El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El Ministerio de Transporte activó un despliegue especial para atender la alta demanda de viajeros durante el Carnaval de Barranquilla 2026, uno de los eventos culturales con mayor impacto en la movilidad del país.Según la entidad, este viernes 13 de febrero se proyecta el día de mayor movilización aérea hacia Barranquilla, con un estimado de 12.092 pasajeros, coincidiendo con uno de los eventos centrales de la celebración. En total, entre el 6 y el 18 de febrero, la Aeronáutica Civil estima que se movilicen 107.665 pasajeros por vía aérea, consolidando al Carnaval como un motor clave del turismo y la conectividad nacional e internacional.“Barranquilla ya está recibiendo la llegada masiva de viajeros en el Carnaval 2026. Tan solo hoy, viernes, 13 de febrero, comienzan las principales celebraciones y actos del carnaval, van a llegar a la ciudad por vía aérea 12 mil pasajeros, por vía terrestre la cifra no se queda atrás, 37.000 personas se van a movilizar en 3.300 vehículos. Por eso todas las entidades del sector transporte trabajamos de manera articulada para que la movilidad esté garantizada, sea segura y eficiente para disfrutar esta gran fiesta”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.Como parte del operativo especial, las entidades del sector Transporte trabajan de manera coordinada con presencia institucional en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla y los principales corredores viales y peajes del Atlántico. Las acciones incluyen orientación a los viajeros, acompañamiento en infraestructura de transporte y articulación con autoridades locales para asegurar una operación eficiente y ordenada.Finalmente, el Ministerio reiteró el llamado a los ciudadanos a planear sus desplazamientos con anticipación, comprar tiquetes en puntos autorizados, verificar horarios y reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de atención.
No se ve cerca una solución vial para el municipio de San Juan de Urabá, que sigue incomunicado tras las lluvias que vienen golpeando con fuerza la región desde hace más de una semana y donde la movilidad se ha venido complicando cada día más, tras el colapso del puente Mulatos y el daño en el que lleva el mismo nombre de esa localidad, dejando incomunicada a la comunidad de la zona tanto hacia Montería como hacia otros municipios vecinos.Aunque en las últimas horas la Gobernación de Antioquia confirmó que los dos puentes militares que fueron solicitados para esta localidad y para San Pedro de Urabá ya fueron aprobados por parte del batallón de ingenieros y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la conexión vial no estará lista a la vuelta de la esquina. De hecho, podría tardar hasta un mes, por lo que las peripecias para habitantes del sector y transportadores seguirán.El secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón, aseguró que el ente departamental, junto con alcaldes de la zona, aportarán en la puesta de los puentes.En la zona la situación es crítica para los habitantes, quienes no solo tendrán que seguir usando garruchas para transportar carga, sino también pagando 5.000 pesos para poder cruzar.En cuanto al suministro de gas natural para Arboletes y San Juan de Urabá, que justamente también se había afectado por las malas condiciones de la vía por donde debe llegar el vehículo compactador de este servicio público, se espera que por lo menos este viernes llegue a Arboletes, localidad a donde llegará un carro más pequeño para que pueda recorrer el camino desde San Marcos, Sucre; pasando por Montería y el municipio de Canalete, el cual lograría llegar hasta inmediaciones del puente Jalisco, también afectado en la actualidad.Por lo pronto, las autoridades avanza en la habilitación de la vía San Juan de Urabá - San Juancito - El Tigre - Villa Fátima - Siete Hermanas, luego de las afectaciones que dejaron las lluvias.Para dimensionar lo que ocurre en materia de infraestructura vial hay que mencionar que las pérdidas en cultivos son millonarias, más que todo en la vía Necoclí - San Juan de Urabá, que conecta al departamento de Antioquia con Córdoba.
En julio de 2025 las lluvias en el departamento de Antioquia generaron una grave emergencia en el sector Sinifaná de la Troncal del Café, la creciente del río Cauca ocasionó la pérdida de banca en la vía que conduce de Medellín - Bolomboló. Aunque desde un inicio se dijo que las obras durarían 4 meses, las labores se retrasaron mucho más.Tras meses y meses de trabajos, que se complicaron por las continuas precipitaciones sobre la zona, la Concesionaria Vial del Pacífico informó que las obras de pavimentación culminaron con éxito, adelantando las labores estabilización y recuperación de la banca en esta zona afectada por las lluvias.Las intervenciones hechas en el sector Sinifaná constaron de la estabilización de laderas y taludes, corrección de la pendiente, la pavimentación de la vía y la protección de la ladera inferior y la quebrada, esto tras el gigantesco deslizamiento de tierra que taponó por completo esta zona importante para la movilidad de la subregión.Según informó Covipacífico, la recuperación de la vía de carácter nacional terminó dos meses antes del último análisis de los expertos y por ello se permitió habilitar nuevamente el tránsito en condiciones normales para miles de personas que viajan al Suroeste antioqueño o al Eje Cafetero.Hay que mencionar que ya los transportadores de pasajeros habían advertido desde 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura que en el sector Sinifaná había un grave problema que podría generar, eventualmente, complicaciones como las que terminó sucediendo.Hay que recordar que solamente cuando se dio el cierre de la vía habían disminuido en un 30 % los viajes hacia el Suroeste antioqueño y 22 empresas que llevan a personas reportaron pérdidas económicas en los primeros meses de la medida que hoy beneficia no solo a los transportadores y al comercio, sino a los turistas que también se vieron afectados en tiempo y dinero por estos cierres.
Aunque las lluvias en el departamento se han centrado en las subregiones del Urabá y Valle de Aburrá, municipios como Amagá también han sido fuertemente golpeados por las precipitaciones que ha caído sobre el municipio en las últimas horas.La Alcaldía de Amagá informó que las principales afectaciones son las del desplome de una parte del puente en el sector Los Nenes, la pérdida de banca en el sector La Ferrería y la afectación en la curva del sector Potrillo, situaciones que se reportaron hace apenas unas horas allí en el Suroeste antioqueño.El alcalde de Amagá, Wilser Molina, lamentó que la comunidad se haya visto tan perjudicada por estos puntos críticos y también mostró su preocupación por posibles nuevos daños producto de las lluvias."La verdad que hoy estamos muy preocupados, donde producto de los malos manejos de agua se está ocasionando el colapso de la infraestructura. Hemos hecho una declaratoria de emergencia y poder contratar de manera directa, expedita, a ingenieros que nos ayuden a solucionar estos problemas", indicó el mandatario.Explicaron desde el Suroeste antioqueño que todo lo que ha pasado en Amagá representa un riesgo para la movilidad, la seguridad y la economía por lo que desde la Administración Municipal se están haciendo todas las labores con autoridades de gestión del riesgo para mitigar las problemáticas.Finalmente, la Alcaldía hizo un llamado urgente al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y al gobernador de Antioquia, Andrés Julian Rendón, para que brinden apoyo técnico y financiero en la construcción de un nuevo puente en el sector Los Nenes.
Un nuevo elemento sacude el caso que ha generado conmoción y que involucra a un alto funcionario público señalado de haber acabado con la vida de sus dos hijos. En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales unos videos que presuntamente mostrarían a su esposa compartiendo con otro hombre en un restaurante, material que habría sido clave en el deterioro de la relación y que hoy hace parte del contexto que investigan las autoridades.La tragedia ocurrió en el municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás (Brasil), donde el entonces secretario de Gobierno, Thales Machado, habría disparado contra sus hijos de 12 y 8 años en el interior de su vivienda la noche del miércoles 11 de febrero. Posteriormente, el funcionario se quitó la vida con la misma arma.Las indagaciones están a cargo de la Policía Militar y la Policía Civil de Goiás, que analizan, entre otras pruebas, una carta que Machado publicó horas antes en sus redes sociales y que luego fue eliminada. En el mensaje hacía referencia a supuestas dificultades sentimentales y a la presunta confirmación de una infidelidad por parte de su esposa.De acuerdo con el medio ND Mais, las grabaciones mostrarían a la mujer, identificada como Sarah Tinoco Araújo, besándose con otro hombre en un restaurante de lujo en San Pablo. Las imágenes, que se difundieron masivamente la tarde del jueves 12 de febrero, habrían sido obtenidas por un detective privado que, según versiones en redes sociales, fue contratado por el propio secretario ante las sospechas que tenía desde días atrás.Este es el video de la infidelidadEn la carta que dejó antes de morir, Machado señalaba que había notado cambios en el comportamiento de su esposa y que estaba al tanto de un viaje que ella habría realizado para encontrarse con otro hombre.En uno de los apartes más polémicos del escrito, el funcionario manifestó que había llegado “al límite de lo improbable” y dio a entender que la relación había terminado de forma definitiva. Las autoridades analizan ese documento como una pieza clave para establecer si existió premeditación.Horas antes de la tragedia, Machado publicó además un video en el que aparecía con su hijo menor durante un entrenamiento de judo, acompañado de un mensaje en el que expresaba su amor por sus hijos.Tras el ataque, los menores fueron trasladados a centros médicos, donde fallecieron debido a la gravedad de las heridas. La comunidad permanece consternada mientras avanza la investigación para esclarecer todos los detalles de este caso que ha generado indignación y profundo dolor.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
La segunda fase de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN concluyó en Ciudad de México con el reconocimiento por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro del estatus político al ELN como "organización armada rebelde" y el registro de "avances" de cara a alcanzar un acuerdo para un cese al fuego bilateral.Ante la decisión, el canciller Álvaro Leyva a través de su cuenta de Twitter, se refirió al tema y mencionó que se equivocan, según él, que quienes pensando, con un perverso deseo, confunden sus propios fracasos con un supuesto fracaso del actual Gobierno.Afirmó, además, que van seguros camino al éxito, refiriéndose al proceso de negociaciones de paz. “Y habrá cese al fuego y luego paz con el ELN”, indicó el canciller en la red social.Además, el canciller se atrevió a decir que el presidente Gustavo Petro alcanzará el propósito y que, por eso, lo apuesta “doble a sencillo”.Las declaraciones del ministro se dan tras acabar la segunda etapa de negociaciones con el ELN y luego de que la vicepresidenta Francia Márquez dijera que convocaba a esta guerrilla y al Gobierno a mantenerse en la mesa, pase lo que pase."Haremos todo lo necesario para poner punto final al conflicto": Iván Cepeda sobre diálogos con ELNCulminó el segundo ciclo de los diálogos entre el Gobierno nacional y ELN en México este viernes, 10 de marzo. La vicepresidenta Francia Márquez pidió a ambas delegaciones que hagan todo lo posible por conseguir la paz y que permanezcan en la mesa pase lo que pase, algo que, según el senador Iván Cepeda es el mismo pensamiento de los representantes del Estado en estas conversaciones.“Creo que eso es fundamental. Con el ELN hay un conflicto armado que dura por más de seis, bueno, cerca de seis décadas. Es el momento de ponerle punto final. Y este Gobierno tiene toda la voluntad de hacerlo y nosotros asumimos la instrucción de la vicepresidenta y también del propio presidente Gustavo Petro como un mandato. Vamos a hacer todo lo necesario para llegar en esta oportunidad a un acuerdo que ponga punto final a ese conflicto”, puntualizó el senador Iván Cepeda en diálogo con Noticias de la Mañana.Le puede interesar:
En Ciudad de México el Gobierno nacional y el ELN acordaron la agenda que van a desarrollar durante los diálogos en los diferentes ciclos de negociación. En uno de esos puntos se habló sobre “la construcción de un acuerdo sobre las armas del ELN en sincronía con la estrategia para superar la violencia”.Este es uno de los temas que se va a abordar para lograr el fin del conflicto armado. Sin embargo, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno aclaró a qué hace referencia este tema.“El tema de las armas para ellos, como para toda guerrilla que ha basado su protección en las armas, se ve todavía digamos que, como un futuro primero incierto y no muy cercano, pero desde luego todo proceso debe terminar en una dejación de armas”, señaló Patiño.Estos diálogos entre el Gobierno y el ELN continuarán en un tercer ciclo en La Habana, Cuba. Allí se discutirán las condiciones para llegar a un cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad civil en este proceso.“La idea es que las armas se vuelvan inútiles para proteger su vida y, desde luego para el desarrollo de la política, lo que es inadmisible es que si ellos quieren entrar a la política lo hagan con el fusil al hombro eso está totalmente descartado y eso ni va a ocurrir”, explicó el jefe negociador del Gobierno.Voces desde el Gobierno:Culminó el segundo ciclo de los diálogos entre el Gobierno nacional y ELN en México este viernes, 10 de marzo. La vicepresidenta Francia Márquez pidió a ambas delegaciones que hagan todo lo posible por conseguir la paz y que permanezcan en la mesa pase lo que pase, algo que, según el senador Iván Cepeda es el mismo pensamiento de los representantes del Estado en estas conversaciones.“Creo que eso es fundamental. Con el ELN hay un conflicto armado que dura por más de seis, bueno, cerca de seis décadas. Es el momento de ponerle punto final. Y este Gobierno tiene toda la voluntad de hacerlo y nosotros asumimos la instrucción de la vicepresidenta y también del propio presidente Gustavo Petro como un mandato. Vamos a hacer todo lo necesario para llegar en esta oportunidad a un acuerdo que ponga punto final a ese conflicto”, puntualizó el senador Iván Cepeda en diálogo con Noticias de la Mañana.Le puede interesar:
Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, le envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que pide que haya negociación política con el Clan del Golfo, que se discuta el tema de la extradición en la ley de sometimiento y cuestionó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.El exjefe de las AUC, lanzó fuertes cuestionamientos a Rueda, de quien asegura está actuando de la misma manera en que se dio el proceso de paz con los paramilitares, con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.“Con mentiras, como lo ha hecho el Estado en todas sus negociaciones de paz, desmovilizan las organizaciones armadas para luego dejarlas a merced de la inseguridad jurídica y física, la extradición y el gatillo de los enemigos y verdugos de la paz. Es urgente que hablemos de manera pública, responsable y clara sobre las condiciones que se requieren para lograr una desmovilización con garantías de reincorporación integral y efectiva a la sociedad”, señaló en la carta.Por su parte, Rueda respondió a esta carta asegurando que respeta las posiciones de todas las personas frente al proceso de paz total, pero que no conoce ninguna iniciativa de paz por parte de Mancuso.“Es un ejercicio de libertad de expresión, pero hasta donde conocemos en este momento Salvatore Mancuso tiene en curso en asuntos judiciales y hasta el momento no conocemos cuál es el proceso de construcción de paz que quiere abanderar o liderar como para empezar a discutir lo que él ha planteado, ¿Salvatore Mancuso a quién representa? ¿Qué intervención quiere hacer en el proceso de paz?”, señaló Rueda.El alto comisionado para la Paz también se refirió a las declaraciones que hizo el abogado del Clan del Golfo según las cuales este grupo no contemplaría acogerse a la ley de sometimiento.“Todo se conversa, esa es la persona delegada y hemos tenido un primer encuentro y pues del primer encuentro no podemos sacar conclusiones tajantes”, indicó Rueda.Le puede interesar:
Las declaraciones del presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, en las que afirma que pueden ser acreditados como víctimas a futuro a los exmiembros de las Farc no les gustó mucho a las víctimas que hacen parte de la Federación Colombianas de Víctimas de las Farc (Fevcol), por lo que pidieron a la cabeza de esta jurisdicción una aclaración frente a ese pronunciamiento mediante un comunicado de prensa.“Rechazamos de plano cualquier intento de que nuestros victimarios, quienes llevan seis años dilatando la verdad, la reparación, la justicia, hoy pretendan posar de víctimas y así cometer una burla más, para lo cual la JEP les abre una indignante puerta para sus propósitos de impunidad, verse como unos rebeldes con causa, que ha sido su estrategia mediática histórica”, dice el comunicado que se dio a conocer en horas de la noche de este lunes, 6 de marzo.En otro de los puntos piden claridad en la ley al considerar que se les están vulnerando sus derechos como víctimas de conocer la verdad y obtener una reparación.“Como organización acreditada ante la JEP, solicitamos claridad a esta jurisdicción sobre quién emitiría esa supuesta calidad de víctima, puesto como está previsto en la ley 1448, en su artículo 2 parágrafo segundo dice: “Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”, señala el escrito.Y es que el presidente de la JEP había señalado antes que “no hay una prohibición ni una restricción de especie alguna para que una persona, que en algún momento fue victimario o que es compareciente de las Farc, acredite también su condición de víctima y eso jurídicamente es perfectamente viable y habrá que calificarlo en su momento”, declaraciones que entregó durante una rueda de prensa con medios de comunicación.Fevcol representa más de 265 organizaciones en 28 departamentos agrupando más de 225.000 de todos los hechos victimizantes de las Farc.
El Clan del Golfo en este momento se encuentra en una fase de exploración con el Gobierno nacional, en medio del proceso de paz total adelantado por el presidente Gustavo Petro, en estos acercamientos se pactó un cese al fuego bilateral con el Gobierno. Sin embargo, en las últimas horas el grupo armado designó a dos abogados para que realicen las gestiones necesarias que permitan lograr el sometimiento a la justicia."Antes de entrar a esta entrevista me confirmaron que llegó una comunicación de las AGC, Clan del Golfo, donde manifiestan su disposición a continuar en la paz, han nombrado abogados para iniciar la fase dialógica", señaló el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en entrevista con Noticias Caracol.Por su parte, el grupo armado también emitió un comunicado en el que confirmó que designó a dos abogados que no pertenecen a esta estructura criminal para adelantar las gestiones con el Gobierno que permitan pasar a la fase de diálogo y en general, para adelantar todas las gestiones en medio del proceso de la paz total."Después de un consenso unificado entre el Estado Mayor hemos contratado los servicios profesionales de abogados y, por ende, conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y, de ser el caso, negociación jurídica en nombre del Estado mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia" ,se leyó en el comunicado.Le puede interesar:
En Ciudad de México se desarrolla el segundo ciclo de diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN, allí se discuten las posibilidades de pactar un cese al fuego bilateral y acordar los mecanismos para permitir la participación de la sociedad civil en este proceso de diálogos. Sin embargo, también se ha vuelto a hablar sobre los alivios humanitarios pactados en el primer ciclo, en Caracas (Venezuela).En esa primera ronda de negociaciones se dispuso que se implementarían algunas medidas humanitarias que permitan disminuir la violencia y el retorno de las comunidades en algunas zonas de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Estos alivios también incluirían a la población carcelaria; por esto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, viajó a Ciudad de México a reunirse con las delegaciones.Tras la visita de Osuna, jefe de cartera de Justicia a la mesa de diálogo, el ELN aseguró que es necesario que se empiecen a implementar medidas en las cárceles. Para tal fin piden que haya una rebaja de pena del 20% para todos los condenados en Colombia, sin importar el delito. Pero, por otro lado, aseguran que las penas en el país no pueden superar los 25 años."Establecer medidas de compensación por las afecciones físicas y psicológicas al personal privado de la libertad, por el padecimiento, por el estado de cosas inconstitucional de más de 20 años, que se pueda acceder a la libertad condicional a las personas de la tercera edad, a las personas con enfermedades terminales crónicas y a las madres cabeza de hogar", aseguró Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del ELN.Por último, aseguró que la reforma carcelaria que presentó el Gobierno en el Congreso debe incluir las posiciones y opiniones de las personas que se encuentran en las cárceles del país.Le puede interesar: