La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
El Valle del Cauca sigue de luto tras el grave accidente de tránsito registrado el viernes 19 de diciembre en la vía que comunica a Buga con Buenaventura, a la altura del corregimiento de Córdoba. En el siniestro murieron Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, pareja de esposos y comerciantes reconocidos en el sector de Bellavista, propietarios de un supermercado llamado Judas. De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo en el que se movilizaban junto a sus dos hijos fue impactado por una tractomula que se habría quedado sin frenos, generando un choque múltiple.El hecho ha causado conmoción luego de que se conociera un video grabado instantes antes del choque, en el que se observa a la familia compartiendo un momento durante el viaje. En las imágenes se evidencia que uno de los hijos, llamado Julio, descendió del vehículo para orinar a un costado de la carretera, mientras su madre lo grababa entre risas y se despedía diciendo: “Chao, Julio”.Según confirmaron las autoridades, los dos menores sobrevivieron al accidente y actualmente reciben atención médica y acompañamiento psicológico especializado debido al trauma emocional provocado por la pérdida de sus padres.También se conoció un video de una cámara de seguridad donde se ve el momento en que la tractomula de color rojo se estrelló contra el automóvil, aplastándolo y dejándolo completamente irreconocible.A la tragedia se sumó una situación que ha generado rechazo e indignación ciudadana, luego de que habitantes de la zona denunciaran el presunto saqueo del establecimiento comercial de la familia en medio de la confusión por el accidente.Desde las autoridades de tránsito se reiteró el llamado a conductores y transportadores para reforzar las medidas de precaución, especialmente en el cierre de año, periodo en el que aumenta de manera significativa el flujo de vehículos en las principales carreteras del departamento.
En el marco de la campaña Viaje Seguro en esta Navidad, la Novena Brigada del Ejército Nacional instaló 21 puestos de control en los corredores viales del Huila para acompañar y garantizar la seguridad a propios y turistas durante la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año.Asimismo, en los municipios, en las principales vías y en los lugares turísticos hay presencia de 2.900 soldados y también del Gaula Militar, brindando orientación sobre eventuales casos de secuestro y extorsión a viajeros y conductores que por estos días visitan y salen del departamento.“En el marco de esta estrategia, tenemos instalados 21 puestos de control en los principales corredores viales del departamento en los que más de 720 soldados, articulados en 30 pelotones, se encuentran desplegados apoyando a los viajeros, en acciones de prevención, así como de reacción ante cualquier situación que pueda afectar la movilidad o la tranquilidad en la carretera”, dijo el coronel César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Agregó el oficial del Ejército Nacional que más de 1.000 hombres en 38 pelotones realizan patrullajes continuos y operaciones de control en áreas rurales en aquellas zonas, donde se han presentado problemas de orden público o casos de extorsión contra gremios de la región.Es importante mencionar que la dirección nacional de la Policía también envío 90 patrulleros hombres y mujeres que estarán fortaleciendo las estaciones de policía en los 37 municipios del Huila.
El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares cuestionó la declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional y aseguró que, a su juicio, no se cumplen los requisitos constitucionales para acudir a este estado de excepción.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Linares explicó que el debate va mucho más allá de una discusión económica. Según dijo, lo que está en juego es el sistema de frenos y contrapesos y el principio democrático de separación de poderes. “Lo que estamos discutiendo es si cuando el Congreso niega una reforma tributaria, el Gobierno la puede adoptar por decreto”, señaló.El exmagistrado recordó que la Constitución consagra el principio de que no puede haber tributación sin representación, es decir, que los impuestos deben ser aprobados por el órgano democrático por excelencia, el Congreso de la República. En ese sentido, afirmó que el hecho de que el Legislativo haya negado una reforma tributaria no constituye, por sí mismo, una razón válida para declarar una emergencia económica.¿Es viable decretar emergencia económica?Para Linares, el punto central es determinar si existen hechos sobrevinientes o una calamidad pública que justifiquen la medida. “Yo no veo cuáles son los hechos sobrevinientes”, afirmó de manera enfática.Consultado sobre si identificaba algún hecho nuevo distinto a la negativa del Congreso, Linares mencionó únicamente la reciente operación de crédito público realizada por el Gobierno. Según explicó, el viernes pasado se emitieron cerca de 6.000 millones de dólares, lo que representaría el ingreso de aproximadamente 24 billones de pesos a las finanzas públicas. “Esa cifra es muy superior a los 16 billones que se pretenden recaudar con los nuevos impuestos”, señaló, agregando que pensó que con esa operación desaparecía la necesidad de la emergencia económica.Sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Linares recordó que, con base en el artículo 215 de la Constitución, la Corte ha sido clara en exigir un hecho sobreviniente o una calamidad pública para justificar una emergencia. Puso como ejemplo la emergencia económica decretada para La Guajira, en la que la Corte fue flexible, pero limitó los efectos de la declaratoria exclusivamente a medidas relacionadas con el acceso al agua. En contraste, insistió en que la negativa del Congreso a aprobar una reforma tributaria “no es un hecho sobreviniente”.Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la Corte Constitucional actúe durante la vacancia judicial. Linares consideró que la Constitución no puede “irse de vacaciones” y afirmó que el presidente de la Corte tiene la facultad de convocar una Sala Plena extraordinaria para repartir el decreto de emergencia una vez llegue al alto tribunal. Según explicó, esto podría hacerse incluso de manera virtual.Frente a la opción de una suspensión provisional del decreto, el exmagistrado señaló que sería una figura inédita en este tipo de casos, pero no descartó que la Corte pueda “estrenarla” si considera que existe una violación flagrante de la Constitución. A su juicio, así como el Gobierno está innovando al acudir a la emergencia económica, la Corte podría responder con medidas igualmente extraordinarias.Finalmente, al referirse a las posibles mayorías dentro de la Corte Constitucional, Linares dijo no tener “bola de cristal”, pero sostuvo que los magistrados son serios e institucionales.
En Colombia ya se están realizando las tradicionales novenas de diciembre, que son sinónimo de unión familiar, tradición y momentos compartidos alrededor de la mesa. Por eso, para evitar dolores de cabeza y generar un momento agradable entre los invitados, incluyendo a los niños, las Tiendas D1 dieron a conocer un nuevo producto para esta época decembrina.Este nuevo alimento que se perfila como uno de los favoritos de la temporada: las tortas para decorar de la marca Horneaditos, una propuesta que combina sabor, creatividad y diversión para grandes y pequeños.¿Cómo decorar tortas y cuánto cuesta?Se trata de tortas listas para personalizar, pensadas no solo para disfrutar como postre, sino para convertirlas en una actividad familiar. Durante las novenas, padres e hijos pueden reunirse a decorarlas con coberturas, chocolates y otros toppings, haciendo de cada encuentro un espacio creativo donde los niños se convierten en protagonistas y dejan volar su imaginación.El producto está disponible en presentaciones como ChocoDivertida y Color Chips, ambas con un formato práctico y un tamaño ideal para compartir. Además, su precio de $19.950 la convierte en una alternativa atractiva frente a otros postres navideños, manteniendo la filosofía de D1 de ofrecer calidad a bajo costo. "Una idea divertida para hacer en familia estos días de Novenas con nuestras tortas para decorar”, destaca D1 en su publicación en Instagram.Más allá del sabor, la propuesta apunta a reforzar los lazos familiares. Decorar una torta antes o después de una novena se transforma en un momento de juego, risas y colaboración, donde los niños disfrutan tanto del proceso como del resultado final. Es una forma sencilla de renovar la tradición, integrando actividades que conectan a todas las generaciones.Con este lanzamiento, D1 reafirma su apuesta por productos prácticos e innovadores para la temporada decembrina. Las tortas para decorar no solo endulzan las novenas, sino que las convierten en una experiencia diferente, donde la creatividad, el espíritu navideño y la alegría familiar se sirven en cada porción.
A pocos días de terminar 2025, el nombre de Baba Vanga vuelve a se tema de conversación en redes sociales por sus profecías. La mística búlgara, conocida por las prediccionesque sus seguidores consideran inquietantemente certeras, es nuevamente asociada a un evento que, para muchos, confirmaría uno de sus anuncios más temidos: el primer contacto documentado de la humanidad con vida extraterrestre.El debate se intensificó tras el paso del cometa interestelar 3I Atlas, que el viernes 19 de diciembre alcanzó su punto más cercano a la Tierra. Aunque la comunidad científica explicó el fenómeno como un objeto proveniente de fuera del sistema solar, para creyentes y teóricos de la conspiración este acontecimiento encajaría con una antigua predicción atribuida a Baba Vanga, quien habría advertido que en 2025 “una nueva luz aparecería en el cielo y sería vista por todo el mundo”.Baba Vanga, nacida en 1911 y fallecida en 1996, fue una herbolaria y vidente búlgara que perdió la vista a temprana edad. Desde entonces, sus seguidores le atribuyeron una capacidad profética que la convirtió en una figura de culto. Entre los aciertos que se le adjudican figuran tragedias como el desastre nuclear de Chernóbil, la muerte de la princesa Diana y otros eventos históricos que, según sus creyentes, ella habría anticipado con décadas de antelación.Para este año, las predicciones no se limitaron al espacio. La llamada “Nostradamus de los Balcanes” habría advertido sobre desastres naturales vinculados a una frase enigmática: “Fuego doble que se elevará del cielo y la tierra simultáneamente”. Esta afirmación fue relacionada con los fuertes terremotos registrados en Afganistán durante agosto y noviembre, así como con el sismo que sacudió Filipinas en octubre. A estos hechos se sumaron erupciones volcánicas como las del monte Etna, en Italia, y el Kanlaon, en territorio filipino.Sin embargo, fue el fenómeno espacial el que más atención despertó. Durante el acercamiento del cometa 3I Atlas, los astrónomos detectaron dos elementos químicos considerados esenciales para la vida, lo que reavivó especulaciones sobre un posible origen biológico. Aunque no ocurrió durante un evento deportivo masivo, como indicaba la profecía, algunos seguidores aseguran que la visibilidad global del fenómeno coincidió simbólicamente con el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026.Pese a que no se habló de seres extraterrestres como los retrata el cine, para los creyentes el simple acercamiento de un objeto interestelar ya representa una forma de contacto. Y la historia no terminaría ahí. Según versiones citadas por el portal Space and Technology, Baba Vanga habría anunciado que en 2026 ocurrirá un segundo avistamiento, esta vez con la supuesta aparición de una nave nodriza.Mientras la ciencia pide cautela y descarta interpretaciones sobrenaturales, el misterio persiste. Para muchos, diciembre de 2025 quedará marcado como el mes en el que, una vez más, las profecías de Baba Vanga volvieron a sacudir la imaginación colectiva.
Un juez de la República condenó a nueve meses de prisión a Mario Pastrana Prieto, tras aceptar, mediante preacuerdo, su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado por la agresión contra una perrita criolla identificada como ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos en una vía pública de Ibagué, Tolima.La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes, entre ellas videos de cámaras de seguridad difundidos por la ciudadanía en redes sociales, que evidenciaron el momento en el que el hombre golpeó al animal con un palo e incitó a otros dos perros para que la atacaran.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2024. Posteriormente, el agresor también habría amenazado al propietario de la canina y a su familia.Como consecuencia del ataque, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, con evidencias de miedo extremo y afectaciones emocionales, razón por la cual ha requerido valoraciones veterinarias permanentes.Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.
El programa del domingo 21 de diciembre de 2025 de En Blu Jeans contó con las siguientes secciones:En "Un columnista nos contó" se habló sobre la apología a la paciencia.En el "Tema central" se abordó la pregunta: ¿El hombre solo es verdaderamente amado cuando sirve?.En "La máquina de la verdad" se comentó sobre mitos y realidades de los nombres que han marcado la historia de México.Escuche el programa completo aquí:
Mientras el país espera que el gobierno nacional publique los decretos de emergencia económica, luego de la caída de la reforma tributaria en el Congreso de la República, con la que pretendía recaudar 16 billones de pesos, la Contraloría le pide al gobierno nacional centrar sus objetivos en cumplir con la la ejecución presupuestal para 2026 con estrategia “responsable, austera y equilibrada”.A través de un comunicado, el ente de control aseguró que al Ministerio de Hacienda solo le resta el camino del recorte del gasto para el próximo año y recordó que el Congreso aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos.“Para el ente de control es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo”. dice el documento.La Contraloría también llamó la atención en lo que denominó como “una marcada rigidez” frente a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones.En este sentido, consideró que luego de una evaluación, el Ministerio de Hacienda podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativos. “En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país”Insistió en que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda debe mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes.“En 2024, del total del presupuesto solo se obligó el 83,1 %, y en el caso de inversión el porcentaje fue apenas del 57%. En la presente vigencia (2025), al corte del 15 de diciembre, se presenta una ejecución del 79,9 %, sin embargo, preocupa especialmente el rubro de inversión con apenas el 52,8 % obligado, faltando quince días para finalizar el año”, señaló el organismo de control.También le pidió a la Dian, acelerar su proceso de modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo.
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En una operación coordinada entre la Dijin de la Policía y la Fiscalía, se ejecutaron de manera simultánea siete intervenciones de extinción de dominio que permitieron a las autoridades afectar un total de 431 bienes vinculados a redes de narcotráfico, delincuencia organizada, minería ilegal y grupos armados.Las acciones, que se llevaron a cabo en Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander, Antioquia y Bolívar, llegaron hasta los bienes obtenidos a través de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimientos mineros. El avalúo total de los inmuebles, entre los que se encuentran vehículos, sociedades, animales y activos financieros, supera los $445.115 millones de pesos.Uno de los golpes más significativos se registró en Medellín y varios municipios de Antioquia, donde las autoridades impusieron medidas cautelares sobre un hotel, apartamentos, establecimientos comerciales, vehículos, sociedades, títulos valores y más de 200 semovientes, por un valor cercano a los $375.000 millones. Estos bienes pertenecían a la red de alias ‘Horqueta’, cabecilla del Frente Capitán Mauricio del ELN, señalada de financiarse mediante la explotación ilegal de oro con maquinaria amarilla amparada en sociedades mineras.En Urabá y el Valle de Aburrá también fue afectada la estructura financiera de alias 'Cholo Banano', narcotraficante de cuarta generación al servicio del Clan del Golfo. En total, 81 bienes, entre lotes, casas, apartamentos, cuentas bancarias y vehículos, fueron ocupados con fines de extinción de dominio, con un avalúo de más de $23.000 millones.La operación se extendió a Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Santander y Nariño, donde fueron ocupados bienes pertenecientes a alias ‘Marlon’ y ‘Gerson’, cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias. Las investigaciones revelaron que varias de estas propiedades funcionaban como laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, cultivos ilícitos, depósitos de armamento y centros logísticos para la expansión criminal.En Pereira, Risaralda, las autoridades golpearon el patrimonio del Grupo Delictivo Organizado Cordillera. Cinco bienes avaluados en más de $5.400 millones, pertenecientes al núcleo familiar de alias ‘Viejo’, ‘May’ o ‘Lalo’, fueron sometidos a medidas cautelares. Según las pesquisas, esta red obtenía estupefacientes en Cauca y Valle del Cauca, los trasladaba a Pereira y los distribuía al menudeo cerca de colegios y zonas comerciales.La ofensiva también alcanzó esquemas de lavado de activos con alcance internacional. En Valle del Cauca y Quindío fueron extinguidos 12 bienes vinculados a la organización liderada por alias ‘Valentina’, señalada de operar un sistema transnacional de recolección de divisas en Estados Unidos y depósitos fraccionados para evadir controles bancarios, modalidad conocida como ‘pitufeo’.En Antioquia y Cartagena, Bolívar, fueron afectados 19 bienes asociados a alias ‘Lindolfo’ y ‘Diego Chamizo’, cabecillas de la Oficina de Envigado. Esta estructura, según las autoridades, ejerce control sobre cerca del 65 % de los combos delincuenciales de Medellín, incluidos grupos como ‘Los Chatas’, ‘Caicedo’ y ‘La Terraza’.Finalmente, en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, fue impactado el aparato financiero del Comando de Frontera, disidencia del GAO-r. Un total de 37 bienes, avaluados en más de $13.600 millones, pertenecientes a alias ‘Flaco Alberto’ y su núcleo familiar, eran utilizados para el procesamiento de drogas, cultivos de coca y ocultamiento de armamento, en una zona estratégica que conecta con corredores del narcotráfico hacia el Pacífico.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
El caso de Zulma Guzmán sigue dando de qué hablar y genera preocupación sobre lo que depara el futuro judicial de la mujer señalada como presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, hechos que además dejaron a otros dos jóvenes gravemente afectados, todos en el norte del país.Aunque en un inicio la mujer había afirmado que no estaba huyendo de las autoridades y que se encontraba en un viaje de negocios en Argentina, recientemente fue detenida en el Reino Unido. La captura se produjo luego de que se activara una alerta roja de Interpol y de que Guzmán fuera identificada, presuntamente, con intenciones de quitarse la vida en el río Támesis, en Londres.Según lo revelado oficialmente, Guzmán fue localizada por las autoridades británicas tras un rastreo internacional que permitió establecer que salió de Colombia y se movilizó por varios países. La Fiscalía había señalado que la mujer viajó a Argentina, Brasil, España y, finalmente, al Reino Unido, país al que llegó en noviembre. Desde entonces, la Agencia Nacional del Crimen británica se mantenía en la búsqueda de su paradero.Relacionan a Zulma Guzmán con otros presuntos casos de envenenamientoEl proceso judicial dio un nuevo giro tras relacionar a Zulma Guzmán con la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, padre de una de las niñas fallecidas. Oficialmente, Graham murió por cáncer, pero en su organismo se habrían encontrado rastros de talio.De acuerdo con lo que se ha conocido, Graham habría sido envenenada en dos oportunidades con esta sustancia, pese a que el dictamen médico señaló cáncer como causa de muerte. Ante este escenario, los investigadores buscan establecer cómo llegó el químico al entorno familiar en plena pandemia, cuando la familia se encontraba aislada en fincas ubicadas en Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, zonas a las que no llegan servicios de domicilio.En una entrevista con Focus Noticias, Zulma Guzmán aseguró que las frambuesas hacen parte de su dieta regular. Además, señaló a la familia De Bedout al afirmar que varios caballos de polo, propiedad de Juan de Bedout, habrían sido envenenados con talio en un club.Esta información encendió las alertas de la Fiscalía, pues se trata de un dato que sugiere que Guzmán conocía los efectos de este tipo de sustancias, lo que abre la puerta a una investigación más amplia sobre posibles envenenamientos reiterados.Zulma Guzmán y su situación de salud mental en Reino UnidoMientras la investigación avanza, y tras su detención en el Reino Unido, Zulma Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental. La mujer aseguró padecer problemas psicológicos, condición que, le impediría enfrentar de manera inmediata los cargos en su contra por el presunto doble homicidio.Este régimen también permite que el proceso de extradición sea suspendido de forma temporal, mientras las autoridades evalúan el estado de salud mental actual de Guzmán y determinan si está en condiciones de responder ante la justicia colombiana.
Al menos 18 militares fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.El ministro tildó la acción de "secuestro" y detalló en X que los uniformados "fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena".Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)."Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia", anotó el ministro.La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras "la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena", llamó a un "consejo de seguridad extraordinario" para buscar la liberación de los uniformados.Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar "pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección"."Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares", añadió el ministro.En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas Farc.Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.
El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, anunció este domingo un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, para que las familias puedan pasar estas fechas en paz."Hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada", informó esa disidencia en un comunicado.El anuncio se produce el mismo día en que la guerrilla del ELN informó de un cese al fuego unilateral que se iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026.La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio del ELN con "cierto alivio, pero también con angustia", al advertir que, pese a que invoquen el respeto a la población civil, las acciones recientes de los grupos armados han causado daños a comunidades en varias regiones del país.Marín pidió que estos gestos se traduzcan en hechos concretos, como la liberación de personas secuestradas y la reducción real de las confrontaciones armadas, y recordó que ceses similares anunciados en el pasado no evitaron nuevas violencias, entre ellas, desplazamientos masivos y miedo generalizado en zonas como el Catatumbo.Hace unas horas, el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia de las Farc que opera en el Catatumbo anunció, mediante un video divulgado por medios locales y del que no se ha podido comprobar su autenticidad, otro cese indefinido de acciones ofensivas contra la fuerza pública.Intensificación de ataques guerrillerosEstos anuncios coinciden con la persistente crisis humanitaria en varias regiones del país, en particular en el Catatumbo, donde desde enero de este año se han intensificado los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 del EMBF, que han dejado cerca de un centenar de muertos y provocado desplazamientos masivos, confinamientos y otras afectaciones a comunidades campesinas.El EMC es liderado por Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el hombre más buscado del país, por el que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa y quien no participa actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.En contraste, el Ejecutivo mantiene conversaciones con otras organizaciones disidentes, entre ellas el EMBF, con el que en noviembre pasado alcanzó acuerdos para no reclutar menores de edad, promover el acceso a la tierra y proteger el medioambiente, en el marco de la política de 'Paz total' del presidente Petro.Tanto el EMC como el ELN perpetraron en los últimos días violentos ataques contra la Policía y el Ejército en los departamentos del Cauca y Cesar.En Buenos Aires, una toma del EMC que duró más de siete horas dejó ocho policías heridos y varias edificaciones de ese pueblo destruidas, mientras que en Aguachica, el ELN mató a siete soldados y dejó 31 más heridos en un ataque con drones contra una base del Ejército.
En un análisis sobre el cierre del año político y los retos que enfrenta Colombia de cara a las elecciones de 2026, el profesor y analista Juan Carlos Flores expresó en entrevista con Sala de Prensa Blu su preocupación por la falta de liderazgo y de propuestas claras en los sectores de oposición. En diálogo con Blu Radio, el experto abordó temas como el impacto de la inteligencia artificial, la crisis de representación política y la necesidad de construir un proyecto de país que conecte con la ciudadanía.Inteligencia artificial: una herramienta sin concienciaDurante la entrevista, Flores se refirió al avance de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito académico, destacando su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo. No obstante, advirtió sobre sus límites frente al pensamiento humano.“Estamos ante un sistema de compilación extraordinario que nos permite hacer repasos a una velocidad que antes era inimaginable”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esta tecnología aún carece de una dimensión creativa propia: “Ella aún no permite que vislumbremos lo nuevo, no nos presenta nuevos escenarios”.Críticas a la oposición y al debate electoralAl analizar el panorama político nacional, Flores manifestó un “profundo desconcierto” frente a la estrategia de la oposición, señalando que el debate se ha reducido a cálculos electorales y alianzas sin contenido programático. Según el analista, la discusión se ha centrado en nombres y no en ideas capaces de generar un verdadero cambio.En ese sentido, fue contundente al afirmar que “la oposición en Colombia no ha logrado encontrar un camino distinto del simple rechazo al gobierno”. Para Flores, la experiencia de líderes como Gustavo Petro, Donald Trump o Javier Milei demuestra que el respaldo ciudadano se construye a partir de la conexión con las aspiraciones del electorado, algo que hoy no se percibe en los sectores opositores.“Mi crítica a la oposición es que por ese camino van directo a la derrota en la segunda vuelta”, advirtió, al considerar que la falta de una propuesta atractiva podría traducirse en un nuevo fracaso electoral.Un llamado a pensar el futuro del paísFinalmente, Flores llamó la atención sobre la pérdida de talento humano en Colombia, impulsada por la falta de oportunidades y de un proyecto nacional sólido. A su juicio, la dirigencia política debe enfocarse en ofrecer soluciones reales y en “construir un futuro para el país”, dejando de lado discursos anclados en la “revancha social” o la “amargura por el pasado”.De no hacerlo, concluyó el analista, Colombia podría enfrentar un escenario cada vez más complejo, marcado por la frustración ciudadana y un camino político “áspero y duro” sin una visión clara de largo plazo.
Una falsa cazatalentos argentina recorrió varios municipios de Colombia prometiendo llevar a niñas futbolistas a jugar en los mejores equipos de Argentina. Sin embargo, habría reclutado a varias menores para explotarlas, obligándolas a realizar labores domésticas mientras sus familias adquirían deudas millonarias.La mujer, identificada como Griselda Alfonso, se presentó en una entrevista al Canal 4 de San José del Guaviare como directora técnica nacional e internacional de fútbol y capacitadora de talentos. En esa ocasión aseguró: “Los jugadores que llevamos creo que van a ser un referente en Argentina para San José del Guaviare”.En diálogo con Noticias Caracol, Oliver Capote, periodista del Canal 4 y quien entrevistó previamente a Alfonso, explicó que la mujer convocaba a las niñas con la promesa de viajar a Argentina, donde supuestamente les haría seguimiento como tutora y las acompañaría a pruebas deportivas. “Les decía que, si rendían adecuadamente, podrían pasar a formar parte de clubes deportivos”, señaló.Según los familiares en Noticias Caracol, la mujer les aseguró a las seleccionadas que ya había gestionado todos los documentos necesarios para el viaje. Una familiar de una de las víctimas relató que Alfonso le indicó “que el Arsenal la había fichado, que había salido favorecida en el deporte y que además tenía una beca para estudiar en la universidad lo que quisiera”.De acuerdo con el testimonio, Griselda exigió inicialmente 4.000 dólares, que debían entregarse en pocas horas para poder viajar, lo que obligó a la familia a adquirir una gran deuda. "Quince días después solicitó otros 4.000 dólares, prometiendo traer el carné del club y un kit deportivo".Las niñas viajaron a Argentina por un mes, pero nunca llegaron a jugar fútbol. “Nos sacaba y sacaba plata, unos 15 millones. Llamábamos a la niña y estaba descalza, sin zapatos, haciendo aseo, preparando el almuerzo, siempre ocupada arreglando”, relató el padre de una de las menores.Una de las niñas logró conseguir un celular y, a escondidas, envió una alerta en la que advertía que estaba en peligro. Tras la denuncia, la mujer fue capturada y las menores fueron rescatadas.
Momentos de terror se vivieron finalizando la tarde de este domingo 21 de diciembre en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, por el ataque de guerrilleros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc contra la estación de Policía.De acuerdo a información de los presentes, en el espacio se encontraban reunidas familias y vecinos en un partido de fútbol en una cancha de la zona cerca a la sede policial, cuando repentinamente se comenzaron a escuchar disparos continuos.La situación provocó que decenas de personas corrieran para salir del lugar y resguardarse y así evitar ser alcanzadas por alguna bala perdida.Afortunadamente no se reportan personas heridas ni por los disparos, ni por situaciones asociadas a los hechos.Este ataque se produce cuando en teoría hay cese al fuego por parte de algunos grupos armados, debido a la época decembrina.
Jhon Mendoza, conocido como alias ‘Jhon mechas’, cabecilla de las disidencias de las Farc, jefe del frente 33, anunció que se mantendrá indefinidamente un cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Su grupo delinque principalmente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, pero también hace parte del que lidera a nivel nacional alias ‘Calarcá’.Este grupo es responsable de manejar las economías ilícitas, como el contrabando y rutas hacia Venezuela, teniendo incidencia, específicamente, en el Norte de Santander. Además, este sujeto tiene una circular roja de la interpol, debido al atentado terrorista contra el expresidente Iván Duque, que estuvo muy cerca de dejar un resultado trágico en el ataque a un helicóptero, y el ataque a la Brigada 30 del Ejército de Cúcuta.“Hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo. De hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido”, señaló alias ‘Jhon mechas’.Pero, en este pronunciamiento, el jefe criminal aclaró que esta decisión no define o implica que se deje de un lado las armas y el fin de las actividades armadas y se mantienen las confrontaciones con otros grupos, en lo que llaman el legítimo derecho a la defensa.
En un video difundido en redes sociales se puede observar el momento en que un vehículo de color gris, en el que se movilizaba una familia, avanzaba lentamente detrás de una tractomula amarilla. En ese instante, una tractomula de color rojo, que presuntamente se encontraba sin frenos, se estrelló contra el automóvil, aplastándolo y dejándolo completamente irreconocible.El siniestro se registró en la vía que conecta Buga con Buenaventura el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 y dejó como saldo la muerte de la pareja identificada como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, quienes viajaban junto a sus dos hijos menores de edad.Uno de los detalles más impactantes del caso es que, minutos antes del impacto, uno de los menores, llamado Julio, descendió del vehículo para orinar a un costado de la carretera, mientras su madre lo grababa entre risas y se despedía diciendo: “Chao, Julio”.Según confirmaron las autoridades, los dos menores sobrevivieron al accidente y actualmente se encuentran en un centro de atención hospitalaria de Buenaventura, donde reciben atención médica especializada.La pareja residía en un municipio cercano a Buenaventura, era propietaria de un supermercado y era reconocida por su amabilidad y cercanía con los vecinos y allegados. Por ahora, los menores también reciben acompañamiento psicológico tras la tragedia.Este es el videoEn entrevista con Noticias Caracol, Ana Rosa Torres, vecina de las víctimas, expresó que “esta tragedia que pasó, no se imaginan el dolor tan intenso que sentimos en todo el barrio por esta noticia”.Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución en las vías, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando se registra una alta congestión vehicular. Cabe resaltar que, en los últimos ocho días, se han presentado tres accidentes de tránsito, que han dejado como resultado cuatro personas muertas y varios heridos.Entre las principales recomendaciones se encuentran no conducir bajo los efectos del alcohol, mantener una velocidad moderada y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de realizar trayectos largos.
El Ejército Nacional denunció el secuestro de varios soldados en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, en medio de operaciones militares adelantadas contra el grupo armado organizado ELN.De acuerdo con la Séptima División del Ejército, los uniformados fueron rodeados, retenidos y trasladados de manera arbitraria por un grupo de aproximadamente 200 personas hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con su misión constitucional.Según el comunicado oficial emitido este 21 de diciembre, los hechos ocurrieron mientras las tropas desarrollaban labores de seguridad y control territorial orientadas a proteger a la población civil y enfrentar la presencia del ELN en esta zona del departamento. En ese momento, la unidad militar fue interceptada por un numeroso grupo de civiles que bloqueó su movilidad y procedió a retener a los soldados contra su voluntad.El Ejército calificó lo ocurrido como una grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, y rechazó de manera categórica cualquier acción que interfiera con el desarrollo de operaciones militares legítimas del Estado. Para la institución, este tipo de hechos no solo afecta el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares, sino que también pone en riesgo la vida de los uniformados y debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en regiones golpeadas históricamente por el conflicto armado.En el pronunciamiento, el Ejército hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, a los organismos de derechos humanos y a los líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación. El Ejército hizo énfasis en la necesidad de privilegiar el diálogo y el respeto por la institucionalidad, así como la observancia estricta del marco constitucional, legal y del derecho internacional humanitario.El comunicado también advierte que la privación de la libertad de integrantes de la Fuerza Pública constituye una conducta sancionada por la ley y puede acarrear responsabilidades penales. En ese sentido, el Ejército llamó a abstenerse de este tipo de acciones, que no solo afectan la institucionalidad, sino que pueden involucrar indebidamente a civiles en hechos con consecuencias jurídicas graves.
En una operación de inteligencia, las Fuerzas Militares frustraron lo que habría sido un atentado terrorista en el suroccidente del departamento del Tolima. Tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con cerca de 30 kilogramos de explosivos pertenecientes al Frente Joaquín González, estructura disidente bajo el mando de alias ‘Calarcá’.El hallazgo se produjo en la vereda Tolda Blanca, en el corregimiento de Playarrica, jurisdicción del municipio de San Antonio,en el sur del Tolima. Según las autoridades, el material explosivo iba a ser utilizado para ejecutar acciones terroristas que ponían en riesgo directo a la población civil y a la infraestructura de la región.De acuerdo con información oficial, la operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional.En el lugar fueron encontrados aproximadamente 30 kilos de explosivos de alto poder, cuya capacidad de afectación, según valoraciones técnicas, habría generado un radio de destrucción cercano a los 40 metros.Junto al material explosivo, las autoridades hallaron dos uniformes similares a los utilizados por la Policía Nacional, panfletos alusivos al Frente Joaquín González y una batería de motocicleta. Para las Fuerzas Militares, estos elementos evidencian la intención de esta estructura ilegal de ejecutar acciones de alto impacto, posiblemente mediante engaños a la población o suplantación de la autoridad.Tras el hallazgo, el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional adelantó la destrucción controlada del material, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones. Los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el avance de los procesos judiciales correspondientes.Según información de inteligencia, este grupo disidente estaría involucrado en actividades como extorsión, control territorial, reclutamiento forzado y acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil.
Expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía desactivaron de manera controlada un vehículo tipo camioneta platón que había sido cargada con más de 200 kilos de explosivos de alto poder destructivo en el municipio de Belén de los Andaquíes en el sur del Caquetá.El gobernador de ese departamento Luis Francisco Ruiz Aguilar, rechazó el frustrado atentado terrorista y expresó que teniendo en cuenta la cantidad de explosivos acondicionados en el automotor el daño habría sido “catastrófico” y había podido afectar tres cuadras a la redonda.Por su parte el general Sergio Guzmán Jaimes, comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, no descartó que esta acción terrorista haya sido autoría de los grupos armados organizados que delinquen el sur del país.“Afortunadamente en un trabajo coordinado entre el Ejército y nuestra Policía logramos neutralizar una acción terrorista que en estos momentos estuviera enlutando al pueblo caqueteños, con esta acción terrorista los diferentes grupos armados que delinquen en la región no les importa los daños colaterales, si, este carrobomba hubiera estallado, el efecto había sido devastador en un municipio tan pequeño como es Belén de los Andaquíes”, dijo el comandante de la unidad militar.Asimismo, la Policía anunció que ya se dispuso de un equipo especializado coordinado con la Fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, mientras, que la Gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de los responsables que dejaron abandonado el carrobomba.