El aumento del salario mínimo en un 23,7 % sigue sacudiendo el debate económico y político del país. Esta vez, la crítica llegó desde uno de los exministros de Hacienda con mayor trayectoria reciente: Mauricio Cárdenas, hoy candidato presidencial, quien en entrevista con Blu Radio este 30 de diciembre de 2025 cuestionó con dureza la decisión del Gobierno.Desde el inicio, Cárdenas marcó distancia con el enfoque oficial y aseguró que el decreto no responde a criterios técnicos. “Esto no es economía. Aquí no hay economía. Esto es totalmente político”, afirmó, al advertir que el impacto real se sentirá en los próximos meses, cuando empiecen a verse despidos, mayor informalidad y presiones inflacionarias.Aumento del salario mínimo: efectos sobre el empleoPara el exministro, el incremento genera una sensación pasajera de bienestar, pero no es sostenible. “El remedio resulta peor que la enfermedad”, dijo, al explicar que una economía con bajo crecimiento, poca inversión y sin mejoras en productividad no puede sostener un salario mínimo tan alto.Cárdenas relató recorridos recientes por municipios del país donde, según dijo, la realidad ya contradice el discurso oficial. “La inmensa mayoría de las personas dicen que están ganando menos del salario mínimo porque los empleadores no les pagan el salario mínimo”, señaló. Con el nuevo aumento, advirtió, esa práctica se extenderá aún más.“Petro quiere la foto de hoy”, advierte CárdenasUno de los momentos más punzantes de la entrevista llegó cuando Cárdenas cuestionó la motivación del presidente Gustavo Petro. “Petro quiere esa foto de hoy porque le genera una sensación efímera de bienestar”, afirmó, insistiendo en que el costo real quedará para el próximo gobierno.Según explicó, los microempresarios y dueños de pequeños negocios serán los primeros en sentir el golpe. “El dueño de la pyme va a hacer sus números y va a decir: ahora tengo que despedir gente”, aseguró, anticipando una reducción de empleos formales a partir del primer trimestre de 2026.Cárdenas criticó el respeto a la ley por ajuste del salario mínimoCárdenas también cuestionó el respeto a la ley que regula el ajuste del salario mínimo. “La ley dice inflación más productividad, eso daba cerca del 7 %, y Petro sale con 23 %”, afirmó, señalando que el decreto se aparta de los parámetros legales.Advirtió, además, un efecto en cascada sobre las finanzas públicas: salarios del sector público, congresistas, rama judicial y Fuerza Pública. “Esto es una escalera y una cascada”, explicó, alertando sobre un hueco fiscal adicional de varios billones de pesos en un Estado que ya declaró emergencia económica.En su cierre, Cárdenas fue contundente: “El próximo gobierno va a heredar un país lleno de bombas de tiempo”, y llamó a que el debate se dé con argumentos y pedagogía. Para él, el aumento del salario mínimo no es una solución estructural, sino una decisión política que, según dijo, “va a dejar más pobreza, más informalidad y más líos para Colombia”.
Uno de los alimentos más presentes en la mesa de los colombianos, sin importar la región o la hora del día, es el huevo. Frito, cocinado o revuelto, se ha convertido en un básico de la dieta nacional por su alto aporte de proteína, su versatilidad y su fácil preparación. Por eso, con el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, muchos hogares empiezan a preguntarse cuánto podría subir su precio en 2026.El incremento del salario mínimo fue fijado en 23 %, lo que deja el ingreso base en $1.750.905, frente a los $1.423.500 que rigieron en 2025. Aunque el ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, también abre el debate sobre el impacto que tendrá en productos esenciales de la canasta familiar, como el huevo y el pollo.¿Cuánto costaría el huevo en Colombia en 2026?Tras el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, y en medio de la controversia por el alto incremento, expertos del sector agropecuario comenzaron a proyectar posibles variaciones en los precios. Aunque el valor final depende del lugar de compra (tiendas de barrio o grandes superficies), hay factores estructurales que presionan al alza.Según explicó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, en entrevista con Blu Radio, los costos de producción juegan un papel clave. “Si usted mira el caso de la agricultura... el mayor porcentaje o la participación en los costos de producción es el alimento concentrado que se hace con materias primas tan importantes como el maíz amarillo, el frijol y la torta de soya”, señaló.A esto se suma el efecto indirecto del aumento salarial. Bedoya advirtió que el alza del mínimo podría acelerar ajustes en distintos eslabones de la cadena. “Y la gente seguramente va a empezar a subir precios y a subir precios”, afirmó.Actualmente, el precio de la cubeta por 30 de huevos AA en Colombia oscila entre los $13.990 y los $24.500. Con el nuevo escenario económico, para 2026, la canasta familiar aumenta de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Dane, en octubre de 2025, este estuvo en 5,91 %, por lo que los precios estarían entre $14.816 y $25.947.El pollo asado también subiría con el salario mínimoUn panorama similar se proyecta para otro de los alimentos más consumidos en el país: el pollo asado. Su precio varía según el barrio, la ciudad y si se compra solo o en combo con papa, arepa, plátano o gaseosa. Hoy, los valores rondan entre $20.900 y $52.900.Con el aumento del 23 %, los cálculos indican que el pollo asado podría costar en 2026 entre $25.707 y $65.067, aproximadamente. No obstante, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno hará seguimiento a los precios de la canasta familiar.“El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en un mensaje dirigido a tranquilizar a los consumidores.
El aumento del 23,7 % del salario mínimo, decretado por el Gobierno Nacional, sigue generando reacciones fuertes desde distintos sectores económicos. Una de las más críticas provino del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, quien en entrevista con Blu Radio, este 30 de diciembre de 2025, aseguró que la medida tendrá efectos negativos sobre el empleo formal y sobre millones de trabajadores que ya se encuentran por fuera del sistema laboral.Aunque el incremento beneficia de manera directa a quienes devengan un salario mínimo, Bedoya insistió en que el impacto real va mucho más allá del anuncio. Desde su perspectiva, el decreto no solo fue una decisión unilateral, sino que profundiza uno de los problemas estructurales del mercado laboral colombiano: la informalidad, que actualmente supera el 51 %.Aumento del salario mínimo afectaría a la informalidadUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la advertencia sobre los colombianos que ganan menos del salario mínimo. “Con este decreto el Gobierno nacional está dejando votados a más de 11 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo”, afirmó Bedoya, señalando que esta población queda por fuera de cualquier beneficio real derivado del aumento.El dirigente gremial respaldó su argumento con cifras oficiales. “Entre enero y octubre de 2024, 3,7 millones de colombianos ganaban el salario mínimo. Entre enero y octubre de 2025, 2,4 millones”. En contraste, el número de personas que reciben ingresos inferiores al mínimo pasó de 10,1 a 11,3 millones. Para Bedoya, este comportamiento evidencia que el empleo sí está creciendo, pero de manera precaria. “De esos 977.000 compatriotas que entraron al mercado laboral, 732.000 entraron a la informalidad laboral”, aseguró.Bedoya señala que la OIT dio recomendaciones, no órdenesOtro de los cuestionamientos estuvo dirigido al uso del concepto de salario mínimo vital como sustento del incremento. Bedoya recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió recomendaciones y no mandatos obligatorios. “Estos resultados deben equilibrarse con factores económicos como productividad, empleo y sostenibilidad de las empresas”, señaló, advirtiendo que esos elementos no habrían sido considerados en la decisión final.Según explicó, el Gobierno acogió el argumento promovido por las centrales obreras, pero dejó de lado la aplicación gradual, los ajustes regionales y los análisis técnicos que planteaba la OIT.Inflación, tasas de interés y precios: efectos colateralesEl presidente de la SAC también alertó sobre impactos que irían más allá del mercado laboral. “Las estimaciones son de 9 billones de pesos por el incremento del salario mínimo”, afirmó, advirtiendo presiones fiscales, riesgos inflacionarios y un posible freno en la reducción de las tasas de interés. “El que tenga tarjeta de crédito o crédito hipotecario se va a quedar viendo un chispero”, dijo.Para Bedoya, el riesgo es claro: “Se tomó una decisión populista en época electoral”, mientras, según insistió, “se está dejando tirado a más de 11,3 millones de colombianos”, una advertencia que pone el foco en el costo social que podría traer esta medida durante 2026.
El presidente Gustavo Petro responsabilizó públicamente a alias 'El Bendecido' del asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Tuluá, ocurrido el pasado 18 de diciembre en un atentado sicarial. El jefe de Estado relacionó el crimen con estructuras de contrabando que operan en el suroccidente del país y que, según afirmó, atraviesan ese municipio del Valle del Cauca.Durante una reciente alocución, el mandatario aseguró que el homicidio del funcionario estaría directamente vinculado con la cadena del contrabando. “Al señor Calao, que mataron en Tuluá, el director de la Dian de allá, lo mató, no fue ‘Pitufo’, fue ‘Bendecido’. Usted investigue y entregue a la Fiscalía”, afirmó Petro, al tiempo que describió una presunta ruta ilegal que inicia en el puerto de Buenaventura y se extiende por la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali, Tuluá, la zona cafetera y llega a grandes centros comerciales del país.El presidente sostuvo que Tuluá hace parte de ese corredor estratégico del contrabando y que esa condición habría puesto en riesgo la vida del funcionario. “Es una ruta del contrabando; por eso a ese señor en Tuluá lo mataron”, insistió el mandatario, al reiterar su llamado a las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones y esclarecer a los responsables del crimen.El asesinato de Calao González se registró en la mañana del 18 de diciembre, cuando el director de la Dian se dirigía a su lugar de trabajo en su vehículo particular. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el funcionario fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con denuncias previas sobre presuntas irregularidades y redes criminales vinculadas al contrabando.En su intervención, el presidente Petro también hizo referencia a otros procesos judiciales relacionados con el contrabando en Colombia. En particular, mencionó el caso de Diego Marín Buitrago, conocido como 'Papá Pitufo', a quien calificó como “el mayor contrabandista de la historia del país”. Según el mandatario, este hombre tendría múltiples vínculos con sectores políticos, miembros de la Policía y distintas instancias del Estado.Asimismo, el jefe de Estado cuestionó a la Fiscalía General de la Nación por no haber gestionado la solicitud de extradición de Gerly Sánchez Villamizar, alias 'Mono Gerley'. El mandatario reiteró que “es miembro de estas multinacionales del narcotráfico; está bajo órdenes de un protegido de los Estados Unidos”.Finalmente, el presidente agregó que alias 'Mono Gerley' tendría un pasado en la guerrilla del ELN y un papel relevante en actividades de lavado de activos.
Varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento público en el centro poblado de Regueros, del municipio de Pitalito, sur del Huila, protagonizaron una riña donde, además, se registró una balacera hecho que dejó una persona fallecida y dos más con heridas de consideración.De acuerdo con versiones de las autoridades, las tres personas lesionadas fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial de Pitalito, donde una de las víctimas del hecho de intolerancia por la ingesta del alcohol identificado como Héctor Yaté Rodríguez, falleció cuando era intervenido quirúrgicamente.“Recibimos una llamada sobre el ingreso de tres personas heridas con arma de fuego al hospital de Pitalito, donde lamentablemente uno de los lesionados identificado como Héctor Yaté, fallece en su intervención quirúrgica inmediata. Este hecho estaría relacionado con un hecho de intolerancia social agravado por la ingesta excesiva de bebidas embriagantes en esta temporada decembrina”, relató el capital Hernández.Entre tanto, funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde han recopilado videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás evidencias que les permita identificar y dar con la captura de los responsables.No obstante, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía que, durante la celebración de estas fiestas de fin de año, eviten confrontaciones o situaciones de intolerancia por la ingesta del alcohol, hechos que terminan en tragedia y que afectan la seguridad de muchas más personas.
El Gobierno de México inició este lunes las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido este domingo en Oaxaca (sur) y que dejó al menos 13 muertos, entre ellos una menor de edad, mientras continúan las labores para localizar a una persona que permanece desaparecida.Durante la conferencia de prensa presidencial, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, detalló que la Agencia de Transporte Ferroviario hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal.“Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico conocido por su marca como Pulset”, explicó, al detallar que funciona como una “caja negra ferroviaria”.Asimismo, confirmó que 13 personas perdieron la vida en el accidente que ocurrió a las 09:28 hora local (15:28 GMT) sobre la línea Z del tren “Istmeño”, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el sureño estado de Oaxaca.“Se descarriló una de las locomotoras del tren Interoceánico lo que conllevó a que los cuatro vagones salieran de las vías”, explicó.Detalló, asimismo, que el primer vagón se deslizó sobre el talud a 6,5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves. A bordo, precisó, viajaban unas 250 personas.De acuerdo con el almirante, nueve personas fueron atendidas en sitio, 109 atendidas en hospital, de los cuales 44 se mantienen hospitalizadas y confirmó el fallecimiento de 13 personas.“De esas 13 personas hemos localizado 12 y una continúa en labores de rescate”, aseveró.Morales Ángeles indicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y que participaron la Secretaría de Marina, la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste.Asimismo, señaló que antes del accidente se realizó la inspección habitual de la vía con un vehículo explorador.“En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren”, afirmó.Heridos hospitalizados pero sin riesgo de muertePor su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que no hay pacientes en riesgo de muerte.“No hay en este momento ningún paciente que tenga riesgo de vida”, dijo, y detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas en Salina Cruz, algunas con fracturas que serán intervenidas quirúrgicamente.En el mismo sentido, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que “la atención está garantizada” y que todos los pacientes cuentan con seguimiento médico permanente.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió su pésame a las familias de los fallecidos y anunció tres acciones prioritarias para atender la emergencia.“Número uno la atención a las víctimas y a sus familiares”, en segundo lugar “esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió” y, tercero, “garantizar la seguridad del tren interoceánico”. Añadió que se mantendrá informando conforme avancen las investigaciones.Finalmente, anunció que más tarde se trasladará a Oaxaca para hablar con las familias de las víctima.
La tranquilidad de San Vicente del Caguán, Caquetá, se vio alterada en mayo de 2025 tras una serie de desapariciones de mototaxistas que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades. El primer caso se registró el 7 de mayo, con la desaparición de Jaime Fierro Clavijo. Dos días después, el 9 de mayo, se reportó la ausencia de Juan Antonio Arenas, y el 11 de mayo ocurrió un tercer caso, el de John Freddy Morales.Las investigaciones permitieron establecer un patrón. El presunto responsable, Joiner Alquiver Cabrera Mota, solicitaba servicios de transporte para ser llevado hasta su vivienda. Una vez allí, intimidaba a los conductores con armas, los amarraba y posteriormente los asesinaba para despojarlos de sus pertenencias.El 12 de mayo, Cabrera Mota fue capturado y durante la inspección a su residencia, las autoridades hallaron dos cuerpos sin vida, uno de ellos oculto en una caneca. Posteriormente, tras la confesión del detenido, fue localizado un tercer cadáver en zona rural del municipio.En una conversación con Séptimo Día de Caracol Televisión, Linivet Fierro, hija de una de las víctimas, recordó que el día de la desaparición puso una denuncia, pero tras días, nadie sabía nada de Jaime. Simultaneamente, Fanny Morales Narváez estaba denunciando la desaparición de su esposo, otra de las víctimas: "Sobre las 4 de la mañana yo le escribí "Hola ¿cómo estás?" Y me dice "Hola ¿cómo va la familia?" Y yo dije pues raro porque si yo soy la familia de él por qué me responde así".En julio de 2025, un juez le impuso medida de aseguramiento por los delitos de homicidio y secuestro. Sin embargo, un error administrativo y de comunicación entre el juzgado y el Inpec provocó que Mota quedara en libertad el 12 de agosto, mediante la expedición de una boleta de salida por el delito menor.Tres días después, el 15 de agosto, el hombre volvió a atacar. La víctima fue el mototaxista Alfredo Felantana, quien logró sobrevivir pese a la gravedad de las heridas. José Hernández, sobrino de Alfredo, dijo que: "Es un error donde estamos hablando de vidas humanas, es algo demasiado grave diría yo".Tras una intensa búsqueda, Cabrera Mota fue recapturado el 20 de agosto en Villavicencio, cuando se movilizaba en una motocicleta reportada como robada.En una entrevista realizada por Séptimo Día de Caracol Televisión, el presunto asesino confesó que: “Le pedí una carrera para que me llevara hasta mi casa. Cuando ya estábamos adentro, lo encañoné con un arma traumática. Luego procedí a amarrarlo de pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada”.Mientras avanzaba en su relato, la entrevista tuvo que detenerse, pues el sujeto empezó a reírse al recordar los motivos de los crímenes.
WhatsApp comenzará el año 2026 con una nueva actualización de sus requisitos técnicos, lo que implicará el fin de la compatibilidad para varios modelos de teléfonos móviles. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, dejará de operar en dispositivos cuyos sistemas operativos ya no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y funcionamiento.Según explicó la compañía, esta decisión responde a un proceso permanente de revisión tecnológica. El objetivo es identificar equipos que han quedado obsoletos y que ya no reciben actualizaciones oficiales ni parches de seguridad, una condición indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma y la protección de los datos de los usuarios.“Cada año analizamos cuáles son los dispositivos y sistemas más antiguos y con menor número de usuarios. Muchos de ellos no cuentan con las actualizaciones de seguridad más recientes ni con la funcionalidad necesaria para ejecutar WhatsApp”, señaló la empresa en un comunicado.Aunque este tipo de depuración no se realiza únicamente una vez al año, Meta confirmó que, a partir de 2026, solo podrán seguir usando la aplicación los celulares que cuenten con Android 5.0 o versiones superiores, así como los iPhone con iOS 15.1 o posterior. Los dispositivos que estén por debajo de estos sistemas operativos perderán progresivamente el acceso a WhatsApp: algunos podrán mantener los chats con funciones limitadas, mientras que otros quedarán completamente inhabilitados.Celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026De acuerdo con la información divulgada, los modelos que ya no podrán usar la aplicación desde el 1 de enero de 2026 son:iPhone 5iPhone 5ciPhone 5siPhone 6iPhone 6 PlusGalaxy S3Galaxy S4 MiniGalaxy S5Galaxy Note 2Galaxy CoreGalaxy TrendGalaxy J2Optimus L3Optimus L5Optimus L7Optimus F5Optimus L3 II DualOptimus L5 IIMoto G (primera generación)Moto E (primera generación)Xperia Z2Xperia Z3Ascend MateAscend G740Ascend D2Para saber si un celular está en riesgo, los usuarios pueden verificar la versión del sistema operativo ingresando al menú de Ajustes o Configuración del dispositivo. Anticiparse a este cambio permitirá realizar copias de seguridad y evitar la pérdida de información o la interrupción del servicio de mensajería.
La inteligencia artificial continúa ganando espacio dentro de la industria automotriz, especialmente en el desarrollo de sistemas que interactúan de forma directa con conductores y pasajeros. En eventos internacionales como el CES, las empresas del sector presentan avances que buscan integrar la tecnología al entorno del vehículo, con énfasis en la experiencia a bordo y la gestión de la información durante los trayectos.En esa línea, LG Electronics anunció que en el CES 2026 presentará una muestra inmersiva centrada en su visión de movilidad futura, basada en el concepto de Affectionate Intelligence. Según la compañía, estas soluciones apuntan a transformar la cabina del vehículo mediante el uso de inteligencia artificial integrada.¿Cómo la IA puede mejorar la conducción?De acuerdo con LG, las tecnologías que serán exhibidas se agrupan bajo una arquitectura denominada AI-Defined Vehicle, que combina sistemas de visualización, sensores en cabina e IA integrada directamente en el vehículo. Este conjunto de desarrollos fue reconocido con el premio CES 2026 Best of Innovation en la categoría de Entretenimiento a Bordo, siendo la primera vez que la compañía obtiene este galardón.A partir de esta base, la empresa estructuró tres soluciones que ilustran cómo la IA podría incorporarse a la conducción y a la experiencia de viaje en los próximos años:Parabrisas inteligente con información contextualUna de las innovaciones presentadas por LG se enfoca en convertir el parabrisas en una interfaz activa de información. La solución utiliza un panel OLED transparente que permite superponer datos relevantes sin bloquear la visión del conductor.Según la compañía, la IA analiza el entorno y determina qué información es prioritaria en cada momento. Entre sus funciones se encuentran:Visualización de datos esenciales al aproximarse a señales de tránsito.Presentación de información contextual sin saturar la vista del conductor.Generación de escenas visuales en modo de conducción autónoma, basadas en el entorno que rodea al vehículo.LG explicó que este enfoque busca que la información aparezca solo cuando es necesaria y desaparezca cuando deja de ser relevante.Visión automovilística para monitoreo en cabinaOtra de las soluciones está orientada a la detección avanzada dentro del vehículo. A través de su Automotive Vision System, LG integra sensores y algoritmos de IA capaces de interpretar el comportamiento de los ocupantes en tiempo real.De acuerdo con la información entregada por la empresa, el sistema puede:Rastrear la dirección de la mirada y el nivel de atención del conductor.Detectar gestos, movimientos corporales y posición de los ocupantes.Identificar elementos contextuales como el color de la ropa.Activar información adicional en pantallas internas a partir del interés visual del pasajero.En escenarios de conducción autónoma, la IA puede reconocer hacia dónde mira el pasajero delantero y mostrar información relacionada con objetos o anuncios visibles desde el vehículo.Entretenimiento a bordo basado en IA y contextoLa tercera innovación presentada por LG se centra en el entretenimiento y la comunicación dentro del vehículo. Esta solución utiliza IA para adaptar los contenidos al entorno, al historial y a las preferencias de los pasajeros.Según LG, esta tecnología permite:Mostrar imágenes vinculadas a recuerdos previos asociados a una ubicación específica.Recomendar contenidos personalizados durante viajes largos.Facilitar videollamadas en tiempo real desde el vehículo.Traducir gestos del lenguaje de señas en texto para mejorar la comunicación bidireccional.La compañía señaló que el sistema reconoce el paisaje exterior y ajusta la experiencia de entretenimiento de acuerdo con el contexto del recorrido.Sobre el estado de desarrollo de estas soluciones, Eun Seok-hyun, presidenta de LG Vehicle Solution Company, afirmó que varias de estas tecnologías ya se encuentran en producción con fabricantes globales.“Estamos haciendo realidad nuestra visión de movilidad futura integrando IA en nuestras soluciones, muchas de las cuales, incluido el monitoreo en cabina, ya están en producción con fabricantes globales”, indicó la directiva. Añadió que la empresa busca acelerar la llegada de estos desarrollos al mercado en los próximos años, en el marco de la evolución hacia vehículos impulsados por inteligencia artificial.
El Gobierno nacional anunció la prórroga de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), creadas originalmente mediante la Resolución Ejecutiva 161 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro el 23 de mayo. Estas zonas fueron concebidas como espacios transitorios de concentración y diálogo con el Frente 33 de las disidencias de las Farc-Ep, en el marco de la política de paz total.Según el documento, la primera ZUT se estableció en la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en pleno Catatumbo, con una vigencia inicial de siete meses y un plazo de 45 días para el traslado de los miembros acreditados. La resolución incluyó la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los integrantes reconocidos oficialmente como parte del proceso, con el fin de facilitar su participación en los mecanismos de negociación y verificación.La ampliación anunciada por el Ejecutivo busca replicar el modelo en otras regiones donde las disidencias mantienen presencia activa y extender la vigencia de las zonas actuales mientras se evalúan los avances de los diálogos. Sin embargo, el Gobierno no ha ofrecido información clara sobre el número de integrantes concentrados, los mecanismos de control ni las garantías de seguridad para las comunidades que habitan cerca de las áreas delimitadas.El anuncio ocurre en un contexto especialmente delicado. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre el Frente 33 y el ELN se han intensificado en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, dejando nuevos desplazamientos masivos y una creciente crisis humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha advertido que miles de personas se encuentran en riesgo por el fuego cruzado y la ausencia de una respuesta institucional efectiva.Mientras el Gobierno insiste en que las ZUT son una herramienta de transición hacia la paz y el desarme, en el terreno predomina la incertidumbre. Las comunidades del Catatumbo reclaman transparencia y resultados tangibles, mientras la violencia, los confinamientos y el desplazamiento forzado siguen marcando el día a día de una región que continúa esperando que la paz deje de ser solo una promesa.
Con el aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro con un incremento del 23 %, el ingreso mensual quedó fijado en $1.750.905. Al sumarse el auxilio de transporte, el total para quienes tienen derecho a este beneficio asciende a $2.000.000. Este anuncio, aunque esperado, abrió de inmediato una inquietud recurrente entre los colombianos: qué bienes y servicios subirán de precio el próximo año.Durante varios años, buena parte de los costos cotidianos estuvieron atados directamente al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Sin embargo, en la actualidad, varios servicios clave dejaron de depender de este indicador y ahora se ajustan con base en otros mecanismos, principalmente la inflación. Esto significa que el aumento salarial no se traduce, de forma automática, en un alza generalizada de todos los gastos.Servicios que no subirán con el salario mínimo en 2026De acuerdo con la información oficial, algunos de los gastos más frecuentes de los hogares ya no están conectados al salario mínimo. Un caso claro es el de los arriendos de vivienda. Por ley, los cánones solo pueden incrementarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que busca evitar aumentos desproporcionados y dar mayor estabilidad a los arrendatarios.Algo similar ocurre con los peajes en vías nacionales y concesionadas. Estos valores se ajustan según la inflación o lo establecido en los contratos de concesión, sin una relación directa con el SMLMV. Por esta razón, el alza del salario mínimo no impactará de manera inmediata los costos de viajar por carretera.Multas, servicios públicos y educación no dependen del SMLMVOtro punto que suele generar preocupación son las sanciones de tránsito. Aunque afectan el bolsillo de millones de conductores, estas multas se calculan en Unidades de Valor Básico (UVB), que se actualizan con base en la inflación y no en el salario mínimo.En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, como agua, energía, gas y aseo, las tarifas se determinan mediante esquemas técnicos. Estos tienen en cuenta costos de operación, regulación sectorial e inflación. Si bien pueden presentar incrementos, no lo hacen de manera automática por el aumento del SMLMV.La educación privada también se rige por criterios distintos. Matrículas y pensiones se fijan con base en presupuestos internos y ajustes inflacionarios. Aunque cada institución define sus incrementos, estos deben mantenerse dentro de los límites legales y no dependen directamente del salario mínimo.Qué sí podría subir tras el aumento del salario mínimoAunque muchos servicios no están atados al SMLMV, el impacto del aumento salarial puede sentirse de forma indirecta. Sectores intensivos en mano de obra, como la vigilancia y el aseo en conjuntos residenciales, podrían ajustar sus tarifas si los mayores costos laborales se trasladan a los usuarios.De igual forma, algunos servicios privados, como consultas médicas particulares o trabajos profesionales independientes, podrían encarecerse por ajustes generales de costos, aun cuando no exista una obligación legal de ligarlos al salario mínimo.
Desde la Escuela José Maria Córdova, el presidente Gustavo Petro se refirió al balance de las Fuerzas Militares durante este año. El mandatario aseguró que la guerra se ha modificado y ahora los ataques vienen desde herramientas tecnológicas como el uso de drones, reconoció que la fuerza pública no ha tenido la capacidad para responder.“Ahora ha cambiado la guerra, es una guerra de drones y antidrones. Llevo tres años pidiendo antidrones. Un muerto y diez heridos de la Armada, 36 de la Policía, aquí ajustando, casi 300 heridos y 58 muertos por fuego de drones. Aquí estamos ante la ventaja que tenía el Ejército y las fuerzas militares, que era aérea, ahora es al revés, la tiene el narcotráfico que puede comprar eso en efectivo y por miles y nuestro aparato administrativo no lo hace”, dijo.En respuesta el general Hugo López, comandante de las FFMM, aseguró que este año se destinaron 800.000 millones para adquirir antidrones. “Tenemos más o menos 1.500 equipos por todo el territorio nacional. De acuerdo a la instrucción del presidente, asignó 800.000 al Ejército para este año para que cada pelotón y unidad táctica tenga la capacidad de protegerse. Para el año 2026 hay asignado 1 billón para fortalecer la inteligencia, dron y antidrones”.Cabe mencionar que las finanzas del sector de Defensa se verá afectadas por el aumento del salario mínimo pues el Gobierno prometió pagar este monto a uniformados por lo que los cálculos con los que se hizo el presupuesto para el 2026 no son correctos. El presidente Gustavo Petro pidió una reunión de los ministros de Hacienda y Defensa para evaluar modificaciones y mencionó que utilizaría la emergencia económica para hacer los ajuste
El aumento del salario mínimo para 2026 fue celebrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Su presidente, Fabio Arias, aseguró que la organización sindical está “de fiesta” tras la decisión del Gobierno Nacional, al considerar que se trata de un hecho histórico que responde a una demanda sostenida de la clase trabajadora en Colombia.En declaraciones a Recap de Blu Radio, Arias afirmó que el incremento marca un punto de quiebre frente a gobiernos anteriores. “Para nosotros es estar de fiesta: recibir muy positivamente que un Gobierno, por primera vez de manera importante, reciba el clamor de la clase trabajadora”, señaló el dirigente sindical, quien recordó que en el pasado las decisiones se alineaban, principalmente, con las posiciones de los sectores empresariales.El presidente de la CUT insistió en que el actual Ejecutivo ha mostrado voluntad política para mejorar los ingresos laborales. “Está bien que un Gobierno esté respaldando acciones para mejorar los ingresos de los trabajadores, que es a los que está favoreciendo”, afirmó, al destacar que el salario mínimo impacta directamente a millones de hogares en el país.Durante la concertación, Arias resaltó el peso de los datos técnicos presentados por el DANE. Según explicó, los gremios no lograron controvertir las cifras oficiales. “En la concertación el DANE llevó cifras y los gremios no pudieron refutarlas, porque dato mata relato”, aseguró, defendiendo el sustento técnico del incremento aprobado.El dirigente sindical también enfatizó en el efecto económico del aumento del salario mínimo para 2026. “El comercio, al tener trabajadores con más ingresos, hace que demanden más bienes y servicios”, explicó, al señalar que esto se traduce en un crecimiento del consumo interno de los hogares. En esa línea, reiteró: “Creemos que con este incremento los trabajadores van a tener más dinero y vamos a consumir mucho más”.Arias subrayó que el fortalecimiento del consumo contradice los argumentos que advierten impactos negativos sobre la economía. “Incrementando los salarios se incrementa la capacidad de consumo de los hogares”, insistió, reiterando que los datos respaldan esta afirmación.Finalmente, el presidente de la CUT planteó el aumento del salario mínimo como un paso hacia una mayor equidad. “El empresario se ha venido quedando con la mayor parte de la producción; es benéfico que nos den un poquito más a los trabajadores”, dijo, al recordar que “Colombia es uno de los países más desiguales del planeta”. Para el sindicalismo, este ajuste empieza a marcar un camino para reducir brechas sociales y avanzar hacia una distribución más justa del ingreso.
Finalmente, se confirmó el aumento del salario mínimo para el 2026 por parte del Gobierno nacional. El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro confirmando un incremento del 23 %, es decir, un monto de 1.750.905 pesos y de $2.000.000 con subsidio de transporte.No obstante, algunos sectores han expresado cierta preocupación en torno a este anuncio por parte del Gobierno; por ejemplo, según la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, en diálogo con Recap de Blu Radio, esto también afecta el crecimiento empresarial al aumentar el costo y lo difícil que puede llegar a ser mantener algunas nóminas."Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que de manera urgente, además, que se adopten políticas complementarias que mitiguen el impacto del incremento salarial sobre las MiPymes, que promuevan la productividad y que eviten efectos adversos sobre el empleo formal. Esto, yo pienso que aquí tienen que haber unas líneas de crédito especiales para las MiPymes, entre otras cosas, tiene que haber unas políticas complementarias, como por ejemplo, tarifas diferenciales de renta. La otra cosa es alivios tributarios. Pueden suceder, lo que pasa es que no vemos la voluntad de este Gobierno para hacerlo", indicó.Al igual que dijo el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, que pone en riesgo la economía de miles familias colombianas para el 2026 y el impacto sobre el consumo de la canasta familiar."En nuestro caso, resulta complejo poner este tema sobre la mesa, teniendo en cuenta que la Sociedad de Agricultores de Colombia agrupa a 21 sectores productivos. Además, es importante recordar que la tasa de informalidad laboral en el campo supera el 83 %. Por esta razón, cualquier medida que termine alejando a las personas de la formalidad laboral no solo afecta al sector, sino que perjudica directamente a los trabajadores. Por otro lado, también es necesario analizar lo que ocurre con los sectores que dependen del mercado internacional", dijo.Por otro lado, sectores políticos se han pronunciado en torno a este anuncio. Por ejemplo, cercanos al presidente como el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebraron la noticia al asegurar que "la gente podrá comer" gracias a esta decisión del Gobierno. Mismo apoyo que manifestó Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, al decir que es un desarrollo para las familias colombianas."Salario mínimo en 2 millones de pesos porque la canasta familiar vale 3.2 millones de pesos. Luego es un salario mínimo vital para que la gente pueda comer. Felicitaciones a la clase trabajadora y obrera de este país. @petrogustavo es un berraco! #SalarioVitalDigno", dijo el ministro del Interior.Sin embargo, otros mostraron preocupación, como la Andi que ve como un riesgo este incremento en el futuro del empleo en Colombia y la sostenibilidad de las empresas. "Se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas. La inflación, sin duda, es una de las variables que más afecta a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad", expresaron.
Luego de varias semanas de especulación, en las que las centrales obreras y las agremiaciones empresariales no lograron un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2026, este lunes 29 de diciembre el Gobierno de Gustavo Petro confirmó que el alza será del 23 %. La decisión se tomó por decreto y fija el salario mínimo en $1,750,905 a partir del 1 de enero.Por su parte, el auxilio de transporte quedó establecido en $249.095, para un total de $2.000.000. Cabe recordar que este subsidio, por ley, se entrega a los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos.El anuncio se dio durante una alocución presidencial a las 7:00 de la noche, en la que el presidente Petro confirmó el porcentaje definitivo, luego de que a comienzos de mes se hablara de un incremento del 12 % y, posteriormente, de una cifra cercana al 19 %. Con esta decisión, se pone fin a la incertidumbre que marcó la recta final de las negociaciones.Ahora, los trabajadores que dependen directamente del salario mínimo, que representan poco más del 10 % de la población ocupada del país, podrán ajustar sus cuentas de cara al próximo año. No obstante, el aumento también traerá consigo incrementos en bienes y servicios que suelen ajustarse desde el primero de enero.Del lado empresarial, las compañías deberán recalcular sus presupuestos para asumir el aumento en nóminas, así como los mayores costos asociados a seguridad social, primas, vacaciones y cesantías, que se liquidan con base en el salario mínimo.Aumento del salario mínimo amplía beneficiados con auxilio de transporteCon el nuevo salario mínimo, algunos trabajadores que antes no recibían el auxilio de transporte ahora sí podrán acceder a este beneficio. Esto aplica para quienes en 2025 ganaban más de dos salarios mínimos, pero que con el nuevo ajuste quedan por debajo del nuevo tope.Por ejemplo, una persona que actualmente percibe $2.847.000 mensuales empezará a recibir el auxilio de transporte desde enero de 2026.¿Por qué el salario mínimo subió 23 % en 2026?Según explicó el Gobierno Nacional, el incremento del 23 % responde a la intención de avanzar hacia el llamado Salario Mínimo Vital, un concepto que se incluyó por primera vez de manera formal en la discusión salarial. La medida busca reducir la brecha entre los ingresos reales de los trabajadores y el salario que permitiría cubrir las necesidades básicas.De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario debe ser suficiente para garantizar condiciones mínimas de bienestar a los trabajadores y sus familias. Bajo ese cálculo, el Gobierno señaló que el salario mínimo debería ubicarse en $1.826.190 sin auxilio de transporte.Sin embargo, la administración aclaró que alcanzar ese nivel debe hacerse de forma progresiva y no mediante un solo ajuste anual, razón por la cual el aumento del 23 % se plantea como un primer paso en esa dirección.
En un nuevo cuestionamiento a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el presidente Gustavo Petro habló de una supuesta inacción de la entidad para pedir la extradición de alias el 'Mono Arley', señalado de ser lavador de activos del ELN y capturado en España.“Otra vez una Fiscalía política. Perdí mi tiempo en eso. Velasco ahora es víctima de su propio invento. La Fiscalía debe ser independiente de la política para ser garantía de seguridad de la ciudadanía. Extrañamente ahora no piden la extradición del capo del ELN, ¿será para decir que yo soy su aliado? Yo no soy aliado de ellos, que asesinan sistemáticamente campesinos por codicia”, escribió en X.El mandatario se refirió a los diálogos suspendidos con esta organización criminal, insistiendo en un llamado para que dejen de delinquir, y concluyó su mensaje pidiendo a la Fiscalía solicitar la extradición de este criminal.“Gerly Sánchez Villamizar está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol. En este momento todavía no he podido localizar a nadie en las oficinas de Interpol para conocer fechas o datos más concretos. Sigo haciendo llamadas y, en cuanto averigüe algo más, informo”, dijo.La Fiscalía General de la Nación respondió desmintiendo al mandatario y explicando que el pasado 28 de noviembre, por medio de la Dirección de Asuntos Internacionales, se presentó una solicitud formal de extradición contra Gerly Sánchez Villamizar, conocido como ‘Mono Gerley’, a quien señalan como articulador de una red de lavado de activos al servicio del ELN.Señalan, además, que esta persona fue capturada en España gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional y la Guardia Civil española; asimismo, aclaran que todo el procedimiento de extradición se ha tramitado conforme a las vías legales y diplomáticas correspondientes, sin que se hayan presentado omisiones ni dilaciones.
Bajo observación médica permanece recluido en el Hospital Universitario de Neiva un bebé de tan solo cinco meses de nacido, que resultó herido en medio de un hecho de atraco cometido por delincuentes motorizados en un sector del barrio La Trinidad, en el norte de la ciudad.De acuerdo con versiones de las autoridades, la pareja, al oponer resistencia al atraco, fue atacada por los asaltantes con armas traumáticas. Uno de los disparos impactó al menor, quien por fortuna se encuentra fuera de peligro, según el parte médico entregado por el centro asistencial.“Dos personas que se movilizaban en motocicleta junto a un menor de brazos fueron víctimas de hurto en el barrio La Trinidad. Las víctimas, al oponer resistencia, resultaron lesionadas con armas traumáticas, incluido el bebé de brazos, quien actualmente continúa en un centro asistencial y, gracias a Dios, la herida que recibió no es de gravedad”, dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.Agregó el oficial que, con el apoyo de la comunidad del sector, las pertenencias que les fueron hurtadas a las víctimas de este hecho de inseguridad fueron recuperadas horas después por los uniformados y entregadas a sus propietarios.Entre tanto, funcionarios de la Sijín adelantan las investigaciones, verificando cámaras de seguridad y otras evidencias, con el fin de identificar y dar con la ubicación de los responsables del atraco, que por poco termina en tragedia. No obstante, los habitantes del sector piden mayor presencia policial y mejoras en el sistema de alumbrado público, ante los reiterados casos de robo que se han registrado, principalmente en horas de la noche.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
En Colombia, la llegada del Año Nuevo no siempre se recibe con brindis, ropa interior amarilla o las tradicionales doce uvas. En muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales, el cambio de calendario se vive de otra manera: con rituales cargados de simbolismo, heredados de generación en generación y alejados de lo que suele verse en las grandes ciudades.Para miles de familias, el inicio del nuevo año está marcado por agüeros poco conocidos, pero profundamente arraigados en la vida cotidiana. Son prácticas que combinan creencias, memoria colectiva y una relación cercana con la naturaleza, y que aún hoy se mantienen vivas en distintos rincones del país.Agüeros de Año Nuevo que se practican en zonas rurales de ColombiaEn corregimientos de Santander y Norte de Santander existe la costumbre de dormir con una cebolla partida en cuatro partes, colocada en un plato sin sal debajo de la cama. Al amanecer, cada trozo se observa con atención, pues su estado representa un presagio para el año que comienza.Si alguno aparece oscuro, se asocia con enfermedad o traición. En ese caso, el plato se desecha lejos de la vivienda y no se vuelve a usar el lugar donde se cortó la cebolla.En sectores rurales del Meta y Casanare, el fogón se convierte en el centro del ritual. Antes de la medianoche, algunas familias amarran una cuerda roja alrededor del lugar donde se cocina, como símbolo de protección contra la escasez. La cuerda solo se retira después del primer desayuno del año. Si se rompe durante la noche, se interpreta como una señal de dificultades económicas.Rituales de Año Nuevo para protección y limpieza espiritualEn pueblos del sur de Bolívar, los espejos se cubren desde las 11:00 de la noche. La creencia indica que mirarse en el reflejo durante el cambio de año puede hacer que las cargas del pasado permanezcan en el cuerpo. Por eso, los espejos se destapan únicamente al amanecer.Algo similar ocurre en varios municipios del Magdalena Medio, donde durante las campanadas se guarda silencio absoluto. No hay abrazos ni brindis inmediatos. La primera palabra del año solo puede pronunciarse después de beber agua, como una forma de comenzar el ciclo sin discusiones ni malos augurios.Estos agüeros buscan soltar lo negativo del año que terminaEn zonas rurales de Nariño, algunas personas se amarran una hoja de plátano en el tobillo izquierdo antes de la medianoche. La hoja debe caer sola mientras se camina o se baila. Si permanece atada después de las 12, se interpreta como estancamiento.En veredas del Cauca, se quema sal gruesa en una cuchara metálica, mientras que en comunidades afrodescendientes del Pacífico se esconde una pequeña piedra en la boca para luego escupirla en la tierra, como símbolo de liberar rencores.Estos rituales revelan que, en Colombia, el Año Nuevo también se recibe con silencios, gestos mínimos y una profunda conexión con aquello que todavía no se puede controlar.
A escasos ocho meses de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto al centro de la discusión pública. Tras la reciente inscripción de un comité promotor para recolectar firmas, analistas y expertos constitucionales advierten que el camino jurídico es extremadamente complejo y que la iniciativa podría responder más a una táctica de movilización política que a una posibilidad institucional real.El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se ha mostrado pesimista frente a la viabilidad de esta propuesta, calificando los requisitos legales como "monumentales" bajo el marco de la Constitución de 1991."En mi opinión no estamos para una constituyente. Las condiciones son muy distintas a las que se dieron en 1990. Allá teníamos una guerra declarada de los carteles de la droga contra el Estado y hubo un consenso muy amplio. Hoy las circunstancias son muy diferentes. La Constitución del año 91 reguló cómo deben ser las asambleas constituyentes, como una vía de reforma y establece varios requisitos", dijo Charry.Le puede interesar: No se hará en época electoral”: Petro sobre Asamblea Nacional ConstituyenteA su vez, dijo que "se debe superar un umbral de algo más de 13,300,000 participantes en la votación para que genere efectos jurídicos". "Se busca recolectar las firmas para impulsar lo que sería una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Desde el gobierno han dicho que esto es una iniciativa ciudadana. Si se llega a recolectar un 20% del censo electoral en firmas, es obligatorio el trámite. Serían cerca de 8 millones de firmas que, en mi opinión, son muy difíciles de recaudar y de revisar", aseveró. Charry rechazó el argumento del Gobierno sobre la "obstrucción institucional" en el Congreso como justificación para una constituyente, señalando que es normal en democracia que un presidente deba hacer coaliciones cuando no tiene mayorías propias."Me parece a mí que es más una estrategia de movilización de las bases simpatizantes de la tendencia política del gobierno para darles un propósito de movilización y de cohesión", dijo. Escuche la entrevista aquí:
El pasado 21 de diciembre, Bogotá recibió una noticia que conmovió a muchos. Se confirmó la muerte de la presentadora y comunicadora social venezolana Margiory Fiaschi, quien falleció tras una larga lucha contra una lesión cerebral sufrida en 2023. Fue una batalla que enfrentó con discreción, valentía y una fortaleza que mantuvo hasta el final, lejos del ruido mediático y centrada en su proceso personal y familiar.Días antes de su fallecimiento, Fiaschi había compartido un mensaje en redes sociales que despertó preocupación entre sus seguidores. En la publicación se dirigía a su hija de cuatro años y reflexionaba sobre las dificultades de la maternidad, el aprendizaje constante y el “caos” que atravesaba debido a su estado de salud. Sus palabras, sinceras y cargadas de emoción, fueron interpretadas por muchos como una despedida anticipada.Aun en medio de la enfermedad, la presentadora dejó claro que su mayor motor siempre fue su hija, a quien intentó darle lo mejor “entre ensayo y error”. Ese mensaje, que hoy cobra un significado más profundo, generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de quienes siguieron su carrera y su historia personal.Bogotá, la ciudad donde dio su última batallaTras recibir su diagnóstico, Margiory Fiaschi inició un tratamiento médico que la llevó a tomar una decisión difícil: renunciar a Globovisión a finales de 2024 para concentrarse por completo en su recuperación. Bogotá fue la ciudad que la acogió durante esta etapa, donde adelantó su proceso médico acompañada de sus seres queridos.Desde la capital colombiana, la comunicadora continuó compartiendo mensajes de esperanza, reflexión y gratitud, manteniendo un vínculo cercano con sus seguidores. Aunque su estado de salud era reservado, sus publicaciones transmitían serenidad y una mirada honesta sobre la fragilidad de la vida.Tras conocerse su fallecimiento, Globovisión le rindió un sentido homenaje, destacando su legado en el periodismo venezolano y recordándola como una mujer comprometida, luchadora y apasionada por su oficio. El canal resaltó que su voz y su ejemplo seguirán presentes en la memoria de colegas y audiencias.Una carrera sólida en la televisión venezolanaMargiory Fiaschi era graduada de la Universidad Bicentenaria de Aragua y construyó una trayectoria reconocida en la televisión venezolana. Durante más de una década fue uno de los rostros principales de "Entre Noticias", espacio informativo en el que se ganó el respeto del gremio y la confianza de los televidentes.Quienes trabajaron con ella la describen como una profesional rigurosa, cercana y siempre comprometida con el periodismo serio. Hoy, su historia deja una huella que trasciende la pantalla y se conecta con la fortaleza humana con la que enfrentó sus últimos años.
En una audiencia reservada, la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías decidió dejar en libertad, mientras avanza el proceso judicial, a tres de los presuntos implicados en el entramado de corrupción que habría direccionado de manera irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. Los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024.La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional. La juez consideró que, pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para el proceso, razón por la cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.Para el abogado Juan Felipe Criollo, defensa del coronel Rincón, tras la decisión del juzgado “se perdurará y se insistirá en la inocencia del coronel Rincón, y esto se llevará a las etapas ulteriores hasta demostrarlo en su totalidad”.Durante el proceso, la Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, expuso los presuntos roles que habrían desempeñado los investigados en el proceso contractual. En el caso del coronel Rincón Ricaurte, señaló que, en su condición de gerente del proyecto, habría generado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin soporte, que la empresa Vertol Systems Company contaba con la experiencia e idoneidad técnica requeridas, pese a que el comité evaluador había descartado a ese oferente. También se le atribuye haber intervenido para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.Respecto a Diego Alejandro Manrique Cabezas, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, además de modificar los requisitos financieros. Estas actuaciones, según el ente acusador, permitieron aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente para este tipo de contratos.En cuanto a Hugo Alejandro Mora, la investigación sostiene que, pese a conocer las irregularidades del proceso y el incumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, habría viabilizado la modificación de la forma de pago, autorizando un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
Un total de 2.882 nuevos soldados profesionales del Ejército comenzarán a operar en distintas regiones del país tras culminar su proceso de formación en la Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de seguridad y control territorial.Los uniformados hacen parte del Curso Extraordinario N.° 81 SLP Salamanca Rodríguez Edinson, que cerró su ciclo académico con una ceremonia presidida por el general Federico Mejía, director del Centro Nacional de Entrenamiento. Durante el acto, la formación militar recordó la batalla de Ayacucho como referente histórico del Ejército.La preparación de los nuevos soldados se desarrolló durante dos meses e incluyó entrenamiento táctico, operacional y formación en derechos y deberes, con énfasis en las tareas que deberán cumplir en las diferentes unidades a las que serán asignados en el territorio nacional.Dentro de este grupo, 122 soldados obtuvieron certificación como Socorristas Militares, lo que les permitirá apoyar la atención de emergencias, labores humanitarias y la protección de civiles en zonas donde el Ejército mantiene presencia operativa.La institución también informó que cuatro integrantes del curso —Henry Javier Córdova Moreno, Gilmar Yesid Furnieles Vásquez, Brayan Stiven Quiroga Guzmán y Sergio Armando Téllez Navarrete— obtuvieron los mejores resultados académicos y operacionales del proceso de formación.Con esta incorporación, el Ejército amplía su pie de fuerza en un contexto marcado por retos de seguridad en varias regiones del país, donde las autoridades buscan mejorar la presencia institucional y la capacidad de respuesta frente a amenazas armadas y emergencias humanitarias.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.