Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
Nequi se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por millones de colombianos y, desde su aparición, la manera en que los ciudadanos manejan su dinero ha dado un giro importante; por ello, una caída o suspensión del servicio golpea con fuerza.De hecho, Nequi, que tiene servicios independientes, trabaja de la mano con Bancolombia, por lo que existe una relación sólida y un trabajo conjunto; por lo tanto, una afectación en el servicio tiene alto impacto en el bolsillo de los colombianos.Vale recordar que en julio de 2025 Bancolombia cerró su plataforma de "Ahorro a la Mano", lo que llevó a que todos sus usuarios fueran trasladados a Nequi, afianzando la relación entre ambas entidades.Nequi y Bancolombia no funcionarán estas fechasRecientemente, los usuarios de Nequi han recibido una advertencia sobre la suspensión de algunos de sus servicios. En la plataforma se notificó que entre las 10:30 p.m. del sábado 21 y las 3:30 a.m. del domingo 22 de febrero, Bancolombia realizará mantenimientos, por lo que las transferencias entre cuentas de ambas entidades no podrán realizarse durante esa jornada.De hecho, tampoco se podrá pagar por medio de QR entre cuentas de Bancolombia ni recibir remesas. Sin embargo, pese a las molestias entre las dos entidades, Nequi señala que el resto de servicios funcionará con normalidad.Por su parte, Bancolombia reveló que en la Sucursal Virtual Personas se realizarán mantenimientos de rutina; PSE y Botón Bancolombia no funcionarán el martes 17 de febrero desde las 11:59 de la noche hasta el miércoles 18 de febrero a las 02:00 de la mañana, por lo que se recomienda hacer pagos por medio de tarjetas de crédito o débito, o retirar dinero directamente de cajeros; si debe realizar pagos por PSE y Botón Bancolombia, lo mejor es hacerlo antes o después de dicho horario.Bancolombia aclara qué pasará el sábado 21 de febreroTras la notificación de Nequi, Bancolombia también informó a sus usuarios por medio de sus plataformas digitales y señaló que tanto en la App Mi Bancolombia como en la Sucursal Virtual Personas se realizarán trabajos de mantenimiento entre el sábado 21 de febrero a las 10:30 p.m. y el domingo 22 de febrero a las 03:30 a.m.En esas cinco horas se podrán enviar transferencias entre cuentas Bancolombia inscritas hasta por $30 millones y a cuentas no inscritas hasta por $3 millones; asimismo, podrá pagar con tarjetas físicas o retirar dinero en cajeros.
Alerta por campos minados en el Norte y Nordeste antioqueño. En un par de horas, el Ejército Nacional logró desactivar al menos 6 artefactos explosivos que pretendían atentar contra uniformados. Autoridades han mostrado su preocupación porque, tanto las disidencias como el ELN, están instalando estos dispositivos en la región.Sobre la seguridad en el nordeste antioqueñoLa seguridad de la población civil en el Norte y Nordeste antioqueño se ha vuelto un dolor de cabeza para las autoridades en los últimos días, esto luego de que se hallaran y destruyeron varios artefactos explosivos que fueron instalados para atentar contra la Fuerza Pública o simplemente para amedrentar a las comunidades de municipios como Anorí o Briceño.Lo que alertan varias autoridades en el departamento de Antioquia es que nuevamente grupos armados están usando la estrategia de instalar minas o dispositivos explosivos improvisados para dificultar el acceso de la Fuerza Pública a la zona rural, como efectivamente ha terminado sucediendo, pero hay una preocupación: se ha convertido en una táctica de las disidencias y el ELN.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que, durante este año, se ha vuelto recurrente el uso de explosivos para tratar de frenar la avanzada de las autoridades y así poder reforzar su presencia en el territorio.“Están generando una cantidad de situaciones para tratar de frenar el avance del ejército. Constantemente les está sembrando eh artefactos explosivos y como esta es una zona que está totalmente minada, el Ejército en su avance también está haciendo el trabajo de desminado”, aseveró.Sobre los últimos resultados que han elevado la alerta por parte de la Gobernación de Antioquia, hay que mencionar el caso de Anorí, en donde el Frente Capitán Mauricio del ELN instaló cuatro artefactos explosivos en zona rural del municipio, mientras que en Briceño fueron hallados dos dispositivos en la vereda El Pescado, esta vez, instalados por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.Aunque las amenazas terroristas fueron destruidas por el Ejército Nacional, los operativos de control y vigilancia permanecen en la zona y las autoridades han indicado que se dificultan las acciones debido a que no solo se deben preocupar por la presencia de disidentes o integrantes del ELN, sino que ahora debe cuidar, literalmente, cada para evitar caer en estas trampas mortales.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga lograron la captura de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en vía pública del barrio Villas de San Juan, en el municipio de Girón.Los hechos se registraron en medio de un acto de intolerancia social. Según las primeras informaciones, la víctima, un menor de 15 años, fue lesionado con arma cortopunzante durante una riña que, al parecer, se habría originado por el hurto de una gorra. Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido a una clínica de mayor complejidad, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.Por información suministrada por la comunidad, el presunto agresor fue ubicado en un centro médico al que acudió para recibir atención. Allí fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.Las autoridades de Santander han reiterado su preocupación por los hechos violentos derivados de situaciones de intolerancia social, que continúan cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga."Desde la institución policial insistimos en la importancia de resolver los conflictos a través del diálogo y los mecanismos legales, evitando que discusiones menores escalen a hechos lamentables", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.
Un grupo de cerca de 750 integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca llegó a Bogotá y se instaló en la Concha Acústica de la Universidad Nacional. La movilización, que arribó en 14 buses y varios vehículos, busca presionar al Gobierno para que cumpla compromisos firmados con las comunidades. “Decidimos movilizarnos hacia Bogotá en el entendido de que desde el año 86 se han venido firmando acuerdos con nuestras comunidades y esos acuerdos no han sido cumplidos”, explicó el consejero mayor Alexis Mina.El líder comunitario aseguró que el detonante más reciente fue un acuerdo firmado en 2024 tras una protesta en el peaje de Villarrica, relacionada con reforma rural, educación, salud y vivienda. “Hemos elevado comunicación al Gobierno sin respuesta, entonces la comunidad tomó la determinación de salir a Bogotá. Hemos entrado a este claustro universitario de manera pacífica”, afirmó, al señalar que la acción fue denominada simbólicamente como “con el buen modo, se saca el cimarrón del monte”.Mina aclaró que la presencia en la capital no está ligada directamente a las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro, aunque respaldan varias reformas sociales. “No vamos a acompañar físicamente porque tenemos una agenda propia de movilización alrededor de nuestra agenda de lucha”, sostuvo. Sobre posibles protestas en la ciudad, indicó que la decisión dependerá de lo que defina la asamblea de la organización en las próximas horas.El líder también cuestionó la falta de respuestas institucionales tras reuniones iniciales con delegados del Gobierno. “No hay todavía notificación de funcionarios con capacidad de decisión, no hay trazabilidad de documentación, no hay arquitectura documental”, dijo, señalando preocupación porque ni siquiera existirían actas claras de compromisos previos. Según relató, incluso se les pidió a las comunidades aportar esos documentos.En materia logística, los manifestantes aseguran estar preparados para permanecer el tiempo que sea necesario. “Hemos hecho unas tongas en los territorios, la preparación física de nosotros es inquebrantable”, afirmó Mina, quien aseguró que la duración de la protesta dependerá de la voluntad política del Ejecutivo. “Si el Gobierno toma la decisión de avanzar, en dos o tres días estaríamos desocupándonos de este tema; si no, no tenemos ningún problema en quedarnos acá”.La movilización también busca visibilizar la situación de orden público en el Norte del Cauca, donde, según las comunidades, persisten el reclutamiento de menores, ataques con drones y la expansión de grupos armados ilegales. “Tenemos una situación en territorio que amerita la atención por parte del Gobierno”, concluyó el consejero, insistiendo en que los puntos reclamados incluyen minería, reparación, restitución de tierras y reforma rural integral.
¡Irresponsables! Varios hombres fueron captados en un video arrojando escombros a una quebrada en Medellín. En medio de las emergencias por los fuertes aguaceros, el alcalde Federico Gutiérrez pidió que las personas sean identificadas y sancionadasMedellín completa varios días con intensas lluvias y aún así se reportan casos de personas que siguen tirando escombros a las quebradas, a pesar de que este fin de semana la quebrada La Madera se desbordó y afectó a varias viviendas en el Noroccidente de la capital de Antioquia.En un hecho que ha causado indignación y rechazo, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, mostró un video en donde se ve a un hombre con un costal, se acerca a un pequeño puente ubicado en el barrio Santa Cruz y arroja escombros a la quebrada La Rosa.Al parecer, este mismo proceso lo hace un par de veces más sin que nadie le diga nada y llenando el afluente de lo que parece ser tierra y otros elementos. Sin embargo, lo que más rechazo causó fue que en uno de sus viales tiró un costal lleno de materiales desconocidos a la quebrada La Rosa.Y cuando no se podía ver un acto más irresponsable en medio de las fuertes lluvias que han azotado a la ciudad, se aprecia que a escasos metros llegan otros dos hombres con una carretilla y tiran lo que parece ser tierra a un costado del afluente.Ambos casos fueron captados en cámaras y ahora están en poder de las autoridades, luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresara que ya habrían sido identificados."La inspección hará verificación completa de la obra, rigurosidad en temas ambientales y la implementación de cómo están haciendo eso. Estas personas fueron identificadas, tendrán sanciones. Yo le digo a la ciudadanía, sigan denunciando, están poniendo en riesgo la vida de la gente y sobre todo en estas épocas de invierno", contó.Por ahora se está investigando las imágenes compartidas por Tobón y se espera que en las próximas horas se logren identificar a los hombres que serían sancionados tras arrojar escombros a la quebrada La Rosa en medio de la contingencia climática por la que pasa la capital de Antioquia.
Las delegaciones del Gobierno colombiano y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para los diálogos de paz mostraron este viernes su primer comunicado de acuerdos. El comunicado número dos habla de tres acuerdos. En primer lugar, se estableció un consenso la formalización de los países garantes y los acompañantes. Se extendió una invitación a Alemania, Suecia, Suiza y España para que se sumen a ducha labor. Además, se anunciaron acercamientos con la diplomacia de Estados Unidos, para una eventual representación de observación. "Se acordó adelantar acciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos de América para conocer su disposición a participar en este proceso mediante la invitación a un enviado especial", dice el comunicado. En un segundo punto, titulado acciones y dinámicas humanitarias, se acordó retomar el punto de los acuerdos correspondientes a la agenda establecida en marzo de 2016, respecto a las acciones dinámicas humanitarias, para lo cual se adelantarán en el corto plazo procesos de alivios humanitarios, que contará con un mecanismo de la mesa de diálogo con el acompañamiento. de la misión de verificación de la ONU y la Iglesia católica. En tercer lugar, titulado declaraciones conjuntos, se anunció la conformación de un equipo conjunto de comunicación para informar de manera oportuna, clara y transparente, sobre los desarrollos y avances de los diálogos. Este martes, el alto comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda, dijo el estar "casi seguro" de llegar pronto a un acuerdo, de los tres primeros puntos, el cual recogería "unos asuntos básicos y urgentes" que no precisó. En los mismos términos, y sin aportar novedades, se manifestó el pasado miércoles el jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán". Cuatro años y cuatro meses después de su última reunión en La Habana, ambas delegaciones volvieron a sentarse para negociar, en medio del empeño del presidente colombiano, Gustavo Petro, de avanzar hacia la "paz total" en su país. |
Un total de 46 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados durante el tercer trimestre del año en Colombia, lo que supone un aumento del 64 % con respecto al mismo periodo del año anterior, reveló este viernes el Programa Somos Defensores.Los dos últimos meses de este trimestre, específicamente 54 días, coincidieron con el comienzo del mandato del presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierdas del país, que asumió el pasado 7 de agosto. En este tiempo ocurrieron 25 de los 46 homicidios confirmados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia."No podría sacar una conclusión, pero sí podría lanzar la hipótesis de que puede deberse a una reacción al cambio drástico que hubo no solo en el escenario político colombiano sino también en la bancada del partido de Gobierno en el Congreso (el izquierdista Pacto Histórico)", explicó la coordinadora del Programa Somos Defensores, Lourdes Castro García.RECONFIGURACIÓN DEL CONFLICTOEstos asesinatos se enmarcan, a su vez, entre las 182 agresiones a 178 defensores y líderes ocurridas entre julio y septiembre, señala el informe, que incluye además 106 amenazas, 20 atentados, 2 desapariciones forzadas, 3 desplazamientos forzados, 4 judicializaciones y 1 detención arbitraria."Lo que estamos viviendo ahora es una reconfiguración de las dinámicas del conflicto con distintas variables territoriales", matizó Castro al tiempo que denunció una falta de "presencia estatal" en forma de educación, sanidad o acceso a la justicia, en las regiones más afectadas.La coordinadora agregó: "En el Gobierno pasado se militarizaron algunas zonas del país, aumentando el pie de fuerza. Esto hace que, en algunos casos, se incrementen los riesgos y se exacerben las dinámicas de violencia".SEIS CONFLICTOS ACTIVOSDe todos los liderazgos, el más afectado fue el indígena, con 60 actos violentos, seguido del comunal, el comunitario y el ambiental con 32, 30 y 14 agresiones, respectivamente, en 24 de los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital.Aunque los departamentos del Cauca, Santander y Valle del Cauca se consolidaron, según el documento, como los más violentos, Somos Defensores alertó especialmente sobre un aumento del 500 %, con respecto al mismo periodo del año anterior, en Santander a causa de las disputas territoriales entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares.En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) identifica seis conflictos armados en el país: entre el Estado colombiano y el ELN; del Estado contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidas como Clan del Golfo (principal banda criminal del país), y contra las distintas estructuras post FARC (disidencias).Los otros tres son entre el ELN y las AGC; entre dos corrientes post FARC: los que no participaron en el acuerdo de paz y la Segunda Marquetalia (uno de los dos grandes grupos de disidencias), y entre disidencias de las FARC y otros grupos emergentes denominados Comandos de la Frontera.UNA REDUCCIÓN POCO ALENTADORASi se comparan las cifras de las agresiones generales entre julio y septiembre de 2021 y las del mismo periodo de 2022 se advierte una disminución de 40 ataques individuales.Sin embargo, el informe matiza que "no se debe a que se esté respetando la vida de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales", sino a que este periodo del año anterior coincidió con el Paro Nacional que trajo consigo una "persecución contra personas que tuvieron rol activo en la participación y convocatoria de las movilizaciones"."Es muy preocupante esta situación porque estas son las cifras más altas que registramos en nuestro sistema, después del año 2020", lamentó Castro.La coordinadora añadió que espera que surtan efecto las medidas contempladas dentro del Plan de Emergencia para la protección a líderes sociales y firmantes de paz, para garantizar su seguridad."Partimos de una buena base (en el Plan de Emergencia) porque el concepto de seguridad adoptado es el de la seguridad humana. Por tanto, también se tiene en cuenta la complejidad del contexto", dijo.Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?
El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que si se quiere la paz en su país es necesario un giro mundial en asuntos como la lucha contra las drogas y la crisis climática, la cual está asociada a la violencia que sufre la nación andina, dijo."Este es un mensaje que debe ser claro: en el mundo si quieren la paz de Colombia, y nosotros sí que la queremos, hay que cambiar políticas mundiales y América Latina tiene que conjugar sus esfuerzos para cambiarlas", dijo el jefe de Estado en Cartagena de Indias, en donde intervino en un acto de celebración de los seis años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.Juan Manuel Santos, que fue presidente entre 2010 y 2018, tomó la decisión de negociar con las Farc para terminar más de medio siglo de conflicto armado, proceso que desembocó en el acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.Petro explicó este miércoles que la voz de Colombia "puede que no se escuche, pero la voz de América Latina junta puede que se escuche mejor".Igualmente, dijo que la región ha sufrido más de un millón de muertos asociados al problema de las drogas y ahora está padeciendo "cada vez más de violencias"."La violencia colombiana está en Ecuador, está en Venezuela, está en Brasil, está en Haití, están Honduras, está en El Salvador, está en México, está en Baltimore, está en San Luis, está Nueva Orleans. Ya no es colombiana, es americana", puntualizó.Añadió que la violencia está articulada a problemas mundiales, que "no solo se derivan producto de la crisis climática", sino que también obedecen a políticas específicas del orden internacional que nos están haciendo matar entre nosotros".CUMPLIR LO FIRMADOAsimismo, Petro aseguró que el compromiso de su Gobierno "es cumplir el acuerdo de paz con las Farc y llevar a negociaciones que también implicarán transformaciones de la estructura económica y política del país hacia los otros actores de la violencia en Colombia", en alusión a su propuesta de "paz total".El lunes pasado el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) instalaron en Caracas la mesa de diálogo para reanudar las negociaciones de paz que estuvieron suspendidas cuatro años y cuatro meses.Dentro de esa política de paz total, Petro también busca algún acuerdo o sometimiento a la Justicia de otros grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y bandas criminales.Por otro lado, Petro dijo que resultaba una paradoja que para poder cumplir la reforma agraria, uno de los puntos centrales del acuerdo de paz, el primer paso lo hayan dado los ganaderos, que venderán al Gobierno 3 millones de hectáreas para dársela a campesinos."Es una paradoja en la historia, porque yo esperaba que los industriales fueran los que darían ese paso", aseveró.Además, enfatizó en que una paz total tiene que ver con "el cumplimiento de lo ya firmado (con las FARC). Si un Estado incumple su palabra es un generador de la violencia",Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Las delegaciones del ELN y el Gobierno nacional se encuentran en Caracas, Venezuela, cumpliendo con las primeras sesiones de los diálogos de paz. El proceso tiene el acompañamiento de los países garantes, la ONU y la Iglesia católica.Frente a esta primera fase del proceso y teniendo en cuenta la violencia en algunos departamentos, desde la Iglesia católica aseguraron que los primeros acuerdos deben ser sobre alivios humanitarios en las regiones.“Nos parece muy importante hacer alivios humanitarios, nos parece muy importante hacer una forma de desescalamiento y lograr que las comunidades, efectivamente, sientan que es respetada la vida de las personas”, señaló monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado.Por otro lado, Henao dijo que era doloroso ver que se siguen presentando en el país masacres y homicidios, por lo que se deben buscar las fórmulas para que se respete la vida de los colombianos.“Indudablemente, se está mirando cuáles son las mejores señales que se pueden dar también para mostrar voluntad de crear un clima de paz entorno a esta negociación”, señaló Henao.“Diálogos con ELN no significa que las FF. AA. bajen la guardia": mindefensaEl ministro colombiano de Defensa, Iván Velasquez, aseguró este miércoles que el restablecimiento de las negociaciones de pa z con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, no significa una "baja de guardia o de acciones de parte de las Fuerzas Armadas", sino que se continúa trabajando "con toda intensidad".Velásquez hizo un balance operacional de las Fuerzas Armadas y la Policía desde el 7 de agosto, cuando el Gobierno de Gustavo Petro ascendió al poder, y aseguró que "se puede concluir muy claramente que no ha habido una falta de actividad (...), por el contrario se ha incrementado"."Las Fuerzas Militares y la Policía continúan desarrollando sus actividades cumpliendo el mandato constitucional. Como se ha planteado desde el inicio con el Gobierno Nacional, la lucha contra el crimen organizado no solo con enfrentamientos (...) también respecto de sus finanzas", indicó el ministro.La coronel Olga Patricia Salazar, directora de la DIJIN, dijo que en lo que va de año la Policía ha capturado a más de 171.000 personas, de las cuales 44.800 fueron en los tres primeros meses de Petro.
El Gobierno Nacional reanudó oficialmente los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se llevan a cabo en Caracas, Venezuela. En medio de esta reanudación se conocen historias de colombianos residentes en Venezuela que están esperanzados en el buen término del proceso de paz con esta guerrilla. Blu Radio habló con una colombiana desplazada quien contó sus expectativas frente al tema.Luz Mireya Vega vive con sus dos hijos en Venezuela. Hace 18 años salió de Colombia víctima de dos desplazamientos forzados, uno de estos casos se presentó en Saravena, Arauca y el otro en Sabana de Torres, Santander.“Me dedico al trabajo informal, tengo un puestico de comidas en la calle y vendo empanadas, comidas y bueno al rebusque como decimos nosotros. Hago almuerzos, comidas, de todo un poquito”, señaló.Por otro lado, señaló que los diálogos de paz con la guerrilla del ELN son una buena noticia, pues de esta manera considera que se puede avanzar a la paz en Colombia.“Tenemos esperanza, es importante especialmente para nosotros que vivimos en otros países, porque es bastante difícil vivir uno lejos de su tierra y de su país, es una muy buena noticia y ojalá todo se dé y por fin se logre la paz que tanto queremos todos los colombianos”, indicó.Además, explicó que si las negociaciones con este y otros grupos llegan a buen término, va a considerar volver a Colombia.“Nos tocó salir obligados por culpa del conflicto armado colombiano y si me gustaría volver a Colombia, pero me gustaría que tengamos garantías de seguridad para retornar al país”, contó.Finalmente, explicó que sienten que los colombianos que han salido a Venezuela por el conflicto armado han sido invisibilizados por el Estado.“Que el Estado colombiano no se olvide de las personas que estamos en el exilio, fuimos desplazados por los grupos armados colombianos, hay cantidad de desplazados aquí prácticamente olvidados, somos como invisibles”, indicó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.