El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Un viaje tranquilo en TransMilenio, por poco termina en una tragedia para algunas personas que se movilizaban en una ruta este 11 de febrero, pues por poco se da una fuerte agresión por un presunto robo y uno de los implicados suplicaba que arrancaran el articulado porque “lo iban a matar”.Lo cierto es que se conoció que la persona que pidió al bus que arrancara era realmente un ladrón, quien buscó refugio dentro del articulado para escapar debido a que se acaba de robar una maleta y los dueños estaban buscando recuperar sus artículos personales, incluso, en el video que se hizo viral en TikTok se pudo ver en un momento el uso de un arma blanca.“¿Dónde está mi maleta?”, le dijo uno de los jóvenes a esta persona, mientras a gritos pedía que arrancara porque lo iban a matar, mientras otras personas (asustadas) también pidieron al conductor que lo hiciera para evitar que se diera algún momento de mayor tensión o una escena trágica.Sin embargo, se supo que el TransMilenio no logró salir de la estación, pues los afectados alcanzaron a avisar a un policía que estaba en otro vagón y este le pidió al articulado que se detuviera y así pudieron detener a esta persona que, incluso, se encontraba armada en medio de la discusión y alcanzó a herir a una de las víctimas del robo.Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y todo quedó en la discusión y la intervención de la Policía. Sin embargo, sí fue un momento de tensión para las personas que se encontraban en ese momento en el articulado que no entendían que estaba sucediendo y temían que se diera lo peor sin saber el contexto de la situación.La Policía evitó que el ladrón fuese agredido por parte de las personas que estaban en el articulado.
James Rodríguez volvió a referirse a uno de los episodios más comentados de su carrera en Europa: su salida del Bayern Múnich y la supuesta incomodidad con el frío alemán. En una entrevista concedida a The Athletic, el volante colombiano fue tajante al desmentir que el clima hubiera sido un factor determinante en su decisión.“Lo dije más como una broma, pero la prensa lo tergiversa. No me fui por el frío. Para mí es igual jugar en el frío de Minnesota o en el calor de Barranquilla, solo pienso en jugar”, dijo el capitán de la Selección Colombia.La declaración hace parte de un reportaje del periodista Felipe Cárdenas, en el que el cucuteño habló sin filtros sobre los altibajos de su trayectoria, sus decisiones y las críticas que lo han acompañado. En este momento jugador del Minnesota United, James hizo un balance sereno de su carrera.“Creo que obviamente ha habido más cosas buenas que malas. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia. Esa es la magia de la vida: poder cometer errores”, agregó.Las decisiones erradas del capitánEl ‘10’ también reconoció que no todas sus elecciones deportivas fueron acertadas, en especial sobre el fichaje a algunos clubes. Sin embargo, aseguró que cada experiencia le dejó aprendizaje: entender “en qué te equivocaste y en qué fallaste” para no repetirlo en el futuro.“He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me decía que hiciera”, confesó. Frente a las críticas, lejos de mostrarse afectado, dijo encontrar motivación. No obstante, sí cuestionó el tratamiento que en ocasiones ha recibido por parte de la prensa, al considerar que algunas de sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Los que dudan de mí son los que me dan esa chispa. Son la gasolina que me impulsa a lograr lo que me propongo”, afirmó. ¿Qué piensa de la Selección Colombia?Cuando el tema pasó a la Selección Colombia, el tono cambió. James habló con emoción sobre lo que significa vestir la camiseta tricolor: “Tienes que dar la vida por tu país. Ese es ese ‘algo extra’”. Para él, representar a Colombia va más allá del rendimiento físico: “No se trata solo de correr, tienes que sentirlo desde lo más profundo”. También reconoció que la presión de jugar con la selección no es para todos y que hay futbolistas que no logran sostenerla por mucho tiempo.A sus 34 años, y tras un recorrido lleno de luces y sombras, James dejó claro que no siente que su historia esté cerrada. “La historia aún está por escribirse. Continuará”, concluyó.
Un doble homicidio sacudió el norte de Bogotá este miércoles, luego de que sicarios atacaran al reconocido empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. El atentado, que las autoridades califican como "meticulosamente planeado", ocurrió en la carrera Séptima con calle 85, cuando las víctimas salían de un gimnasio del sector.Detalles del sicariato en la carrera Séptima con calle 85Según el reporte del general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los atacantes vigilaron a sus víctimas durante al menos 15 minutos. Uno de los delincuentes vestía traje y corbata para pasar inadvertido en la zona. Tras realizar tres disparos, el agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba sobre la carrera Séptima.Aunque las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica del Country, el centro médico confirmó que llegaron sin signos vitales. Gutiérrez Garzón, quien protegía al empresario, era un uniformado retirado de la Policía Nacional desde 2021.Vínculo entre Gustavo Aponte y la familia de Miguel Uribe TurbayGustavo Aponte era el propietario de Arroz Sonora y Flexo Spring. Su muerte generó reacciones inmediatas de la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, con quien mantenía un vínculo de profunda cercanía espiritual. Casualmente, el crimen ocurrió el mismo día en que se cumplían seis meses del fallecimiento del congresista tras otro ataque sicarial.María Carolina Hoyos, hermana del senador, y María Claudia Tarazona, su viuda, expresaron su dolor y destacaron la solidaridad de Aponte durante el duelo familiar.“Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor”, publicó Hoyos en su cuenta de Instagram.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este miércoles, 11 de febrero:El precandidato Juan Manuel Galán habló sobre sus propuestas para aspirar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.El mensaje de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, tras el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte en el norte de Bogotá.Diosdado Cabello lanzó crítica al presidente Gustavo Petro por las acciones militares contra el narcotráfico en la frontera.Fuertes lluvias en Bogotá generaron problemas en la movilidad.Las pruebas de pretemporada en la Fórmula 1 con las nuevas especificaciones de la FIA.
El pasado 26 de agosto, la delegación de diálogos de las disidencias de las Farc, al mando de alias 'Iván Mordisco', llegó al Cauca para reunirse durante cuatro días con el Gobierno nacional en el municipio de Suárez. Tras dicha reunión se acordó la instalación de una mesa de diálogos, pero además se anunció que se empecerá a pactar un cese al fuego bilateral y la idea es que esta medida inicie el día en el que empiecen las negociaciones.Sin embargo en las últimas horas se conoció un vídeo del momento en el que la delegación de las disidencias llegó a Suarez, los guerrilleros caminan en medio de un polideportivo vestidos de civil, posteriormente se sientan en una mesa y toma la palabra un guerrillero vestido de camuflado, a él lo acompañaron otros disidentes uniformados y armados, en el lugar hay pancartas alusivas a las disidencias.En ese momento toma la palabra alias 'Andrey', negociador de las disidencias, y aseguró que "este es un proceso que cada uno de ustedes que hoy están acá tienen todas las esperanzas, y cuando se habla de un proceso no se habla de la desmovilización de la insurgencia, no se habla de la desmovilización de las Farc, se habla de lograr escenarios que dignifiquen la forma de vida de las comunidades en todos los territorios".En el polideportivo hay decenas de personas e incluso se ven menores de edad, en algunos momentos fueron aplaudidos y después de que hablan dos disidentes empieza un baile en el que participan los guerrilleros, en un momento, se ven también banderas de Colombia con insignias de las disidencias.Le puede interesar
El departamento de Arauca se encuentra en estado de alerta debido a los enfrentamientos que han estallado entre las disidencias de las Farc y el ELN en los últimos días. La violencia ha desencadenado una grave crisis humanitaria que ha movilizado a las autoridades y organismos internacionales.El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó su intervención en la situación, especialmente en la facilitación de la evacuación de personas heridas en los combates. Entre los heridos se encuentra una menor de tan solo 13 años.“Confirmamos que ayer participamos en una evacuación de varias personas heridas en combate durante el fin de semana en zona rural de Arauca. Esta fue una operación exclusivamente humanitaria y es resultado de nuestro diálogo bilateral y confidencial con los actores armados”, informó CICR.Las autoridades locales han confirmado el hallazgo de seis cuerpos hasta el momento y se estima que el número de muertos asciende a 16, como consecuencia de los combates que se libran en la zona. En respuesta a la situación crítica, se ha convocado un consejo de seguridad en el municipio de Tame, en el que participarán representantes de la Gobernación, la Personería, la Defensoría, la Procuraduría, la Alcaldía, así como representantes del Ejército, la Policía y la Armada. El objetivo principal de este consejo es evaluar la situación de seguridad que se vive en la región y coordinar esfuerzos para enfrentar la crisis humanitaria desencadenada por los enfrentamientos entre los grupos armados.Según las autoridades, estos enfrentamientos entre las disidencias y el ELN se deben a la lucha por el control territorial en la región.Son al menos 16 muertos por estos enfrentamientosNuevos enfrentamientos entre ELN y las disidencias de las Farc por el control territorial de zonas rurales del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, dejaron al menos 16 personas muertas en combate, según fuentes locales."El 30 de agosto comenzaron unos combates", relató a EFE el personero de la localidad de Puerto Rendón, Óscar Vanegas, quien comentó que el ELN, que controla las zonas urbanas, intentó "entrar a la montaña" donde dominan las disidencias.Esto ha provocado "desplazamiento masivo de comunidades", que han tenido que buscar refugio en zonas seguras y "confinamiento", según esta autoridad local.En los últimos días la calma ha vuelto y las comunidades están haciendo un balance de las afectaciones, pero el personero habla de "16 personas muertas en los combates".El domingo, las disidencias de las Farc publicaron un video en el que aparecían rodeados de al menos 5 heridos, algunos visiblemente graves: "Tenemos una emergencia de unos heridos, por eso le pedimos a la Cruz Roja Internacional (CICR) y a una comisión del Gobierno si es posible que nos presten el servicio para auxiliarlos porque no estamos en las condiciones porque son heridos graves".El CICR confirmó que han realizado "la evacuación de personas heridas en combate" en una "operación humanitaria y confidencial", siguiendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que dicta que "todas las personas fuera de combate, incluyendo las personas heridas, deben ser protegidas" y por ello se debe brindar "atención médica a todas las personas sin distinción".Le puede interesar
Las delegaciones del Gobierno nacional y de la guerrilla de ELN cerraron este lunes, 4 de septiembre, el cuarto ciclo de negociaciones de paz en Caracas, con la aprobación de acciones humanitarias para dos "zonas de crisis" en las que la población atraviesa una "grave afectación" por el conflicto.En una declaración conjunta, las partes indicaron que producirán "acciones humanitarias", sin especificar cuáles, "que impulsen el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, promuevan la participación de las comunidades, pueblos y demás fuerzas sociales, económicas y políticas en estos territorios".Asimismo, con este pacto, que incluyen acciones en el plano humanitario, el Ejecutivo de Gustavo Petro y la guerrilla buscan "llevar a cabo proyectos de desarrollo social (...) para su implementación en los próximos meses".Las zonas escogidas fueron Bajo Calima y San Juan, localidades del departamento de Valle del Cauca, así como Sur de Bolívar (Bolívar) y Bajo Cauca (Antioquia), territorio en el que se registraron acciones violentas en las últimas semanas, pese al cese al fuego bilateral pactado, el cual entró en vigor el pasado 3 de agosto y se extenderá hasta febrero de 2024.Las partes podrán definir nuevas "zonas humanitarias", en caso de ser necesarias, luego de analizar las circunstancias que atraviesen estos territorios.El senador Iván Cepeda, uno de los negociadores del Ejecutivo, había adelantado que en estas zonas se pondrán en práctica asuntos ya acordados como "la participación de la sociedad en la construcción de la paz" y el cese de hostilidades, el más largo pactado entre las partes.Explicó que con este acuerdo se busca que en estos espacios haya una intervención "muy activa" de las comunidades y de empresarios, en algo que han llamado "la participación social y la construcción del gran acuerdo nacional".Las partes han cerrado esta cuarta ronda una semana después de que el ELN liberara a un soldado de 21 años de edad secuestrado el 20 de agosto en una zona rural del departamento de Arauca (este), fronterizo con Venezuela, acusado por la guerrilla de haber violado el cese al fuego bilateralEl ELN dice que el cese de hostilidades con el Gobierno colombiano ha estado "bajo fuego"El jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán’, dijo este lunes en Caracas, en el acto de cierre del cuarto ciclo de diálogos de paz con el Gobierno de Colombia, que el cese de hostilidades pactado hasta febrero ha estado "bajo fuego" durante los primeros 30 días."Desafortunadamente, en este primer mes del cese al fuego, tenemos que constatar que el cese (...) ha estado bajo fuego. De manera muy intensa ha habido una campaña mediática de los grandes medios y empresas de comunicaciones buscando colocar obstáculos a este proceso", sostuvo.Denunció que también "ha habido ataques muy inclementes a comunidades que tratan de desarrollar una veeduría social" al cese, que entró en vigencia el pasado 3 de agosto y se mantendrá durante seis meses, el más largo acordado entre las partes."La valoración que nosotros hacemos de estos ataques, tanto de los mediáticos como de los ataques militares en el terreno, es que obedecen a sectores que están contentos con la crisis estructural que vive el país y no quieren que haya cambios hacia una democratización", prosiguió.En vista de ello, Beltrán reiteró su llamamiento "a seguir acompañando" los procesos de paz y "persistir en un camino de solución política al conflicto" entre las partes, que lleva 70 años activo."No nos dejemos enredar por las campañas de desinformación ni desalentar por los ataques. Eso (el proceso de paz) se va a sostener si y solo si hay una gran alianza social, política y económica para empujar esos cambios", subrayó.Las partes cerraron sus cuartas negociaciones con la aprobación de acciones humanitarias para dos "zonas de crisis" en las que la población atraviesa una "grave afectación" por el conflicto.En una declaración conjunta, indicaron que producirán "acciones humanitarias", sin especificar cuáles, "que impulsen el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, promuevan la participación de las comunidades, pueblos y demás fuerzas sociales, económicas y políticas en estos territorios".Le puede interesar
Este sábado la delegación del Gobierno nacional en representación del Estado Colombiano y la del Estado Mayor Central de las Farc-EP (disidencias de 'Iván Mordisco') anunció la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz. Un evento que se llevará a cabo en el marco de la fase preliminar de negociaciones que tiene como objetivo sentar las bases para un proceso de paz. "Las partes anunciarán la fecha, el lugar, mecanismo de funcionamiento, invitados especiales, los países y actores internacionales que, en calidad de garantes y/o acompañantes, apoyarán la Mesa de Diálogos de Paz y la implementación de acuerdos alcanzados, para lo cual se enviara una invitación formal", se lee en el comunicado compartido por la Oficia del alto comisionado para la Paz.Anunciaron además ocho misiones humanitarias de verificación en diversas regiones del país. Estas misiones tendrán como principal objetivo formular recomendaciones para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) basadas en una amplia escucha de la ciudadanía y las instituciones.Las regiones donde se llevarán a cabo estas misiones humanitarias de verificación incluyen los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sur de Bolívar. Esta iniciativa refleja el compromiso de todas las partes involucradas en escuchar las voces de la población y trabajar en conjunto para garantizar el respeto a los derechos humanos y la protección de las comunidades afectadas por décadas de conflicto.Además, se ha anunciado el inicio del funcionamiento de la mesa de diálogos de paz, un espacio crucial para el proceso de negociación. Este paso se lleva a cabo de la mano con la entrada en vigencia de decretos que buscan asegurar el respeto a la población civil y comunidades, así como la implementación de un Cese al Fuego Bilateral, Temporal de Carácter Territorial y Nacional.El cese al fuego bilateral tiene como objetivo reducir la confrontación y la violencia en las zonas afectadas por el conflicto armado, según el comunicado. Además, busca aplicar el DIH de manera efectiva y desarrollar acciones que propicien la participación activa de la sociedad en el proceso de paz. Le puede interesar:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se refirió a la situación humanitaria que se vive en el Pacífico colombiano, pues los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas se han visto afectados por cuenta de la violencia en los territorios. Es por esto que le ha pedido al Estado redoblar los esfuerzos para enfrentar esta situación y la discriminación a la que se enfrentan las comunidades."Estos hechos suceden en territorios caracterizados por una débil presencia del Estado y elevados porcentajes de pobreza y extrema pobreza. Estos elementos redundan en vulneraciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, al acceso a la justicia y a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La magnitud de la violencia se puede observar en la persistencia de desplazamientos forzados, masivos e individuales, y en las situaciones de confinamiento", señaló la CIDH.Los departamentos de Nariño y Chocó son los que más se están viendo afectados por los desplazamientos masivos y los confinamientos por cuenta de la violencia, pero además a la CIDH le preocupa que del 24 % de las personas desplazadas en 2022 y 2023, aproximadamente 75.000 personas, no han podido regresar."Esto sienta las bases de futuras violaciones a los derechos de estas personas; por un lado, reproduce las disputas territoriales, las cuales han alimentado tanto el conflicto armado como las situaciones de violencia, en especial contra personas con liderazgo que encabezan las reivindicaciones por la propiedad de las tierras. Por otro lado, las personas desplazadas se ven expuestas a la debilidad de la respuesta de las instituciones estatales", añadió la CIDH.Alertaron por otro lado, sobre el incrementos de casos de violencia sexual en contra de menores de edad, además de un aumento de los feminicidios y desapariciones de mujeres, además, los grupos armados siguen reclutando y utilizando niños para el conflicto armado."Los grupos armados han instalado campamentos en zonas aledañas comunidades indígenas y tribales, o cohabitando en las mismas, lo que ha implicado un fuerte incremento en el control cotidiano de estos territorios y sus habitantes provocando serios impactos sociales, así como sobre la libre autodeterminación y la seguridad. En particular, se destacan las restricciones de la movilidad en determinadas zonas y horarios impuestos por dichos grupos, así como las afectaciones a la gobernabilidad de las autoridades tradicionales, debido a la determinación de dichos grupos de incidir en las decisiones y en los mecanismos ancestrales de organización social de las comunidades", explicó la CIDH.Le puede interesar
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.