El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Para nadie es un secreto que el artista latino más importante (en este momento) sin duda es Bad Bunny, prueba de ello fue su presentación en el Super Bowl y su gran puesta en escena representando a Latinoamérica desde sus raíces puertorriqueñas.Sin embargo, detrás de Benito el liderato del más escuchado lo lleva un colombiano y nada más y nada menos que J Balvin, que, según algunos, ha sido el artista urbano más grande que ha tenido hasta el momento Colombia, incluso, también llegando a ser el más escuchado a nivel mundial.Y es que J Balvin se consolida como el segundo artista más escuchado de la plataforma Spotify, alcanzando una cifra récord de 76,9 millones de oyentes mensuales. En 2018 Balvin alcanzó el #1 global de la plataforma y hoy sigue manteniendo números sólidos en sus canciones en el puesto 14 global. El tema “La Canción” junto a Bad Bunny, acaba de convertirse en la canción en español más escuchada de Spotify con más de 2.406 millones de reproducciones.Cabe recordar que desde hace años la relación entre Bad Bunny y Balvin fue una de las más importantes del género urbano a nivel, prueba de ello fue “Oasis”, un álbum que, hasta la fecha, sigue siendo de los favoritos en todo el mundo.“Ahora somos dos hombres representando a los latinos a donde vayamos. Siempre te deseo lo mejor y que Dios te bendiga”, fueron las palabras de Balvin, a lo que, con sentimiento, el puertorriqueño respondió: “Gracias José. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto y te quiero mucho, igual si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo. La gente no sabe, pero tuvimos una conversación hace varias semanas (…) Colombia, México y Puerto Rico. De la misma manera y como dice José, que represento a los latinos en el mundo entero, él lleva haciéndolo años. Abriendo puertas por el género urbano, no solo por Colombia, sino por todos los latinos”, fueron sus palabras, momento que conmovió a todo el género, hasta Tainy celebró la noticia, quien fue el productor de aquel Oasis juntos.
Pese a que las autoridades departamentales han avanzado con la entrega de ayudas humanitarias en las 13 poblaciones que decretaron calamidad pública por las fuertes lluvias, hay poblaciones en el Urabá antioqueño que siguen viviendo bajo la zozobra de que el invierno les arrebate lo poco que les quedó.En Santa Fe de la Islita, una comunidad rural del municipio de Necoclí, la inclemencia del clima dejó inundadas varias viviendas, incluso algunas con riesgo de desplomarse, como lo narró el presidente de la junta de acción comunal tras recorrer la zona afectada y pedir al Gobierno nacional ayuda para por lo menos 10 viviendas."Esta casa está absolutamente que se cae, un riesgo en estos momentos, pero bueno, lo hacemos para que las entidades se den de cuenta. Pedirle a a el Gobierno nacional, las entidades, todo, esto da tristeza. Me dan ganas de llorar, de la realidad. Aproximadamente, diez familias", relató.Si por allá llueve, en Apartadó no escampa. Otro campesino del corregimiento San José de Apartadó manifestó que incluso algunas familias están sin comida tras las precipitaciones que algunos puntos acumulan desde hace dos semanas."Esperar que un funcionario entre por tierra va a ser imposible. Yo pienso que aquí, en este momento, sería muy necesario una visita en helicóptero. Ya que hay gente que, por esta situación que se está presentando, hay gente que las casas están sin comida. Ya van 15 días en esta situación", indicó el campesino.Por ahora, tanto la Gobernación como EPM buscan en conjunto alternativas para llevar gas natural a los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá, aún desabastecidos por el problema que registran en sus carreteras.Según el Dagran, en todas las localidades afectadas se mantiene la entrega de ayudas humanitarias con kits de alimentos, aseo, infantiles y colchonetas, llegando a un total de 16 mil 149 ayudas humanitarias entregadas a la fecha.En las últimas horas con apoyo de la Armada Nacional llegaron por vía marítima y fluvial 734 ayudas para Murindó y 626 para el municipio de Vigía del Fuerte.
En un contexto global donde la seguridad alimentaria y el cambio climático dictan la agenda económica, McCain Foods ha reafirmado su posición como referente de la agroindustria en América Latina. Con la presentación de su Reporte Global de Sostenibilidad 2025, la compañía no solo expone cifras, sino que traza una hoja de ruta ambiciosa para transformar el campo colombiano mediante la innovación, la resiliencia climática y el desarrollo social.Tras más de tres décadas de presencia en el país, la firma canadiense —operando a través de su filial Congelagro S.A.— ha evolucionado de ser un comprador de materias primas a un motor de cambio estructural en la cadena de valor de la papa.Eficiencia operativa y energía limpiaUno de los logros más significativos para la operación local es el hito energético en su infraestructura. En la actualidad, el 100% de la energía eléctrica utilizada en sus procesos de manufactura en Colombia proviene de fuentes renovables. Este avance se complementa con una gestión eficiente de recursos que ha permitido reducir en un 28% las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 desde el año 2017.La planta de Bogotá, además de su alta capacidad técnica, cuenta con la certificación RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). Esto garantiza que el aceite utilizado en sus productos cumple con estrictos estándares internacionales de ética y protección ambiental, asegurando la inocuidad alimentaria y la preservación de los ecosistemas.Agricultura Regenerativa: El nuevo estándar del campoEl reporte destaca que el 89% de los productores colombianos ya se han integrado al Marco de Agricultura Regenerativa de la compañía. Este modelo busca restaurar la salud del suelo y mejorar la biodiversidad, garantizando que el cultivo de la papa sea una actividad sostenible a largo plazo.“Para McCain Colombia, este reporte representa el compromiso que tenemos con nuestros productores y la importancia de entregarles valores agregados que los orienten a una producción sostenible, que responda a las necesidades y exigencias del mercado”, afirmó Fredy Alberto Quevedo, director general de McCain para la Región Andina.Impacto Social: El éxito del programa Campo VivoLa sostenibilidad en McCain no se limita al medio ambiente; tiene un rostro humano profundo. A través del programa Campo Vivo, un modelo de "Negocio Social", la empresa ha impactado a más de 1.500 agricultores en 18 municipios de Cundinamarca, Boyacá y Meta.Este programa ha entregado más de 30.000 horas de formación integral, abarcando desde buenas prácticas agrícolas hasta alfabetización digital y finanzas familiares. Los resultados son tangibles: los pequeños productores han logrado duplicar su productividad y alcanzar un retorno de inversión (ROI) de doble dígito, superando la barrera de la pobreza rural mediante la conexión con cadenas de alto valor.Visión 2030: Metas renovadasCon la vista puesta en el futuro, McCain ha actualizado sus compromisos para 2030, alineándolos con la iniciativa Science Based Targets (SBTi). La empresa se enfoca ahora en profundizar la implementación de técnicas regenerativas y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a la volatilidad climática.“El progreso que vemos hoy refleja cómo los compromisos globales de McCain se traducen en acciones concretas a nivel local”, concluyó Quevedo, subrayando que América Latina es una región estratégica para acelerar el impacto positivo de la compañía a escala global.
El presidente Gustavo Petro, afirmó este miércoles que su país importará gas venezolano a un menor precio, en un contexto en el que Venezuela ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo."Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato", expresó Petro durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.El Parlamento venezolano aprobó hace dos semanas una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, después de años de control estatal.El pasado 21 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimó que los ingresos venezolanos por venta de crudo aumentarán "en un 37 %" este 2026 y ha anunciado la creación de dos fondos soberanos para el manejo del dinero, que, anticipó, contarán con un mecanismo de transparencia.Petro dijo el pasado 3 de febrero que en la reunión de ese día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela.Según Petro, en ese proyecto Colombia "puede ayudar mucho" porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol" participe.El presidente explicó entonces que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros.En 2007, Colombia y Venezuela acordaron, por medio de las estatales Ecopetrol y PDVSA, la compraventa y transporte de gas natural a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte Antonio Ricaurte, infraestructura que salió de operación en 2015.
La Lotería de Manizales realizó su sorteo número 4942 la noche del miércoles 11 de febrero de 2026, entregando a sus apostadores la posibilidad de ganar premios millonarios. En esta oportunidad, el premio mayor fue de $2.600 millones, consolidando este juego como una de las loterías tradicionales más consultadas en Colombia.Premio mayor de la Lotería de ManizalesEl número ganador del premio mayor fue: 4572 de la serie 028. El nuevo ganador se llevó uno de los premios más atractivos del plan de premios de esta edición.Es importante recordar que el billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $3.000, permitiendo participar por grandes premios y, al mismo tiempo, apoyar iniciativas de salud y desarrollo en la región.Resultados completos de los premios secosA continuación, el listado detallado de los secos que cayeron en el sorteo 4942 para que los jugadores puedan verificar cuidadosamente su billete:2 Secos de $300 millones0717 – Serie 244 4028 – Serie 1203 Secos de $200 millones3971 – Serie 2563858 – Serie 0552861 – Serie 3405 Secos de $100 millones5510 – Serie 2823250 – Serie 2113210 – Serie 3139620 – Serie 2090528 – Serie 05210 Secos de $80 millones3434 – Serie 1321439 – Serie 088197 – Serie 0434048 – Serie 0210743 – Serie 3193044 – Serie 1314304 – Serie 1828907 – Serie 2609045 – Serie 1845781 – Serie 09710 Secos de $60 millones7033 – Serie 1859874 – Serie 2470743 – Serie 0349856 – Serie 3412004 – Serie 2673068 – Serie 2310783 – Serie 2703400 – Serie 1734047 – Serie 0180005 – Serie 05410 Secos de $50 millones0537 – Serie 1818277 – Serie 2284731 – Serie 1349496 – Serie 1510939 – Serie 1578693 – Serie 1383019 – Serie 2479168 – Serie 2969797 – Serie 2980411 – Serie 32210 Secos de $40 millones5425 – Serie 1139801 – Serie 1768805 – Serie 2597198 – Serie 2161071 – Serie 0578472 – Serie 1922097 – Serie 1890458 – Serie 1994322 – Serie 0335723 – Serie 321Se recomienda comparar el billete con la imagen oficial del sorteo 4942, publicada por la organización, para confirmar cualquier acierto antes de iniciar el proceso de cobro.¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles a las 10:30 p.m. o 11:00 p.m.. Si el miércoles es festivo, el sorteo puede trasladarse al martes o jueves, según lo determine la organización.¿Cómo reclamar un premio?Los ganadores cuentan con un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Si no se cobra dentro de ese plazo, el derecho prescribe.Documentos necesarios:Billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Cédula de ciudadanía original.Copia ampliada al 150% de la cédula.Certificado del RUT, especialmente obligatorio para premios mayores debido a las retenciones tributarias correspondientes.Antes de acudir a reclamar, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y asegurarse de cumplir con todos los requisitos exigidos por la entidad.Con cada sorteo, la Lotería de Manizales mantiene viva la expectativa entre miles de colombianos que semana a semana prueban su suerte con la esperanza de convertirse en el próximo gran ganador.
Algunos exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba han asistido asistido a diligencias en las JEP, en el marco de las investigaciones del caso 04, para esclarecer lo sucedido con el despojo de tierras en la región conocida como Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.Lo que se ha comprobado es que hubo una compra masiva de tierras que incluyó el previo desplazamiento forzado de 130 familias por parte de los paramilitares, en asocio con algunas personas pertenecientes al Fondo Ganadero.En las últimas horas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas citó a 5 exdirectivos del Fondo, en parte, para definir la situación de algunos de ellos en la JEP, pero también para que aporten más información que permita esclarecer lo sucedido en Tulapas."Se los convocará a audiencia presencial para los días 18 y 19 de septiembre del año en curso con el fin de conocer algunos aspectos sobre la situación jurídica de los predios objeto de despojo en la región de Tulapas y las actuaciones del Fondo Ganadero de Córdoba respecto de estos bienes en los procesos adelantados ante la justicia especial de restitución de tierras. Lo anterior, en el marco de reparación a las víctimas en los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición” señala la JEP.La relación del Fondo Ganadero con el despojo de tierrasEn audiencias con la JEP , Jaime García, exdirectivo de Fondo Ganadero, empezó refiriéndose a las relaciones políticas y de la sociedad con las autodefensas, en Córdoba; además de las relaciones de su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento.En sus declaraciones, Jaime García habló sobre reuniones en las que empezó a acompañar a su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento, cuando los magistrados indagaron sobre su llega a a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge García se refirió a un encuentro que tuvo con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso."Si usted observa las tierras que compró el Fondo Ganadero y que compró mucha gente en Urabá en esa época empresarios, narcotraficantes, que, entre otras cosas, hay cantidades de créditos otorgados por la banca para invertir en esas zonas no tenían medidas cautelares", dijo.Le puede interesar
En las últimas horas, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN, instaló seis instancias regionales en diferentes zonas del país, con el objetivo de recibir y verificar información en terreno.“Este miércoles, en sesión plenaria y de manera simultánea se instalaron las instancias regionales de Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Soacha y Valledupar del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego bilateral, Nacional y Temporal, CFBNT, entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN. El evento contó con la participación de más de cien personas de los cuatro componentes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego: Gobierno de Colombia, Ejército de Liberación Nacional -ELN; Conferencia Episcopal de Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia”, señaló el Mecanismo.Cabe recordar que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación tiene el propósito de prevenir incidentes, realizar labores pedagógicas e informar y clarificar situaciones de posibles violaciones al cese al fuego bilateral pactado con la guerrilla.En total se acordó la instalación de una instancia nacional, con sede en Bogotá, nueve instancias regionales y 22 locales, para poder recaudar y verificar información con más facilidad.“Las instancias regionales se conectaron de manera virtual con la instancia nacional del Mecanismo en Bogotá para dar inicio al funcionamiento y articulación de los niveles local, regional y nacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación ”, explicó el Mecanismo de Monitoreo.Le puede interesar
El pasado 26 de julio, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, designó a Antonio Urrejola como la encargada de investigar los posibles obstáculos a la paz que se han presentado en Colombia, Urrejola fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, VIDH, y posteriormente ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Gabriel Boric, en Chile."Durante su visita, la experta se reunirá con altas autoridades del Gobierno de Colombia y otras/os altas/os representantes del Estado colombiano. También mantendrá reuniones con entidades de las Naciones Unidas, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil y del cuerpo diplomático", señaló la ONU por medio de un comunicado.Recordemos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para apoyar a Colombia con una mayor asistencia técnica a la Oficina de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país.En esta resolución se refieren a las denuncias que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, recientemente en contra de funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, esto ya que los magistrados que tuvieron que decidir si le otorgaban, o no, la garantía de no extradición al exguerrillero Jesús Santrich, pidieron una información que nunca recibieron y es por esto denunciaron a Ana Fabiola Castro, exdirectora de Asuntos Internacionales en la Fiscalía, por posible ocultamiento.“La nueva resolución dispone además que la oficina del alto comisionado designe un experto internacional en derechos humanos encargado de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los anunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, y que identifique las consecuencias de estos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos y formule recomendaciones para superarlos”, señaló el comunicado de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.Le puede interesar
El general en retiro Mario Montoya fue imputado por la JEP como autor por 130 casos de falsos positivos que se registraron en el departamento de Antioquia, que se dieron mientras Montoya comandó la Cuarta Brigada con sede en Medellín, entre los años 2002 y 2003.Según las investigaciones de la justicia transicional, Montoya es autor de crímenes de guerra y lesa humanidad y en algunas unidades bajo su mando no se respetó el Derecho Internacional Humanitario, pues el general habría “exaltado el derramamiento de sangre” presionando a los militares, midiéndose por las bajas que reportaban y no por las capturas y comparaba a los comandantes de batallón, exaltando a quienes entregaban un mayor número de resultados.“Montoya mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza”, señaló la magistrada Catalina Díaz.La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que el Estado, en cabeza primero del expresidente Andrés Pastrana y posteriormente del expresidente Álvaro Uribe, puso en marcha una política de seguridad y defensa cuyo objetivo principal era alcanzar la victoria militar, exigiendo resultados operaciones sobre las guerrillas.“Los asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales como parte de la política de seguridad de la época”, aseguró Díaz.Esta es la imputación de la JEP al general (r) Mario MontoyaEntre los informes que mencionan una presunta responsabilidad de Montoya están dos que fueron entregados por la Fiscalía General y tres entregados por las organizaciones de víctimas. Las 16 versiones en las cuales fue mencionado son de miembros del Batallón de Artillería 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES).En total, la JEP llamó en dos ocasiones a Montoya previo a esta imputación, la primera fue en el año 2019, en las dos hubo participación de las víctimas y Montoya negó su responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales.Le puede interesar
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, dejó en firme la decisión de expulsar al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por casos de desaparición que se registraron durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre del año 1985. En ese entonces, Arias Cabrales era el jefe militar de la operación de retoma y la justicia transicional considera que no aportó verdad frente a los hechos que se registraron durante ese día.Los días 17 y 18 de enero de 2023 Arias Cabrales asistió a una audiencia única de verdad, en esta diligencia tenía que entregar información novedosa y detallada sobre los casos de desaparición y homicidio que se registraron en la operación de retoma, pero las víctimas y la JEP consideraron que el aporte no fue suficiente."Al ser preguntado sobre la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán, señala que el plan 'Tricolor' no personalizaba a los enemigos y no se aplicó a este funcionario judicial27. Sostiene que el M19 utilizó las mismas armas que las Fuerzas Armadas, con lo que parece afirmar que él fue asesinado por esa guerrilla. Sobre la aparición de su billetera en las instalaciones del B2, indica que quien debe dar respuesta a esa pregunta es el señor Sánchez Rubiano", señaló la JEP.Esto significa que ahora el proceso del general (r) Arias Cabrales continuará su trámite en la justicia ordinaria y ya no podrá acceder a los beneficios de la justicia transicional, como la libertad condicional que le otorgaron en 2021, pero posteriormente le revocaron. La abogada de Arias Cabrales había apelado la decisión que se tomó tras la audiencia única de verdad, que llevó a su expulsión."Al serle exhibido videos en los que se ve a las víctimas de desaparición forzada salir vivas del Palacio de Justicia custodiadas por personal de la Fuerzas Armadas, desconoce su validez y no reconoce que las personas allí identificadas hubieran salido con vida. El compareciente, violando sus deberes con el sistema y su obligación de reconocer la verdad sobre la materialidad de las conductas, pretende afirmar que el M19 fue el autor del asesinato del Magistrado Urán Rojas. Sin embargo, el señor Arias Cabrales no explica cómo es que a la víctima se la vio salir con vida bajo custodia militar y por qué estuvo en una instalación militar y regresó sin vida al Palacio de Justicia", explicó la Sección de Apelación.Le puede interesar
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.