En un comunicado, alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc y a quien se le atribuyen numerosos atentados contra la Fuerza Pública en el país, denunció que, en hechos ocurridos en el departamento del Guaviare el pasado viernes 16 de enero, varios de sus integrantes fueron “envenenados o sedados, luego asesinados con tiros de gracia”, negando que se hubiera presentado un combate con una facción de los hombres al mando de alias ‘Calarcá’.Según ‘Mordisco’, habría una alianza criminal entre el Ejército —más exactamente la Brigada 22 de Selva, que opera en el departamento del Guaviare— y alias ‘Calarcá’, la cual involucraría a altos mandos militares y a miembros de la dirección de inteligencia.De acuerdo con el comunicado, existirían videos que circulan en redes sociales donde, según las disidencias, se evidencia la participación de civiles entre los muertos y la sevicia del operativo.Ante la gravedad de su hipótesis, el grupo de ‘Mordisco’ instó a la Defensoría del Pueblo y a Medicina Legal a realizar peritajes técnicos que confirmen o descarten el envenenamiento o la sedación de los cuerpos antes de su entrega a las familias.Los cuerpos de estos presuntos guerrilleros llegaron a Villavicencio, donde se adelanta su plena identificación.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reaccionó a la solicitud de la Fiscalía de imputarlo por prevaricato por omisión en el caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Aunque la petición fue retirada temporalmente, el funcionario negó que el precandidato presidencial hubiera presentado 23 solicitudes para reforzar su esquema. Además, aseguró que la decisión tendría un trasfondo político y señaló al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, como presunto responsable.“El señor Miguel Uribe lamentablemente dividió su esquema en dos y la mitad lo usaba su señora. La otra posibilidad es que haya alguna presión por parte de personas como el doctor Idarraga que se ha esforzado por achacarme que desde la UNP lo tenemos chuzado con Pegasus. Cosa que jamás ha tenido ninguna relación (…) el ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía y no descartaría que pueda ser una de las razones por las que se está llevando este proceso”, dijo desde la Casa de Nariño.El funcionario agregó que podría tratarse también de un tema político para relacionar al presidente Petro con el magnicidio.Cabe mencionar que la Fiscalía informó que retiró la solicitud de imputación tras advertir que la competencia para conocer el caso recae en el Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para investigar ese crimen, al cual fue remitida la indagación para evitar futuras nulidades procesales.Según el comunicado, la determinación busca concentrar todas las diligencias y noticias criminales relacionadas con el atentado en un solo equipo.
La Oficina de Gestión del Riesgo del Huila reportó que las lluvias registradas en las últimas horas dejan varias emergencias, como vías colapsadas, inundaciones en viviendas rurales, deslizamientos de tierra y cultivos de café y plátano afectados en cuatro municipios del departamento.El geólogo Jorge Leonardo Chaparro, coordinador encargado de la Oficina de Atención de Desastres del Huila, explicó que, pese a la transición de la primera temporada seca del año, según el Ideam, se pronostican lluvias atípicas que podrían generar emergencias en al menos ocho municipios que se encuentran en alerta naranja.“Tenemos eventos reportados en el municipio de Nátaga, vereda La Esmeralda, donde se presentaron deslizamientos de tierra. En La Plata también se nos presentaron derrumbes en el sector Gallego, sobre la vía nacional La Plata–Belén–Popayán. En el municipio de Íquira también tenemos afectaciones en vías terciarias y varias veredas incomunicadas, entre estas San Francisco y San Isidro”, señaló el funcionario.Agregó el coordinador de Gestión del Riesgo que, en coordinación con los consejos municipales de desastres, se vienen articulando trabajos de monitoreo en algunos sectores donde hay antecedentes de remociones en masa y donde, en años anteriores, se han registrado graves emergencias ocasionadas por las lluvias.De igual manera, la Secretaría de Vías e Infraestructura del Huila, con el banco de maquinaria amarilla, atiende vías rurales y secundarias que se han visto afectadas por derrumbes, situación que ha dejado a decenas de familias campesinas incomunicadas.De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Gestión del Riesgo, en lo corrido de 2026 se reportan 40 familias damnificadas, tres viviendas urbanas afectadas, tres centros educativos rurales averiados y cinco personas heridas por deslizamientos de tierra y por el colapso de una pared en construcción en el municipio de La Plata.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a las advertencias de la Contraloría General de la República sobre posibles riesgos de incumplimiento y retrasos en el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes. En un comunicado, aseguraron que este avanza conforme a los cronogramas y convenios establecidos y que, hasta el momento, no se han presentado contratiempos en su ejecución.De acuerdo con la Cancillería, el nuevo esquema para la prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas se desarrolla de manera continua.La respuesta se da luego de que el despacho del contralor Carlos Hernán Rodríguez emitiera un control de advertencia sobre el proceso. En ese contexto, la ministra Rosa Villavicencio envió el pasado 16 de enero un memorando dirigido a la Gerencia de la Imprenta Nacional solicitando que se tengan en cuenta cada una de las recomendaciones formuladas por el órgano de control.La Cancillería también reiteró que la implementación del nuevo modelo busca condiciones económicas favorables para el Estado, sin que ello implique un detrimento del patrimonio público.En ese sentido, insistió en que cualquier ajuste en las tarifas de expedición de estos documentos se realizará únicamente conforme a lo establecido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De acuerdo con la entidad, durante los últimos dos años los valores del pasaporte se han mantenido sin incrementos.
El debut de Luis Fernando Muriel con Junior de Barranquilla no fue el esperado. El delantero de 34 años, uno de los fichajes más destacados para la Liga BetPlay 2026-I, sumó sus primeros minutos oficiales en el fútbol colombiano durante la derrota 0-2 frente a Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano, por la primera jornada del campeonato.Muriel ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Teófilo Gutiérrez, en un intento del técnico Alfredo Arias por cambiar la dinámica del encuentro. No obstante, el equipo barranquillero ya estaba en desventaja tras los goles de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Jersson González, anotados en los primeros 20 minutos, que reflejaron la efectividad del conjunto tolimense en ataque y las dificultades defensivas del local.Durante los 45 minutos que estuvo en cancha, el atacante mostró movilidad y participación ofensiva. Incluso llegó a marcar en una de sus primeras intervenciones, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar. Posteriormente, probó con remates de media distancia y un tiro libre que terminó impactando en la barrera, sin lograr vulnerar el arco defendido por Volpi.Uno de los momentos más polémicos del partido se presentó al minuto 79, cuando el árbitro central expulsó a Muriel tras una fuerte infracción. Sin embargo, luego de la revisión del VAR, la decisión fue rectificada y la tarjeta roja fue cambiada por amarilla, permitiendo que el delantero continuara en el terreno de juego hasta el final.El cierre del compromiso estuvo marcado por el juego fuerte, las interrupciones y varias decisiones disciplinarias. Deportes Tolima terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Moncada y de Luis ‘Chino’ Sandoval, quien debutaba con el equipo ‘pijao’ y fue sancionado por un golpe de codo.En Junior, además de la derrota, hubo preocupación por el estado físico de algunos jugadores. Lucas Monzón sufrió una luxación en el hombro izquierdo, mientras que Jean Carlos Pestaña presentó una herida en el pómulo. El equipo barranquillero ahora deberá enfocarse en su próximo reto, cuando viaje a Bogotá para disputar el partido de vuelta de la Superliga frente a Independiente Santa Fe.
Una fuerte advertencia lanzó la Fábrica de Licores de Antioquia frente a los efectos que traería el nuevo decreto del Gobierno nacional sobre el sector licorero y las finanzas regionales. La empresa aseguró que la medida pone en riesgo recursos que hoy sostienen programas clave en los departamentos y que provienen del impuesto al consumo y de las utilidades de la industria legal.De acuerdo con la FLA, durante 2025 fueron transferidos más de 800 mil millones de pesos al departamento de Antioquia y cerca de 500 mil millones adicionales a otras regiones del país. Para el próximo año, la licorera proyecta un crecimiento del 5 %, lo que permitiría incrementar esos aportes. No obstante, el decreto habilitaría al Gobierno nacional para apropiarse de los excedentes del impuesto al consumo, una bolsa que supera los 720 mil millones de pesos y que dejaría de llegar directamente a los territorios.El cambio ya tendría un impacto inmediato para los ciudadanos. En el caso del Aguardiente Antioqueño de 750 mililitros, los impuestos pasarán de 17.500 a 33.000 pesos, lo que representa un incremento cercano al 50 % en el precio final. Para el Ron Medellín, el alza sería del 48 %. A esto se suma el aumento del IVA por botella, que subiría de 900 a 3.700 pesos, encareciendo aún más el producto legal.Desde la Fábrica de Licores de Antioquia también alertan por las consecuencias en materia de salud pública. Actualmente, entre el 30 % y el 35 % del licor que se consume en Colombia es adulterado, y el aumento de precios podría disparar aún más esta problemática, fortaleciendo las redes ilegales y la delincuencia organizada en el país.La Fábrica de Licores de Antioquia señaló que el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional podría afectar de manera directa los recursos destinados a la salud y la educación de los colombianos, al impactar la autonomía fiscal de los departamentos y sus finanzas.
Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 18 de enero de 2026.Jhon Fernando Zapata es un entrenador clave del Club de Waterpolo Copacabana en ColombiaConocido por su liderazgo en el desarrollo de talentos y por llevar al equipo a importantes triunfos internacionales. Allí también estuvo Ferney Silva Marín, padre de familia, que, junto a su hijo, un integrante del equipo, hablaron sobre lo que significa el deporte acuático y los logros que han conseguido.Capitán, Edward Picon, director de Aquatours S.A.S. de Barranquillauna compañía de turismo natural, habla de lo que ofrece su compañía al público viajero en Colombia.Cesar Alvarez, colombo-australianoSe fue del país en 2008 a estudiar y ahora habla sobre cómo es la relación entre Colombia y Australia.CreditopOfrece a tus clientes múltiples opciones de financiamiento en el momento de la compra y crea tu propia línea de crédito, todo en un mismo lugar.Escuche el programa completo acá:
El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz denunció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, derogó el decreto 301 de 2017 sin consentimiento de la Alta Parte Contratante de los exintegrantes de la guerrilla de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, ni de los miembros del ahora partido Comunes.Desde el sindicato consideran esa decisión como “un grave precedente para la implementación de la paz”, que viene del gobierno, cuyos integrantes apoyaron las entonces negociaciones y lo pactado en Cuba; además utilizaron esa bandera como campaña.La derogación se dio a través de otro decreto, el 0020 del 15 de enero de 2026, el cual, dicen desde Sintrasepaz, “no tuvo en cuenta el espíritu de lo pactado en el artículo 88 del Acuerdo Sindical - Resolución 1498 de 2024”. Explican que, además de derogar un decreto, creado conforme al Acuerdo de La Habana, la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección no tendrá formalización. Esa es la instancia encargada de diseñar y ejecutar medidas de seguridad para grupos específicos con riesgos extraordinarios o extremos, como excombatientes de las Farc en reincorporación, líderes sociales y firmantes de paz.En el sindicato coinciden con el Observatorio de Paz (PazEs) en que “desconectar a firmantes como alta parte contratante de las decisiones desconoce la función consultiva de instancias como alta parte contratante de los firmantes del Acuerdo, en disposiciones vitales para la población del Decreto 299/2017, y sienta un mal precedente que abre puertas a modificaciones del acuerdo”.“Le recordamos a Armando Benedetti que las medidas de implementación del Acuerdo Final no pueden ser desmanteladas sin una alternativa equivalente o superior. Le invitamos a generar un diálogo "transparente" con la población afectada directamente por sus decisiones”, expresaron desde el observatorio.Añaden que recibieron la decisión con sorpresa los decretos 019 y 020, porque “pone en inminente riesgo la seguridad de la población firmante del acuerdo”, aunque reconocen que dignifica el empleo en la UNP.
La colisión entre dos trenes de alta velocidad el domingo por la noche en el sur de España dejó al menos 39 muertos, una cifra que "no es definitiva", advirtieron el lunes las autoridades, que describen un accidente "tremendamente extraño".El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aumentó a 39 muertos a primera hora de la mañana del lunes, según una portavoz del Ministerio del Interior. El balance previo era de 21 fallecidos.La cifra "no es definitiva", avisó el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se dirige al lugar del accidente. La catástrofe dejó también unos 123 heridos, cinco de ellos muy graves y 24 graves, según el último balance de Interior. Todos los heridos han sido evacuados de la zona, había asegurado durante la noche el ministro Puente.La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desplegada para apoyar a los equipos de rescate, y se instaló un hospital de campaña en la zona. El lugar del accidente es de difícil acceso, según explicó a la televisión pública Íñigo Vila, director de emergencias de la Cruz Roja española."El acceso es complejo porque solo se puede hacer por un camino de servicio, un camino de tierra por el cual hemos podido entrar y por donde todos los servicios de emergencia estaban trabajando", expuso."Con las primeras luces del día, tendremos una mejor visión de lo que ha pasado exactamente y de la magnitud del accidente", indicó.- ¿Qué ocurrió en España? - La colisión ocurrió a las 19H45 locales (18H45 GMT) cerca de Adamuz, a casi 200 km al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid y chocó con tren de la compañía pública Renfe, que iba de la capital a Huelva.Los primeros elementos de la investigación apuntan a que los últimos vagones del tren Iryo descarrilaron, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó con ellos."La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado", explicó Óscar Puente. El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, según el ministro.Imágenes obtenidas por la AFP mostraban dos vagones de un mismo tren, con franjas rojas y azul marino, totalmente fuera de las vías e inclinados, con personas trabajando en el suelo terroso junto a la vía. Otra foto enviada por Iryo muestra un tren completamente tumbado en la vía."Parece una película de terror", relató un pasajero, Lucas Meriako, que se encontraba a bordo del tren de Iryo, al canal La Sexta. "Se sintió un golpe muy fuerte por detrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer (...) Había muchos heridos por los vidrios", agregó.¿Qué causó el accidente de trenes en España?El ministro de Transportes calificó el accidente de "tremendamente extraño". Puente explicó que el tren era "prácticamente nuevo (...) que no sé si llega a cuatro años y también la vía es una vía completamente renovada". Según afirmó, se invirtieron unos 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares) en la vía y en mayo se terminaron "los trabajos de sustitución de cambios y de desvíos"."Todos los expertos en materia ferroviaria (...) están tremendamente extrañados del accidente", agregó. La compañía Iryo dijo que el tren se había fabricado en 2022 y que su "última revisión se realizó el pasado 15 de enero"."El fallo humano está prácticamente descartado", aseguró el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública, describiendo un accidente en "circunstancias extrañas".Una comisión que se encarga de investigar los accidentes está en el lugar recogiendo pruebas, agregó.- España, conmocionada - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anuló su agenda del lunes para acudir al lugar del accidente, anunció su equipo.La Casa Real española indicó, de su lado, que seguía "con gran preocupación" el desarrollo del "grave accidente" entre dos trenes. Ante la situación, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estarán suspendidas "al menos, durante todo el lunes 19 de enero", según anunció en X el gestor de la red Adif.Dirigentes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron o el jefe del Gobierno alemán Friedrich Merz, expresaron sus condolencias por lo ocurrido. En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela (noroeste), que dejó 80 muertos.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López publicó un video en el que se refiere a las consultas que se harán el próximo 8 de marzo.Recordemos que ese día se hará una consulta del Pacto Amplio, en la que están, hasta ahora, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero. Además, se hará la Gran Consulta por Colombia, que ya tiene nueve candidatos del centro y la derecha.López reiteró que la decisión que ha tomado es no ir a ninguna de las dos consultas.“Ni en la Gran Consulta de Uribe, ni en el Pacto Amplio de Petro. En lo que estamos trabajando es en tratar de tener una tercera opción”, dijo López.Es importante recordar que a la consulta del Pacto Amplio podrían llegar otros candidatos como Luis Gilberto Murillo, Clara López y Juan Fernando Cristo.“Que los colombianos no tengan que ir el 8 de marzo al tarjetón de consulta presidencial y solo tener la opción de votar por el de Uribe o por el de Petro, una tercera opción para las mayorías de Colombia, en eso es en lo que estamos trabajando”, agregó López.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó el más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en el que evalúa la evolución del proceso de paz durante el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025.En el documento, el jefe de la ONU advierte que, pese a algunos avances, persisten desarrollos desiguales, riesgos de seguridad y retrasos en la implementación integral del acuerdo final, que, según subrayó, “debería implementarse en su totalidad para que su promesa de paz, justicia y reconciliación se cumpla plenamente”.El informe también hace referencia a una reciente operación militar en el departamento de Guaviare, en la que murieron integrantes de un grupo armado, entre ellos menores que habían sido reclutados de manera forzada.Frente a este hecho, la ONU reiteró su preocupación por el reclutamiento de niños y niñas por parte de actores armados ilegales, al señalar que esta práctica “constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.En ese sentido, Guterres condenó estas conductas e instó a todos los grupos armados a cesar de inmediato el reclutamiento de menores, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas preventivas durante las operaciones militares que permitan salvaguardar la vida y los derechos de esta población.En relación con el proceso electoral, la Misión destacó la realización de elecciones primarias y de los consejos de juventud como una señal positiva de la capacidad institucional del país para adelantar procesos democráticos. No obstante, subrayó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.En ese contexto, el secretario general reiteró la importancia de cumplir el Compromiso con un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia y afirmó que “deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política”.Por ello, hizo un llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a actuar en estrecha coordinación con los partidos y candidatos para asegurar un proceso electoral libre y en paz.El informe también advierte que la violencia relacionada con el conflicto siguió afectando a la población civil en zonas con presencia estatal limitada, lo que se tradujo en desplazamientos, confinamientos y asesinatos de líderes sociales y excombatientes.En regiones como el Catatumbo, particularmente en Tibú, las comunidades continúan soportando los efectos de la confrontación armada. Sobre los firmantes de paz, la ONU reportó que en 2025 se han verificado 45 asesinatos, lo que representa un aumento del 36 % frente al año anterior, además de intentos de homicidio y casos de desaparición.Aunque la Misión reconoció avances en la reforma rural integral y en el acceso a tierras, insistió en la necesidad de mantener el impulso, ampliar la presencia del Estado y garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.De igual forma, reiteró que la reincorporación de los excombatientes es fundamental para consolidar la paz y asegurar la estabilidad a largo plazo, al tiempo que subrayó que “garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”.
La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia presuntas irregularidades graves al interior de la entidad que, según advierten, afectan la transparencia, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana.En el documento, el sindicato cuestiona la gestión de la directora nacional de Migración Colombia, Gloria Arriero, y señala que el 19 de noviembre de 2025 se publicó en la plataforma oficial de la Presidencia la hoja de vida de Edgar de Jesús Bernal Coconubo como aspirante a un cargo en la Superintendencia de Servicios Públicos, pese a que es cónyuge de la directora, lo que, afirman, compromete la imparcialidad institucional.Osemco considera aún más grave que el esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez, sea el actual superintendente de Servicios Públicos, situación que, a su juicio, configura un conflicto de intereses que debilita la cadena de mando y limita la capacidad real de la directora para ejercer autoridad sobre su subalterna.El sindicato también denuncia un ejercicio excesivo de poder por parte de la subdirectora de Control Migratorio, quien, aseguran, tiene mayor autoridad que la propia directora nacional, generando un ambiente de temor interno.Señalan que se intentaron realizar cambios administrativos a finales de diciembre, en plena temporada alta de flujo migratorio, pese a las advertencias sindicales sobre el riesgo de provocar un paro.A estas denuncias se suma la supuesta adjudicación de un contrato de prestación de servicios a la pareja sentimental de la hija de la directora Arriero, quien, según Osemco, habría ejercido influencia en la gestión de hojas de vida y recibido altos honorarios sin evidencia clara de trabajo efectivo, información que aseguran fue verificada en el Secop.El sindicato afirma que estas situaciones fueron confrontadas directamente con la directora, quien habría reconocido los hechos y manifestado que no tenía por qué dar explicaciones. Además, denuncian una pugna interna con la directora de Presupuesto y una gestión financiera deficiente que habría llevado a la entidad a una situación cercana a la bancarrota.Osemco advierte sobre prácticas sistemáticas de nepotismo, tráfico de influencias y nombramientos a dedo que, según ellos, afectan a más de 1.800 familias y ponen en riesgo las funciones misionales de Migración Colombia. Por ello, solicitaron a Petro acciones inmediatas, la renuncia de los funcionarios involucrados, empezando por la directora Gloria Arriero, y la intervención urgente de los entes de control.
El exministro del Interior y candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, publicó un video en el que pide que la consulta del Pacto Amplio no se convierta únicamente en una consulta de la izquierda.Es importante recordar que esta consulta se hará el 8 de marzo para elegir a un candidato a la Presidencia que será apoyado por todos los otros en la primera vuelta.Hasta el momento, en la consulta del Pacto Amplio están el senador Iván Cepeda, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras.“La consulta del Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda. Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia. Que se sienta representado el centro liberal, los socialdemócratas, los reformistas de este país que no somos de izquierda democrática”, dijo Cristo.Es importante recordar que, aunque hasta ahora la consulta del Pacto Amplio tiene tres candidatos, hay otras personas que podrían unirse a esta coalición. Entre ellas está justamente el exministro Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo o la senadora Clara López.“Ese es el desafío para poder construir una agenda progresista, liberal, incluyente, lo más amplia posible, a partir de la cual podamos convocar los grandes consensos que necesita este país”, agregó Cristo.
La Presidencia de la República defendió, a través de un comunicado, el contrato por más de $10.000 millones para la defensa del presidente Gustavo Petro en EE. UU., tras su inclusión en la lista OFAC.En el documento aseguran que “la modalidad de contratación está autorizada por el ordenamiento jurídico y justificada en los estudios previos. Además, corresponde a la inexistencia de una oferta nacional con experiencia” en estos casos.Según el Dapre, este tipo de contrataciones representan una acción para la protección de los intereses estratégicos del Estado en el escenario internacional. Agregan que el contrato no busca la defensa personal del presidente ni de funcionarios en particular, sino “el fortalecimiento de la capacidad institucional del país para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de forma grave y transversal al sistema financiero y a las relaciones exteriores de Colombia”.Cabe mencionar que, en octubre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista Clinton, en medio de uno de los tantos capítulos de tensión entre el mandatario y el gobierno Trump.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
El Centro Democrático está denunciando que algunos líderes políticos del partido están siendo amenazados por parte de grupos armados. Desde el uribismo hicieron mención a un caso en específico, que es el de La Guajira.“Desde La Guajira recibimos denuncias alarmantes: grupos armados ilegales están amenazando de muerte a ediles del partido. Algunos de ellos ya se han visto obligados a abandonar sus regiones ante el riesgo inminente contra sus vidas”, señala el partido.En el mismo sentido, desde el Centro Democrático rechazaron estos hechos y agregaron que el Gobierno ha sido indiferente frente a la protección de la oposición en distintas zonas del país.“Hoy, las estructuras armadas imponen su ley en cerca de 800 municipios, deciden quién puede participar en política, intimidan, desplazan y promueven candidatos, incluso cercanos al gobierno de Gustavo Petro. Esto no es la ‘paz total’ que prometieron: es la entrega del territorio al crimen organizado”, dice el comunicado del Centro Democrático.
Pese a que varios gobernadores manifestaron su inconformidad tras la reunión con el ministro de Hacienda por el decreto de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el balance del encuentro fue positivo y que se logró un acuerdo con los mandatarios regionales.Según Benedetti, el consenso se dio especialmente alrededor de los cambios en los impuestos a licores y tabaco, frente a los cuales existía preocupación por un eventual impacto negativo en el recaudo de las regiones. En ese sentido, el ministro afirmó que, si estas medidas afectan los ingresos departamentales, el Gobierno nacional asumirá ese impacto.El jefe de la cartera política reconoció que hubo tensiones durante la discusión, pero sostuvo que todos los gobernadores aceptaron la aplicación del decreto de emergencia económica.Entre quienes lideraron los reparos al contenido de la norma estuvo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien apeló a la figura de excepción de inconstitucionalidad para anunciar que no aplicaría las medidas del decreto de emergencia económica en su región, porque esto traería grandes consecuencias económicas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que busca la nulidad del nombramiento de Laura Camila Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, al considerar que el acto administrativo con el que fue designada habría desconocido los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático dentro del servicio exterior colombiano.De acuerdo con la acción judicial, el nombramiento vulneraría las normas que regulan el acceso a cargos diplomáticos, al no acreditarse plenamente las condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia que se exigen para representar al país ante un Estado extranjero. El demandante sostiene que la designación no cumple con los parámetros previstos en la normatividad que rige la carrera diplomática y consular.Entre los principales argumentos expuestos en la demanda se advierte que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”. Según el escrito, la ausencia de una certificación formal que acredite el manejo del inglés podría afectar de manera directa el desempeño de las funciones propias del cargo, en un escenario donde la comunicación es esencial para la gestión de las relaciones bilaterales.Asimismo, se señala que la embajadora no certificó un título de posgrado, requisito que, según el demandante, hace parte de los criterios mínimos exigidos para el ejercicio de cargos diplomáticos de alto nivel dentro del servicio exterior colombiano. Esta situación, a juicio del accionante, constituiría una irregularidad en la expedición del acto administrativo que formalizó su nombramiento.Otro de los puntos cuestionados en la demanda tiene que ver con la experiencia requerida para el cargo. Aunque se reconoce que Laura Sarabia ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores, el demandante advierte que no cuenta con el conocimiento diplomático específico en materia de relaciones internacionales de Colombia que, según su criterio, se exige para ejercer la representación del país ante una misión diplomática de esta relevancia.Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no accedió a la solicitud de medida cautelar presentada en la demanda, con la cual se pretendía suspender de manera provisional a Sarabia de su cargo como embajadora mientras se resolvía de fondo el proceso. En consecuencia, la funcionaria continuará en ejercicio de sus funciones mientras avanza el estudio del caso.En el marco del trámite judicial, el Tribunal ya notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Presidencia de la República y a la propia embajadora Laura Sarabia, para que rindan sus respectivos conceptos y ejerzan su derecho a la defensa frente a los argumentos planteados en la demanda.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
Avianca lanzó una fuerte advertencia frente al preocupante incremento de comportamientos inadecuados, agresivos y disruptivos por parte de pasajeros contra el personal aeronáutico en Colombia. La aerolínea alertó que estos hechos no solo vulneran los derechos de sus empleados, sino que también ponen en riesgo la seguridad operacional, por lo que solicitó al Congreso de la República avanzar con urgencia en el Proyecto de Ley 153 de 2025.Según cifras reveladas por la compañía, durante 2025 se han registrado 572 incidentes protagonizados por pasajeros disruptivos, lo que representa un aumento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. El incremento ha encendido las alertas dentro del sector aéreo, que advierte una tendencia creciente de irrespeto y violencia en aeropuertos y vuelos.En medio de esta ola de denuncias, Avianca recordó uno de los episodios más graves ocurridos el pasado 13 de enero en el aeropuerto de Cali, cuando una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento operativo en tierra. Ante la situación, la empresa activó de inmediato los protocolos de atención y seguridad: brindó primeros auxilios a la trabajadora afectada, canceló el contrato de transporte de la pasajera y dio inicio a un proceso judicial en su contra.Para la aerolínea, este y otros casos evidencian la necesidad de endurecer las sanciones legales contra quienes incurren en malas conductas, amenazan la integridad del personal o comprometen la seguridad de los vuelos. Por ello, reiteró su llamado al Congreso para respaldar el Proyecto de Ley 153 de 2025, iniciativa que busca fortalecer el marco legal y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a la violencia en la aviación civil.Avianca fue enfática en rechazar este tipo de actos y aseguró que continuará aplicando todas las medidas legales disponibles contra los pasajeros que incumplan las normas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la protección de sus empleados y la seguridad de los viajeros.
En pleno año electoral, Blu Radio conoció en primicia un concepto de 29 páginas que envió la Procuraduría General de la Nación a la Corte Constitucional, en el que fija su postura frente a la demanda que busca declarar inexequible la Ley de Encuestas.Fue en septiembre del año pasado cuando la Corte Constitucional decidió admitir para su estudio una demanda que pide “tumbar” la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas en Colombia. La acción fue presentada por Juan Manuel López, quien sostiene que la ley debió tramitarse como estatutaria, al afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.¿Qué pide la demanda?Según el demandante, la norma impone restricciones que podrían limitar la pluralidad informativa y concentrar el control en pocos actores, al prohibir los sondeos no probabilísticos y exigir condiciones técnicas estrictas para la publicación de encuestas electorales. Además, advierte que varias disposiciones asignan nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, modificaría su diseño institucional.La demanda también cuestiona la ausencia de un análisis de impacto fiscal y señala que la creación de órganos técnicos, el registro nacional de firmas encuestadoras y las auditorías previstas en la ley implican gastos permanentes que no fueron evaluados, en contravía del principio de sostenibilidad fiscal.La postura de la Procuraduría ante la Corte ConstitucionalPara el ente de control, ninguno de los cargos prospera. En su análisis, la Procuraduría concluyó que la Ley de Encuestas no regula el núcleo esencial de los derechos fundamentales, sino que establece reglas técnicas y de transparencia orientadas a garantizar la calidad, la rigurosidad metodológica y la responsabilidad en la divulgación de encuestas políticas.“De otro modo, tampoco se observa una afectación del núcleo esencial del derecho a la participación política. La regulación contenida en la Ley 2494 de 2025 no altera las condiciones para elegir o ser elegido, no regula circunscripciones, umbrales, mecanismos de representación, conteo de votos ni procedimientos de escrutinio, ni modifica los elementos estructurales del sistema electoral. Las disposiciones cuestionadas recaen sobre instrumentos estadísticos que anteceden al debate político, sin interferir con la manera en que el voto ciudadano se traduce en representación”, señaló la Procuraduría.En ese sentido, el Ministerio Público sostuvo que la regulación de encuestas no constituye censura ni una prohibición absoluta, sino un desarrollo legítimo del deber constitucional de informar de manera veraz e imparcial, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.La demanda también alega una presunta vulneración al impacto fiscal. Frente a este punto, la Procuraduría explicó que, al tratarse de una ley de iniciativa congresional, no era exigible un estudio técnico detallado, como ocurre con los proyectos del Gobierno. Además, señaló que la norma no ordena de manera directa e imperativa nuevas erogaciones presupuestales, sino que asigna funciones que pueden desarrollarse dentro del marco institucional existente.Por estas razones, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley de Encuestas, lo que en la práctica significa que el ente de control respalda la iniciativa y considera que puede mantenerse vigente.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a los cinco policías que mantenía secuestrados desde hace aproximadamente dos semanas en la región del Catatumbo. Blu Radio confirmó que los uniformados ya fueron entregados a una comisión humanitaria y se encuentran bajo protección tras el operativo de liberación en zona rural de Norte de Santander.Los policías, identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera, habían sido interceptados por el grupo armado cuando se desplazaban vestidos de civil en un bus de servicio público. El secuestro ocurrió en la vía que comunica a El Zulia con Tibú, específicamente en el sector conocido como El Tablazo, mientras los agentes se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta.Aunque el ELN había manifestado a través de un comunicado su intención de liberar a los miembros de la institución, el proceso se demoró 14 días. La retención de estos uniformados había generado una fuerte tensión en la zona, debido a que se produjo en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el departamento y los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.Tras la entrega formal a los delegados humanitarios, se espera que los cinco policías sean trasladados a un centro asistencial para verificar su estado de salud antes de reencontrarse con sus familias. Las autoridades regionales y la Fuerza Pública aún no han entregado un balance oficial sobre las condiciones en las que fueron recibidos los agentes.Este fue el comunicado con el que la guerrilla del ELN informó que había secuestrado a los policías:
A la Corte Suprema de Justicia ya llegaron los recursos de casación que interpusieron las víctimas y la Fiscalía dentro del proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los que buscan tumbar la absolución del exmandatario proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Por sorteo, el estudio sobre si se admiten o no las demandas de casación le correspondió al magistrado Carlos Solórzano.La Fiscalía General de la Nación había radicado ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca que se revoquen las absoluciones y, en su lugar, se condene al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad al exmandatario y lo absolvió, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con la conformación de un grupo armado ilegal.El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando la jueza Sandra Heredia profirió una sentencia de primera instancia que condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, esa decisión fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá, que concluyó que la prueba recaudada no permitía demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.Ahora, el recurso de casación que viene por parte de la bancada de víctimas reconocidas en este proceso fue interpuesto por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, en representación del senador Iván Cepeda; la médica Deyanira Gómez; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.Según la representación de las víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en errores de valoración probatoria, desconoció reglas de la sana crítica y llegó a conclusiones que no se desprenden del acervo probatorio practicado durante el juicio oral.
Carlos Ramón González no planea regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema de Justicia lo condena. Así lo dejó claro su abogado, Iván Cancino, al confirmar que su defendido continuará en Nicaragua bajo la figura de asilo político, una decisión que, según explicó, dependerá del gobierno de ese país.En entrevista en Mañanas Blu, Cancino habló sin rodeos sobre el escenario que enfrenta el exdirector del DAPRE, quien será acusado formalmente el próximo 29 de enero. González, cercano al presidente Gustavo Petro, seguirá el proceso de manera virtual desde Managua, donde reside desde hace varios meses.La frase que marcó la conversación fue directa y sin ambigüedades: “Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, afirmó el abogado, dejando claro que el regreso a Colombia no está en los planes inmediatos.¿Carlos Ramón González volvería al país si hay condena?Para Cancino, la respuesta es clara. Mientras el asilo político se mantenga, Colombia no tendría herramientas para obligar su regreso. “Si se mantiene el asilo, pues obviamente no podrán traerlo”, explicó, aunque reconoció que, si Nicaragua decide levantar esa protección, la justicia colombiana podría actuar.El abogado reiteró que, desde su perspectiva, González sigue siendo inocente. “Para mí sigue siendo inocente”, insistió, señalando que la acusación no cambia la estrategia de defensa ni su convicción sobre el resultado del proceso.González comparecerá virtualmente desde NicaraguaCancino confirmó que su cliente asistirá a las audiencias de manera virtual. “Él se comunicará virtualmente con la audiencia y atenderá las audiencias que se sigan de aquí en adelante por ese medio”, dijo.Sobre la posibilidad de que fiscales o autoridades viajen a Nicaragua para interrogarlo, fue tajante: “Perderían el tiempo”. Según explicó, su recomendación es clara: “Mi recomendación para Carlos Ramón será guardar silencio”.El abogado aseguró no tener información sobre un eventual acompañamiento del Gobierno colombiano o de la Cancillería. “No tengo ni idea si lo están apoyando”, afirmó.Mientras se acerca la fecha clave ante la Corte Suprema, la defensa deja un mensaje claro: González no regresará al país y, si hay condena, su permanencia en Nicaragua seguirá siendo la carta principal. El proceso avanzará, pero a distancia.