El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
El mercado mundial de la cocaína es el que más rápido crece a nivel global de entre todas las drogas y la ONU atribuye esa expansión al aumento de la producción en Sudamérica, especialmente en Colombia, y a una creciente demanda en otras regiones emergentes como África y Asia.El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado este jueves en Viena, destaca que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022.Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales.La JIFE, un órgano cuasi judicial del sistema de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas, señala que el crecimiento del mercado no es solo cuantitativo sino que también se ha diversificado y es más global.Aunque los dos mayores mercados de la cocaína siguen siendo Europa y América del Norte, las rutas ilegales de esta droga alcanzan ya "todas las regiones del mundo", incluida África, que hasta hace poco era sólo una región de tránsito, o Asia, donde su presencia hasta hace poco era residual.En Europa occidental y central, por quinto año consecutivo, las incautaciones en 2023 superaron a las de Norteamérica, confirmando a la región como el principal destino de esta droga.Según la JIFE, entre enero de 2019 y junio de 2024 se incautaron más de 1.826 toneladas de drogas con destino a puertos europeos, y el 82 % de ese volumen correspondió a la cocaína con 1.487 toneladas.El aumento de la producción de cocaína impulsa la expansión de esa droga en nuevas regiones, como África, donde las incautaciones crecieron un 48 % en 2023 respecto a 2022.Entre 2013 y 2023, el número de consumidores de cocaína habría pasado de 17 a 25 millones, con señales de expansión hacia África y Asia, señala el informe, que cita datos de Naciones Unidas."Hay una tendencia al alza en el consumo de cocaína en todo el continente, especialmente en África Occidental, Central y Austral, y al menos 4.700 personas han recibido tratamiento por trastorno por consumo de cocaína en los últimos años", señala el informe sobre África.En el sur de Asia, la JIFE destaca un importante aumento de incautaciones, lo que muestra un mercado en expansión. El documento advierte además de técnicas de ocultación cada vez más sofisticadas, como alterar químicamente la cocaína para que no sea detectable en controles rutinarios, y camuflarla mezclándola o integrándola en "materiales portadores" como plásticos o tejidos.En Sudamérica, el informe ilustra el efecto corrosivo del auge del narcotráfico con el caso de Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas de cocaína, más de un 30 % por encima de 2023, en un entorno marcado por la violencia."En Sudamérica, el impacto del aumento del tráfico de cocaína se ha sentido especialmente en Ecuador, que en los últimos años ha vivido una ola de violencia letal causada tanto por grupos criminales locales como transnacionales", señala la JIFE.En ese país, se registraron 6.964 muertes violentas en 2024, con una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que supone que esa tasa se quintuplicó en cinco años.
El próximo 8 de marzo, junto con las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, Colombia celebrará tres consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales de la derecha, el centro y la izquierda. De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, los resultados anticipan un panorama con claras ventajas en cada bloque político.Consulta de la derecha: Paloma Valencia lidera con amplia ventajaEn la denominada “Gran consulta por Colombia”, que agrupa a nueve aspirantes, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabeza la intención de voto con el 41,6 %.En segundo lugar aparece Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con el 12,2 %, seguido por el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, quien registra 10,4 %.La medición muestra una ventaja considerable de Valencia frente a sus competidores, consolidándola como favorita para quedarse con el aval de ese sector político en la carrera presidencial.Consulta del centro: Claudia López sin rivalEn la consulta del centro solo se inscribieron dos candidatos. Según el sondeo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López concentra el 92,9 % de la intención de voto, mientras que Leonardo Huerta alcanza el 7,1 %.Las cifras reflejan un dominio prácticamente absoluto de López en este bloque, lo que la perfila como la virtual ganadora de la consulta centrista.Consulta de la izquierda: Daniel Quintero sorprendeEn la consulta del llamado “Frente por la Vida”, donde participan cinco aspirantes y de la cual el Consejo Nacional Electoral excluyó a Iván Cepeda por un tecnicismo jurídico, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle lidera con el 68,1 % de la intención de voto.El resultado representa una sorpresa política, ya que el exsenador Roy Barreras, quien ha recibido en semanas recientes importantes respaldos de dirigentes y sindicatos, obtiene el 23 % del apoyo entre los electores de izquierda.Participación y contexto electoralLa encuesta también señala que una parte significativa del electorado aún no define si solicitará el tarjetón de las consultas interpartidistas, un factor que podría incidir en los resultados finales.Las consultas del 8 de marzo serán determinantes para configurar el tablero de la primera vuelta presidencial, pues los ganadores de cada bloque se sumarán a otros candidatos que competirán directamente por la Casa de Nariño.Con estos resultados, el escenario electoral empieza a tomar forma, aunque la dinámica política de las próximas semanas podría modificar las tendencias registradas por Invamer.
La Lotería de Manizales realizó el sorteo número 4944 en la noche del miércoles 25 de febrero de 2026, entregando una nueva oportunidad de ganar premios millonarios a miles de jugadores en Colombia. En esta edición, el premio mayor fue de $2.600 millones, consolidando a esta lotería como una de las más tradicionales y consultadas del país.Premio mayor Lotería de Manizales – sorteo 4944El número ganador del premio mayor fue: 8560 de la serie 213. El afortunado ganador se llevó uno de los premios más atractivos del plan de premios de esta jornada. El billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $3.000, lo que permite participar por importantes sumas de dinero y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento de programas de salud y desarrollo social en la región.Resultados completos de los premios secos – sorteo 4944A continuación, el listado detallado de los premios secos para que los jugadores verifiquen cuidadosamente su billete:Gana Siempre sin SerieNúmero: 43992 secos de $300 millones4772 – Serie 072 – Villavicencio2275 – Serie 294 – Neiva3 secos de $200 millones0508 – Serie 2173830 – Serie 1307350 – Serie 0975 secos de $100 millones1728 – Serie 2239588 – Serie 1723024 – Serie 1796699 – Serie 0731118 – Serie 08010 secos de $80 millones8383 – Serie 1640156 – Serie 1086885 – Serie 3242018 – Serie 2702447 – Serie 0673893 – Serie 1595954 – Serie 2253861 – Serie 3236826 – Serie 3395914 – Serie 16110 secos de $60 millones9639 – Serie 2550192 – Serie 1513519 – Serie 1884724 – Serie 1909579 – Serie 0586617 – Serie 2076552 – Serie 3378317 – Serie 2665109 – Serie 2980440 – Serie 20210 secos de $50 millones6679 – Serie 0270227 - Serie 272 7568 - Serie 0137275 – Serie 0521405 – Serie 3397728 – Serie 0559164 – Serie 2910955 – Serie 1735744 – Serie 1853035 – Serie 30410 secos de $40 millones5722 – Serie 1451962 – Serie 1822425 – Serie 3013092 – Serie 2424453 – Serie 1077691 – Serie 3282613 – Serie 1215016 – Serie 0037350 – Serie 0748380 – Serie 241Se recomienda comparar el billete con la imagen oficial del sorteo 4944 publicada por la organización antes de iniciar cualquier trámite de cobro.¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y 11:00 p.m. Si el miércoles coincide con un día festivo, el sorteo puede trasladarse al martes o jueves, según lo determine la entidad organizadora.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de ese plazo, el derecho prescribe.Documentos necesarios:Billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Cédula de ciudadanía original.Copia ampliada al 150% de la cédula.Certificado del RUT (obligatorio especialmente para premios mayores, debido a las retenciones tributarias).Antes de acudir a reclamar, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y asegurarse de cumplir con todos los requisitos exigidos.Con cada sorteo, la Lotería de Manizales mantiene viva la expectativa entre miles de colombianos que, semana tras semana, prueban su suerte con la ilusión de cambiar su historia.
La Superintendencia Financiera habilitó el correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co para recibir y tramitar de manera prioritaria las quejas de los clientes afectados por las recientes fallas en los servicios de Bancolombia.La decisión se conoció luego de que el banco informara, a las 10:06 de la noche del miércoles, que sus canales no estarían disponibles durante la jornada nocturna como parte de un proceso —según explicó— necesario para estabilizar sus servicios tras los inconvenientes derivados de la actualización tecnológica de su plataforma.A través de su cuenta oficial en la red social X, la entidad financiera señaló que, mientras se adelantan los ajustes, los usuarios podrán realizar algunas operaciones específicas. Entre ellas, transferencias a cuentas inscritas y no inscritas del mismo banco mediante la aplicación Mi Bancolombia, retiros en cajeros electrónicos y pagos con tarjetas débito —físicas o virtuales— y de crédito.En compras presenciales sin contacto, el monto máximo permitido será de 300.000 pesos por tarjeta. Para valores superiores, los clientes deberán insertar el chip en los datáfonos.No obstante, varios servicios permanecerán inhabilitados de manera temporal. Entre ellos están el uso de bolsillos, las transferencias o recepción de pagos por llaves, los envíos a cuentas no inscritas de otros bancos, la consulta de saldos de tarjetas de crédito o productos de inversión, el pago de facturas y las transacciones a través de PSE.El banco también advirtió que los movimientos con tarjeta débito podrían aparecer con descripciones como “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”. Asimismo, aclaró que el saldo total reflejará la suma de la cuenta más los bolsillos; sin embargo, para pagos con débito o retiros en cajeros, el saldo disponible no incluirá esos recursos.La Superintendencia indicó que hará seguimiento a la situación e informará oportunamente sobre los avances en la normalización de los servicios, mientras recibe y gestiona las reclamaciones de los usuarios a través del canal habilitado.
La Lotería del Valle realizó el sorteo número 4836 en la noche del miércoles 25 de febrero de 2026, manteniendo la expectativa de miles de jugadores en todo el país. En esta edición, el premio mayor fue de $9.000 millones, una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías tradicionales en Colombia.Premio mayor – $9.000 millonesEl número ganador del premio mayor fue: 1971 de la serie 302. El afortunado ganador se quedó con uno de los premios más altos del país en esta categoría.Premios secos del sorteo 4836Además del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos en diferentes categorías:Seco de $500 millones1300 – Serie 220Secos de $100 millones8103 – Serie 0197164 – Serie 068Secos de $60 millones5670 – Serie 2071809 – Serie 1348768 – Serie 074Seco de $40 millones5198 – Serie 30425 premios de $30 millones6104 – Serie 0160904 – Serie 1318472 – Serie 1325405 – Serie 2364783 – Serie 1134297 – Serie 1662419 – Serie 2813256 – Serie 2273164 – Serie 0387775 – Serie 2193813 – Serie 1103574 – Serie 0732680 – Serie 0430142 – Serie 1442077 – Serie 2983884 – Serie 2672835 – Serie 0382938 – Serie 0051447 – Serie 2742407 – Serie 1776386 – Serie 1885172 – Serie 0210916 – Serie 2619532 – Serie 2442792 – Serie 094Se recomienda comparar cuidadosamente el billete con la imagen oficial del sorteo 4836, publicada por la entidad, para confirmar cualquier posible acierto.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Valle?Los premios pueden reclamarse directamente en el punto autorizado o con el lotero que realizó la venta del billete ganador.Para premios superiores a $20 millones, el ganador debe acercarse a las oficinas principales ubicadas en:Calle 9 # 4-50, CaliAllí se realiza el proceso de validación y pago conforme a los requisitos establecidos.Proceso de validaciónVerificación del premio según el listado oficial.Firma del billete con número de cédula y huella.Entrega de copias del billete, documento de identidad y certificación bancaria.Revisión de seguridades y tira de control.Para premios mayores a $20 millones, se solicita además certificación de autenticidad al proveedor impresor.Una vez confirmada la autenticidad, se emite la resolución de pago y el desembolso se realiza mediante consignación bancaria.El pago se efectúa en un plazo máximo de 30 días hábiles, consignando el valor ganado en la cuenta de ahorros del ganador.¿A qué hora juega la Lotería del Valle?La Lotería del Valle se sortea todos los miércoles a las 10:30 p.m., mediante un sistema de baloteras electroneumático que garantiza transparencia y seguridad.La transmisión se realiza en vivo a través del canal regional Telepacífico, lo que permite a los jugadores seguir el sorteo en directo y verificar los resultados oficiales.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Por medio de un comunicado el Comité Internacional de la Cruz Roja dio a conocer que tiene en su poder a siete nuevos menores, que fueron entregados este miércoles.Los menores provenientes de cuatro Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización se suman a los 24 que habían sido entregados al CICR este pasado martes. Este es el comunicado con el que la Cruz Roja informó el hecho: A los 24 menores de edad que fueron recibidos ayer por el CICR en siete Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización, se suman siete adolescentes que el CICR recibió en cuatro zonas del país y que fueron entregados a personal de UNICEF y del Gobierno colombiano. Con esta operación humanitaria el CICR ha trasladado a 119 adolescentes en total desde septiembre de 2016. El CICR cumplió con los protocolos acordados para este tipo de operaciones humanitarias, como la verificación de sus condiciones de salud de los jóvenes y la garantía de la reserva de su identidad durante el traslado. La institución facilitó esta operación humanitaria de conformidad con lo solicitado por el Gobierno colombiano y las FARC-EP y se mantiene a disposición de las partes para nuevos requerimientos con la misma finalidad.
Las Farc mantendrán sus siglas una vez pasen a ser movimiento político legal, cambiarán su nombre a Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, informó este martes Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’. "Dentro de poco estaremos realizando el congreso fundacional del nuevo partido político que seguramente se llamará Fuerza Alternativa Revolucionara de Colombia. No queremos romper los vínculos con nuestro pasado, hemos sido y seguiremos siendo una fuerza revolucionaria", dijo ‘Márquez’ en el acto simbólico en que la ONU se llevó el último contenedor con armas de las Farc. Una vez transformado en movimiento político legal, aspirarán a mantener de manera "clara y nítida" su "voz antisistema", así como llevar la palabra de "quienes viven en las catacumbas de la miseria". 'Márquez' también recordó a los dos milicianos (auxiliares de las Farc que no portan uniforme ni armas) asesinados recientemente tras haber sido identificados como miembros de ese grupo. "No queremos que haya más destrucción de alternativas políticas opositoras", dijo el líder guerrillero al recordar el exterminio de la Unión Patriótica entre finales de los 80 y primeros 90. Le puede interesar: Fuertes combates entre disidencia de las Farc y Ejército en zona rural de Jamundí. Con la salida de las últimas armas, ‘Márquez’ también subrayó que comienza la reincorporación de las Farc" a la vida política, económica y social del país". Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos señaló que es el "último suspiro" del conflicto armado que durante más de cinco décadas sufrió el país, al presenciar la salida del último contenedor de armas de las Farc. "Hoy efectivamente es el último suspiro de ese conflicto, con esta dejación de armas, con (la salida de) los últimos contenedores, el conflicto realmente termina y comienza una fase nueva en la vida de nuestra nación", resaltó el mandatario. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La Misión de la ONU en Colombia destacó que hasta este miércoles han sido retirados 7 contenedores de las zonas veredales de normalización y los puntos transitorios de normalización. Los contenedores con las armas entregadas por las Farc han sido sacados se llevarán a un punto indicado por la ONU, para que posteriormente sean fundidas con el objeto de realizar 3 monumentos. Los monumentos serán instalados en Colombia, Nueva York y en La Habana. Estos son los videos publicados por la Misión de la ONU en Colombia:
En La Paz, Cesar, BLU Radio habló con Soraya Bayuelo, víctima de la guerra, a quien los paramilitares le mataron a su hermano y las Farc a su sobrina. Ella, quien en octubre de 2014 fue parte del tercer grupo de víctimas que viajó a La Habana, dijo que prefiere ver a las Farc haciendo política que arrebatándole vidas a los colombianos."Es mejor ir a hablar con ellos, mirándolos a los ojos, que yo vivir asustada como víctima en medio del monte y la oscuridad, y que ellos me estén disparando", dijo.Recuerda cuando las Farc mataron a su sobrina de 13 años tras poner una bomba, y es justamente eso lo que no quiere repetir."Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que las Farc ahora van a coger plata, que cojan la plata para lo que a ellos les dé la gana pero que no maten a más nadie como mataron a nuestros hombres y mujeres en Montes de María", señaló.También agregó que las víctimas deben vigilar que los bienes de las Farc contribuyan a su reparación. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.