El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El jueves 12 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales.Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2833El gran protagonista de la noche fue el número: 2762 de la serie 465, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premio Mayor de la Lotería del QuindíoEl número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 12 de febrero de 2025 es el: 9539 de la serie 067. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!MiLoto, ganadores sorteo 12 de febreroDurante el sorteo 480, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 09 - 02 - 10 - 33 -15. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.Resultados ColorLoto del 12 de febrero de 2026Los resultados oficiales de ColorLoto del 5 de febrero arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 2 (amarillo) - 6 (amarillo) - 1 (rojo) - 5 (amarillo) - 4 (azul) - 6 (rojo).
Estos son los resultados sorteo número 484 de Miloto, realizado la noche del jueves 12 de febrero de 2026. Según el reporte oficial de la entidad, el premio mayor no cayó, lo que ha provocado que el acumulado principal se desplace hacia una cifra más ambiciosa: $350 millones de pesos.Durante la jornada, las balotas que marcaron la hoja de ruta para los apostadores fueron las correspondientes a los números 02, 09, 10, 15 y 33. A pesar de la amplia participación registrada a nivel nacional, ningún tiquete logró coincidir con la combinación completa de cinco aciertos, dejando la bolsa principal intacta para el próximo sorteo.Resultados y premios de MiLoto hoyAunque el premio mayor quedó vacante, la jornada del 12 de febrero reportó un balance positivo en términos de capilaridad de premios. En total, 14.517 personas resultaron ganadoras en las categorías menores, lo que representó una distribución de recursos por un valor total de $116.763.600.La estructura de premios para este sorteo se desglosó de la siguiente manera:4 aciertos: Un total de 53 personas estuvieron a un solo número de alcanzar la gloria. Cada uno de estos ganadores recibirá una suma de $437.500, totalizando $23.187.500 en esta categoría.3 aciertos: Esta franja registró 1.278 ganadores. El premio individual se fijó en $31.950, con una repartición global de $40.832.100.2 aciertos: Como es habitual, esta es la categoría con mayor volumen de beneficiarios. 13.186 apostadores lograron el acierto doble, recibiendo un premio de $4.000 cada uno, sumando un total de $52.744.000.El fenómeno de Miloto en el mercado colombianoMiloto, una mecánica derivada de la marca Baloto, se ha consolidado en el mercado nacional como una opción atractiva debido a su bajo costo de entrada y a una matriz de probabilidad que favorece la obtención de premios menores. A diferencia de otros juegos, su formato de elegir 5 números del 1 al 39 permite que los acumulados se renueven con frecuencia, manteniendo el interés de los usuarios.Este juego es operado bajo la vigilancia de Coljuegos, la entidad reguladora que garantiza que el porcentaje de las ventas se destine al sistema de salud pública en Colombia. El crecimiento del acumulado a $350 millones posiciona a Miloto como una de las opciones más rentables para los jugadores que buscan premios significativos sin las complejidades de las matrices numéricas de mayor escala.Próximo sorteo y expectativasCon el nuevo monto de $350 millones, las autoridades del juego esperan un incremento en el volumen de apuestas para la siguiente jornada. Los expertos en juegos de azar sugieren que, cuando el acumulado supera la barrera de los 300 millones, el interés del público no tradicional se activa, generando una mayor recaudación.Los jugadores podrán adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados de la Red Vía, portales web oficiales y aplicaciones móviles. La transparencia del sorteo sigue siendo respaldada por la transmisión en directo y la supervisión de delegados oficiales, asegurando que la confianza en el sistema de apuestas se mantenga sólida en todo el territorio nacional.
Rusia aseguró hoy que ayudará materialmente a Cuba pese a lo que llamó "fortísima presión" por parte de Estados Unidos, que ha impuesto un embargo energético a la isla."Somos, sin lugar a dudas, solidarios con Cuba. Le ayudaremos, incluido materialmente. Ya se está haciendo", dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores, a la agencia TASS.Añadió que, además de Rusia, hay otros países amigos de La Habana incluidos en el foro BRICS que también "están haciendo lo máximo posible".El diplomático acusó a Estados Unidos de ejercer una "fortísima presión" sobre el régimen cubano, lo que ha obligado a Rusia y Canadá, entre otros países, a repatriar a miles de turistas."En el marco de la actualizada Doctrina Monroe, Washington no se detiene ante ningún método ilegal que pisotee los cimientos del derecho internacional", afirmó.El Kremlin aseguró el jueves que no desea una escalada con la Casa Blanca debido a los suministros de petróleo ruso a Cuba.Peskov respondió así a la pregunta de si Moscú teme la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vertió esa amenaza a finales de enero.Fuentes de la Embajada rusa en La Habana informaron la víspera al diario Izvestia que Moscú "prevé el suministro en breve" de una partida de petróleo y productos petroleros "en calidad de ayuda humanitaria".Rusia envió por última vez crudo a la isla -100.000 toneladas- en febrero de 2025 por orden del presidente Vladímir Putin.Rusia, que ha recomendado a sus nacionales que no viajen a la isla, ha apoyado desde el principio al régimen cubano y descartó que pueda ocurrir lo mismo que con el líder venezolano, Nicolás Maduro.El Gobierno cubano advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes.
Cuatro terremotos de magnitud entre 3,2 y 4,6 se registraron en la madrugada local de este viernes en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, según datos del Centro de Redes Sismológicas del país, sin que de momento se haya informado de daños.El primero de los temblores se produjo a la 01:19 hora local (12:19 p. m. del jueves en Colombia) en el condado de Yuli, con una magnitud de 3,3 y una profundidad de 21 kilómetros.Veinte minutos después, a la 01:39 hora local (12:39 p. m. del jueves en Colombia), se registró un seísmo de magnitud 3,2 en el término municipal de Kuqa, con una profundidad de 25 kilómetros.A la 01:40 hora local (12:40 p. m. del jueves en Colombia) tuvo lugar otro terremoto en Yuli, esta vez de magnitud 4,6 y con una profundidad de 19 kilómetros.Finalmente, a la 01:51 hora local (12:51 p. m. del jueves en Colombia), un cuarto temblor de magnitud 4,5 volvió a sacudir Kuqa, con una profundidad de 26 kilómetros.De acuerdo con el registro oficial, en los últimos cinco años se han producido 529 terremotos de magnitud superior a 3 en un radio de 200 kilómetros en esa área.En enero de 2024, un sismo de magnitud 7,1 sacudió la cercana localidad de Aksu, dejando tres víctimas y daños en viviendas e infraestructuras.El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.Sin embargo, en numerosas ocasiones los temblores no causan daños de importancia, debido a la baja densidad de población de la región.
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de los apostadores en Colombia con la realización de su sorteo número 2833, efectuado en la noche del jueves 12 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en distintas regiones del país.Premio mayor de $10.000 millonesEl gran protagonista de la jornada fue el número 2762 de la serie 465, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche especial para su afortunado poseedor.Premios secos completosAdemás del premio mayor, el sorteo incluyó una amplia lista de premios secos en diferentes categorías, ampliando las oportunidades para miles de jugadores:Premio Trébol Mágico – $1.000 millonesNúmero: 9708 – Serie 2732 Premios Duendes de los Deseos – $500 millones2715 – Serie 2519322 – Serie 2553 Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones1226 – Serie 1985288 – Serie 1256597 – Serie 0496 Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones2219 – Serie 0975012 – Serie 1326311 – Serie 1074544 – Serie 2965672 – Serie 1857642 – Serie 20710 Premios Herraduras Suertudas – $20 millones2490 – Serie 0953258 – Serie 2923429 – Serie 4084155 – Serie 3744170 – Serie 1224993 – Serie 3806410 – Serie 0247012 – Serie 1358278 – Serie 1258306 – Serie 018Premios secos de 10 millones0178 – Serie 1969114 – Serie 0197863 – Serie 4215978 – Serie 1134688 – Serie 3183535 – Serie 2581832 – Serie 3741023 – Serie 2119186 – Serie 0107891 – Serie 4676019 – Serie 2835549 – Serie 0473989 – Serie 0922093 – Serie 1991195 – Serie 3739620 – Serie 2008334 – Serie 1246391 – Serie 2615726 – Serie 2154163 – Serie 2462516 – Serie 4261220 – Serie 0889631 – Serie 0188352 – Serie 0397004 – Serie 3875927 – Serie 0094347 – Serie 3382798 – Serie 1221268 – Serie 4249999 – Serie 132Tradición y respaldo socialCon más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos más tradicionales del país. Su plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la presencia de ganadores en diferentes departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías en Colombia.¿Cómo reclamar los premios?La entidad recuerda que el cobro debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales para garantizar transparencia y seguridad.Premios menores (hasta seis salarios mínimos)Con el lotero donde se adquirió el billete.En puntos de venta autorizados.Premios mayoresEl trámite debe hacerse de manera presencial en la sede principal:Carrera 32A #26-14, Bogotá.Documentos requeridosBillete original firmado.Fotocopia de la cédula.Certificación bancaria vigente.Formulario de identificación de ganadores diligenciado.Como recomendación final, se aconseja verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite, evitando fraudes y garantizando un proceso seguro y confiable.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
Este jueves, 5 de octubre, la JEP realizó una audiencia para que las víctimas del antiguo Bloque Caribe, de la extinta guerrilla de las Farc, hagan sus observaciones y sus demandas de verdad frente a lo que han dicho ante esta jurisdicción los exguerrilleros.Uno de los relatos que se ha conocido es el de Jairo García Arrieta, secuestrado el 30 de agosto del año 2000 en San Jacinto, Bolívar, cuando tenía 24 años y aseguró que una de las consecuencias de su secuestro fue la pérdida de su primer hijo.“Ella (su esposa) en ese momento, cuando le dan la noticia de que a mí me secuestran, ella está embarazada y no sabía. La impresión hizo que perdiera a nuestro primer hijo, eso fue otra de las duras consecuencias que tuvo ese secuestro, eso fue algo cruel y no se lo deseo a nadie, los malos tratos nunca dejaron de pasar”, explicó García.En esta diligencia, otra de las víctimas, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva, cuestionó los aportes a la verdad que han hecho los exguerrilleros que hicieron parte de este Bloque de la guerrilla.“Yo lo que miro es que muy a pesar de que aceptan ciertas cosas, o ciertos hechos, la verdad de lo que sucede está muy por debajo de lo que es la realidad”, señaló la víctima.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entregó su informe trimestral sobre el avance en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc. En este documento, Guterres aseguró que el Gobierno aún está lejos de alcanzar el objetivo de las 1.5 millones de hectáreas para la reforma rural, uno de los puntos del acuerdo."A pesar de los esfuerzos realizados inicialmente por el Gobierno para asignar a las tierras entregadas los bienes y servicios necesarios para fomentar actividades productivas, es necesario hacer más para garantizar el acceso integral a tierras. Los avances en la implementación de los planes nacionales para la reforma rural, que son clave para ampliar la presencia del Estado y mejorar el acceso a bienes y servicios públicos en zonas rurales remotas, siguen siendo limitados", señaló el informe.Otro de los desafíos también estaría en la situación de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, pues en total han sido asesinados 394 excombatientes, hay 134 intentos de homicidio y 33 desapariciones, la violencia además está impactando de manera desproporcionada a las comunidades étnicas, especialmente en el Pacífico."Mientras esperamos que los diálogos de paz den fruto, sigo gravemente preocupado por la violencia persistente contra los exmiembros de las FARC-EP. El Estado no puede incumplir sus obligaciones con los hombres y las mujeres que tomaron la decisión correcta de buscar una solución negociada a décadas de guerra, esperando una oportunidad para vivir el resto de sus vidas en paz. Insto al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y protección", explicó Guterres.La Misión de Verificación de la ONU en Colombia está monitoreando el cese al fuego bilateral pactado entre el Gobierno nacional y el ELN, señaló Guterres que las dos partes han demostrado su voluntad con el cumplimiento del cese, pero que el impacto del mismo en la situación humanitaria de los territorios ha sido limitado."Las partes han evitado con éxito enfrentamientos importantes y tanto el cese al fuego como la labor del mecanismo contribuyen al desescalamiento del conflicto, lo que en última instancia beneficia a las comunidades locales. Sin embargo, el impacto del cese al fuego bilateral en la situación humanitaria general se ha visto limitado por la violencia continua entre otros actores armados que operan en algunas de las mismas zonas", puntualizó el secretario general de la ONU.Le puede interesar
En los últimos días, el jurista Rodrigo Uprimmy ha escrito algunas columnas de opinión sobre los falsos positivos, a propósito de las audiencias de reconocimiento de un grupo de militares en Yopal, Casanare, pues estas personas aceptaron su responsabilidad en casi 300 casos de ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el departamento entre los años 2005 y 2008.Estas columnas han generado también la respuesta del expresidente Álvaro Uribe, quien además ha defendido su política de seguridad democrática.En las últimas horas el padre Francisco de Roux y los excomisionados de la Comisión de la Verdad emitieron un pronunciamiento apoyando las ideas de Uprimmy."Como exmiembros y comisionados de la Comisión de la Verdad expresamos nuestro apoyo a Rodrigo Uprimny en sus columnas sobre la responsabilidad política y moral del expresidente Álvaro Uribe en los falsos positivos y sobre la posibilidad de que como comandante supremo de las fuerzas armadas haya incurrido en la responsabilidad del mando, aunque no haya ordenado directamente esos actos criminales", señalaron en un comunicado.En el mismo sentido aclararon que Uprimmy no tuvo contratos de la Comisión de la Verdad, aclarando que hizo parte del Consejo Asesor, integrado por doce personas."Para la Comisión de la Verdad los falsos positivos son un crimen de Estado cometido por agentes estatales y no estatales y son política de Estado, porque solo se explican como un sistema de disposiciones legales y extralegales, estímulos y exigencias de resultados, acciones y omisiones, surgidas desde el mismo Gobierno e implementadas durante varios al interior de las Fuerzas Militares", finalizó el comunicado.El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a este pronunciamiento asegurando que hay sesgo por parte del padre Francisco de Roux y los excomisionados."Padre De Roux, siempre presumí la buena fe suya y de sus compañeros en favor de la paz. Sin embargo, ese sesgo para acusar o absolver, indicaría que uds han apoyado al crimen, por eso la rabia conmigo, porque la política de Seguridad Democrática bastante mejoró al país", aseguró Uribe.Le puede interesar
El pasado 11 de septiembre, hombres armados llegaron hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba. Después se conocieron unos videos del momento en los cuales la comunidad denunciaba abusos de autoridad y por los cuales algunos militares fueron retirados de su cargo.En las reuniones, entre los líderes de la comunidad y el Gobierno, en la zona se ven a algunas personas portando unos chalecos azules, según algunas versiones, serían integrantes de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organización de la que hace parte Juan Fernando Petro, hermano del presidente.En diálogo con Blu Radio Rodrigo Ricaurte, director para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, aseguró que esta organización no tuvo ninguna participación en los hechos.“Los chalecos que han tomado las fotos pertenecen al doctor Pedro Niño, de la Comisión Americana de Derechos Humanos, una organización recién creada y que sería importante que investiguen quiénes financian esa entidad”, señaló Ricaurte.Pedro Niño es un abogado que ha sido señalado por, presuntamente, vender cupos a narcotraficantes para hacer parte de la paz total.“El estuvo en la comisión alrededor de dos meses, pero por estas mismas situaciones que nunca me agradaron el señor fue expulsado de la entidad, hace mucho tiempo atrás, casi un año, él es el abogado de los narcos, el abogado que estuvo en La Picota, el abogado que está implicado en un montón de situaciones,” explicó Ricaurte a Blu Radio.Por último, aclaró que Juan Fernando Petro sí pertenece a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.“Es el Alto Comisionado del Cuerpo de Paz y nosotros no hemos sacado a la luz pública todavía todo el trabajo que se está realizando. Juan Fernando Petro goza de toda la confianza del consejo directivo de esta entidad, y estaremos prestos a apoyarlo y respaldarlo en cualquier situación que se presente”, finalizó Ricaurte.Le puede interesar
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.