El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Tras su gol vs. RB Leipzig en la Copa de Alemania, Luis Díaz espera seguir en su racha ganadora este fin de semana en la Bundesliga con el Bayern Múnich, esta vez frente al Werder Bremen en el Allianz Arena, casa del cuadro bávaro. Los aficionados no quieren perderse ningún detalle del encuentro ya buscan la fecha, la hora y el canal para ver el partido en vivo.Fecha y hora del partido Bayern vs Werder BremenRegresan las emociones de la Bundesliga y los seguidores de Luis Díaz podrán verlo EN VIVO este sábado, 14 de febrero, desde las 9:30 de la mañana. El Día de San Valentín será una jornada de fútbol europeo en donde el guajiro será uno de los protagonistas de esta fecha.¿Dónde ver EN VIVO el Bayern vs Werder Bremen?Existen dos alternativas para ver este duelo EN VIVO y online, como se hace habitualmente, pues esto es gracias a la llegada de las plataformas de streaming. En ese orden de ideas, de estas dos maneras podrá verlo:ESPN: esta señal, como es habitual, lo podrá ver en su cable operador, según el canal en donde se encuentre habilitado.Disney Plus: también es la transmisión de ESPN, pero en versión online para que pueda seguir el partido EN VIVO desde cualquier sitio.Así le ha ido a Luis Díaz en la BundesligaDesde su llegada desde Inglaterra, Díaz ha disputado 31 partidos con el Bayern Múnich con un saldo de 19 goles y 11 asistencias, demostrando su gran nivel y por qué es uno de los más determinantes del equipo.Posibles alineaciones de Bayern y Werder BremenFC Bayern: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Kim Min-Jae, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Jamal Musiala; Luis Díaz, Harry Kane.Werder Bremen: Mio Backhaus; Julián Malatini, Marco Friedl, Karim Coulibaly, Yukinari Sugawara, Felix Agu; Romano Schmid, Senne Lynen, Jens Stage; Marco Grüll, Keke Topp.
La congresista Ángela Vergara denunció este viernes que su hijo Rafael Alfonso Vergara lleva 18 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en "condiciones inhumanas"."Inicialmente él pensaba que ese estatus lo podía liberar de estar en un centro de detención como ese. Sin embargo, estos últimos meses él me había dicho: mamá, esta situación estaba muy complicada. Sin embargo, yo le di mucho apoyo y le dije que yo no creía que hubieran razones para que él estuviera en detención, que él era una persona que había entrado de manera legal, que era una persona que era un ciudadano ejemplar, que había creado empresa en Estados Unidos, que tributaba en Estados Unidos y que tenía pues su corte definida para una fecha específica. Y la sorpresa, obviamente, cuando recibí esa noticia fue grande, lamentándome obviamente de no haberle dicho otra cosa, de que regresara a su país, de que no saliera, porque las cosas no son como las dice la prensa, las cosas son peores todavía", contó la congresista en conversación con Recap de Blu Radio.La congresista del Partido Conservador pidió la intervención urgente del Gobierno colombiano y de la Cancillería para garantizar el retorno y la protección de su hijo y de otros connacionales en situaciones similares. Dijo que han tratado a su hijo como un delicuente y lo han dejado sin comunicación, pese que no ha hecho nada malo y asegura que el trato es el mismo hacía otras personas en las mismas condiciones."Él tiene 6 meses sin siquiera hablar con su familia, que su esposa es discapacitada, tiene una bebé de 7 meses y un niño de 7 años, y hoy ni siquiera tiene fecha de corte y tampoco una ayuda idónea que lo acompañe a sacar adelante su proceso. Son interminables, pero interminables, los casos que rompen el corazón, los casos que dan impotencia, los que he vivido por intermedio de mi hijo, que hoy no he fallecido en esta labor, ni siquiera cuando tenga a mi hijo en casa", expresó.A pesar de que conoce la situación de su hijo desde hace semanas, la congresista dijo hoy en X que ha guardado silencio hasta ahora porque confiaba en las garantías de la Justicia estadounidense, pero decidió hacer pública la situación ante lo que calificó como un "desgaste emocional profundo"."Solicité la información precisamente a Cancillería y Embajada. Aún no tengo los datos. Sin embargo, por intermedio de las redes sociales he logrado captar una cantidad de casos de personas que hoy están retenidas y no saben dónde está su familiar, que todavía no saben siquiera si están retenidos, pero que no aparecen y que temen que estén pasando lo mismo que hoy está pasando mi hijo", puntualizó.Además, cerca de cuatro de cada diez detenidos no tienen ningún antecedente criminal, y algunos solo estaban acusados de infracciones civiles de inmigración, como vivir de forma irregular en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país.Una investigación de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) documentó un promedio mensual de 6.000 migrantes latinos sin antecedentes penales que entraron en centros de detención de febrero a septiembre de 2025.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, confirmó que los empresarios asistirán a la mesa de concertación convocada por el Gobierno para discutir el nuevo decreto del salario mínimo, tras la suspensión ordenada por el Consejo de Estado. “Sí, claro que sí (…) nos sentaremos por supuesto”, afirmó Mac Master en entrevista con Recap Blu. La reunión fue citada por el presidente Gustavo Petro para este lunes en el Ministerio del Trabajo, con el objetivo de construir un decreto transitorio que responda a los reparos jurídicos del alto tribunal.Protección del ingreso y efectos económicosMac Master insistió en que, más allá de las diferencias con el Ejecutivo, la prioridad debe ser proteger el ingreso de los trabajadores. “Los trabajadores no tienen la culpa (…) tenemos que generar un mecanismo que permita proteger ese salario”, señaló.El dirigente gremial advirtió que el incremento del 23,7 % ya ha generado impactos en inflación, tasas de interés y empleo. Según dijo, el aumento presionó decisiones del Banco de la República y ha incidido en el comportamiento de precios y en la informalidad laboral. “El presidente está equivocado (…) el banco se quedó sin la posibilidad de bajar las tasas de interés por cuenta de la presión inflacionaria”, sostuvo.Posición frente al decreto y la demandaAunque otros gremios optaron por demandar el decreto, la Andi decidió no hacerlo. “No vamos a demandarlo (…) hay unos derechos adquiridos que creemos se deben respetar”, explicó. No obstante, recalcó que el Consejo de Estado debe fijar parámetros claros sobre el alcance de las decisiones del Gobierno en la concertación del salario mínimo.Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo plantee un aumento superior al 23 %, Mac Master fue enfático: esperará a conocer la propuesta formal en la mesa y advirtió que profundizar el ajuste podría agravar los efectos inflacionarios.Llamado a respetar la institucionalidadEl presidente de la Andi también cuestionó la convocatoria a marchas tras la decisión judicial. A su juicio, el Gobierno debe responder “técnica y jurídicamente” al fallo y evitar presiones sobre la justicia. “Los políticos deben aceptar, les convenga o no, los fallos”, afirmó.Finalmente, reiteró que, independientemente del desenlace jurídico, varias empresas ya han manifestado su disposición de mantener el incremento salarial acordado, en aras de brindar estabilidad a más de 2,4 millones de trabajadores formales en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Un grupo de "más de 300 presos" comunes inició este viernes una huelga de hambre en la cárcel conocida como Tocuyito, en el estado venezolano Carabobo (norte), en protesta contra "presuntas torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos diariamente", aseguró una ONG.En una publicación en X, citando a familiares de los reclusos, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que los detenidos cantaron el himno nacional, "se negaron a recibir los alimentos" y luego "fueron sacados de sus celdas y trasladados a la cancha, donde los tienen desde esta mañana, bajo el sol"."Este tipo de hechos evidencia que el régimen que continúa en Venezuela no tiene la voluntad alguna de respetar los derechos humanos de los privados de libertad y mucho menos de solventar la crisis penitenciaria que existe en Venezuela", consideró la organización.En esta cárcel están detenidos presos de distintas ciudades del país, según la ONG, quienes "fueron trasladados bajo la falsa promesa de ser retornados a su penal de origen en seis meses", pero, añadió, "algunos tienen más de ocho meses en ese penal".El OVP compartió un video de los familiares, quienes denunciaron "abuso psicológico y físico" a los presos y exigieron el traslado de sus parientes a otro recinto penitenciario."Ya basta de tanto maltrato. Desde esta mañana los están golpeando y los están maltratando, ya que ellos se negaron a recibir su alimentación", dice uno de los familiares, a quien la ONG no identificó.El OVP exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario el "cese inmediato" de los "tratos crueles, inhumanos y degradantes", y señaló que está documentando la situación para denunciarla ante instancias internacionales.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 13 de febrero:El precandidato presidencial Leonardo Huerta habló sobre sus propuestas y su aspiración a la Presidencia.El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, confirmó que los empresarios asistirán a la mesa de concertación convocada por el Gobierno para discutir el nuevo decreto del salario mínimoLa congresista Ángela Vergara denunció este viernes que su hijo Rafael Alfonso Vergara lleva 18 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en "condiciones inhumanas".La Coronación de los Reyes, acto que marca oficialmente el inicio de la fiesta más importante de la ciudad, reunirá a destacadas figuras de la música y la cultura el próximo viernes 13 de febrero en el Estadio Romelio Martínez.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
En Ciudad de México iniciará este lunes el segundo ciclo de la mesa de diálogos del Gobierno con la guerrilla del ELN, en el marco de la construcción de una paz completa y definitiva, como lo anunció el presidente de la República, Gustavo Petro, hace unos días; esto luego de una reunión que sostuvo con los integrantes de la mesa.Los diálogos están bajo la coordinación de la Oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda y el jefe de los diálogos de paz, Otty Patiño.En un comunicado que enviaron desde la delegación de paz del Gobierno Nacional para los Diálogos con el ELN, ambos miembros agradecieron la hospitalidad del país centroamericano: que es garante de las negociaciones junto con Venezuela, Chile, el Reino de Noruega y, más recientemente, Brasil.En el escrito señalaron que para el segundo ciclo de diálogos se sumará la Policía Nacional, al igual que los observadores de las Fuerzas Militares. Con lo que se completó así́ la plena participación de las fuerzas armadas.Los temas centrales los explicó uno de los acompañantes de estos diálogos de paz: el delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Héctor Fabio Henao, quien se refirió al cese al fuego bilateral."Este fin de semana será el traslado de las personas que hacemos el acompañamiento y los garantes que están radicados en Colombia y en otras partes. El ideal es que estemos todos el día 13 en horas de la mañana, en la Ciudad de México, para dar inicio a la segunda ronda; en la cual se tiene muchas expectativas, porque allí se debe, por una parte, evaluar los acuerdos de la primera ronda: incluido todo lo de la caravana y los temas que se diseñaron para el bajo San Juan y el Bajo Calima", dijo Henao.Pero también, señaló el prelado, lo relacionado con participación ciudadana: "Continuar con ese dialogo, con esa negociación que comenzó en Quito y se había hecho unos ejercicios en Colombia concretos. Y luego avanzar en todo el cese al fuego, en el cual hay mucha expectativa”, agregó el delegado de la Conferencia Episcopal.En México ya se encuentra la delegación del ELN para lo que será el inicio de los diálogos de paz. En esta oportunidad viajaron un total de 10 personas, entre las que se destacan Gustavo Martínez, Carlos Ruiz Socha, Consuelo Tapias, Bernardo Téllez, Silvana Guerrero, alias ‘Pablo Beltrán’, Isabel Torres, Aureliano Carbonell, Violeta Arango y Tomás García Laviana.Desde la delegación de paz del Gobierno para los Diálogos con esta organización ilegal destacaron la presencia de los miembros del grupo insurgente e indicaron que están convencidos que en este período la comitiva del ELN ha hecho una evaluación importante para el desarrollo de este segundo ciclo."Estamos seguros de que, durante el ciclo de diálogos de paz que comienza, se avanzará en los temas acordados y, al finalizar, saldrá́ fortalecido el liderazgo de la mesa, el apoyo de la comunidad internacional y la confianza de la sociedad colombiana en el proceso", se puntualizó en una misiva.Le puede interesar:
La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) ha hecho un monitoreo desde su observatorio sobre la situación de las violaciones de derechos humanos que afectaron a los niños y jóvenes en Colombia durante el año 2022. Tras el análisis, esta organización determinó que el panorama para la niñez en Colombia durante el año pasado fue complejo, debido a los enfrentamientos y las acciones de los diferentes grupos armados."Un complejo panorama que se vivió durante 2022 en materia de afectaciones a la niñez por causa del conflicto armado, donde alrededor de 268.524 niñas niños y adolescentes, en por lo menos 26 departamentos, se vieron en riesgo por causa de los grupos armados, siendo un registro muy superior con referencia a lo monitoreado durante 2021, cuando se tuvo conocimiento de situaciones que generaron riesgo a 23.465 niñas, niños y adolescentes", señaló Coalico.Por otro lado, lograron recolectar información sobre al menos 66 eventos en los cuales se presentaron casos de reclutamiento forzado por parte de distintos grupos, pero hay registros también de confinamientos, desplazamientos y ataques contra escuelas, por lo que se presentaron vulneraciones al derecho a la educación. El panorama general se presentará el próximo 12 de febrero, pues es el Día de la conmemoración de las Manos Rojas y se realizarán actos de sensibilización simbólicos y académicos"En razón a lo anterior, la Coalico insiste en la importancia de visibilizar el contexto al cual se enfrenta la niñez y la adolescencia en Colombia y exhorta el Gobierno nacional para avanzar en medidas de prevención y protección efectiva para las niñas, niñas y adolescentes, principalmente de aquellos que están en riesgo de ser vinculados a la guerra por parte de los actores armados. De igual forma insiste para los actores armados dentro de los procesos de negociación que se están llevando a cabo, como parte de los compromisos prioricen la no vinculación de personas menores de 18 años y el cese inmediato de todas las acciones que las y los pongan en riesgo" explicó la organizaciónLe puede interesar:
Hace unas semanas en la Casa de Nariño, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, sostuvo un encuentro con los delegados de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, CSIVI, del Partido Comunes, con el objetivo de centrar esfuerzos en la implementación y cumplimiento de lo pactado en La Habana, Cuba. Sin embargo, en lo que han conocido en el plan nacional de desarrollo no existe un capítulo especial lo cual pude afectar su implementación.“Hay unas definiciones del capítulo de paz total y hay unos elementos de la reforma rural integral, hay algunos elementos que mencionan por ejemplo la implementación las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad y hay algunos puntos muy puntuales en materia por ejemplo del punto 4 del programa de sustitución, pero no está contemplados hasta ahora en los borradores que conocemos. No está contemplado un capitulo especifico que de manera integral defina el acuerdo de paz”, expresó en diálogo con Blu Radio Manuela Marín, miembro de la dirección del Partido Comunes y delegada de la CSIVI.Desde esta bancada señalaron que en el gobierno del expresidente Iván Duque esta implementación fue por “partes y no de manera específica” lo que generó una ejecución fragmentada, tardía y en algunas oportunidades no se desarrolló en su totalidad.“Lo que afecta es la integridad del acuerdo, lo que afecta es tener una hoja de ruta vigorosa, estratégica que unifique todos los elementos del acuerdo, por ejemplo, que no separe la reforma rural integral con el punto cuatro de sustitución porque finalmente juntos de manera integral son la forma de integrarlos y materializarlos”, dijo Marín.Recordemos que este lunes, 6 de febrero, está previsto que el Gobierno Nacional radique en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo que se denomina “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.Le puede interesar:
El máximo comandante del ELN, Antonio García, anunció a través de su cuenta de Twitter los puntos que se van a abordar con el Gobierno de Gustavo Petro, durante el segundo ciclo de negociaciones en México.García se pronunció en la mañana de este domingo 29 de enero y dio a conocer los temas que se van a tratar en esta mesa de negociación, tras la reunión previa celebrada a mediados de enero en Venezuela, con la que se limaron asperezas.De acuerdo con García, el primer punto tiene que ver con la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Además, empezarán a tratar y acordar un cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional.Este pronunciamiento se dio luego de la crisis que se desató en el país tras el anuncio de cese al fuego del presidente de la República, Gustavo Petro, que incluía al ELN y otros grupos armados ilegales del país y del cual la guerrilla se alejó por haber sido una decisión, destacan ellos, que no fue pactada.El tercer punto que anunció García en Twitter de este segundo ciclo de negociaciones es que se buscará, además, examinar logros y dificultades en la implementación de acuerdos ya acordados en la primera etapa de los diálogos que tuvieron lugar en Caracas.Iván Cepeda espera "muy pronto" un cese al fuego bilateral con el ELN:Superado el primer escollo en las conversaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, la delegación de Gobierno mira con optimismo a México, donde seguirán negociando y esperan poder acordar el esperado cese al fuego bilateral.Así lo asegura en una entrevista con EFE el senador Iván Cepeda , de la coalición del Pacto Histórico, quien forma parte de la delegación del Ejecutivo y volvió de Caracas donde este fin de semana finalizó una reunión extraordinaria con esta guerrilla.El ejercicio que han hecho en Caracas es "examinar la situación, reafirmar los principios sobre los cuales se sostienen estos diálogos, la bilateralidad, el respeto por el carácter político que tiene esta negociación, la necesidad de cumplir con los acuerdos que se pactan y avanzar en mejorar nuestras comunicaciones", explicó Cepeda.Le puede interesar:
Sectores de la oposición criticaron al presidente de la República, Gustavo Petro, por la convocatoria a marchas para el próximo 14 de febrero y primero de mayo, en defensa de los programas sociales que llevará a cabo su Gobierno y ante la radicación de varias reformas que se harán en el Congreso.En los próximos días está previsto que el Ejecutivo inicie la radicación de varios proyectos de ley en el legislativo, en los que se espera las grandes reformas para el sector social. Por lo que el jefe de Estado hizo un llamado a las fuerzas cercanas de su gobierno y a la ciudadanía para que salgan a manifestarse.Sobre esta propuesta, hay algunas críticas de diferentes sectores como es el caso de los senadores David Luna y Carlos Fernando Motoa, pertenecientes a Cambio Radical."Presidente Petro: la ciudadanía lo acompañó en las calles en su momento, cuando usted era candidato presidencial y le dio su voto de confianza eligiéndolo presidente de la República. Hoy su responsabilidad es gobernar ya no está en campaña", señaló el congresista.Por su parte, Motoa indicó que "el estar pensando en coordinar marchas que, entre otras cosas, creo que van hacer muy poco concurridas, está dejando a los colombianos a su suerte y no está atendiendo los verdaderos problemas del país".Del mismo modo, el senador Ciro Ramírez y el representante Juan Espinal, del partido Centro Democrático, también se pronunciaron acerca de esta convocatoria del presidente."Hoy el país requiere de la atención del Gobierno Nacional. El caso del suroccidente del país, la seguridad, la posible destrucción de nuestro sistema de salud, la inflación, la pobreza y lo que vemos es una falta de coordinación. Mas concentración en esos temas y no convocando a marchas porque con las marchas no vamos a solucionar nada", manifestó.A su vez, Espinal señaló que los colombianos tienen derecho a marchar y protestar, siempre y cuando no ataquen a los colombianos que salen a trabajar, al derecho de lo privado, entre otros temas. Eso sí, cuestionó el sentido de las marchas que quiere liderar Petro."¿Una marcha para defender qué? Si no existen borradores en el Congreso de la Republica y nosotros, como oposición, pues tenemos toda la legitimidad y también todo el derecho como lo tiene el Gobierno de salir a protestar en lo que nosotros no estamos de acuerdo", dijo.Y agregó que especialmente uno de los puntos que tanto les preocupa es el anuncio, a su juicio irresponsable, de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en Suiza, con respecto a no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos, "lo cual afectaría la economía", acotó.En febrero está previsto que se radiquen varias de las iniciativas que se lideran desde el Ejecutivo, como lo son la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma a la educación, entre otros. Sobre el particular, es preciso recordar que el Congreso iniciará sesiones extras el próximo 6 de febrero.Le puede interesar:
Las delegaciones del Gobierno de Colombia y del ELN anunciaron este sábado desde la ciudad de Caracas, Venezuela, que el diálogo que inició el pasado 21 de noviembre será retomado en México desde el lunes 13 de febrero en el segundo ciclo de conversaciones.En el escrito leído quedó claro que se modificó la agenda de cara a la retoma de los diálogos para encontrar la paz total, eje fundamental del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Varios senadores hicieron eco de lo ocurrido en Caracas y entregaron sus impresiones de la decisión.“El comunicado de la mesa de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN es un comunicado que está dentro de lo que se sabía que iba pasar, se lograron limar las asperezas, se va a trabajar en el segundo ciclo en una mesa técnica sobre el cese bilateral al fuego. El proceso que sigue es el de la elaboración de protocolos ir acordando los mecanismos y eso va a tardar unas seis semanas. Es decir que en unas cinco o seis semanas habrá cese al fuego”, expresó el senador Ariel Ávila de la alianza Verde.Para la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, la mesa sale fortalecida para su segundo ciclo de conversaciones que iniciara en México.“Con un muy positivo balance terminamos esta reunión entre las delegaciones del Gobierno Nacional y la del Ejército de Liberación Nacional. Arrancaremos con un nuevo ciclo de conversaciones el 13 de febrero en México. Abordaremos temas que consideramos que son prioritarios: participación y por supuesto cese bilateral”, señaló la congresista.Desde el partido Liberal, el senador Alejandro Carlos Chacón considera que el impase por el cese al fuego bilateral se superó y los diálogos de paz continuaran.“Celebramos profundamente los esfuerzos que se hagan en la consecución de los acuerdos de paz. Hoy el avance que se tiene en los diálogos de concertación con el ELN y por supuesto agradecer a los organismos internacionales, así como a los países que están ayudando en este proceso”, señaló.Por su parte, el Centro Democrático, dijo que aquí se está demostrando que el cese bilateral anunciado por el presidente Petro en diciembre fue producto de la imaginación del mandatario.“El Gobierno de Gustavo Petro sigue avanzando con diálogos con grupos subversivos, narcoterroristas como el ELN y al mismo tiempo con grupos narcotraficantes violentos, asesinos en todo el territorio. Sin explicarle al país cual es la verdadera solución al problema de la pobreza en esos territorios. La falta de presencia del Estado”, manifestó el representante del Valle del Cauca, Christian Garcés por el partido de oposición.Le puede interesar: