Colombia responderá a Ecuador bajo el principio de reciprocidad tras el anuncio de un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos, medida que comenzará a regir el primero de febrero.El presidente Gustavo Petro confirmó la decisión en su cuenta de X y expresó su expectativa de que ambos gobiernos sostengan una reunión bilateral para analizar este y otros temas de interés entre ellos la lucha contra el narcotráfico.“Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo a los principios de reciprocidad. Estaba a punto de realizarse una reunión bilateral de gabinetes, entre Colombia y Ecuador, países que fueron de la Gran Colombia, ojalá se realice”, indicó el mandatario en X.El principio de reciprocidad significa que Colombia podría responder con medidas equivalentes a las que adoptó Ecuador.Sobre eso hay que decir que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador sumaron US$1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al mismo periodo de 2024, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex).De acuerdo con el gremio, Ecuador es el sexto destino de las exportaciones totales de Colombia y el segundo mercado para las no minero-energéticas.El gobierno colombiano asegura que ha cumplido en la lucha contra el narcotráfico y ha extendido su mano en materia energética a Ecuador.El presidente Petro destacó que su administración hizo incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, que ha habido cooperación militar con Ecuador y se han instalado centros de inteligencia en la frontera.También señaló avances contra los insumos de fentanilo en el Pacífico y resaltó el apoyo energético brindado a Ecuador cuando ese país màs necesitaba la energía que le vende Colombia.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
El río Magdalena volvió a hablar, revive en Honda y devuelve la esperanza a los pescadores. Lo hizo con la fuerza de sus aguas, con el brillo plateado de los peces y con la voz serena de quienes lo conocen desde siempre. En Honda, Tolima, la subienda llegó en su punto más alto y, con ella, regresó la esperanza para decenas de familias que dependen del río para sobrevivir.Desde muy temprano, el movimiento en las orillas anuncia que no es un día cualquiera. Las canoas van y vienen, las atarrayas caen una y otra vez, y el olor a pescado fresco se mezcla con el bullicio de los compradores. La escena se repite como un ritual ancestral que cada año vuelve a unir a la gente con el Magdalena.“Estamos en el tope de lo que es la subienda, la ribazón en Honda”, cuenta Arnulfo Muñoz, pescador artesanal, mientras revisa su faena. Su voz refleja experiencia, pero también alivio. “El río está en un término bueno, hay buena agua y hay bastante pescado. En estos momentos la cosa está buena para todos los pescadores”.Según Arnulfo, la subienda avanza con fuerza desde varios puntos del país. “Dicen que viene más pescado desde La Dorada, Puerto Nare, Puerto Bogotá, Serviés, desde Berrío hacia arriba. Eso quiere decir que el ciclo está bueno, que todavía hay esperanza”, afirma.Abundancia en el río“Hay de todo un poquito. Uno, como pescador, saca lo que caiga en la red. El bocachico es el que más sale, aunque pequeño, pero hay bastante. El nicuro está bueno, el bagre también, y eso ayuda mucho. Cacharro, picuda, mueluda, dorada y cachama completan la faena diaria”, explica.El río que también paga deudasMás allá de la pesca, la subienda representa alivio económico. Para muchas familias, estos días significan poder ponerse al día con gastos urgentes.“Este es el momento para pagar deudas, comprar los útiles de los niños que entran a estudiar, pagar el arriendo, los servicios, la comida”, dice Arnulfo. “Y pues el que toma, también se toma lo suyo”, agrega entre risas, con la naturalidad del pescador que habla sin rodeos.La subienda no solo mueve el río, también reactiva el comercio local. Restaurantes llenos, compradores que llegan desde otros municipios y hoteles que empiezan a ocuparse. Honda vuelve a respirar gracias al Magdalena.Un llamado a la prudenciaAunque el panorama es alentador, Arnulfo hace una advertencia clara: la subienda es pasajera. “Esto es eventual. Dura dos, tres, cuatro o cinco días. A veces uno invita y después se acaba, y la gente viene y pierde el viaje. Por eso hay que ser prudentes”, señala.Aun así, la invitación está abierta: “Que la gente venga, que coma pescado, que pasee, que conozca Honda. Hay buenos restaurantes, hay hoteles y hay pescado. De pronto no se llevan mucho, pero algo se llevan y disfrutan”.El Magdalena, corazón vivoEn 2026, el río vuelve a cumplir su promesa. No solo trae peces, sino trabajo, sustento y memoria. La subienda es más que una temporada de pesca: es cultura, es economía popular y es identidad.“Por ahora estamos en un punto bueno, muy bueno”, concluye Arnulfo Muñoz. “Ojalá siga así. Dios quiera”, confirma.Y mientras el sol cae sobre las aguas del Magdalena, el río sigue su curso, recordándole a Honda que aún late fuerte, que aún alimenta y que cada subienda es una nueva oportunidad para volver a empezar.
El Gobierno colombiano reaccionó a la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero aranceles del 30 % a productos de nuestro país alegando falta de cooperación para atender los problemas de seguridad en la zona de frontera.Ante esto, la ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que buscarán los canales legales necesarios para hacer frente a esta situación que golpea el comercio binacional.“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y en ese sentido los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, dijo Morales.Entre las opciones a evaluar está las herramientas que brinda la Comunidad Andina que es el mecanismo que rige la relación entre los dos países para buscar una solución o, por otra parte, activar los aranceles inteligentes, “para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada”.Y es que en su pronunciamiento, esta cartera calificó cómo inconsistente este anunció pues señalan que ambos países venían sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza.
El juez 24 del circuito de Bogotá ratificó que el Presidente debe cumplir con un fallo de tutela que le ordena rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente de la EPS, Jaime Miguel González.El presidente Gustavo Petro incurrió en un incidente de desacato a un fallo de primera instancia y una acción de tutela que le ordenaban rectificar y eliminar los mensajes que publicó en X y que amplió a través de una alocución presidencial en la que señaló al entonces gerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadora de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del Presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la Fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Sin embargo, de esa supuesta denuncia se desconoce su trazabilidad pues la defensa jurídica del Presidente no entregó a los jueces la prueba de su radicación.El juez 24 del circuito de Bogotá, Yimi Alejandro Sánchez García, ratificó la orden de primera instancia para que el presidente Petro se retracte y presente excusas públicas, en el mismo formato en el que lo hizo, al exgerente de Coosalud, Jaime Miguel Gonzalez, por cada uno de sus pronunciamientos en su contra publicados desde inicios de diciembre de 2024.La Presidencia de la República pidió que se anulara el fallo, alegando que se estaba violando el debido proceso y el derecho del presidente a hacer denuncias públicas sobre un caso penal en curso.También solicitó suspender cualquier sanción por desacato mientras se resolvía la solicitud, para evitar un daño grave a las funciones del Presidente.
El sorteo No. 0471 de MiLoto registró al primer ganador del premio mayor en lo que va del año 2026. El apostador acertó la combinación de los números 01, 09, 13, 17 y 20, haciéndose acreedor a un acumulado de $1.000 millones. Esta cifra marca un hito en la trayectoria del juego, pues es la segunda vez en toda su historia que se entrega un premio de esta magnitud.El ganador se encuentra ubicado en el municipio de Bello, Antioquia, según informó el Operador Nacional de Juegos. En esta oportunidad, el boleto ganador fue comprado bajo la modalidad manual en un punto físico de la red Gana, en el departamento de Antioquia.El sorteo, resultó favorable para miles de jugadores, dejando un saldo de más de 19 mil ganadores y una bolsa total de premios distribuida de $1.140 millones.A continuación, se presentan los resultados detallados del sorteo No. 0471 de MiLoto, desglosados según el número de aciertos y la distribución de la bolsa de premios:Resumen General del SorteoTotal de ganadores: 19.710Total de premiación: $1.140.197.700Resultados por Categoría de Aciertos5 Aciertos (Premio Mayor): Ganadores: 1Premio por ganador: $1.000.000.000Total entregado en esta categoría: $1.000.000.0004 Aciertos: Ganadores: 61Premio por ganador: $433.400Total entregado en esta categoría: $26.437.4003 Aciertos: Ganadores: 1.943Premio por ganador: $22.100Total entregado en esta categoría: $42.940.3002 Aciertos: Ganadores: 17.705 Premio por ganador: $4.000Total entregado en esta categoría: $70.820.000Desde el inicio de sus operaciones en octubre de 2023, MiLoto ha consolidado su impacto en el país. Hasta la fecha, ha entregado más de 2,3 millones de premios por un valor superior a los $39.726 millones. Asimismo, el juego ha transferido más de $17.960 millones al sistema de salud de los colombianos, reafirmando su compromiso social.El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los términos para reclamar su premio en el sitio web oficial. Actualmente, MiLoto mantiene su disponibilidad de venta en más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS, así como en canales digitales.
Un grave siniestro vial se registró en la noche de este martes y la madrugada de este miércoles en el occidente de Bogotá, dejando como saldo la muerte de un motociclista en la localidad de Engativá.El hecho ocurrió sobre la avenida Mutis, en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali y muy cerca de una de las pistas del aeropuerto El Dorado. De acuerdo con la información preliminar, el accidente se presentó después de las 11:00 de la noche, momento en el que se activaron los organismos de socorro tras reportarse la muerte de un hombre que se movilizaba en motocicleta.Según versiones conocidas en el lugar, minutos antes un bus del SITP habría pasado por el puente vehicular del sector. Posteriormente, el motociclista aceleró, pero al frenar en un bache presente en ese punto de la vía, no se percató de la presencia de una tractomula tipo cama baja que se desplazaba en sentido oriente–occidente. El conductor del vehículo de carga pesada terminó arrollando al motociclista, quien falleció en el sitio debido a la gravedad del impacto.La Secretaría de Movilidad confirmó el siniestro a través de su cuenta oficial en la red social X. A las 11:38 p. m., Bogotá Tránsito informó:“Gestión Del Tráfico. Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Engativá, entre tractocamión y motociclista en la Av. Mutis con Av. Cali, sentido oriente-occidente. Unidad de Tránsito y criminalística en desplazamiento. Vía alterna: Av. Boyacá.”Como consecuencia del accidente, la avenida Mutis permaneció cerrada durante varias horas mientras las autoridades adelantaban la inspección técnica y las labores de investigación para establecer con exactitud las causas del hecho. El cierre se mantuvo casi hasta las 2:00 de la mañana.Sobre la 1:21 a. m., la entidad distrital actualizó la información y señaló: “Movilidad Ahora. Finalizan labores por parte de criminalística. Se habilita el tránsito sobre la Av. Mutis. Tránsito y Secretaría de Movilidad lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida.”Las autoridades de tránsito continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, incluyendo el estado de la vía y la dinámica entre los vehículos involucrados.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:
El maquinista del tren Iryo que sufrió un siniestro en España alertó en una llamada al centro de mando de Atocha de que había tenido “un enganchón” a la altura de Adamuz, en Córdoba (centro-sur). En una segunda comunicación, informó de que el tren había descarrilado y estaba invadiendo la vía contigua, por lo que solicitó detener el tráfico “urgentemente”.De acuerdo con el audio difundido por Cordópolis/eldiario.es, en la primera llamada el conductor explicó que el tren estaba “bloqueado” y no podía desplazarse, y añadió que necesitaba “reconocer” la situación de la unidad. En el registro también se escucha al personal de Atocha pedirle que bajara los pantógrafos —el sistema que toma electricidad de la catenaria—, a lo que el maquinista respondió: “Más abajo no pueden estar”.En un segundo contacto telefónico, el conductor insistió en la necesidad de parar el tráfico de forma inmediata; desde Atocha le indicaron que “no hay ningún tren llegando”, según el citado medio.Durante la conversación, el maquinista detalló que había un incendio en uno de los vagones, por lo que debía abandonar la cabina para comprobar la situación, y solicitó el envío urgente de bomberos y ambulancias, al asegurar que había personas heridas en el tren.En ese intercambio, sin precisar si fue anterior o posterior al choque con el tren Alvia, en ningún momento el maquinista advirtió de la presencia de dicho convoy.El tren Iryo se dirigía a Madrid procedente de Málaga y descarriló, impactando contra un Alvia que viajaba desde la capital española con destino a Huelva.Escuche aquí el audio:
El maquinista de un tren murió y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar este martes contra un muro de contención que cayó a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), a causa de un temporal.El accidente se produjo hacia las 21:00 hora local (20:00 GMT), posiblemente debido a las lluvias, cuando un muro de gran tamaño se desplomó sobre la vía justo cuando circulaba un tren de la línea R4 que había partido de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) en dirección a Manresa (Barcelona).El muro cayó sobre el primer vagón del tren de cercanías, que quedó deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, explicó Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos.En el choque murió el maquinista del tren y 37 pasajeros tuvieron que ser atendidos por los equipos sanitarios. Según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cinco personas han resultado gravemente heridas, seis de menor gravedad y 26 leves.Hasta la zona se han desplazado también 35 dotaciones con 75 efectivos de los Bomberos, que han evacuado a todos los pasajeros del tren y que durante más de una hora han trabajado en la extracción de una persona que había quedado atrapada en el amasijo de hierros de la estructura del vagón.Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisarán toda la red para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal.El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona por una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, está siguiendo "con atención" el accidente.También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue "muy atento" las informaciones y la evolución de los trabajos de emergencia."Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida. Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia. Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil oficial de la red social X.Este accidente se produce tan solo dos días después del trágico choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado, por el momento, con la muerte de 42 personas y 123 heridos, de los que 37 permanecen hospitalizados.
Con fuertes discursos en contra de Donald Trump, a quien compara con Adolf Hitler, el presidente colombiano Gustavo Petro tensó las relaciones con Estados Unidos al punto de que su principal socio le retiró el apoyo económico.Bajo la administración del primer mandatario izquierdista de su historia, Colombia dejará de recibir millonarios aportes que durante décadas utilizó para combatir a las mafias.Petro denunció el sábado que, en medio de su despliegue militar en el Caribe, Estados Unidos violó la soberanía de su país en aguas territoriales colombianas y mató a un pescador cuya lancha estaba averiada y a la deriva.A su vez, Trump acusó a Petro el domingo de ser un "líder narcotraficante" a la cabeza de un gobierno que "fomenta" la producción de drogas en el país que más produce cocaína del mundo.Se trata del mayor quiebre tras diez meses de desencuentros, en los que Petro lanzó dardos que fueron mal recibidos por Estados Unidos, como llamar a la desobediencia de soldados a Trump y acusar a sus asesores cercanos de gestar un golpe de Estado en su contra.Estos son los más destacadosComo Hitler Pocos días después de la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero, Petro protestó por los maltratos en las deportaciones masivas de colombianos y otros latinoamericanos indocumentados en Estados Unidos.El mandatario impidió la llegada a su territorio de aviones militares que ya estaban en el aire con algunos de sus ciudadanos a bordo: "Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los colombianos", sostuvo.Trump lo calificó como un presidente "socialista" "muy impopular entre su pueblo" e impuso aranceles a Colombia.Petro respondió con la misma medida e instigó a "intentar" darle "un golpe de estado". En octubre dijo que con las redadas migratorias Trump "hace a los latinoamericanos lo mismo que Hitler a los judíos".El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) aseguró durante un evento que Petro viene "buscando un enfrentamiento con Trump" con sus "discursos agresivos" como una estrategia para posicionarse como un líder antimperialista.Golpe de Estado En junio Petro deslizó que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio podría estar detrás de un intento de golpe de Estado en su contra, gestado por la "extrema derecha" de ambos países."No creo que un gobierno (como el de Estados Unidos) que tiene como enemigo a Irán (...) se ponga a pendejear con un golpe de Estado" en Colombia, dijo en ese momento.Washington llamó a consultas de su máximo representante diplomático en Bogotá, mientras que el gobierno colombiano requirió la presencia de su embajador.Sin visa Vestido con un pañuelo palestino, Petro se unió en septiembre en Nueva York a una marcha contra la ofensiva del ejército de Israel en la Franja de Gaza.En el fragor de la protesta, con un megáfono en la mano, pidió a militares de Estados Unidos "desobedecer" las órdenes de Trump.El Departamento de Estado tildó esas declaraciones de "irresponsables" y revocó la visa de Petro y algunos de sus funcionarios."Ya no tengo visa para viajar a Estados Unidos. No me importa", reaccionó el mandatario. "La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta"."Grosero e ignorante"Muy crítico del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el sábado el líder colombiano acusó al gobierno de ese país de estar detrás del "asesinato" de un pescador en medio de su ofensiva contra el narcotráfico.Petro sostiene que uno de los ataques a supuestos traficantes de drogas fue realizado en aguas colombianas. Al día siguiente -sin dar ninguna respuesta a las acusaciones del presidente colombiano- Trump anunció el retiro de todo el apoyo económico de Estados Unidos.Petro es el "peor presidente que ha tenido" Colombia, es un "lunático con muchos problemas mentales", dijo a la prensa. "Usted es grosero e ignorante con Colombia", le respondió el izquierdista, que dejará el poder en 2026.
Las autoridades de Colombia, con el apoyo de las de Ecuador, incautaron y destruyeron 1,8 toneladas de cocaína que supuestamente pertenecían a miembros del frente Oliver Sinisterra, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), informaron este lunes, 20 de octubre, fuentes castrenses.El jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, coronel Leonardo Gómez, anunció que el operativo se desarrolló en el caserío Vayan Viendo, en el departamento de Nariño.El alto oficial detalló que allí participaron tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, acción que dejó un capturado, que era el encargado de custodiar el laboratorio para el procesamiento de cocaína.Durante el operativo, los soldados "fueron atacados con armas de fuego por un grupo de aproximadamente diez sujetos que se encontraban custodiando la estructura ilegal".El Ejército añadió en un comunicado que los atacantes de las disidencias de las FARC, que tienen injerencia en la frontera colombo-ecuatoriana, emprendieron la huida a bordo de embarcaciones, cruzando hacia Ecuador.A la fecha, las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Hércules han permitido la destrucción de 140 laboratorios para el procesamiento de cocaína.Las autoridades colombianas desmantelaron 72 laboratorios para el procesamiento de droga en cinco departamentos del país e incautaron, entre otros, cerca de 1,7 toneladas de cocaína y de 50 kilos de heroína, informó la semana pasada el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.
El secuestro del comerciante Álvaro Antonio Páez Ortiz, ocurrido el pasado 12 de octubre, quien es propietario de panaderías en los municipios de Ábrego y Ocaña, deja en vilo el nombre de la institución policial de Norte de Santander. El secuestro del comerciante ocurrió cuando se movilizaba en un vehículo particular entre los municipios de Ocaña y Ábrego. En un punto conocido como Oropoma, hombres armados lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido.De este caso se conoció que los secuestradores exigían a su familia 100 millones de pesos por su liberación. Todo lo hacían a través de llamadas telefónicas y mensajes intimidantes.Las llamadas extorsivas permitieron rastrear al comerciante hasta una finca en zona rural de Ábrego, donde el Gaula y el Ejército realizaron una operación de rescate.En el lugar fueron capturadas seis personas, entre ellas el patrullero de la Policía Nacional Yordan Rangel Mora. Durante la investigación también fue detenido el capitán Isaac de Jesús Carmona Meléndez, quien había sido comandante de la Policía en Ábrego. Según se pudo establecer, el oficial, que había pedido un permiso por calamidad familiar, fue sorprendido en una vivienda del municipio con una granada en su poder.Las autoridades aseguran que el capitán habría planeado el secuestro junto a presuntos integrantes de grupos armados. Los dos policías y los otros implicados fueron puestos a disposición de la justicia, mientras el comerciante ya se encuentra sano y salvo con su familia.
Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe publicaron un comunicado conjunto en el que se refieren a la situación diplomática que se vive entre Colombia y Estados Unidos por el cruce de mensajes de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, especialmente por las operaciones que ha realizado Estados Unidos en la Costa Caribe, cerca a Venezuela.Uribe y Pastrana dicen que Trump señaló al presidente Petro como un “líder de las drogas ilícitas”, por lo que le piden al mandatario colombiano fijar su posición frente a algunos temas.“Con sentido patriótico y profunda preocupación, los expresidentes de Colombia y abajo firmantes demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de la Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político”, dicen Uribe y Pastrana.En el mismo sentido, los exmandatarios aseguran que en este momento se necesita prudencia y sentido nacional.“Exigimos serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del pueblo y sectores claves de la economía colombiana”, agregan Uribe y Pastrana.
Indignación y rechazo ha generado en el Huila la fuga de Nelson Ocampo Morales, quien fue condenado a 33 años de prisión por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en Neiva, Huila.Gilbert Ortega, padre de la uniformada, señaló que, al conocer la noticia, sintió profunda decepción y rabia, y cuestionó cómo pudo ocurrir una fuga en una cárcel de máxima seguridad.“Es algo muy triste, porque se supone que es una cárcel de máxima seguridad y este sujeto se vuela de allá. La verdad, no entiendo cómo pasa esto. Yo me di cuenta por una sobrina que me mandó la imagen y me causó mucha rabia porque imagínese: una persona de esas, estando privada de la libertad, con la condena que tenía, y se vuela de una cárcel, entonces no entiendo, no entiendo”, manifestó el padre de la uniformada.El padre de la patrullera asesinada, quien además es pensionado de la Policía, pidió a las autoridades que el responsable de este crimen sea recapturado lo antes posible para que cumpla la condena impuesta por el crimen de su hija.Le puede interesar: A la cárcel asesinos de la patrullera de la Policía Paula Cristina Ortega“Es algo ilógico, sobre todo tratándose de una cárcel de alta seguridad. Lo que pasó nos deja en shock y con muchas dudas sobre en quién estamos confiando. Les pido de corazón a las autoridades que lo vuelvan a capturar”, expresó.La fuga de Nelson Ocampo Morales de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, se registró en la madrugada del domingo. El recluso escapó del pabellón 1, donde se encuentran internos catalogados como de alta peligrosidad, aprovechando la densa neblina.Ocampo Morales, junto con Yeison Fernando Ramírez, fue condenado en marzo de 2024 tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de elemento material probatorio, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
A través de un comunicado, el Gobierno de Ecuador reiteró el anunció que más temprano hizo el presidente Daniel Noboa sobre la imposición de aranceles del 30 % a los productos colombianos por la falta de cooperación en la seguridad de la frontera.Sin embargo, la medida que regirá desde el 1 de febrero, tendrá varias excepciones que podrían dar un alivio a los gremios que estaban pidiendo activar los canales diplomáticos.En esa lista entran donaciones, efectos personales y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos, todo esto aplicado a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.“Ecuador y Colombia mantienen históricos lazos de hermandad y cooperación. No obstante, pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia del Ecuador, los mecanismos de control en la frontera colombiana no han resultado efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal”, indicaron desde el Gobierno.La medida seguirá, dice Ecuador, hasta que “exista voluntad y compromiso real por parte de la administración de Colombia”.Precisamente, desde el Gobierno y gremios habían pedido revertir esta decisión pues el comercio binacional se vería afectado gravemente.El ministro de Minas, Edwin Palma, calificó como una agresión económica recordando que desde Colombia se mantuvo el sistema ecuatoriano cuando más lo requirió, asegurando que fueron exportados hasta 450 megavatios de manera constante, lo que equivale a cerca del 90 % de la capacidad de exportación disponible.Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que reúne a los generadores de energía, alertó por la afectación de ese sector y otros que hacen parte de los acuerdos comerciales.“En el sector eléctrico, Colombia ha sido un socio clave para Ecuador: en momentos críticos, nuestras exportaciones de energía han llegado a representar hasta el 12% de su consumo eléctrico, contribuyendo a la seguridad energética del país vecino”, dijo Gutiérrez.Para Gutiérrez, que además es presidenta del Consejo Gremial, el impacto también llevaría a un déficit de cuenta corriente, al reducir los ingresos por comercio exterior.“Con estos datos en mente, una tasa del 30 % puede incentivar la sustitución de productos colombianos y traducirse en pérdidas anuales entre USD 250 y 750 millones, es decir, entre 0,5% y 1,6% del total exportado por Colombia”, reiteró.
Blu Radio conoció en primicia que la Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidiendo que se aparte de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica que hoy es objeto de estudio por parte del alto tribunal.La recusación fue presentada por el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, alegando que, en una entrevista que Ibañez dio al medio El Tiempo, entregó una serie de declaraciones que podrían considerarse como un concepto emitido fuera de los canales legales.Y es que durante la entrevista, al ser consultado sobre si se aplicaría la medida cautelar de suspensión temporal al decreto de emergencia, el magistrado afirmó que la Corte debe "revisar la jurisprudencia y ampliarla" para que se pueda decretar dicha suspensión en casos de estados de excepción.Para la Presidencia, esto se puede catalogar como un criterio o concepto anticipado, pues no manifestó una posición neutral sino una orientación sobre lo que, según él, debería hacer el alto tribunal.Finalmente, Augusto Ocampo recuerda en su petición que el país recibe estas declaraciones en medio de un contexto sensible y complejo por las decisiones previas de la Corte que se han dado en contra de algunas políticas del Gobierno.“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, respecto del cual la Corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”, dice el documento.Para la Presidencia, el magistrado Ibáñez comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto, por lo que se considera que el magistrado ya formó un juicio previo de que la norma es incompatible con la Constitución. Además, insisten en que esto lo hizo a través de una comunicación masiva y yendo más allá de la mera explicación institucional.“Esta conducta no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”, agregó la solicitud.Ahora, la Corte Constitucional debe entregar a revisar si acepta o no esta recusación que ya fue recibida oficialmente por la secretaría.Cabe recordar que más temprano que el magistrado Ibañez ya había radicado una solicitud que busca la suspensión provisional este decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por Ibañez.Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta a los ministerios de Transporte y Hacienda en la que advierte sobre los riesgos financieros y fiscales para la nación derivados del recorte unilateral de recursos al proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.En el documento, dirigido a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, la Contraloría señala que la decisión del Gobierno podría generar incumplimientos contractuales, demandas millonarias y afectaciones al patrimonio del Estado.El ente de control recordó que en julio del año pasado ya se había realizado una advertencia por este proyecto y reiteró que, en caso de que la nación deje de aportar los recursos pactados en las vigencias futuras o los destine a otros fines, podría verse obligada a reconocer intereses remuneratorios y moratorios no previstos inicialmente, además de enfrentar eventuales acciones judiciales.“En caso de que se presenten eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales pactadas a cargo de la Nación y/o la ANI, ello implicaría la asunción de consecuencias de índole contractual, fiscal, disciplinaria y/o penal”, advirtió la Contraloría en un oficio del 4 de junio de 2025.El órgano cuestionó el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, con el cual se habría recortado el 83,61 % de la vigencia futura de 2025, equivalente a más de 636.000 millones de pesos, señalando que esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en las advertencias previas”.De acuerdo con el documento, la modificación de las vigencias futuras debía realizarse mediante acuerdos contractuales debidamente protocolizados y con el cumplimiento de los requisitos del CONFIS, el CONPES y el DNP, y no a través de un recorte unilateral por decreto. “La modificación debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes suscribientes del contrato de concesión”, advirtió.La Contraloría también advirtió que esta decisión podría afectar la ejecución del proyecto, generar retrasos, paralizar las obras e incluso conducir a su terminación anticipada, además de comprometer la confianza necesaria para el cierre financiero del contrato de concesión.El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció a través de su cuenta de X, respecto a esta reciente advertencia y aseguró que la falta de recursos en este proyecto pone en riesgo a poblaciones ribereñas. “Es vital garantizar la protección contra inundaciones en cada uno de los pueblos a orillas del canal del dique. Además varios puertos y plataformas logísticas con miles de empleados deberán cerrar por los sedimentos y basuras que el país arroja al río Magdalena. Cartagena y el dique están en riesgo”, indicó.Finalmente, el contralor reiteró el llamado al Gobierno nacional para que considere las alertas emitidas y adopte correctivos que eviten un daño fiscal, sin desconocer la autonomía de las entidades involucradas en la toma de decisiones.
La Policía lideró una serie de operativos contra la minería ilegal en el departamento del Chocó, que dejaron como resultado la intervención de 27 minas y la destrucción de maquinaria utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Río Quito y Quibdó, donde esta actividad ilegal ha generado un fuerte impacto ambiental y social.De acuerdo con la información conocida, la minería ilegal intervenida por la Policía habría ocasionado el deterioro de aproximadamente 20 hectáreas de bosque nativo en jurisdicción del municipio de Río Quito, una región estratégica por su biodiversidad y por la dependencia de las comunidades locales de los ecosistemas naturales.En el corregimiento de San Isidro, municipio de Río Quito, unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, adelantaron la operación “Chocó I”, en coordinación con el Ejército y la Armada. En este sector fueron intervenidos diez puntos asociados a minería ilegal y se procedió a la destrucción de siete dragones tipo brasilero y una retroexcavadora empleada en la extracción ilícita de minerales. Durante el operativo fue capturada una persona, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron golpear de manera directa las finanzas de la subestructura ‘Jhon Fredy Orejuela’ del Clan del Golfo, grupo que se estaría lucrando de la minería ilegal mediante el cobro de exacciones a los explotadores ilegales. La afectación económica para esta organización criminal fue estimada en cerca de 17.000 millones de pesos.En el municipio de Quibdó se adelantó un segundo despliegue operativo en coordinación con unidades militares y entidades ambientales, que permitió la intervención de 17 minas, de las cuales 15 estaban relacionadas con actividades de minería ilegal. En esta zona fueron destruidas 20 dragas, 10 motobombas y 23 motores utilizados para la explotación ilícita de yacimientos, lo que representó una afectación económica cercana a los 365 millones de pesos para las estructuras ilegales.La Policía advirtió que la minería ilegal sigue provocando graves daños ambientales en el Chocó, como la deforestación, la remoción de la capa vegetal y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de sustancias tóxicas, afectando de manera directa la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades. Las operaciones continuarán en zonas rurales del departamento, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.
La Corte Suprema de Justicia dio la primera luz verde a que empresas puedan implementar una licencia laboral por luto por mascotas tras un fallo en la Sala Laboral, allí, se avaló un pacto entre un sindicanto y una empresa que no se avala un día para los empleados por su mascota."Son un aporte emocional, un apoyo. Son una forma de distracción y compañía. Es entendible que la perdida produzca una situación emocional a la familia", explicó Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A esto y, en diálogo con Noticias Caracol, el psicólogo Álvaro Franco aseguró que no se puede minimizar el dolor porque sea un animal si el vínculo es igual de fuerte al que se podría tener con cualquier persona. ¿Cómo funcionaría la licencia laboral por luto por mascotas?De acuerdo con la Corte Suprema, es necesario que los dueños inscriban a sus mascotas y sean domesticas para poder apelar un día de licencia laboral por luto.Si bien no existe una norma que permita tomar una licencia remunerada o justificar calamidad doméstica por esta razón, de acuerdo con la abogada Nur Amira Vivas, no hay una modificación en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que excluya a las mascotas en estos casos.Por otro lado, en la Cámara de Representantes, Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, presentó una proyecto para que esto se vuelva ley, según ella, por vínculo y cercanía la cual sería de un día.“La licencia le será reconocida al trabajador, siempre y cuando este demuestre el hecho mediante prueba que corrobore la muerte del animal de compañía doméstico a través de un veterinario certificado y que la mascota debe haber estado como mínimo 6 meses con su dueño. El empleador establecerá las condiciones de esta licencia en el Reglamento Interno del Trabajo, que, en todo caso, no podrá ser reconocida más de una (1) vez por año o vigencia fiscal”, explicó.
A través del decreto 0019 de 2025, el Ministerio del Interior planteó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para “garantizar la ejecución efectiva de sus funciones misionales, fortalecer su presencia territorial y cumplir los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo y en las políticas públicas vigentes”.Este documento crea y reorganiza dependencias estratégicas como las oficinas de Ciberseguridad, Tecnologías de la Información y Relacionamiento con la Ciudadanía y ajusta las funciones de las áreas misionales de prevención, evaluación del riesgo y protección.Por su parte, el Decreto 0020 establece una ampliación de la planta de personal de la UNP, con la creación de 6.870 cargos en la planta permanente, muchos de ellos destinados a oficiales y agentes de protección, así como a perfiles técnicos y profesionales, incorporando parte de la planta temporal vigente hasta 2025. La medida busca, según el Gobierno, formalizar el empleo público, fortalecer la capacidad operativa y garantizar la prestación efectiva del servicio de protección en todo el país.Lo que no es claro es con qué recursos la Unidad Nacional de Protección (UNP) va a lograr la apertura de estas oficinas y si la planta es suficiente para cobijar con esquemas a los más de 50 candidatos a la Presidencia, más los aspirantes al Congreso que lo soliciten por amenazas o riesgos a su seguridad. Cabe mencionar que en este momento hay 2.066 candidaturas a la Cámara y 1.078 al Senado.
Hasta el barrio La Esperanza del municipio de Teruel, Huila, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y, en coordinación con el Ejército y la Policía, hallaron en el interior de una vivienda 65 kilos de marihuana que harían parte de las rentas ilícitas del Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.Según las autoridades, el inmueble donde se cumplió la diligencia de allanamiento, al parecer, operaba como centro de acopio de este estupefaciente, donde dosificaban el alucinógeno para luego distribuirlo y comercializarlo a bandas de microtráfico en varios municipios del Huila.“Hemos logrado un importante resultado contra el narcotráfico y el microtráfico, donde se afecta al Bloque Isaías Pardo, organización armada que concentraba en una vivienda economías ilegales. Con el CTI y la Policía realizamos el allanamiento mediante orden judicial, donde se incautaron 65 kilos de marihuana. El propósito de esta marihuana era ser distribuida en el norte del departamento”, dijo el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Por su parte, el teniente coronel Óscar Cárdenas Peña, comandante encargado de la Policía Huila, indicó que el estupefaciente incautado habría sido adquirido en el departamento del Cauca con fines de comercialización en el Huila, lo que representa cerca de 65.000 dosis que dejan de circular en el mercado ilegal.El operativo dejó además la captura de un hombre, encargado presuntamente de almacenar la marihuana, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía para que responda por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.Cabe anotar que, la semana anterior, en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Palermo, fue aprehendido por el Ejército un menor de edad que transportaba 18 kilos de marihuana en una maleta, avaluados en 15 millones de pesos.
La Contraloría acaba de enviarle un documento de siete páginas a la Canciller Rosa Villavicencio en el que ratifica las preocupaciones del ente de control ante el riesgo de que los colombianos nos quedemos sin el servicio de expedición de pasaportes a partir del próximo primero de abril.Blu Radio tiene en su poder la carta enviada por el Contralor Delegado para la Gestión Pública Luis Enrique Abadía García, en la que explica por qué su despacho identificó que sí hay retrasos frente al cronograma inicial, entrega una explicación detallada de las demoras frente a las fechas previstas en principio y dedica un aparte a lo que califica “riesgos relevantes que no han sido atendidos”.Sobre el primer punto, dice el contralor Abadía que “ha identificado y sustentado riesgos concretos, verificables y en curso que podrían materializarse en afectaciones al patrimonio público y/o a la continuidad del servicio”.Luego, publica tres cuadros suministrados por la Cancillería titulados “cronograma de actividades”, en los que queda demostrado cómo mediante prórrogas se han modificado las fechas de cumplimiento de cada ítem, lo cual, según la Contraloría, “si bien la actualización del cronograma mediante prórrogas permite afirmar formalmente su cumplimiento, ello no implica la superación de los atrasos ni elimina el riesgo de incumplimiento de los términos establecidos inicialmente”.En el tercer punto, la Contraloría hace una serie de advertencias de riesgos adicionales frente al nuevo modelo de pasaportes, entre ellas el riesgo de incremento de costos operativos y afectación de fuentes de financiación, sumado al riesgo cambiario que pueden afectar la sostenibilidad de este nuevo esquema.“Se constató que el esquema prevé obligaciones con pagos en euros y que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que se evidencie un estudio robusto de cobertura o mitigación”, señala el documento.Agrega que “la transición desde un esquema a demanda hacia uno con cantidad mínima anual predefinida genera obligaciones financieras y logísticas nuevas, sin que exista claridad suficiente sobre garantías de suministro cuando se requieran cantidades adicionales”.Además evidencia el riesgo de cobros adicionales por intereses por pagos extemporáneos, algo que no tiene el actual modelo.Adicionalmente, advierte “el riesgo de activación de una garantía a un primer requerimiento por un valor de 6.375.000 euros que podría convertirse en una afectación económica adicional para el Estado”, dependiendo del cumplimiento contractual, “el cual es latente frente a las situaciones de demandas vigentes, así como los retrasos que se vienen evidenciando”.
Una mujer de origen estadounidense fue inadmitida por Migración Colombia tras recibir una alerta por presuntos casos de pedofilia, cuando intentaba ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Rionegro, Antioquia.A través de su cuenta de X, la entidad confirmó que se trataba de una ciudadana estadounidense; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad.“Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad en un comunicado.El cotejo de información se realizó gracias al programa Angel Watch, una iniciativa de alerta preventiva internacional creada por el gobierno de Estados Unidos para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a posibles riesgos de abuso sexual.Este programa permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para menores de edad, sin que ello implique necesariamente la existencia de una condena judicial.La iniciativa fue creada en 2007 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y, en conjunto con el sistema de cooperación internacional MIGRAR, permite verificar ingresos y alertas internacionales para evitar el ingreso de personas consideradas de alto riesgo para los menores en Colombia.El segundo caso en Antioquia en menos de un díaEste es el segundo caso registrado en menos de 24 horas de una persona estadounidense que intenta ingresar al país por el aeropuerto de Rionegro con reportes internacionales relacionados con abuso de menores.El otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense que también intentó ingresar al país por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Durante el proceso de verificación, se constató que el hombre tenía reportes en Estados Unidos por casos relacionados con agresión sexual a menores de edad.Tras el cotejo de la información, las autoridades de Migración Colombia adoptaron las medidas correspondientes para llevar a cabo el proceso de inadmisión, al considerar que el individuo representaba un riesgo para los menores de edad en el país.
Colombia recibió una alerta por una tormenta geomagnética severa, un fenómeno poco frecuente asociado a una intensa actividad solar y que podría generar afectaciones temporales en las comunicaciones, el servicio de internet y los sistemas de navegación satelital.Así lo informó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tras detectar alteraciones significativas en el campo magnético terrestre, actividades inusuales que también reportó el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional (SWPC, por sus siglas en inglés) desde el lunes 19 de enero.De acuerdo con el comunicado del IGAC, el evento ha sido clasificado como una tormenta geomagnética de nivel G4, una de las más intensas dentro de la escala internacional que mide este tipo de fenómenos.En Colombia, el monitoreo se está realizando desde el Observatorio Geomagnético Nacional Isla Santuario de Fúquene, que desde la tarde del lunes, a partir de la 1:00 p. m., comenzó a registrar variaciones anómalas en el campo magnético de la Tierra.Este tipo de alteraciones puede afectar tecnologías que dependen de señales satelitales y de sistemas electrónicos sensibles. Por esa razón, el IGAC advirtió que podrían presentarse intermitencias en las comunicaciones móviles, fallas temporales en el servicio de internet, errores en la navegación por GPS y dificultades en la identificación de coordenadas en tiempo real.En su alerta, el Instituto hizo un llamado especial a extremar precauciones en la operación de aeronaves no tripuladas, como drones, así como en actividades aéreas, marítimas y terrestres que dependen de sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Aunque no se trata de un apagón tecnológico generalizado, sí existe la posibilidad de fallas puntuales y temporales mientras el fenómeno se mantiene activo.Por su parte, el SWPC informó que la tormenta de radiación solar fue clasificada en un nivel cuatro sobre cinco en la escala de gravedad y la calificó como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.En los últimos dos días, este fenómeno también ha provocado intensas auroras en distintas regiones del planeta y problemas de GPS para aeronaves, lo que refuerza la advertencia sobre posibles afectaciones en los sistemas de navegación y comunicación.