El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
A través de una carta de seis páginas emitida en la Sala Plena de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó declararse impedido en la discusión de la reforma pensional al considerar que podría configurarse la causal de haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la norma.La petición fue elevada ante este alto tribunal en medio de recusaciones previas y cuestionamientos relacionados con declaraciones públicas del magistrado sobre el proceso legislativo de la norma, específicamente por una controversia por una entrevista en donde se interpretó que las respuestas del magistrado fueron un prejuzgamiento sobre la validez de esta ley, específicamente por parte de la Presidencia de la República a través de su secretario jurídico, Augusto Ocampo.En esa entrevista mencionó la existencia de un vicio de trámite subsanable y explicó que la Sala Plena había quedado empatada 4-4, lo que llevó a designar un conjuez.En el documento, el magistrado explicó que si bien no reveló información distinta a la ya conocida públicamente por filtraciones de su ponencia, con este impedimento buscó contribuir de forma activa a la materialización de los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad ética y moralidad pública.Es decir, con esto buscó que la Sala Plena determine si es válido o no hablar de un concepto previo que pueda representar un obstáculo para el análisis. Para esto, debe ser convocada la Sala Plena en los próximos días y allí resolver las recusaciones y los impedimentos pendientes antes de adoptar una determinación de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional.
Las emergencias climáticas en Córdoba dejan más de 169.400 personas damnificadas y cerca de 48.000 hogares afectados. Ignacio García, coordinador de mecanismos de respuesta a emergencias de la ONG Acción contra el Hambre, aseguró que la magnitud de las pérdidas afecta “seriamente y severamente” la seguridad alimentaria de las familias.“Se reportan pérdidas de más de cinco mil doscientos treinta animales de producción, pérdidas de cultivos, pérdida de enseres y de otros elementos que son vitales en los medios de vida de las familias y, por lo tanto, en la seguridad alimentaria de las comunidades”, aseguró.Actualmente, 24 de los 30 municipios de Córdoba presentan algún nivel de afectación, es decir, el 80 % del departamento enfrenta inundaciones u otros eventos climáticos. Según la organización, los casos más críticos se concentran en San Pelayo, Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas, aunque también se han brindado apoyos puntuales al hospital de Tierralta.García subrayó que los niños, las comunidades indígenas y las mujeres gestantes y lactantes se encuentran entre los grupos con mayor nivel de riesgo.Ante esta situación de riesgo alimentario, la organización asegura haber movilizado más de 1.500 ayudas humanitarias, principalmente alimentos y elementos de protección, en comunidades como Caño Viejo y La Esmeralda, en Puerto Escondido.La ONG insistió en que la magnitud de la emergencia exige una respuesta articulada entre instituciones del Estado y actores humanitarios. Ademas, hizo un llamado a mantener el monitoreo y la coordinación ante posibles afectaciones en el mediano y largo plazo, derivadas de la pérdida de infraestructura y medios de subsistencia.
Tres medidas regulatorias, que incluso podrían convertirse en decreto legislativo como parte de la declaratoria de emergencia, fueron anunciadas desde Barranquilla por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para atender a los damnificados por las inundaciones en Córdoba y respaldar, a su vez, a los operadores de energía que sufrieron afectaciones por las lluvias atípicas de este febrero."Una medida en el marco de esta emergencia son tarifas diferenciales para las poblaciones afectadas", indicó el alto funcionario."La segunda es la posibilidad para que se le reconozcan a los operadores de red la reparación de la infraestructura averiada, de manera rápida, inmediata, eficaz y ágil, porque obviamente el agua se ha llevado también infraestructura eléctrica que afecta la prestación del servicio de energía eléctrica, que es un servicio público esencial", agregó.Y la tercera medida, añadió Palma, tiene que ver con un esquema de viabilidad financiera para los operadores de red del sector, Air-e y Afinia, que permita garantizar la prestación de la energía eléctrica, como servicio público esencial."Yo creo que es importante adoptar este paquete entre los 30 días que nos da la Constitución y la ley para poder aliviar el bolsillo de esas personas, de esos ciudadanos de esta región del país, que hoy lo han perdido todo", expresó.
Fecha tras fecha, el nombre de Luis Díaz aparece en las principales portades de grandes medios en Alemania gracias a su gran nivel desde su llegada al FC Bayern desde Liverpool, anotando y asistiendo en casi todos lo partidos para volverse en pieza clave del técnico belga Kompany.Pero este 'dulce momento' no solo ha convencido a sus hinchas, sino a los amantes del fútbol que, ahora, lo perfilan como uno de los mejores futbolistas en el mundo y uno de los llamados a ser protagonistas en esta temporada, según datos revelados por Betano, que, por encima del Real Madrid, son los favoritos al título de la Champions League."Los datos revelan un fuerte favoritismo por el FC Bayern Múnich, que concentra un 24.42 % de las apuestas para ganar la UEFA Champions League. El FC Bayern fue uno de los mejores equipos durante la Fase de Grupos, terminando solo por detrás del Arsenal, y es una de las potencias tradicionales de Europa", indicaron.Todo gracias al colombiano Luis Díaz, que, según expertos, le ha dado confianza al ataque alemán y una dupla imparable al lado del inglés Harry Kane generando una fuerte efectividad cada fecha en la Bundesliga."Detrás del Bayern, dos gigantes completan el top 3: el Real Madrid, con un 15.12 % de las apuestas, y el FC Barcelona, con un 13.95 %. La inmensa y apasionada base de seguidores de estos clubes en Colombia se traduce en un volumen constante", añadieron.Equipos como el Crystal Palace, con la dupla defensiva de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, el Sporting CP con Luis Suárez, el SL Benfica con Richard Ríos, y el Real Betis con Cucho Hernández, han generado un impacto positivo en el público colombiano para seguir de cerca el fútbol europeo, esperando que al igual que Díaz, cada fin de semana sen protagonistas en sus respectivos equipos.
El chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada noche, miles de apostadores revisan con expectativa los números oficiales con la ilusión de acertar y llevarse un premio.Número ganador del Chontico Noche – 13 de febrero de 2026El resultado oficial del sorteo realizado este viernes 13 de febrero de 2026 fue: 8691 - 3.Detalle del resultado:Número ganador: 8691.Dos últimas cifras: 91.Tres últimas cifras: 691.La quinta: 3.Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo. Se recomienda a los jugadores contrastar siempre la información con canales oficiales.¿A qué hora juega el Chontico Noche?El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además del sorteo nocturno, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche (que se juega los jueves en la noche), ampliando las oportunidades para los jugadores habituales.¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?Este juego ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia.¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?Uno de los factores que impulsa la participación diaria es la accesibilidad en los valores de apuesta:Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.Esta flexibilidad facilita que más personas puedan participar en el sorteo.¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?En Colombia es posible jugar chance a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos. El proceso incluye:Registrarse en un operador legal.Validar la identidad.Recargar saldo.Elegir el sorteo, número y modalidad.Esta alternativa permite participar de manera segura y consultar resultados en tiempo real sin acudir a un punto físico.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?El proceso de reclamación depende del valor del premio. En general, se requieren los siguientes documentos:Documentos básicos:Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento.Según el valor (UVT):Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT.Iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.Últimos resultados del Chontico Noche12 de febrero de 2026: 1608 - 011 de febrero de 2026: 0830 – 110 de febrero de 2026: 9876 – 29 de febrero de 2026: 9961 – 78 de febrero de 2026: 7467 – 1Consultar los resultados recientes permite a los jugadores llevar un mejor control de sus apuestas y mantenerse informados sobre este tradicional sorteo del Valle del Cauca.
El próximo jueves, 8 de junio, termina el ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el ELN que se desarrolla en La Habana, Cuba, y es muy probables que se anuncie el cese bilateral al fuego que tiene dos medidas confirmadas: será nacional y temporal.“Durante seis meses a partir del momento en que se empiece a implementar el mecanismo de verificación y monitoreo”, reveló el jefe negociador del Gobierno con esa guerrilla, Otty Patiño.Consultado por si iniciará el próximo 8 de junio, señaló Patiño que será una vez se empiece a implementar el mecanismo de verificación y monitoreo: "Desde que haya las órdenes tanto del gobierno que lo hará a través de un decreto o una orden presidencial, como él quiera como a él le parezca lo mejor, y a través del de lo que ordenen la jefatura del ELN a sus frentes de guerra”, agregó el jefe negociador del Gobierno.Vale la pena recordar que el presidente petro compartió temprano una imagen durante su reunión con la cúpula militar y los negociadores del Gobierno en los que se mostraban varios detalles del cese al fuego como que iniciaría el 8 de junio y que tendrá evaluación cada mes.Después Petro puso otro trino en el que aseguró que “continúa la discusión con la cúpula militar sobre los desarrollos hasta el momento de los diálogos con el ELN en Cuba. Hasta el final de estos diálogos se tendrán decisiones definitivas”.Le puede interesar
En su más reciente columna, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez lanzó fuertes críticas al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, a quien no sólo lo señala de incompetente, sino de que está actuando para favorecer al ELN.En la columna titulada ¿De qué lado juega Danilo Rueda?, Martínez criticó que Rueda “ha liderado este proceso sin estrategia, con debilidad y, en ocasiones, con actitud sumisa, haciendo concesiones gratuitas a la contraparte, en el campo político y en el campo militar”.El exfiscal general recordó varios episodios en los que al parecer Rueda no habría actuado correctamente frente al Proceso de Paz, como el fallido anuncio del cese al fuego con el ELN el pasado 31 de diciembre y que fue desmentido días después por esa guerrilla, lo que significó “que fue el Ejército el que se desmovilizó y dejó a sus anchas a la guerrilla en el territorio”; el establecimiento de una agenda amplia que busca replantear el modelo político y económico sin ningún tipo de concesión por parte de la guerrilla; así como el equivocado reconocimiento de ‘responsabilidad’ luego de que el ELN asumiera la autoría de los actos terroristas ocurridos el pasado 24 de mayo en Tibú, Norte de Santander.Martínez también revela dos documentos, según él, redactados por representantes del Clan del Golfo y que estaría en manos de las autoridades y donde presuntamente mencionan a Rueda. El primero, una carta del 26 de octubre de 2016 en el que la emisora (quien firma como ABOGADA) le dice al parecer a un cabecilla del Clan del Golfo que “Recibí comunicación por parte del señor Danilo Rueda, quien me informa que los señores negociadores del Eln que se encuentran en Quito, Ecuador, tienen la disponibilidad y han aceptado la visita de los representantes de la AGC”.La segunda, una carta del 3 de noviembre en el que la misma emisora señala que los negociadores del ELN durante el Gobierno Santos, acordaron una reunión con voceros esta organización por intermediación de “un activista del Eln que es defensor de derechos humanos e incluso es defensor de las negritudes en el Chocó, se llama Danielo (sic) Rueda”. El exfiscal señala que esa reunión fue realizada a instancias del Senador Iván Cepeda, quien actualmente es negociador de paz del Gobierno Petro con el ELN.Con estos documentos, el exfiscal Martinez pide al Alto Comisionado Rueda explicar al país si es la persona que mencionan los documentos y si tiene alguna relación o preferencia de la guerrilla, para tener certeza de su legitimidad a cargo de la Paz Total.Le puede interesar:
En los primeros cinco meses desde que el Gobierno colombiano acordó un cese el fuego con cuatro de los principales grupos armados en el país se notificaron 117 acciones violentas, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, algo que evidencia "la poca o nula voluntad" que tienen de llegar estos actores a un acuerdo de paz.Se trata del quinto informe de seguimiento que emite la Defensoría, en el que detalló que de las 117 acciones 24 fueron acciones bélicas directas y 93 estuvieron relacionadas con acciones violentas indirectas con efectos sobre la población civil.Estas acciones han sido registradas mientras aún estaba vigente el cese bilateral, pues el Gobierno rompió el cese al fuego con el Clan del Golfo (la principal banda criminal del país) a finales de marzo y con el Estado Central Mayor, la principal disidencia de las Farc, este pasado 22 de mayo.Por lo que actualmente solo hay vigente el cese al fuego con la Segunda Marquetalia, el otro gran grupo de disidencias de las Farc, y con los paramilitares de la Sierra Nevada.El informe de la Defensoría muestra que Cauca, con 15 situaciones, es el departamento con mayor afectación por acciones bélicas directas, lo que corresponde al 62 % del total de los hechos, seguido de los departamentos de Antioquia, Nariño y Cauca, que concentran el 51 % de las situaciones.Los frentes Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Franco Benavides y Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC) han sido los principales responsables de las acciones registradas entre enero y mayo, con 20 acciones bélicas directas y más de 50 acciones indirectas.Según los datos de la entidad, el EMC tiene presencia en 19 departamentos para un total de 180 municipios. A pesar de que el EMC formó parte del cese el fuego anunciado por el presidente, Gustavo Petro, el pasado 31 de enero, fue suspendido en cuatro departamentos -Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo- tras el asesinato de cuatro niños indígenas a los que pretendían reclutar forzosamente.Por su parte, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) han sido responsables en 21 acciones indirectas, indicó la Defensoría en un comunicado."Estos hechos de violencia ejercidos por los actores armados ilegales dejan en evidencia la poca o nula voluntad que tienen para contribuir a sacar adelante un acuerdo que permita la paz total", criticó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.Una paz "que están cansados de esperar los colombianos porque no ven acciones reales y contundentes, gestos verdaderos, que sí respeten el cese al fuego y no pongan en peligro su vida e integridad”, agregó Camargo."Sea esta la oportunidad, una vez más, para llamar a los actores armados a subirse al bus, al verdadero bus de la paz. Den muestras de que sí es posible alcanzarla en Colombia. No desvanezcan la esperanza que aún conserva todo un país", puntualizó el defensor del Pueblo.Le puede interesar:
Pasaron casi dos meses desde que al menos 200 familias de excombatientes que se encuentran en el ETCR de Mesetas, en el Meta, anunciaron que se desplazarían forzosamente por las amenazas de las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.Es por esto que estas personas en los próximos meses serán trasladadas a un predio en Acacías, Meta, que fue entregado este jueves, 1 de junio, a los reincorporados; un total de 1.460 hectáreas de tierra con vocación agrícola.En la entrega del predio estuvo Rodrigo Londoño, conocido durante el conflicto como 'Timochenko', y ahora presidente del Partido Comunes, creado tras la firma del acuerdo de paz.“Más allá del proceso de reincorporación, renace la esperanza de que se implemente el acuerdo de paz en su integralidad, ese es el significado importante a histórico y significa que acertamos al firmar el acuerdo de paz entre las extintas Farc y el Estado colombiano”, señaló Londoño.Por otro lado, 'Timochenko' aseguró que confía en que se va a resolver positivamente la situación de otros firmantes de paz que también han denunciado amenazas o riesgos en su seguridad y se refirió a dichas amenazas contra firmantes del acuerdo por parte de los grupos armados.“Si de verdad quieren construir paz, hay que hacerlo con actos de paz y no de guerra”, señaló Londoño a Blu Radio."Crecer", el objetivo de los excombatientes que llegan a Acacías, Meta'Coagran', un proyecto creado por excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc que usó los recursos de la reincorporación para generar desarrollo en el campo, especialmente en Mesetas, Meta, donde se encontraban hace unos días. Fueron 79 familias que decidieron unirse para comprar algunos animales y dedicarse a la ganadería en esta zona. Ahora, este grupo ha sido trasladado a Acacías, en el mismo departamento, para que continúen con su proyecto productivo.“Ya trajimos nuestros animales los tenemos aquí en el terreno, 297 animales entre grandes y pequeños y la producción que estábamos sacando allá actualmente eran 200 y 300 litros, ahora con el estrés del ganado por el traslado tocó soltar algunos animalitos para que no se enfermaran y se recuperaran, entonces las que estamos ordeñando nos están produciendo 120 litros de leche”, explicó José Alirio Melo, integrante de Coagran.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
'Coagran', un proyecto creado por excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc que usó los recursos de la reincorporación para generar desarrollo en el campo, especialmente en Mesetas, Meta, donde se encontraban hace unos días. Fueron 79 familias que decidieron unirse para comprar algunos animales y dedicarse a la ganadería en esta zona. Ahora, este grupo ha sido trasladado a Acacías, en el mismo departamento, para que continúen con su proyecto productivo. ¿Por qué tuvieron que ser trasladados estos excombatientes en el Meta?Hace dos meses las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' amenazaron a los firmantes del acuerdo en Mesetas, Meta. Después de mucho tiempo, este jueves, 1 de junio, fueron trasladados a un predio en Acacías, en el mismo departamento. En total fueron 1.460 hectáreas de tierra productiva las que les entregaron; en el lugar ya se encuentran los animales y los líderes de este proyecto que vieron gravemente afectados por las amenazas."Queremos crecer", el deseo de estos excombatientes en el Meta“Ya trajimos nuestros animales los tenemos aquí en el terreno, 297 animales entre grandes y pequeños y la producción que estábamos sacando allá actualmente eran 200 y 300 litros, ahora con el estrés del ganado por el traslado tocó soltar algunos animalitos para que no se enfermaran y se recuperaran, entonces las que estamos ordeñando nos están produciendo 120 litros de leche”, explicó José Alirio Melo, integrante de Coagran.En el mismo sentido, Melo explicó que tras el traslado esperan que su proyecto productivo pueda crecer mientras trabajan la tierra, para beneficiar no solo a los reincorporados sino a la comunidad en el territorio.“Aspiramos a que este proyecto, ya teniendo un terreno propio, manejando nosotros mismos nuestras cosas pues le vamos a dar un mejor uso para poder que el proyecto crezca y la idea es subir en escala y mejorar la calidad de los productos”, explicó MeloLe puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.