El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
Desde hoy, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, desarrolla en Estados Unidos una agenda diplomática de alto nivel con funcionarios del Gobierno norteamericano, con el propósito de fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra la criminalidad y los carteles del narcotráfico.Esta visita se realiza como preámbulo al viaje que efectuará en febrero el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y busca socializar ante altos funcionarios estadounidenses los avances y resultados de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, así como consolidar nuevas estrategias conjuntas frente a amenazas trasnacionales.Durante tres días, el minDefensa sostendrá reuniones estratégicas en las que se diseñarán hojas de ruta binacionales para impactar de manera contundente a las estructuras criminales. La agenda incluye encuentros con representantes del Departamento de Guerra, miembros del Senado encargados de temas de armas e inteligencia, y funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca.Previo a este viaje, el ministro Sánchez participó en una reunión virtual con el Subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Guerra, Joseph Humire, en la que se definieron los principales ejes de trabajo. Este encuentro contó con el acompañamiento de la canciller Rosa Villavicencio y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, permitiendo establecer prioridades y objetivos comunes.Entre los temas clave de la agenda se destacan el fortalecimiento de la cooperación internacional en inteligencia, el uso de drones y antidrones, y otras capacidades estratégicas. El ministro resaltó que, aunque Colombia y Estados Unidos puedan tener enfoques distintos frente al problema de las drogas, estos son complementarios y deben articularse mediante el diálogo, como base para seguir enfrentando uno de los principales desafíos de seguridad global.
Comunidades campesinas, junto a integrantes del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, realizan desde la mañana de este domingo realizan un bloqueo permanente en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, a la altura del sector El Cairo, en el municipio de Cajibío, norte del departamento del Cauca.Los manifestantes exigen la libertad de Ismael Guetio, reconocido líder social y productor de panela, quien, según denuncian, fue capturado en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, por parte de la Policía Nacional en un procedimiento."Exigimos al Gobierno nacional que se busquen los mecanismos necesarios para la liberación de nuestro compañero, una persona comprometida con el suroccidente colombiano, pero también con la reforma agraria y con políticas que buscan un camino hacia una verdadera transformación social", dijo uno de los voceros del bloqueo.De acuerdo con información suministrada por la policía de ese departamento, el líder tenía como destino la ciudad de Cúcuta, su objetivo era realizar diferentes protestas en contra de los Estados Unidos."Nos encontramos hoy, 11 de enero de 2026, en la vía Panamericana, en una acción de movilización exigiendo la libertad de nuestro compañero Ismael Guetio. Por eso estamos aquí, en esta jornada de protesta, reclamando su liberación", expresó el vocero.Las autoridades confirmaron que su captura se produjo, debido a que tenía una orden de captura vigente, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal Segundo y la Fiscalía Seccional Cauca, por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado e invasión de tierras o edificaciones.
Por el alto flujo en vías de Antioquia para el plan retorno de este puente festivo, las autoridades informaron que dispusieron un dispositivo de 216 uniformados distribuidos en 23 grupos operativos, que están desplegados en seis ejes viales del departamento, para hacer control, pedagogía vial y atención a emergencias.La Policía Antioquia indicó que habrá más controles de tránsito, seguridad vial y prevención de la siniestralidad, teniendo en cuenta que, por estas mismas fechas, en el año anterior se registraron 16 siniestros viales, 71 personas lesionadas y 7 personas fallecidas. El coronel Luis Muñoz, comandante de la policía en el departamento."Se prevé que haya cerca de 650.000 vehículos que se movilicen por las vías del departamento de Antioquia. Realizarán el acompañamiento, la articulación, el control, atendiendo de manera directa y prioritaria todos algunos eventos que se presenten frente a temas de siniestralidad principalmente", recalcó Muñoz.Por su parte, el mayor Alejandro Uribe, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia, indicó que continúan los controles contra el transporte informal y conductores que manejan en estado de embriaguez, en exceso de velocidad o que no respetan las normas de tránsito, en especial, por la alta accidentalidad que ya se registra en los primeros días de 2026."Este esfuerzo busca evitar más tragedias en la vía. En lo que en lo que va recorrido en el año, ya se han registrado 30 siniestros viales, dos personas fallecidas, 41 lesionados, cifra que nos llama la atención a reflexionar con responsabilidad", destacó Uribe.Datos de esa dependencia de la Policía Nacional indican que, durante 2025, se registraron 978 siniestros, 2010 fallecidos y 1.375 lesionados en vías de Antioquia, un aumento en comparación con las estadísticas de 2014, cuando fueron 897 accidentes con 1.289 personas heridas y 897 muertas.Finalmente, las autoridades pidieron a la ciudadanía a disfrutar de las festividades de manera responsable y en el regreso a sus hogares este lunes festivo acatar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol si va a conducir y reportar cualquier situación que afecte la seguridad a través de las líneas de atención institucionales.
Un hecho violento en el que estaría implicada la fuerza pública ha generado inquietud en habitantes del municipio de Necoclí que, durante este puente festivo de Reyes, disfrutan de las fiestas del Coco.En la localidad piden investigar la muerte de un hombre en medio de la programación de las festividades que se desarrollaban en la cancha La Batea. Allí, la víctima identificada como José Luis Ramos Fuentes habría sostenido una fuerte discusión con su pareja sentimental lo que obligó a la intervención de la policía.En medio del procedimiento, Ramos, presuntamente, se tornó agresivo con los uniformados lo que habría generado una reacción con arma de fuego por parte de los efectivos de la institución policial produciendo la muerte del ciudadano.Tanto desde la Policía como desde la Alcaldía de Necoclí lamentaron lo sucedido e indicaron que es materia de investigación. A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno señalaron que la fiestas continúan su normal desarrollo y permanente articulación para evitar alteraciones de orden público.“Reitera su confianza en los mecanismos institucionales y judiciales, los cuales permitirán establecer con claridad las circunstancias de lo ocurrido, garantizando el debido proceso y el respeto por los derechos de todas las partes“, se lee en la carta de la administración municipal sobre lo ocurrido con Fuentes.
La ONG Foro Penal informó este lunes de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana y un hispano-venezolano."Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.De la cárcel La Crisálida fueron liberadas un total de 9 mujeres, según la lista de la ONG: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.Foro Penal publicó además en su cuenta de X una fotografía de varias de las mujeres excarceladas de La Crisálida, ubicada en Caracas.De la prisión El Rodeo 1, también en Caracas, salieron 15 hombres, entre ellos dos italianos, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò, y uno con doble nacionalidad española y venezolana, Alejandro González de Canales Plaza.Trentini y Burlò se encuentran bien y esperan en la embajada de Italia en Caracas para poder regresar a su país en las próximas horas, anunció el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.En el caso de González de Canales Plaza, es la expareja de la abogada y activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, uno de los cinco presos españoles liberados la semana pasada en Venezuela.Las 24 excarcelaciones de esta madrugada se suman a las 17 que ya tenía contabilizadas Foro Penal, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.Organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que el proceso de excarcelaciones anunciado el jueves pasado avanza a cuentagotas.Los familiares de los presos políticos en Venezuela siguen a la espera de nuevas liberaciones, una semana después de que jurara el cargo la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras continúa la expectación respecto a los próximos pasos en la relación entre Caracas y Washington.La madrugada del domingo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste) de 52 años y detenido el 9 de diciembre por "compartir mensajes críticos" contra el chavismo.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
El exjefe paramilitar Rodrogo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', deberá ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a contar todo lo que sabe sobre alianzas de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con diferentes sectores de la sociedad y altos mandos militares.Esta diligencia será la última oportunidad que tiene Tovar Pupo para ser aceptado por la JEP. Allí deberá demostrar que mientras comandó el Bloque Norte de las AUC fue un 'hombre bisagra' entre las fuerzas militares y los máximos líderes paramilitares y que antes de hacer parte de estos grupos, como civil, fue un auspiciador del paramilitarismo.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP fijó fechas para el 26 y 27 de enero de 2023; sin embargo, el abogado de 'Jorge 40' envió una solicitud para que fuera aplazada, ya que no había podido reunirse con el exjefe paramilitar para preparar la diligencia. Esta solicitud fue negada en las últimas horas."En atención a lo expuesto, la subsala no accederá a la solicitud efectuada por el defensor de confianza del señor Tovar Pupo, pues las fechas fijadas son inaplazables. La defensa en este caso ha tenido tiempo suficiente para preparar el cuestionario contenido, el cual fue notificado personalmente al señor Tovar Pupo el 13 de septiembre de 2022", advirtió la justicia transicional en el texto entregado.No obstante, le ordenan a la cárcel Picaleña de Ibagué, en donde se encuentra recluido 'Jorge 40' y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que disponga del espacio y el tiempo necesario para que su abogado pueda ir y preparar la diligencia."ADVERTIR al defensor de confianza del señor Rodrigo Tovar Pupo que las fechas fijadas son inaplazables, como lo señaló la Sección de Apelación de la JEP en el Auto TP-SA 1187 de 21 de julio 2022", puntualizó la jurisdicción especial.
El jefe del negociación del Gobierno de Gustavo Petro en los diálogos con el ELN, Otty Patiño, explicó en Mañanas Blu los alcances de los acuerdos logrados en el primer ciclo de negociaciones y, en ese contexto, reveló que ocho integrantes de esa guerrilla serán liberados por razones humanitarias. "Hay una situación en las cárceles, que no solo cobija a personas del ELN, sino también a población que sufre por enfermedades, algunas de ellas terminales y que están en una situación inhumana, confinados y sin la debida atención médica, así como sin soporte familiar para soportar con más tranquilidad esas crisis. Son personas casi agonizantes. Se ha planteado que esas personas puedan estar en sus hogares con confinamiento domiciliario. Son ocho personas que serán liberadas de inmediato", sostuvo. El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN aseguró que aprobar las liberaciones estará en manos de los jueces y, quienes gocen del beneficio serán monitoreados a través de brazaletes del Inpec. "No puede ser el Gobierno el que resuelva esa situación sino los jueces. El Gobierno va a presentar estas situaciones para que se pueda proceder. La vigilancia del Inpec o de los mecanismos que hay para garantizar esa situación son brazaletes a quienes están pagando prisión domiciliaria. Es la condición, además, certificada por médicos y por la propia entidad para que los jueces pueden determinar que amerita ese cambio", sostuvo Patiño. ELN liberó a 20 personasLas delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN para los diálogos de paz cerraron este lunes el primer ciclo de negociaciones en Caracas con el anuncio de que 20 personas que estaban bajo el poder del grupo irregular fueron liberadas en los últimos meses."Las partes informan que desde el pasado 7 de agosto a la fecha, en manifestación clara de su compromiso con la paz de Colombia, el ELN ha dejado en libertad a 20 personas entre civiles e integrantes de la fuerza pública", dice el comunicado conjunto.Consultado en rueda de prensa, el jefe de la delegación del ELN, Israel Ramírez, alias 'Pablo Beltrán', no ofreció detalles sobre las identidades de los liberados, si bien la semana pasada se conoció que dos menores que habían sido secuestrados en noviembre, cerca de la frontera con Venezuela, fueron puestos en libertad.
Estados Unidos no ha planteado ninguna objeción al plan del Gobierno de Gustavo Petro para buscar la paz en Colombia mediante el acercamiento a grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aseguró este martes en Washington el ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez.El titular de Defensa hizo estas declaraciones a los periodistas en la capital de EE.UU., donde se encuentra en una visita oficial en la que se reunió con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, y que continuará con encuentros con otros funcionarios y legisladores del país."Por parte de EE.UU. no fue expresada ninguna preocupación, por el contrario un respaldo a la paz total", indicó Velásquez sobre la política del Gobierno de Petro que incluye el diálogo con el ELN, iniciado la semana pasada en Caracas, y el acercamiento a disidencias de las extintas Farc."El camino a la seguridad es la paz y por eso hay que lograr que esas organizaciones abandonen su actuar criminal", subrayó el ministro.Según un comunicado del Pentágono, Austin y Velásquez abordaron durante su reunión "el interés compartido de profundizar la cooperación en asuntos estratégicos que incluyen la cooperación en seguridad internacional, la lucha antidroga y la aplicación de los acuerdos de paz".De acuerdo con la nota, ambos afirmaron "la importancia de trabajar juntos para fortalecer la transparencia y el respeto por los derechos humanos".Velásquez señaló que la estrategia en la lucha contra el narcotráfico por parte del Gobierno de Petro, quien tomó posesión en agosto, va dirigida "más contra los dueños del negocio que contra los eslabones débiles de la cadena".En este sentido, el ministro dijo que Colombia cooperará con EE.UU. mediante inteligencia para identificar "los grandes beneficios económicos, las propiedades y los dineros" de los individuos que se lucran del tráfico de drogas.Respecto a Venezuela, país con el que Washington no tiene relaciones diplomáticas pero Colombia sí desde la toma de posesión del Ejecutivo de Petro, Velásquez aseguró que EE.UU. manifestó "curiosidad" sobre la cooperación en temas de defensa entre ambos países latinoamericanos, sin dar más detalles.El Gobierno de Petro y el ELN reiniciaron en Venezuela las conversaciones que estaban congeladas desde 2018 y anunciaron que tienen la intención de invitar a EE.UU., junto con otros países incluido España y Alemania, como garantes.Le puede interesar:
Jorge Rodrigo Tovar ocupa la curul número 12 de las circunscripciones especiales de paz, que representa a los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Es hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'. El exparamilitar actualmente está buscando someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y en una audiencia única de verdad deberá contar todo lo que sabe sobre alianzas entre paramilitarismo y fuerza pública. De esto dependerá que sea aceptado en la justicia transicional.Jorge Rodrigo, su hijo, fue desplazado y reconocido como víctima por la Unidad de Víctimas y esto le permitió aspirar a las circunscripciones especiales de paz en las últimas elecciones legislativas.En el Congreso de la República, pero en el Senado, también está María José Pizarro: hija del excombatiente y líder político Carlos Pizarro, quien hizo parte del movimiento M-19 y fue asesinado en 1990 cuando era candidato a la presidencia, tras dejar las armas.En las últimas horas, Jorge Rodrigo Tovar invitó a la senadora Pizarro a tomarse un café y hablar sobre la reconciliación del país. La invitación también fue para María del Mar Pizarro, hermana de la congresista: y William Aljure, otra víctima dle conflicto y quen es representante a la Cámara, también por las curules de paz."Juntos, entendiendo que hemos sido víctimas y que la vía armada no es una opción, queremos cambiar la historia. Nadie más debe vivir lo que nos ha tocado a nosotros. En medio de nuestras diferencias, nos une la paz total y el anhelo de cambiar a Colombia", expresó Tovar.Agregó, además, que todos ellos pueden apartarle a la paz que en este momento se está buscando en el país. "Los invito a tomarnos un café pronto María José Pizarro, Willian Aljure y María del Mar Pizarro, estoy seguro que, nuestras experiencias de vida, tienen mucho por aportarle a la paz de nuestro país", manifestó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.