semana fue capturado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques."¿Quién gobierna a Venezuela? El poder popular y su Gobierno constitucional, así que aquí no hay duda, aquí no hay niveles de incertidumbre, no, no, no, no, aquí manda el pueblo venezolano y hay un Gobierno, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro", dijo.
La compleja situación política y de seguridad en Venezuela ha generado una alerta roja sobre el orden público en Colombia. Según el analista Jorge Mantilla en entrevista con Sala de Prensa Blu, el innegable vínculo entre el régimen venezolano y grupos como el ELN y las disidencias plantea un escenario donde lo que ocurre en el país vecino impacta profundamente el territorio nacional. Ante la presión de las operaciones de Estados Unidos, surge la duda de si estos grupos se verán debilitados o, por el contrario, encontrarán nuevas ventajas tácticas en la frontera.Mantilla se mostró escéptico ante una posible retirada masiva de los jefes guerrilleros hacia Colombia, sugiriendo que el contexto actual abre una “ventana de oportunidad enorme para el ELN particularmente”. Esta situación permitiría al grupo proyectarse como una guerrilla continental y, ante un eventual colapso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ELN “podría eventualmente tener acceso a tecnología militar venezolana, a equipos logísticos venezolanos y particularmente a tecnología antiaérea”. Este acceso fortalecería sustancialmente a una organización que ya ha logrado conectar sus estructuras del occidente y el oriente colombiano durante el último cuatrienio.La estabilidad de la transición venezolana depende de complejas negociaciones internas entre las facciones del chavismo, representadas por figuras como los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Si estas conversaciones no prosperan, el escenario podría derivar hacia una guerra irregular protagonizada por colectivos, milicias bolivarianas y megabandas como el Tren de Aragua. Por ello, Mantilla advierte que el país debe prepararse para lo que podría ser una “transición prolongada y violenta” en el país vecino. A nivel interno, las cifras del gobierno nacional revelan que el ELN cuenta hoy con más integrantes y presencia territorial que en 2022. El analista define al grupo como una de las “empresas criminales más prósperas”, con un portafolio que trasciende el narcotráfico para incluir la minería e industrias legales como la ganadera en Venezuela. Este fortalecimiento representa un riesgo latente para los procesos electorales en Colombia, debido al posible “constreñimiento al elector” y la incidencia de la criminalidad organizada en las agendas legislativas del Congreso.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que serán 100.000 los jóvenes gestores de paz, quienes estarán en las zonas populares y más pobres del país reveló que recibirán un pago de $1.000.000 mensual pago para que estudien.El presidente enfatizó en que es consciente del costo del proyecto, que busca dar una alternativa a la violencia a los jóvenes en las zonas más vulnerables del país.“Eso vale un poco de plata. Solo calcúlenlo: si hablamos de un millón mensual son 12 millones al año, por 10.000 jóvenes, vale un billón 200.000 anual, si mis matemáticas no me fallan”, dijo el presidente.El presidente dijo que la idea es permitirles a los jóvenes un ingreso que les permita vivir con dignidad y “competir” con el salario que ofrecen los grupos criminales: “Le quitamos la juventud a la mafia, que es un objetivo de paz, porque si se logra, buena parte de la violencia en Colombia cede”“Estamos preparando un programa de gran dimensión, de ahí el porqué estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos, en las zonas de más alta violencia de Colombia, regiones excluidas como Urabá, barrios pobres de Cartagena, Montería, Barranquilla, que están llenas hoy de hambre”, comentó el presidente.Detenidos en protestas, entre gestores de pazLa semana pasada, el Gobierno emitió un decreto por el que se crea una comisión gubernamental que valorará los casos de personas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que están privadas de libertad por casos como las detenciones en protestas, para que participen como "voceros" o "gestores de paz".El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó el lunes que dicha comisión será la encargada de trazar los lineamientos para proponer al presidente Gustavo Petro los nombres de los privados de libertad que consideran que podrían ejercer esa labor de gestores de paz.El ministro aseguró que se estudiará "caso por caso" y que "esta decisión no significa, como ya se ha dicho ampliamente, conclusión de procesos ni de investigaciones" de los privados de libertad.El anuncio hecho por Petro, de nombrar como "gestores de paz" a unos 230 jóvenes detenidos durante las protestas del paro nacional de 2021, para lo cual serán liberados antes de Nochebuena, ha traído una larga polémica en Colombia.A pesar de que la excarcelación de los jóvenes detenidos fue una de las promesas de campaña de Petro, ya que la Fiscalía y las autoridades emprendieron tras las protestas de abril y mayo de 2021 una campaña de "judicialización masiva" contra centenares de ellos, muchos cuestionan la intromisión del Ejecutivo en los procesos judiciales.Entre esos detenidos hay personas acusadas por delitos muy graves como torturas o terrorismo, por lo que se cuestiona que se interrumpan sus procesos judiciales, pues se considera que la Justicia debe ser quien considere su responsabilidad.Además, la figura de "gestores de paz" en el pasado en Colombia se ha usado para liberar a miembros de la guerrilla presos, como una forma de acercamiento a las FARC o al ELN, pero no está valorada para casos individuales de personas que no pertenecen a ninguna estructura o grupo, como es el caso de aquellos "pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que están privadas de libertad", como los denomina en el decreto el Gobierno.Ministro de justicia Néstor Osuna confirmó los gestores de paz El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que los jóvenes que quedaron en libertad, algunos integrantes de la primera línea, serán designados como gestores de paz y quedarán en libertad antes del 24 de diciembre, fecha en la que cae Navidad en Colombia.Además, el ministro Néstor Osuna anunció que serían alrededor de 20 jóvenes, todos involucrados en procesos y delitos que se cometieron cometido durante el marco de las protestas sociales 2021, algunos serían integrantes de la Primera Línea y quedarían en libertad la próxima semana, antes del 24 de diciembre, como lo había anunciado el presidente de la República, Gustavo Petro a través de sus redes sociales.
El expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez se refirió en Mañanas Blu a los reparos que ha expresado, junto a otros exmandatarios de Iberoamérica que hacen parte de la Iniciativa Democrática de España (Idea) por la posible liberación de jóvenes manifestantes capturados por delitos en las protestas que sacudieron al país en 2021. Iván Duque y Andrés Pastrana, suscribieron la misiva.“Estamos preocupados porque en España y en las Américas se respete el Estado de Derecho, se fortalezca la democracia, se respete en este caso al poder judicial. Esperamos que estas decisiones, un poco cuestionadas y polémicas por los presidentes, no sean un mal precedente para que luego degenere el respeto a la ley”, declaró.De acuerdo con Lucio Gutiérrez, la eventual liberación de manifestantes capturados por delitos en protestas podría socavar la justicia colombiana.“Queremos que no haya malos precedentes, porque después la gente va a decir, bueno, si me indultan entonces les puedo meter tal cual delito dependiendo de la afinidad ideológica que tenga con el presidente de la República. Eso sería catastrófico para la justicia y la democracia en nuestros países”, indicó.Lo que dijeron los expresidentesLos exgobernantes agrupados en Idea, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que un presidente pueda tener potestad constitucional para conceder indultos.La declaración subraya que "tratar sus casos bajo figuras jurídicas que sólo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz", significaría "un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su Justicia".Los exgobernantes remiten al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú en 2018."Un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares", apuntan citando el fallo.
En medio del reinicio de diálogos entre la guerrilla del ELN y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que se desarrollaron en Caracas, Venezuela, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, reportó tres acciones violentas que son responsabilidad de esta guerrilla. Los hechos se habrían dado durante noviembre.Asimismo, se reportó un enfrentamiento con participación de esta guerrilla, con el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia."En noviembre fueron registradas tres acciones ofensivas violentas atribuidas al ELN y un combate con participación de esa guerrilla: en las acciones ofensivas no hubo reporte de víctimas. Hubo un combate entre el ELN y el Clan del Golfo en zona rural de Cáceres, Antioquia, el 24 de noviembre, que ocasionó el desplazamiento forzado de 57 personas de la zona rural a la cabecera municipal de ese municipio", señaló. el CERAC.Por otro lado, según CERAC, el ELN liberó a dos soldados en el departamento de Arauca el 16 de noviembre. Ellos habían sido secuestrados por la guerrilla en el municipio de Tame el 1 de noviembre, justo 20 días antes de que se volviera a instalar la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional."En noviembre, CERAC registró dos operaciones de la fuerza pública contra el ELN, sin uso de la fuerza, en la que fueron capturados seis guerrilleros en Antioquia, Arauca y Norte de Santander. En noviembre se registraron siete acciones ofensivas violentas y tres combates que no fueron atribuidos a un grupo armado, pero que ocurrieron en municipios en los que CERAC registró reciente presencia violenta del ELN. En seis de esas acciones violentas hubo reporte de víctimas: un civil murió, dos fueron secuestrados, 5.650 se desplazaron forzosamente y 130 familias fueron confinadas" señaló el informe.En febrero se registró un pico de acciones violentas por parte del ELN que se explica por un "paro armado" anunciado por esta guerrilla entre los días 23 y el 26 de ese mes. El promedio mensual de acciones ofensivas atribuidas a esa guerrilla durante este año fue de siete. Cabe recordar que, entre enero y noviembre de 2021 se presentaba, en promedio, ocho acciones violentas por mes.Le puede interesar:
Algunas víctimas de secuestro por parte de la extinta guerrilla de las Farc manifestaron que mientras estuvieron en cautiverio fueron custodiados por niños que habían sido reclutados por este grupo armado.Es por esto que en una solicitud presentada hace casi un año, el abogado Juan Camilo Sanclemente le pidió a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que citara a algunas víctimas con el fin de que, voluntariamente, le puedan entregar la información que tienen y de la cual fueron testigos sobre este delito; que ocurrió durante el conflicto y el cual es investigado por la justicia transicional."De la información aportada en su solicitud, el despacho encuentra relevante que las personas mencionadas, que participan como víctimas acreditadas ante el Caso 01, puedan aportar la información con la que cuenten en relación con la presencia de niños y niñas dentro de las filas de las FARC EP, para los objetivos investigativos del Caso 07", se leyó en la decisión de la JEP.En este sentido, le hicieron un llamado a un grupo de nueve víctimas de secuestro para que en un término de un mes respondan si voluntariamente quieren ir a la JEP y entregar los detalles o información que tiene sobre el reclutamiento. Entre estas personas se encuentra la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, la exsenadora Clara Rojas, el exdiputado del Valle Sigifredo López y el hoy coronel del Ejército Raimundo Malagón.Al igual que el general de la Policía Luis Mendieta, el exaspirante al Senado Jhon Frank Pinchao, y otras víctimas como Óscar Tulio Lizcano, Consuelo González de Perdomo y el exgobernador del Meta Alan Jara."En ese sentido, y en ejercicio de sus facultades, el despacho decretará como prueba de oficio la entrevista de las víctimas referidas que, de manera voluntaria, deseen hacer aportes al Caso 07, sobre la base de la información con la que cuenten sobre niños y niñas en las filas de las antiguas FARC-EP", agregó la entidad.En consecuencia, la JEP solicitó a las víctimas "para que, en el término de un mes, contado a partir de la notificación de esta providencia, manifiesten al despacho relator del Caso 07 si de manera voluntaria desean rendir entrevista ante este caso"."En relación con el conocimiento que pudieron tener sobre la presencia y condiciones de vida intrafilas de niños y niñas en la antigua guerrilla de las FARC-EP. Sobre la base de las respuestas recibidas, el despacho convocará a la diligencia correspondiente", puntualizó la jurisdicción especial.Le puede interesar:
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.