El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Barranquilla se puso su mejor pinta y el estadio Romelio Martínez vibró este viernes con una gozadera que no tiene nombre. La soberana de las carnestolendas Michelle Char Fernández y el Rey Momo Adolfo Maury Cabrera se sobraron en una velada donde la música fue la verdadera reina, recordando que el Carnaval no solo se baila, sino que se siente en el oído y en el corazón.Cerca de 18.000 carnavaleros se quedaron con la boca abierta viendo a más de 500 bailarines en escena durante la gran noche de coronación.Bajo la dirección de Mónica Lindo, el show bautizado como 'Aquí suena' fue un viaje sonoro que paseó a los asistentes por la historia de la ciudad. Sobre el show Empezó recreando los años 70 con la radio sonando en cada esquina. Luego se pasó por los 80 con el tocadiscos dándole ambiente a la cuadra. Brincaron a los 90 con las grabadoras y aterrizaron en los 2000 con toda la onda digital.La reina Michelle se lució con 12 apariciones en el escenario, saliendo más hermosa que nunca con un vestido diseñado por Alfredo Barraza que era un homenaje puro a la naturaleza. El momento en que el estadio casi se viene abajo fue cuando aparecieron los picós. Estos monstruos del sonido, íconos de nuestra cultura popular, fueron los grandes protagonistas, demostrando que el poder de la fiesta está en nuestras raíces y en el goce de la calle.Por su parte, el Rey Momo Adolfo Maury no se quedó atrás y conquistó a todo el mundo "tirando paso" con una muestra de salsa y merengue que puso a sudar a más de uno. Grupos como Los Pandas de Rebolo, Afroquilla y las Cumbiambas ganadoras de Congos de Oro le pusieron el sabor tradicional a la noche, mientras la tecnología de drones y pantallas LED nos hacían sentir en otro mundo.Para cerrar con broche de oro, la rumba se extendió con las presentaciones de Juan Luis Guerra, Kapo, Diego Daza y Juan Carlos Coronel, quienes dejaron a la gente "encendida" para lo que se viene.Vea aquí el momento de la coronación:
El cantante mexicano Carlos Rivera lanzó este jueves 'Sin despedida', una balada con mariachi interpretada junto a Alejandro Fernández, en una colaboración que reúne a dos de las voces más reconocidas de la música en español y que sirve como adelanto de su próximo álbum.La canción, escrita íntegramente por Rivera, destaca por su tono emocional y la combinación de estilos de ambos intérpretes dentro de la tradición de la música mexicana.“Este dueto es muy especial, porque más allá de cantar con una estrella que representa a nuestra música mexicana, estoy cantando con un gran amigo”, afirmó el artista en un comunicado.El lanzamiento incluye un video oficial grabado en Guadalajara y dirigido por Nuno Gomes, con la actuación de Gabriel Agüero y la participación de la modelo Priscila Valverde, quien encarna distintos personajes del imaginario mexicano dentro del proyecto audiovisual del álbum.'Sin despedida' constituye el primer adelanto del disco 'Vida México', anunciado como la segunda parte del EP 'Vida...', publicado en octubre pasado, con el que Rivera continúa explorando una propuesta musical vinculada a las raíces culturales del país.El estreno coincide con la preparación de su gira '¡Vida México Tour', que incluye su primera presentación el próximo 9 de mayo en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos del país, antes de iniciar una serie de conciertos en España entre junio y julio en ciudades como Pamplona, Valencia, Barcelona y Bilbao.Rivera, surgido del ámbito televisivo y consolidado como intérprete y compositor en la última década, se ha posicionado como una de las figuras destacadas del pop latino contemporáneo, con una trayectoria que combina balada romántica y elementos tradicionales mexicanos.
El dúo musical mexicano Sin Bandera, formado por los intérpretes Leonel García y Noel Schajris, presentará su nuevo álbum 'Escenas', lanzado este viernes, el próximo 4 de junio en el Movistar Arena de Bogotá, informó su equipo de prensa.Su proyecto más reciente, compuesto por 10 canciones, es una producción inspirada en "los momentos y experiencias que definen la vida de una persona", explicó el equipo de la agrupación en un comunicado.El primer lanzamiento de este álbum fue el tema '¿Qué Culpa Tiene Ella?', cuyo video musical alcanzó la posición número uno de la radio en México, lo que, según destacó la información, "reafirma la conexión inmediata del dúo con el público de ese país y valida con fuerza la propuesta sonora del álbum".Otra de las canciones que incluye el disco es 'Nunca', un tema que retrata el momento en el que se vive el primer corazón roto y cómo, a partir de ese quiebre emocional, "todo cambia en el interior de una persona, dando paso al nacimiento de una versión desconocida de uno mismo, que solo se conoce al atravesar ese momento de tristeza".El dueto, formado en el año 2000 en Ciudad de México y ganador de dos Latin Grammy, iniciará la gira internacional de 'Escenas' el próximo 13 de febrero en Buenos Aires con la que conmemorará un cuarto de siglo de trayectoria con canciones que "han trascendido generaciones" como 'Que Lloro', 'Te Vi Venir', 'Kilómetros' o 'Suelta Mi Mano', entre otras.El tour tendrá parada en varios países de Latinoamérica con conciertos en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, así como en la capital colombiana, donde actuarán el próximo 4 de junio."Cabe resaltar que Leonel García y Noel Schajris siguen poniéndole letra y melodía a los sentimientos de su audiencia, dándole vida a historias de amor y de desamor, de reencuentros y emociones genuinas", concluyó el comunicado.
La Lotería de Medellín anunció los resultados oficiales del sorteo 4822, realizado el viernes 13 de febrero de 2026, una jornada que despertó gran expectativa entre miles de apostadores en todo el país. El atractivo plan de premios y la trayectoria de este tradicional juego de azar volvieron a convertir la noche en uno de los eventos más seguidos del panorama lotero nacional.Premio Mayor de $16.000 millones – Sorteo 4822El gran ganador de la jornada fue el número 4547 de la serie 178, que se llevó el Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas del mercado de loterías en Colombia durante el inicio de 2026.Premios secos destacados del sorteo 4822Además del premio principal, el sorteo se caracterizó por una amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en Medellín, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.2 Secos de $1.000 millones4524 – Serie 2985198 – Serie 3132 Secos de $700 millones1743 – Serie 3586354 – Serie 1372 Secos de $500 millones4138 – Serie 4948978 – Serie 1076 Secos de $100 millones0961 – Serie 1581924 – Serie 3574036 – Serie 1134246 – Serie 0515651 – Serie 0468413 – Serie 1437 Secos de $50 millones1361 – Serie 4621563 – Serie 2523337 – Serie 4715537 – Serie 3315614 – Serie 4318235 – Serie 4278850 – Serie 06510 Secos de $20 millones1336 – Serie 4842065 – Serie 4742605 – Serie 4482639 – Serie 0626437 – Serie 1826526 – Serie 2157201 – Serie 1007836 – Serie 4948510 – Serie 1718738 – Serie 36915 Secos de $10 millones0888 – Serie 0350888 – Serie 3381753 – Serie 2642743 – Serie 4093422 – Serie 4356644 – Serie 3566797 – Serie 1396799 – Serie 1546872 – Serie 2046900 – Serie 0237848 – Serie 4609410 – Serie 3529645 – Serie 1659813 – Serie 3449881 – Serie 108Si su número apareció en el listado anterior, verifiquélo en la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín.Un sorteo que mantiene la confianza nacionalCada edición de la Lotería de Medellín capta la atención a nivel nacional, no solo por el valor de sus premios, sino también por la credibilidad y transparencia que ha construido a lo largo de los años. En el sorteo 4822, jugadores de diferentes regiones siguieron atentamente la transmisión con la ilusión de convertirse en los nuevos millonarios del país.Más allá de la emoción, la entidad continúa destacándose por su compromiso social: los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento de la salud pública en Colombia, un aspecto que ha consolidado su reconocimiento institucional.¿Dónde consultar los resultados oficiales?Los resultados oficiales del sorteo 4822 pueden verificarse a través de la transmisión publicada en el canal oficial de YouTube y en las plataformas institucionales de la Lotería de Medellín.Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, garantizando así la validación correcta del billete y la serie correspondiente.
En la noche del viernes 13 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 485 de MiLoto, el cual arrojó una cifra total de 10.303 ganadores en las diferentes categorías de premiación, consolidando una bolsa total entregada de $95.158.950.Los números de la suerte de MiLoto y el balance de ganadoresLa combinación ganadora para este sorteo estuvo compuesta por los números 07, 15, 16, 26 y 35. Según el reporte oficial de la entidad, el premio mayor, correspondiente a los 5 aciertos, no cayó. Al no registrarse un ganador con la totalidad de los números, el acumulado que se encontraba en $350 millones ha experimentado un incremento, situándose ahora en una cifra de $400 millones de pesos para el próximo sorteo.A pesar de que el botín principal quedó vacante, miles de ciudadanos lograron obtener retribuciones económicas por sus aciertos parciales:4 aciertos: Se registraron 17 ganadores. Cada uno recibirá un premio de $1.214.350, sumando un total de $20.643.950 entregados en esta categoría.3 aciertos: Un total de 755 personas lograron esta combinación, adjudicándose un premio individual de $48.200.2 aciertos: Esta fue la categoría con mayor volumen de beneficiarios, con 9.531 ganadores que recibirán $4.000 cada uno, lo que suele representar el reintegro de la apuesta o una base para futuros juegos.Contexto de MiLoto en el mercado colombianoMiLoto se ha posicionado como una alternativa ágil dentro del portafolio de juegos operados por Operador Nacional de Juegos (ONJ), la misma entidad encargada de Baloto. A diferencia del sorteo tradicional de Baloto, MiLoto se caracteriza por una mecánica de selección de 5 números del 1 al 39, lo que estadísticamente ofrece mayores probabilidades de ganar el premio mayor frente a otros juegos de azar de mayor escala.El crecimiento del acumulado a $400 millones representa un hito atractivo para los apostadores habituales y nuevos usuarios. Este tipo de juegos contribuye significativamente a la economía del país, dado que un porcentaje de las ventas se destina por ley a las transferencias para la salud de los colombianos, un pilar fundamental en la regulación de Coljuegos.Cómo participar y próximos pasosPara el próximo sorteo, los interesados pueden adquirir sus tiquetes en los más de 43.000 puntos de la red Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como a través de los canales digitales oficiales. La expectativa por el nuevo acumulado de $400 millones sugiere un incremento en el volumen de apuestas para las próximas jornadas, manteniendo la tendencia de MiLoto como un motor de esperanza y dinamismo en el sector de los juegos de suerte y azar.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Con éxito finalizó la reunión extraordinaria de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la que se confirmó el inicio del segundo ciclo de negociaciones, el próximo 13 de febrero, en México.La reunión que se llevó a cabo en Caracas (Venezuela) dejó un positivo balance, pues se superó el impase que se generó tras la declaratoria por parte del presidente de la República, Gustavo Petro; quien anunció el pasado 31 de diciembre un cese del fuego bilateral; decisión que fue negada por la organización insurgente.En el ciclo que se desarrollará en el país centroamericano se empezará a abordar la posibilidad de llegar a ese cese entre las partes, además de tocar el tema de la participación de la sociedad en la construcción de la paz en el territorio nacional.Del mismo modo, según el comunicado emitido al término del encuentro que se extendió por cinco días en el suelo venezolano, se hará un examen conjunto de los logros y dificultades en la implementación de los acuerdos efectuados durante el primer ciclo."La Mesa de Diálogos valora la franqueza y la profundidad que tuvo el proceso de discusión y conviene en mantener los mecanismos de comunicación durante los periodos en los cuales no está reunida", se leyó en la comunicación divulgada este sábado.Asimismo, la Mesa de Diálogos puso de presente que la reunión extraordinaria "contribuyó a ratificar y fortalecer los principios sobre los cuales se adelantan estos diálogos: los acuerdos son para cumplirlos, bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe".Los integrantes de las tratativas entre el Gobierno y el ELN manifestaron que valoran todas las propuestas, críticas, sugerencias, exigencias e iniciativas provenientes de la sociedad colombiana, para un buen desarrollo de este proceso; que vivió días complejos."De igual manera, resalta la movilización de las comunidades, como las que participan en la Caravana Humanitaria, en pro de la construcción de caminos ciertos y duraderos hacia la paz", agregó la misiva, en la que agradecieron la hospitalidad del gobierno de Venezuela, así como la disposición de México para ser anfitrión de este segundo ciclo.Por su parte el Gobierno de Venezuela valoró el acuerdo de las partes frente a los malentendidos que se presentaron por la decisión de Petro de declarar cese al fuego."Apreciamos el alto nivel de apertura, sinceridad, voluntad política y transparencia de las partes, con miras a superar las diferencias presentadas recientemente y que fueron tratadas en esta reunión extraordinaria. Saludamos la decisión soberana de las partes en cuanto al respeto y fiel cumplimiento de los acuerdos alcanzados, lo cual coadyuva al fortalecimiento de la mesa de diálogo", se pronunció, por su parte, el gobierno del país vecino.Cabe destacar que Chile, Cuba y Noruega son garantes de este proceso, al igual que la Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a través de su Representante Especial en Colombia y el Consejo de Seguridad de la entidad.Le puede interesar: Acuerdo de paz: ¿se está cumpliendo?
A una comisión del Comité de la Cruz Roja Internacional (Cicr) fueron entregados los cuatro militares que habían sido secuestrados por las disidencias de las Farc de ‘Carlos Patiño’, cuando estaban de permiso en el departamento del Cauca.Se trata de los soldados profesionales Carlos Mejía Ocoró, Cristian Murillo Murillo y José Epiayu Urania, quienes se movilizaban en una camioneta por una vía de Patía y fueron interceptados por los ilegales en la tarde del pasado domingo.También fue liberado el sargento Juan Gabriel Chichanoy, a quien miembros del mismo frente se habían llevado en condiciones similares el pasado 11 de enero.Estas liberaciones se dan después de que el presidente Gustavo Petro instara al alto comisionado para la Paz a que, en medio de los acercamientos con los grupos al margen de la ley, quedara claro que no podían seguir secuestrando militares y más en estado de indefensión.Tras constatar que los militares se encontraban en buenas condiciones de salud, el personal del Cicr los trasladó a otra zona.El jefe de la subdelegación del Cicr en Cali, Kian Abbassian, agradeció a los grupos armados por "respetar" su "labor humanitaria neutral" y recordó que su acceso a "las zonas más afectadas por los conflictos armados y la violencia es fundamental para que podamos ayudar, de manera imparcial e independiente a las personas que sufren por esta realidad".En lo que va de 2023, el Cicr ha recibido a ocho personas que estaban en poder de grupos armados gracias al diálogo bilateral y confidencial que sostiene la institución con todos los actores armados.El martes otros dos secuestrados por el Frente Décimo Martín Villa fueron entregados en el departamento de Arauca a una misión humanitaria conformada por el Cicr, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.Las disidencias de las Farc se sumaron al cese el fuego bilateral anunciado por el Gobierno de Gustavo Petro, aunque se han denunciado violaciones de este tras el secuestro de miembros de la fuerza pública e incursiones armadas en pueblos del suroeste del país.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación manifestó que no puede levantarles las órdenes de captura de 16 jefes del Clan del Golfo y del grupo 'Los Pachenca': grupos paramilitares que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta, para avanzar en el proceso de la paz total.Según el ente investigador, la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tienen estatus político y que solo pueden ser tratados bajo un plan de sometimiento a la justicia.Esta postura fue rechazada por el representante a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático y defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, quien se pronunció en su cuenta de Twitter y le pidió a la Fiscalía ceñirse a la Ley 2272 de 2022."Hago Llamado Urgente a @FiscaliaCol a cumplir con las normas dispuestas para la #PazTotal en Colombia. Decisión de Vice Fiscal #MarthaJanetMancera es un grave Yerro Jurídico y desconoce Ley 2272 de 2022 de Orden Público y Paz Total", publicó en su perfil.De acuerdo con Uribe, el artículo 8 de la Ley Orden Público, en su parágrafo 2, establece la posibilidad que se suspendan las órdenes de captura contra representantes de organizaciones que estén adelantando diálogos de paz, o en diálogos de sometimiento a la justicia. Argumento que también expuso el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda."Al negar las 16 suspensiones de órdenes de captura a los miembros representantes de las organizaciones criminales de alto impacto en proceso de diálogo, es un yerro jurídico grave y pone en riesgo el cese al fuego", expresó el parlamentario.A su vez, hizo énfasis en que la norma establece criterios para dos tipos de organizaciones: las de carácter político y las de naturaleza criminal de alto impacto."Son los jueces de control de garantías que mirarán las suspensiones, el Gobierno debe hacer explícita naturaleza de grupos en diálogo", recalcó Uribe en su perfil en esta red social.Aunque el Gobierno aseguró que la solicitud está amparada en normas que permiten esa facultad, la Fiscalía insistió en que legal y constitucionalmente no hay sustento jurídico para levantar dichas órdenes.Lea también:
En medio de la crisis que se vive en la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN y la expectativa por la reunión extraordinaria para solicitar estas diferentes, se conoció un nuevo pronunciamiento de esta guerrilla. El encargado de hacerlo fue Antonio García, máximo comandante del grupo armado ilegal, insistió en que el gobierno debe reconocer su error.Luego de que el ELN asegurara que el anuncio de un cese del fuego bilateral con el Gobierno no había sido pactado, lo que causó una ruptura en la mesa, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que estas organizaciones delictivas tendrían dos puertas: "O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar".Ante esto, García respondió al jefe de estado en la misma red social y dejó en claro la postura de este grupo."A veces se dicen cosas atrevidas y despropósitos que no ayudan para nada", publicó. Y posteriormente, agregó: "El ELN no tiene disyuntivas para tomar un camino u otro, desde hace 60 años hemos sido y somos de Liberación o Muerte".Para el líder de la insurgencia, "El ELN existe para ayudar a que Colombia sea más justa y más democrática. Para que Colombia sea para todos. Y concluyó: "A mucho honor somos Camilistas".Esta respuesta del comandante del ELN se dio a conocer a pocos días para que se reanuden las negociaciones del ELN con el Gobierno en Caracas, Venezuela, para poner fin a las dificultades que se han registrado desde el anuncio hecho por el presidente Petro de un cese al fuego bilateral.Le puede interesar:
El senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda se refirió en Noticias de la Mañana de Blu Radio acerca de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, pese a la petición del presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco del proyecto de la paz total.De acuerdo con Cepeda, esta determinación del organismo investigador va a tener que ser cambiada, debido a que en su concepto desconoce la ley, pues hay un precepto jurídico, el parágrafo segundo del artículo 8 de la la Ley 2272 del 2022, que le permite a Petro solicitar la suspensión de estas órdenes."Ahí dice claramente que grupos que se estén siendo parte de un proceso de sometimiento a la justicia, sus representantes pueden no solamente participar de esos procesos de sometimiento; sino que para esos efectos recibir el levantamiento de órdenes de captura", manifestó el congresista.Desde su óptica, el fiscal general, Francisco Barbosa, "ha desconocido olímpicamente esa norma" y por lo tanto tendrá que cambiar su decisión. Así que dijo estará atento a ver mediante qué vía legal se produce este hecho, en pro de avanzar en los diálogos exploratorios con este grupo armado ilegal."Nadie ha planteado que con el Clan del Golfo y con otros grupos ligados a las economías ilícitas se esté planteando un proceso de diálogo político. No sé de dónde surge esa afirmación en la carta del fiscal. Una vez corrija ese malentendido, que puede ser parte de una lectura equivocada, pues puede proceder a levantar las órdenes de captura", manifestó Cepeda.Para el senador, este un proceso que debe surtirse con eficacia y para lo cual debe haber toda la colaboración de la Fiscalía. Del mismo modo, espera que con un diálogo constructivo se supere esta situación. "Están ocurriendo hechos de violencia que conocemos y que deja un saldo lamentable y es una situación que debe ser objeto de tratamiento", indicó.El parlamentario explicó que una vez que hay un acercamiento y se verifica que hay una voluntad real de estos grupos de adelantar un proceso, el paso siguiente es identificar cuáles son los demás requerimientos para que el acogimiento a la justicia y la reincorporación social se produzca. Por lo pronto, el primer requisito para avanzar es el de suspender las órdenes vigentes.Es claro para el congresista que se está "ante una política que se está estrenando en el país, la de paz total, que tiene unas visiones diferentes e innovadoras a los parámetros que tradicionalmente se han adoptado y es comprensible que haya debates jurídicos. Pero poco a poco se entrará en una normalidad y en la ejecución de las decisiones de una manera eficaz", precisó el senador.Frente a este tema, el ministro del Interior y vocero de la Presidencia, Alfonso Prada, dejó en claro que el Gobierno respeta la decisión tomada por el ente acusador de negar la solicitud de suspensión de órdenes de captura contra estos insurgentes, pero que desde el Ejecutivo se insistirá en esta petición.Entre los cabecillas para los cuales el Gobierno pidió que se levantaran los procesos judiciales en contra está Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo': quien pasó a ser el máximo cabecilla del 'Clan del Golfo', tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
Después de que el ELN se pronunciara el pasado 9 de enero y advirtiera que los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro están en una crisis por “imposiciones unilaterales”, el presidente se refirió a los dos caminos que le quedan a esta guerrilla.El primer mandatario replicó unas declaraciones que hizo en la tarde de este martes, 12 de enero, el presidente del Senado de la República, Roy Barreras. “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, vaticinó Petro, haciendo referencia al ELN.Barreras, en los comentarios a los que complementó el jefe de Estado, advirtió que, el ELN de no construir una paz total, pasaría a la historia como una guerrilla que “se degeneró en narcotráfico”."El ELN empezó su insurgencia hace 60 años, con unas ideas de exigencias sociales (...) O pasan a la historia como constructores de la paz total, o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico", sostuvo el presidente del Senado.Cabe recordar que el anuncio de esta guerrilla llegó después de que Petro decretara un cese al fuego bilateral con diferentes grupos armados del país, sin embargo, la noticia no fue bien recibida por el ELN, argumentaron ellos, porque “no pueden aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso”.En el mismo comunicado del pasado 9 de enero, el ELN aclaró que, pese a este encontrón con el Gobierno, siguen “pendiente para darle continuidad” al segundo ciclo de diálogos acordado.Además, se conoció este martes también una carta que envió Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, líder del partido Comunes, en la que invitó a ‘Antonio García’, máximo comandante del ELN, a reunirse y conversar sobre la crisis que vive la mesa de conversación con el Gobierno.Le puede interesar: