El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, habría enviado recientemente un mensaje dirigido a su expareja sentimental.De acuerdo con información divulgada por el medio español 20 Minutos, el mensaje no fue enviado directamente, sino a través de intermediarios. En este, el condenado le habría solicitado a la mujer que lo olvidara y dejara atrás el vínculo que mantuvieron durante varios años, marcado por promesas que no se concretaron y que terminaron abruptamente con su captura en 2023.El mensaje también reflejaría un intento de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida personal. Según el citado medio, Sancho consideraba insostenible la situación emocional en la que se encontraba antes de su detención, en medio de relaciones paralelas que, con el tiempo, se tornaron complejas. La mujer, identificada como Laura, fue su última pareja formal y mantuvo una relación con él durante aproximadamente cinco años.Sin embargo, ella ha optado por mantenerse completamente al margen del caso desde el inicio. Incluso, durante el proceso judicial, rechazó participar como testigo y ha reiterado su decisión de no tener ningún tipo de relación con los hechos ni con quien fue su compañero sentimental. Según versiones conocidas, la joven creía que Arrieta era únicamente un socio en proyectos profesionales, sin conocer el alcance real de la relación entre ambos.Actualmente, Sancho permanece recluido en la prisión de prisión de Surat Thani, un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en el sur de Tailandia. Allí espera la resolución de los recursos legales presentados por su defensa, que buscan modificar la condena impuesta por la justicia tailandesa.Las condiciones de reclusión han sido descritas como estrictas y con escasas actividades para los internos. Según ha contado su madre, Silvia Bronchalo, quien lo ha visitado en varias ocasiones, el joven ha logrado adaptarse a la rutina carcelaria. De acuerdo con sus declaraciones en medios españoles, su hijo mantiene una convivencia estable con otros reclusos, aunque el sistema penitenciario del país asiático es muy distinto al europeo y ofrece pocas opciones de ocupación o rehabilitación.Por su parte, su padre, el actor Rodolfo Sancho, no ha viajado recientemente al país asiático. Según explicó en el programa televisivo Fiesta, su ausencia se debe a compromisos laborales que le han impedido desplazarse, aunque ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo a su hijo durante el proceso.
Durante el foro ‘Para la Polarización, la conversación’, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado, se refirió a la situación que vive el país y reconoció que en distintos sectores existen angustias e incertidumbres que requieren un proceso común de sanación.“Tenemos angustias, incertidumbres, tenemos narrativas que se han construido a veces distorsionando también la realidad, pero narrativas que nos llevan a identificar esas cosas profundas, que son necesidades de sanación. Yo creo que somos un pueblo que requerimos seguir sanando”, señaló Henao.Desde la Iglesia Católica también indicaron que es necesario mantener la esperanza, pese a las incertidumbres que puedan existir en el contexto nacional.“Requerimos avanzar en nuestra capacidad de superar esas narrativas y somos un pueblo que definitivamente tenemos dentro de toda esa historia profunda que hay, a veces no narrada, de cómo se conformaron las ciudades, cómo se conformaron las regiones, cómo se conformaron distintos ámbitos. Tenemos también experiencias muy grandes de capacidad de mantener la esperanza y de mantener viva la visión hacia adelante”, agregó el monseñor.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, participó en el panel ‘¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano’, un espacio que hizo parte del foro ‘Para la polarización, la conversación’.Este encuentro busca hablar sobre la necesidad de crear espacios para conversar sobre temas que a veces dividen, pero que también son necesarios para buscar soluciones.En este contexto, Marín aseguró que el país no está tan polarizado o dividido como a veces parece.“Bueno, me parece que el ejercicio es realmente muy ilustrativo, además de muy bonito, muy inspirador, es muy ilustrativo de que en Colombia no estamos tan divididos como creemos, tenemos muchas cosas en común y nuestra diferencia, que va a permanecer siempre, afortunadamente, es nuestra riqueza y no es una amenaza”, dijo Marín.En este foro también estuvo el embajador del Reino Unido en Colombia, quien asegura que nuestro país es mucho mejor ahora que hace algunos años.“Básicamente estamos operando desde 2016 en un contexto mucho más normal. La polarización en Colombia ahora parece más a la polarización en Chile, por ejemplo, que no era el caso hace 10 años y absolutamente hace 20 años. Entonces algo ha cambiado y es un segundo punto positivo, y eso no es negar que hay polarización y eso no es negar que hay problemas, por supuesto, en este país, pero creo que el punto de salida en términos de orgullo nacional es positivo y este país es un país distinto al país de hace 10 o 20 años”, señaló George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia.
Este miércoles se desarrolló el foro ‘Para la polarización, la conversación’, una iniciativa en la que líderes de distintos sectores reflexionaron sobre la necesidad de dialogar entre diferentes, incluso frente a temas que, en ocasiones, dividen al país.La rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernal, aseguró que Colombia tiene un futuro esperanzador, pero advirtió que es necesario aprender a hablar y escucharse en medio de las diferencias.“La gente cree que la democracia está muy frágil, pero sigue creyendo que esa es la forma de construir país. Lo que nos une es lo más profundamente humano: el perdón, la reconciliación, el amor”, señaló la rectora.Bernal hizo énfasis en el papel fundamental de la educación como herramienta para fortalecer el diálogo y la construcción colectiva en el país.“Por eso las universidades somos tan importantes, somos los que formamos esos ciudadanos que pueden hablar, que son compasivos, que son empáticos, que pueden tejer esas conversaciones de una manera en que el otro no es un antagonista, sino es una persona diferente, a la que yo puedo al menos escuchar activamente”, agregó.
Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones en jurisdicción del municipio de San Luis, Antioquia, ha paralizado por completo el tráfico en la autopista Medellín-Bogotá. El alcalde de la localidad, César Buitrago, informó que, según las estimaciones de Invías, las labores de remoción de escombros podrían tardar entre cuatro y cinco días.“Nos ha manifestado Invías que se demorará aproximadamente de 4 a 5 días para poder habilitar la vía Medellín-Bogotá. Eso quiere decir que el lunes de la próxima semana a más tardar estaría reabierta", indicó el mandatario.Actualmente, el riesgo persiste debido a que la montaña sigue presentando inestabilidad y continúa cayendo tierra, razón por la cual las autoridades han prohibido estrictamente los transbordos de pasajeros a pie para evitar una tragedia."La gente está queriendo hacer transbordo, pero no podemos permitir el transbordo porque hay mucho riesgo. La montaña todavía presenta mucha inestabilidad y todavía baja tierra”, aseveró el alcalde de San Luis.El mandatario también manifestó que cuentan con poca maquinaria para la remoción de tierra. "Hay ocho volquetas, que realmente es muy poco. Eso es insuficiente. En estos momentos llevar eso es como llevar un par de cortauñas, pues porque eso no sirve para nada. Con esas ocho volquetas nos demoramos 15 o 20 días. Lo que necesitamos es que haya buena maquinaria en el lugar para que podamos agilizar el trabajo”, expresó Buitrago.Escuche la entrevista completa aquí:
El papa Francisco pidió este domingo "concordia" para el "querido pueblo colombiano", en su bendición navideña "urbi et orbi" en la plaza San Pedro de Roma. "Pedimos concordia para el querido pueblo colombiano, que desea cumplir un nuevo y valiente camino de diálogo y reconciliación" afirmó el papa argentino en su mensaje.
El papa Francisco pidió concordia para Colombia, que desea cumplir un nuevo y valiente camino de diálogo y de reconciliación, en su mensaje de Navidad que pronunció en el balcón de la Logia central de la basílica de San Pedro, donde impartió la tradicional bendición "urbi et orbi". "Pedimos concordia para el querido pueblo colombiano, que desea cumplir un nuevo y valiente camino de diálogo y de reconciliación", dijo asomado al balcón donde el 13 de marzo de 2013 se presentó al mundo como papa. Y después también recordó la situación en Venezuela cuando deseó que "dicha valentía anime también la amada Venezuela para dar los pasos necesarios con vistas a poner fin a las tensiones actuales y a edificar conjuntamente un futuro de esperanza para la población entera". En este mensaje al que siguió la tradicional bendición "urbi et orbi" (A la ciudad y al mundo), Francisco fue haciendo al igual que en los años anteriores, un repaso por las guerras y males que afligen al mundo. Escuche en este audio más información de las siguientes noticias: -Esta madrugada un avión con 92 personas a bordo se estrelló cuando cubría la ruta entre una ciudad al sur de Rusia y Siria. -El presidente Juan Manuel Santos en su mensaje de navidad a los colombianos dijo que el país vive en esta época tiempos de paz. -A la guerrilla del ELN atribuyó el Ejército el ataque a una patrulla de la policía que dejó un uniformado muerto y otro herido. -Las autoridades están anunciando para esta mañana un balance general del comportamiento de los colombianos durante la noche buena. -En Barranquilla un motociclista murió al ser arrollado por bus de Transmetro, la empresa asegura que la víctima invadió el carril exclusivo para los buses. -En el Hospital de Neiva continúan dos de los heridos del trágico accidente ocurrido la mañana del sábado en carreteras del Huila. -En las últimas horas fue hospitalizado Elkin Ramírez, el vocalista de la banda de Rock colombiana Kraken. -Murió en las últimas horas en una clínica de Bogotá el actor Fernando Corredor.
Un grupo de más de 50 organizaciones sociales le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que solicitaban analizar la situación de los líderes sociales que permanecen en las cárceles del país. “Queremos solicitar se impulsen procesos para levantar las medidas de aseguramiento y/o extinción de la responsabilidad penal de cientos de Defensores de Derechos Humanos y líderes que hoy están privados de la libertad en las cárceles colombianas”, dice la misiva que tan bien está dirigida a Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’. En la comunicación, señalan que ven con preocupación cómo se avanza en el tema de indultos y amnistías tras lo acordado con las Farc en Cuba, sin mirar a los líderes y defensores de derechos humanos que, según los firmantes del documento, están de manera injusta en la cárcel, sin embargo, se mostraron confiados de que sean cobijados con la Justicia Especial para la Paz pactada en La Habana. Esta es la carta enviada: Bogotá, 24 de Diciembre de 2016 DoctorJUAN MANUEL SANTOS CALDERÓNPresidente de la República de Colombia SeñorTIMOLEON JIMENEZComandante de las FARC-EP SeñoresDelegaciones de Paz del Gobierno Nacional y las FARC-EPMesa de la Habana Referencia: Solicitud de impulso a procesos para levantar las medidas de aseguramiento y/o extinción de la responsabilidad penal de cientos de Defensores de Derechos Humanos y líderes que hoy están privados de la libertad en las cárceles colombianas. Cordial saludo. Teniendo en cuenta los avances en los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, los efectos positivos del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo, y el eventual inicio de la fase publica de los diálogos con el ELN. Partiendo que asumimos que la terminación de la confrontación armada significará, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto y la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia que dará inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión, la satisfacción de los derechos de las víctimas y de todos los colombianos y colombianas, y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías dialogadas, con plenas garantías para quienes participen en política. De acuerdo a lo contenido en el “Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y Duradera” y consientes que la construcción de una paz estable y duradera, se hace con la participación de todos los colombianos y colombianas. Las organizaciones y personalidades democráticas abajo firmantes remitimos esta carta a ustedes con el objetivo de solicitar se impulsen procesos para levantar las medidas de aseguramiento y/o extinción de la responsabilidad penal de cientos de Defensores de Derechos Humanos y líderes que hoy están privados de la libertad en las cárceles colombianas. Nuestros líderes y defensores de Derechos Humanos fueron injustamente privados de la libertad bajo el supuesto de que pertenecían a la insurgencia, acusados por el delito de rebelión y conexos o por los llamados delitos de pobreza, y han pasado años encarcelados resistiendo a las presiones físicas y psicológicas a las que son sometidos para que acepten que son de la insurgencia. Dichas presiones principalmente han sido bajo la presentación de beneficios que otorga la ley a quien acepta los delitos, con rebajas de penas, entre otros. Así mismo como se han presentado maltratos y acciones degradantes e inhumanas que han sido denunciadas en los distintos casos. En la labor de acompañamiento a los privados de la libertad, amigos y familiares nuestros, vemos con preocupación cómo se avanza en los temas de la insurgencia, en amnistías e indultos y libertades otorgadas, mientras estamos en la incertidumbre de la situación de nuestros defensores de Derechos Humanos y líderes. Si bien, esperamos que ellos estén cobijados por las reformas normativas en su fase de implementación (amnistía, indulto o extinción de la responsabilidad penal), no vemos con claridad el proceso concreto para la libertad de los mismos. Queremos solicitar a ustedes se impulse un procedimiento inmediato que ponga en libertad a los prisioneros de organizaciones de base que confluyen en el movimiento social y político Marcha Patriótica y demás prisioneros de organizaciones sociales del país, mientras inicia el funcionamiento de la JEP y se aclara su situación legal. Ustedes no se imaginan lo importante que es para nosotros tener nuestros líderes y compañeros en sus territorios, más aún en función de la implementación de los acuerdos que se van a dar en los mismos. Tengan en cuenta que existen más prisioneros de muchas organizaciones sociales, y que esperamos que este gesto de buena voluntad contribuya a iniciar los procesos de reconciliación y búsqueda de garantías para el ejercicio de la oposición política que muchos hemos realizado. Insistimos en la necesidad de ponerlos en libertad, porque el valor que hemos visto durante años, de aquellos que resisten en las cárceles colombianas no tiene palabras para ser expresadas. Admiramos que, ante las presiones, nuestros dirigentes hayan resistido a admitir que son de las FARC-EP o del ELN, ya que el solo hecho de admitir que hacen parte, tiene unas repercusiones inimaginables, políticas en sus vidas, sus familias y sus organizaciones. Esperamos entonces que, en esta época especial, en que las familias están a la expectativa de la liberación de sus seres queridos injustamente encarcelados, se convierta en una época de celebración, de muestra de voluntad política en construir una sociedad nueva, con garantías para las organizaciones sociales. Cordialmente, Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del nordeste Antioqueño – CAHUCOPANAAsociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó- AHERAMIGUARed de Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”Corporación ReiniciarUnión Patriótica UPFederación Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO - CUTAsociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORCCoordinación Agrominera del Noroccidente y Magdalena Medio ColombianoPartido Comunista Colombiano - PCCAsociación Distrital de Educadores - ADEComité de presos políticos; comité permanente de derechos humanos Héctor Abad GómezComité Permanente Para la Defensa de los Derechos Humanos - CPDHAsociación Campesina del Valle del rio Cimitarra (ACVC)Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS)Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR)Asociación Campesina de Ituango (ASCIT)Asociación Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA)Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC)Consejo Mayor Comunitario de Porce IV –Anorí, Zaragoza y Amalfi- (CMC -AZA)Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASAJ)Movimiento Ríos VivosAsociación Campesina de Briceño (ASCABRI)Asociación de Campesinos de Toledo Norte de Antioquia - ASCAT-NA,Asociación de Campesinos de San Andrés de Cuerquia - ASOCASANCAsociación Campesina De La Cuenca Del Rio MurindoAsociación de trabajadores campesinos del municipio de BolívarAsociación de trabajadores campesinos del municipio de Buenos Aires - Departamento Del CaucaAsociación de Trabajadores Campesinos del Municipio de Cajibío – ATCCOrganización nacional de obreros de la floricultura colombianaAsociación de trabajadores campesinos de la zona de reserva campesina del Municipio de Caloto – ASTRAZONACALProceso Campesino y Popular del Municipio de La VegaAsociación de Trabajadores Campesinos Municipio de Corinto - ASTRAZONACAsociación pro-constitución zona de reserva campesina del municipio de Miranda - ASPROZONAC Asociación campesina del municipio de PáezAsociación campesina municipio de Popayán red de reservas naturalesAsociación de trabajadoras y trabajadores campesinos de SucreSindicato de pequeños agricultores del cauca - SIMPEAGRICAsociación municipal de campesinos productores de agricultura ecológica de TimbíoAsociación de trabajadores campesinos de la zona de reserva campesina del municipio de TotoróAsociación de Trabajadores Campesinos Municipio de Argelia – ASCAMTAAsociación de Trabajadores Campesinos Municipio del Patía – AGROPATIAAsociación de trabajadores campesinos Municipio de Balboa –ASCATBALAsociación de Trabajadores Campesinos de PiendamoAsociación de pescadores del Rio Saija.Asociación campesina de Santander de Quilichao – ADIECOLCorporación agraria de productores agropecuarios del cauca Cajibio – CORPOAFRODECAsociación Campesina de Sotara – ASOCAMSOAsociación campesina Popayán – ASCOPAsociación Indígena “pez Avelino Ul”Movimiento Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín LameAsociación Regional Indígena por la Defensa de la Soberanía Alimentaria – ARIZAAsociación Indígena de trabajadores y pequeños productores agropecuarios del Municipio de Jámbalo – AITPROAAsociación para el Desarrollo Económico y social Indígena – ASDECOINFundación de víctimas del cesarAsociación de pequeños y medianos cafeterosSindicato de trabajadores del instituto colombiano de desarrollo ruralSindicato de pequeños agrícolas y trabajadores del sector ruralAsociación de trabajadores y productores campesinosSindicato de pequeños agricultores de CundinamarcaAsociación municipal de campesinos de SibateSindicato de trabajadores agrícolas de SumapazAsociación de trabajadores campesinos de ViotáAsociación de productores agropecuarios Natagaima IISindicato de pequeños agricultores del GuaviareAsociación de trabajadores campesinos del rio GuaviareAsociación de trabajadores campesinos del HuilaFundación de cafeteros del corregimiento de AipecitoAsociación agrocomercial de mujeres del municipio de la plata HuilaSindicato nacional de trabajadores agroindustriales de ColombiaAsociación de pequeños productores agropecuarios del municipio de San ZenónSindicato de trabajadores agrícolas independientes del MetaAsociación campesina para la agricultura orgánica y el comercio justo en la cuenca del rio GuejarAsociación de campesinos trabajadores agrícolas y defensores del medio ambienteCorporación de trabajadores campesinos, agropecuarios y ambientales de los llanos del YariAsociación de trabajadores campesinos ambientalistas de los parques Tinigua y macarena del municipio de UribeAsociación campesina de pequeños y medianos productores agrícolas de la región del río cafreAsociación de agricultores de la inspección de la juliaAsociación de mujeres campesinas e indígenas del sector del río dudaAsociación de trabajadores campesinos de NariñoSindicato de trabajadores agrarios del PutumayoAsociación campesina agrícola del PutumayoSindicato de trabajadores campesinos del cordón fronterizo del putumayoFundación el progreso jardines de SucumbíosAsociación sindical agroecológica de trabajadores campesinos del putumayoAsociación campesina para la defensa del putumayoAsociación de trabajadores campesinos de LeguízamoAsociación de campesinos y desplazados de CircasiaAsociación nacional de tabacaleros de ColombiaSindicato de trabajadores de la producción agroindustrial y labores en materia alimentaria sostenibleAsociación de trabajadores agropecuarios y campesinos del departamento de SucreAsociación campesina de RisaraldaAsociación de trabajadores campesinos del departamento del TolimaSindicato de trabajadores agrícolas del TolimaAsociación de trabajadores campesinos del valle del caucaCorporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos- CREDHOSCorporación para la defensa y promoción de los derechos humanos- DESCOLPAZAsociación Nacional de Ayudas Solidaria - ANDASDirección Regional Mario UpeguiMesa interétnica por la paz y la reconciliación de MurindóCorporación para la paz y el Desarrollo Social - CORPADESAnálisis urbanoColectivo León ZuletaJuventud Rebelde AntioquiaNodo Antioquia de la coordinación Colombia Europa Estados UnidosAsociación Regional de víctimas de crímenes de Estado - ASORVIMM.Coordinación y articulación de organizaciones víctimas y de víctimas de la región nororienteColectivo Silvio Salazar MartínesAsociación Colombiana de No PensionadosFUTURPAZ AntioquiaCorporación ClaudicantesCorporación Nueva Escuela Popular y Obrera- NEPOCorporación de Derechos Humanos ContracorrienteCorporación CESCAMovilicémonos PuebloColectivo Popular de Mujeres TeaPiedad Cordoba RuizCarlos Lozano GuillenPatricia ArizaJahel Quiroga Asociación Catalana por la PazCentral General Antwerpen-Waasland - BélgicaCentro Brasileño de Solidaridad a los Pueblos y Lucha por la Paz (Cebrapaz) - BrasilCentral Nacional de Trabajadores de PanamáComité de Defensa de los Derechos de la Mujer - MéxicoComunidad Cristiana de Base Santo Tomás de Aquino - EspañaConfederación Sindical InternacionalConsejo de Defensa de los Derechos del Pueblo - MéxicoCorriente Sindical de Izquierdas - AsturiasComité Asturiano de Solidaridad con América Latina - COSA - AsturiasCentral de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB)Federación de Metalúrgicos del BrasilFederación Latinoamericana de Trabajadores de la Construcción, Madera y Materiales de ConstrucciónFederación Sindical MundialUNISON - Reino UnidoSindicato Británico de los conductores de tren - ASLEFIrish Congress of Trade Unions - IrlandaBufette de Abogados THOMPSONS SOLICITORS - Reino UnidoUNITE - Reino UnidoIngeniería sin Fronteras ISA - Estado EspañolAsociación de Solidaridad con Colombia Katío (ASOC-Katío) - AsturiasMovimiento de los Trabajadores Sin Tierra – MST - BrasilPartido Comunista del BrasilFededración de Movimientos Juveniles Socialistas y Progresistas de Bélgica Fancófona - ProJeuneS - BélgicaPartido Comunista de Asturias – PCASol de Paz Pachakuti - AsturiasFondo de solidaridad para las luchas de liberación social en el tercer mundo SOLIFONDS - AlemaniaSindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias - SUATEAUniversity and College Union UCU - Reino UnidoUnión Internacional Sindical de Metalúrgicos y Mineros (UISMM) - BrasilUnión Internacional de Sindicatos (UIS) de Pensionistas y Jubilados (PyJ) de la Federación Sindical Mundial (FSM)Vicent Mauri - Intersindical ValencianaMarco Llerena - Intersindical ValencianaComisión Internacional del Partido Comunista ColombianoComité Zonal del Partido Comunista Colombiano en EspañaComité Madrileño por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia-COMADEHCO
En cuanto a la implementación de la justicia transicional, el ministro celebró que ya esté en el Congreso "toda la legislación constitucional y de ley" para que los militares y policías "detenidos, condenados o en investigación" puedan disfrutar de una libertad "condicionada y provisional" y estar con sus familias en febrero o marzo. "El año pasado les decía que haríamos todo el esfuerzo para que esa legislación estuviera en el Congreso. Ya está presentada y se votará la ley de renuncia a la persecución penal el próximo miércoles y en enero empezará la discusión del acto legislativo que creará la justicia transicional, incluida esa justicia para nuestros hombres que están "sub judice" hoy en la justicia ordinaria", agregó. Escuche en este audio más información de las siguientes noticias: -En Cali, las autoridades capturaron a siente integrantes de la banda de los Chirrinchis, que tenía como propósito vender licor adulterado en esta temporada de fin de año. -El sistema de transporte Metrolínea informó que tendrá cambios operacionales en estas festividades por obras del Tercer Carril y días festivos. -El electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le agradeció a Vladimir Putin el haber comentado que tuvo una victoria humillante sobre Hillary Clinton. -El Tour de Francia 2017 tendrá nuevamente el duelo Froome vs Quintana.
Seis representantes a la Cámara republicanos de la Florida enviaron una carta al secretario de Estado, John Kerry, para pedirle mano dura con las Farc a pesar del avance del proceso de paz en Colombia. Por una parte, dice que el gobierno de EE.UU. no debería permitir que las Farc utilicen recursos obtenidos del narcotráfico para "socavar el proceso democrático en Colombia". Piden que no se retire a esta guerrilla de la lista de Organizaciones Terroristas del Departamento de Estado, en donde se encuentra desde el año 1997. Los congresistas citan el último informe de la DEA sobre drogas ilícitas en EE.UU., el cual dice que, por lo menos hasta comienzos del presente año, las Farc se mantuvieron involucradas en la producción y exportación de cocaína en gran escala; y que el comercio de esta droga en las calles estadounidenses se mantendrá alto por cuenta del aumento de su producción en Colombia. Los congresistas aseguran que el futuro de la cooperación en seguridad entre EE.UU. y Colombia se podría entorpecer por la designación del narcotráfico como delito político, uno de los temas más discutidos en el capítulo de justicia del acuerdo de paz. También insisten en mantener las solicitudes de extradición para miembros de las Farc. Recuerdan que desde 1997, Colombia ha extraditado a EE.UU. a 1870 individuos, la mayoría de ellos por narcotráfico. Y además, se declaran preocupados por la posibilidad de que alias Simón Trinidad sea liberado como parte del acuerdo de paz. Los firmantes son Ileana Ross Letinen, Albio Siles, Carlos Curbelo, Marío Diaz Balart, Ron Desantis y Ted Yoho.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.