Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
De acuerdo con la comunicación enviada a los usuarios el pasado fin de semana, Movistar aclaró que hace parte del grupo Millicom, pero que esto no afecta los servicios ni los derechos de sus clientes bajo la legislación colombiana. Millicom informó que Tigo y Movistar seguirán operando como marcas independientes, al menos mientras se completan los trámites regulatorios derivados de la integración autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).La resolución 94169 de 2025 de la SIC avaló la integración empresarial entre ambas compañías, pero dejó claro que el proceso de convergencia comercial y eventuales cambios de marca estará sujeto a condiciones y tiempos adicionales. Por ahora, la indicación a los usuarios es no adelantar ningún tipo de trámite: no cambiar la SIM, no actualizar contratos ni modificar planes de manera preventiva. La empresa remarcó que cualquier ajuste futuro en la marca o en la oferta será informado de forma oficial y con suficiente anticipación a los clientes. En paralelo, la integración comercial ya está en marcha, lo que permitirá coordinar estrategias entre Tigo y Movistar sin que ello suponga, en esta etapa, la desaparición inmediata de la marca Movistar.¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?Para los clientes, el mensaje central es de continuidad: no habrá cambios inmediatos en los servicios contratados ni se exigirán trámites adicionales por efecto directo de la operación. Los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar, mantendrán las mismas condiciones contractuales y no se prevén modificaciones en planes, precios o beneficios únicamente por la integración con Tigo. La SIC estableció condicionamientos para proteger la competencia y a los consumidores, entre ellos exigencias de transparencia en ofertas empaquetadas y límites a prácticas comerciales que puedan afectar a operadores más pequeños.A mediano y largo plazo, Millicom proyecta aprovechar la escala del nuevo grupo para acelerar el despliegue de redes 5G, ampliar la cobertura de fibra óptica y lanzar paquetes convergentes más agresivos que integren servicios móviles y del hogar. Ese reforzamiento posiciona al bloque Tigo–Movistar con más de 40 millones de líneas móviles, muy cerca del liderazgo que hoy ostenta Claro en el mercado colombiano. En cualquier escenario futuro de unificación plena bajo la marca Tigo, la transición deberá pasar por nuevas evaluaciones de las autoridades y del mercado, por lo que, por ahora, Movistar continuará operando con su nombre y canales habituales.Telefónica sale y Millicom toma el controlLa integración se produce tras la venta del 67,5% de las acciones de Colombia Telecomunicaciones (Movistar Colombia) que Telefónica Hispanoamérica tenía en el país, operación que se cerró en 2026 por unos 214 millones de dólares. Con ello, Telefónica pone fin a más de dos décadas de presencia directa en Colombia, período en el que fue protagonista de la modernización de la telefonía móvil, fija y, más recientemente, de la introducción de tecnologías de quinta generación. Esta desinversión se enmarca en la estrategia global del grupo español de reducir su exposición en Hispanoamérica para concentrarse en mercados como España, Alemania, Reino Unido y Brasil.Millicom, matriz de Tigo y con sede en Luxemburgo, consolida así su posición como segundo gran operador del país, al reunir bajo su control las operaciones de Tigo y Movistar. El nuevo mapa competitivo queda dominado por tres grandes jugadores —Claro, el bloque Tigo–Movistar y otros operadores de menor tamaño— en un contexto de alta concentración que seguirá bajo la lupa de las autoridades para evitar efectos adversos sobre tarifas, calidad y opciones de servicio para los usuarios
En Autos y Motos de este sábado, 14 de febrero de 2026, estos fueron los temas:Wolkswagen supera a Tesla en autos eléctricos en Europa. Ford Territory híbrida, entre los 10 vehículos más vendidos en Colombia.Peugeot alcanza récord histórico en Colombia.Indrive crece 20% en día sin carro y sin moto en Bogotá.Cabify aumenta demanda y conectividad de taxis.Escuche el programa completo aquí:
La sobreabundancia de información en el móvil obliga a los usuarios a buscar herramientas que filtren y prioricen las fuentes que consideran fiables, como lo es Blu Radio. Google Discover se ha convertido en uno de esos puntos de entrada: ofrece un feed personalizado de noticias, vídeos y publicaciones sociales adaptado al uso y las búsquedas de cada persona. Después de septiembre, Google habilitó nuevas funcionalidades y la novedad principal es que los usuarios ya pueden seguir directamente a medios, editores y creadores dentro de Discover. Al hacerlo, Discover crea una sección dedicada y muestra con más frecuencia contenido del medio seleccionado —incluyendo artículos web y publicaciones de redes como X, Instagram o YouTube—, lo que facilita no perder actualizaciones relevantes sin entrar a otras apps. Y es que, hasta ahora, Google mostraba contenidos dependiendo de las preferencias del usuario, por lo que esta nueva alternativa la describió como una forma de “atender mejor” las fuentes que cada lector prefiere.Paso a paso de cómo seguir a Blu Radio en Google DiscoverBlu Radio, líder en audiencias en Colombia desde radio hasta en Internet, se puede seguir en Google Discover para que las noticias y los segmentos, como Mañanas BLU, Blog Deportivo y Voz Populi, tengan mayor presencia en el feed del usuario:Abra la aplicación de Google o Chrome en el dispositivo móvil y acceda a la pantalla de Discover (en Android suele encontrarse deslizando a la derecha desde la pantalla de inicio; en iOS, desde la app de Google).Compruebe que está iniciado sesión con la cuenta de Google que desea usar para personalizar el feed.Busque en Discover un artículo o una tarjeta que provenga de Blu Radio o, si no aparece, puede seguir al medio directamente haciendo clic en este enlace.En la tarjeta o junto al nombre del medio aparecerá la opción Seguir (o el icono similar que muestra la posibilidad de seguir al editor). Pulse ese botón para registrar la preferencia.A partir de ese momento, las publicaciones de Blu Radio se priorizarán en la pestaña correspondiente dentro de Discover.Blu Radio tiene una oferta variada para todos sus oyentes con diferentes programas, entre ellos Mañanas Bu con Néstor Morales, que se emite en la franja matutina y concentra análisis y noticias de actualidad. Seguir al medio en Discover facilita que las noticias y los segmentos vinculados a esos espacios lleguen con mayor regularidad al lector que ya confía en la emisora.Para optimizar la experiencia, Google recomienda interactuar con las noticias (abrir, leer y compartir), seguir los perfiles oficiales de Blu Radio en redes y utilizar la propia app de la emisora; todas estas señales ayudan al algoritmo a identificar las preferencias del usuario y aumentar la frecuencia de aparición del contenido seguido. Asimismo, la disponibilidad y experiencia pueden variar según la región y la versión de la app, por lo que Google recuerda comprobar la configuración de la cuenta y la versión de Discover en cada dispositivo.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
La marca japonesa Mazda se posicionó como la marca de carros más segura del mundo en la nueva evaluación “Safety Verdict” publicada por Consumer Reports, superando incluso a fabricantes tradicionalmente asociados con la seguridad como Volvo.El nuevo informe ofrece un análisis integral sobre qué tan seguros son los vehículos modernos. No solo evalúa la protección en caso de choque, sino también el comportamiento en emergencias, las tecnologías de asistencia al conductor que vienen de serie y la facilidad de uso de los controles interiores.Según Consumer Reports, las marcas mejor calificadas son aquellas que no solo protegen en caso de accidente, sino que también ayudan a evitarlo.¿Qué modelos respaldan la reputación de seguridad de Mazda?Mazda ha obtenido múltiples reconocimientos en seguridad, incluyendo casi un conjunto completo de premios Top Safety Pick+ del IIHS, la calificación más alta de esa agencia.Modelos como el Mazda CX-70 registran puntuaciones casi perfectas tanto en evaluaciones del IIHS como de la NHTSA.Jennifer Morrison, directora de Seguridad Vehicular de Mazda North American Operations, afirmó que el reconocimiento refleja el trabajo de sus equipos globales para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y una dinámica de conducción destacada en cada modelo.“La seguridad es un pilar fundamental de la filosofía de Mazda, y nos honra el reconocimiento de Consumer Reports a nuestro compromiso inquebrantable de proteger a conductores, pasajeros y a todos los actores en la vía. Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestros equipos globales de ingeniería para integrar tecnologías avanzadas de seguridad y un desempeño dinámico sobresaliente en cada modelo”, puntualizó Morrison.Sin embargo, queda la duda de si el nuevo Mazda CX-5, que adoptará una interfaz más centrada en pantallas en Estados Unidos, mantendrá esta reputación, dado que Consumer Reports criticó precisamente este tipo de sistemas en otras marcas.¿Cuáles son las marcas de carros más seguras en 2026?El informe concluye que la seguridad moderna va más allá de resistir un impacto: también depende de evitar el accidente y ofrecer una experiencia de conducción que no distraiga al conductor.MazdaGenesisAcuraLincolnHyundaiHondaNissanAudiSubaruKia¿Cómo evalúa Consumer Reports la seguridad de los carros?Consumer Reports adoptó un enfoque más amplio para medir la seguridad vehicular.Nivel “Basic”Incluye vehículos que cumplen con los estándares federales de seguridad de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).Nivel “Better”Aquí se evalúan:Pruebas de manejo y frenadoCalificación Good o Acceptable en la prueba de choque frontal con pequeño solapamiento del IIHSAl menos Acceptable en la prueba de choque lateralSi la tracción delantera o total es estándar, lo que mejora el manejo en lluvia, hielo o nieveTambién se otorgan mejores puntajes a vehículos con un peso mínimo de 1.3 toneladas, ya que los autos más livianos presentan mayor riesgo en caso de colisión.A pesar de esto, Mazda superó a otras marcas aunque el Mazda MX-5 Miata es uno de los pocos vehículos con tracción trasera estándar y un peso inferior a 2.500 libras.¿Qué exige el nivel “Best” en seguridad?En el nivel más alto, Consumer Reports analiza:Qué tan distractivos son los sistemas de infoentretenimiento y los controlesSi el frenado automático de emergencia, la alerta de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado trasero son estándarCalificación Good en la prueba de choque lateralAl menos Acceptable en la prueba frontal de solapamiento moderadoMarcas como Tesla y Volvo obtienen buenos resultados en pruebas de choque, pero fueron penalizadas en el estudio por controles interiores considerados distractivos.Emily A. Thomas, directora asociada de seguridad automotriz en Consumer Reports, explicó:“Un carro seguro tiene un manejo y frenado predecibles en la conducción diaria y en emergencias, controles que no distraigan, tecnología que pueda prevenir un choque en primer lugar y un diseño que proteja a los ocupantes si ocurre un accidente”.
El jefe del negociación del Gobierno de Gustavo Petro en los diálogos con el ELN, Otty Patiño, explicó en Mañanas Blu los alcances de los acuerdos logrados en el primer ciclo de negociaciones y, en ese contexto, reveló que ocho integrantes de esa guerrilla serán liberados por razones humanitarias. "Hay una situación en las cárceles, que no solo cobija a personas del ELN, sino también a población que sufre por enfermedades, algunas de ellas terminales y que están en una situación inhumana, confinados y sin la debida atención médica, así como sin soporte familiar para soportar con más tranquilidad esas crisis. Son personas casi agonizantes. Se ha planteado que esas personas puedan estar en sus hogares con confinamiento domiciliario. Son ocho personas que serán liberadas de inmediato", sostuvo. El jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN aseguró que aprobar las liberaciones estará en manos de los jueces y, quienes gocen del beneficio serán monitoreados a través de brazaletes del Inpec. "No puede ser el Gobierno el que resuelva esa situación sino los jueces. El Gobierno va a presentar estas situaciones para que se pueda proceder. La vigilancia del Inpec o de los mecanismos que hay para garantizar esa situación son brazaletes a quienes están pagando prisión domiciliaria. Es la condición, además, certificada por médicos y por la propia entidad para que los jueces pueden determinar que amerita ese cambio", sostuvo Patiño. ELN liberó a 20 personasLas delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN para los diálogos de paz cerraron este lunes el primer ciclo de negociaciones en Caracas con el anuncio de que 20 personas que estaban bajo el poder del grupo irregular fueron liberadas en los últimos meses."Las partes informan que desde el pasado 7 de agosto a la fecha, en manifestación clara de su compromiso con la paz de Colombia, el ELN ha dejado en libertad a 20 personas entre civiles e integrantes de la fuerza pública", dice el comunicado conjunto.Consultado en rueda de prensa, el jefe de la delegación del ELN, Israel Ramírez, alias 'Pablo Beltrán', no ofreció detalles sobre las identidades de los liberados, si bien la semana pasada se conoció que dos menores que habían sido secuestrados en noviembre, cerca de la frontera con Venezuela, fueron puestos en libertad.
Estados Unidos no ha planteado ninguna objeción al plan del Gobierno de Gustavo Petro para buscar la paz en Colombia mediante el acercamiento a grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aseguró este martes en Washington el ministro colombiano de Defensa, Iván Velásquez.El titular de Defensa hizo estas declaraciones a los periodistas en la capital de EE.UU., donde se encuentra en una visita oficial en la que se reunió con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, y que continuará con encuentros con otros funcionarios y legisladores del país."Por parte de EE.UU. no fue expresada ninguna preocupación, por el contrario un respaldo a la paz total", indicó Velásquez sobre la política del Gobierno de Petro que incluye el diálogo con el ELN, iniciado la semana pasada en Caracas, y el acercamiento a disidencias de las extintas Farc."El camino a la seguridad es la paz y por eso hay que lograr que esas organizaciones abandonen su actuar criminal", subrayó el ministro.Según un comunicado del Pentágono, Austin y Velásquez abordaron durante su reunión "el interés compartido de profundizar la cooperación en asuntos estratégicos que incluyen la cooperación en seguridad internacional, la lucha antidroga y la aplicación de los acuerdos de paz".De acuerdo con la nota, ambos afirmaron "la importancia de trabajar juntos para fortalecer la transparencia y el respeto por los derechos humanos".Velásquez señaló que la estrategia en la lucha contra el narcotráfico por parte del Gobierno de Petro, quien tomó posesión en agosto, va dirigida "más contra los dueños del negocio que contra los eslabones débiles de la cadena".En este sentido, el ministro dijo que Colombia cooperará con EE.UU. mediante inteligencia para identificar "los grandes beneficios económicos, las propiedades y los dineros" de los individuos que se lucran del tráfico de drogas.Respecto a Venezuela, país con el que Washington no tiene relaciones diplomáticas pero Colombia sí desde la toma de posesión del Ejecutivo de Petro, Velásquez aseguró que EE.UU. manifestó "curiosidad" sobre la cooperación en temas de defensa entre ambos países latinoamericanos, sin dar más detalles.El Gobierno de Petro y el ELN reiniciaron en Venezuela las conversaciones que estaban congeladas desde 2018 y anunciaron que tienen la intención de invitar a EE.UU., junto con otros países incluido España y Alemania, como garantes.Le puede interesar:
Jorge Rodrigo Tovar ocupa la curul número 12 de las circunscripciones especiales de paz, que representa a los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Es hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'. El exparamilitar actualmente está buscando someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y en una audiencia única de verdad deberá contar todo lo que sabe sobre alianzas entre paramilitarismo y fuerza pública. De esto dependerá que sea aceptado en la justicia transicional.Jorge Rodrigo, su hijo, fue desplazado y reconocido como víctima por la Unidad de Víctimas y esto le permitió aspirar a las circunscripciones especiales de paz en las últimas elecciones legislativas.En el Congreso de la República, pero en el Senado, también está María José Pizarro: hija del excombatiente y líder político Carlos Pizarro, quien hizo parte del movimiento M-19 y fue asesinado en 1990 cuando era candidato a la presidencia, tras dejar las armas.En las últimas horas, Jorge Rodrigo Tovar invitó a la senadora Pizarro a tomarse un café y hablar sobre la reconciliación del país. La invitación también fue para María del Mar Pizarro, hermana de la congresista: y William Aljure, otra víctima dle conflicto y quen es representante a la Cámara, también por las curules de paz."Juntos, entendiendo que hemos sido víctimas y que la vía armada no es una opción, queremos cambiar la historia. Nadie más debe vivir lo que nos ha tocado a nosotros. En medio de nuestras diferencias, nos une la paz total y el anhelo de cambiar a Colombia", expresó Tovar.Agregó, además, que todos ellos pueden apartarle a la paz que en este momento se está buscando en el país. "Los invito a tomarnos un café pronto María José Pizarro, Willian Aljure y María del Mar Pizarro, estoy seguro que, nuestras experiencias de vida, tienen mucho por aportarle a la paz de nuestro país", manifestó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Suiza solicitó formalmente al Gobierno de Colombia y a la guerrilla del ELN ser acompañante de los diálogos de paz que están teniendo lugar en Caracas, después de la invitación realizada por las dos delegaciones a varios países."Hoy, el Gobierno de Colombia y el ELN han solicitado acompañar formalmente el diálogo de paz entre ambas partes", informó la embajada de Suiza en sus redes sociales.El Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo, según la embajada, "acepta esta invitación y agradece a ambas partes su confianza: una señal de reconocimiento del compromiso de larga data de Suiza por la paz en Colombia".Este viernes, en comunicado que fue leído por representantes de Venezuela y Noruega, países garantes de las conversaciones, las partes manifiestan su intención de invitar a Chile, Brasil y México como países garantes y a Alemania, Suecia, Suiza y España para que "consideren su participación como acompañantes".Asimismo, acordaron "adelantar acciones diplomáticas con el Gobierno de Estados Unidos para conocer su disposición a participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogo".Varios de estos países, como México, donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está de visita, ya ha aceptado la invitación y también España, a través del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se mostró "a disposición" de Colombia para "acompañarla" en su proceso de paz.Estados Unidos, por su parte, subrayó este sábado su apoyo al Ejecutivo colombiano en su voluntad de construir "una Colombia fuerte en paz", pero no especificó si acepta la invitación a participar en el diálogo mediante un enviado especial."Estamos con el Gobierno y el pueblo colombianos en su rechazo al terrorismo y en su determinación de construir una Colombia fuerte en paz", indicó a EFE un portavoz del Departamento de Estado.Las negociaciones, que se reanudaron el lunes en Caracas tras cuatro años congeladas, se desarrollaron esta semana "en un ambiente de confianza y optimismo" y con el acompañamiento de un representante de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal de Colombia.Las partes ratificaron a Venezuela, Cuba y Noruega como garantes del proceso, que mantendrá a Caracas como sede hasta mediados de diciembre, según adelantaron esta semana los negociadores.Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea? Le puede interesar:
Tras el anuncio hecho por el Gobierno Nacional de integrar a la mesa de negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a cuatro nuevas mujeres, en las que se destaca Mabel Lara, María Jimena Duzán, Adelaida Jiménez y Nigeria Rentería, esta última se refirió a su nombramiento.“Realmente es muy importante para mí, es un compromiso con el país. Vengo de una región chocoana que ha sido muy azotada por el conflicto armado y podría decirse que las cosas no han cambiado mucho después de esa suscripción del acuerdo de paz con las Farc. Esos espacios también fueron llenados por otros actores en el territorio y el ELN se ha convertido en uno que ha estado permanentemente en el territorio", indicó Rentería."He recorrido mi departamento y asimismo el pacífico, en diferentes temas en los que he venido desarrollándome en toda mi vida. Lo recibo con mucho beneplácito, con mucho compromiso y responsabilidad y estoy muy interesada en ser parte de ese equipo de negociación”, añadió.La mujer señaló que presentará toda su experiencia en la negociación de paz, ya que participó en los diálogos con las Farc en La Habana, Cuba.“Yo soy una mujer negra, afrodescendiente. He venido trabajando en temas de paz, pero también el perfil mío es el de la justicia. Creo que es necesaria esta justicia social, si no, lo único que vamos a tener solamente este represivo en los territorios, que no ha logrado que eso mejore en lo que llevamos viviendo en nuestra vida", manifestó Rentería."Uno de los aportes es ser mujer colombiana, también consciente del papel que ha tenido en todo este conflicto armado en todo el país y es importante esa mirada y esa presentación directa; no solo de su rol, sino también su expectativa de cómo ayudar a solucionar las problemáticas de cada día, porque son madres, son hijas, son mujeres las que están viviendo cada día esta problemática. Es como dar mi punto de vista de lo que ocurre en esa Colombia profunda que muchos desconocen cómo es el tema del conflicto en el territorio”, acotó.La líder del pacifico dijo que en los próximos días se reunirá con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el jefe de la delegación con el ELN.“Tengo una reunión pendiente con el Alto Comisionado hace un par de días. Pude tener una llamada telefónica con él, pero realmente esta reunión está por desarrollarse. Tengo, eso sí, conocimiento de la noticia como se conoció anoche", apuntó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.