La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en la ejecución y los pagos del contrato 1365 de 2025, suscrito por la Alcaldía de Ibagué, con el propósito de adelantar la titulación gratuita de predios fiscales en favor de familias vulnerables.
Según la información conocida por el Ministerio Público, el contrato, cuyo valor asciende a cerca de $595 millones, tenía como objetivo la expedición de 250 títulos de propiedad.
Sin embargo, al parecer, los compromisos no se habrían cumplido dentro de los plazos establecidos y no existirían soportes técnicos suficientes que respalden los desembolsos realizados, los cuales superarían el 60 % del valor total del acuerdo.
Frente a estos señalamientos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas para establecer si se presentaron irregularidades en el desarrollo del contrato, identificar a los posibles responsables y determinar si las conductas investigadas podrían constituir faltas disciplinarias.
La actuación disciplinaria busca establecer si los recursos públicos destinados a garantizar el acceso a la propiedad de sectores vulnerables fueron utilizados conforme a la normatividad vigente, en un proceso que genera especial atención en la capital del Tolima por el impacto social y económico del programa de titulación.