Siguiendo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, el Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar la atención humanitaria a la población migrante y fortalecer las acciones de seguridad en la frontera, luego de que confirmaran ataques en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, en Venezuela por parte de Estados Unidos. Así lo indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al detallar las medidas adoptadas ante el actual contexto de riesgo en la zona limítrofe.“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, se activó el Puesto de Mando Unificado para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”, señaló el jefe de la cartera de Defensa, al explicar que el dispositivo busca una respuesta integral tanto en materia social como de seguridad.El ministro advirtió que, de manera paralela, se ordenó la activación de todas las capacidades operativas de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar posibles acciones violentas de estructuras armadas ilegales que operan en la región. En ese sentido, fue enfático en señalar a organizaciones criminales de carácter transnacional como la principal amenaza.“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN u otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”, afirmó Sánchez, al tiempo que precisó que “las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”.Dentro del paquete de medidas adoptadas, el Gobierno también decidió reforzar la seguridad de las sedes diplomáticas consideradas estratégicas. Según el ministro, se incrementó el esquema de protección de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, con el fin de garantizar su integridad y prevenir cualquier incidente.“Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección”, indicó el ministro, al subrayar que estas acciones hacen parte de los protocolos preventivos activados en el marco de la coyuntura regional.Finalmente, el ministro de Defensa reiteró que el manejo de la política exterior y las relaciones internacionales es una atribución exclusiva del jefe de Estado, tal como lo establece la Constitución. “Acorde a la Constitución, las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado”, concluyó.Las autoridades aseguraron que el PMU permanecerá activo y en permanente evaluación, mientras se mantiene el despliegue de seguridad en la frontera y la atención a las comunidades que puedan verse afectadas por la situación.
En un mensaje de la Cancillería, replicado por el presidente Gustavo Petro, se fijó la posición del gobierno rechazando lo que ocurre en territorio vecino.En esa medida, el Gobierno siguiendo en línea con lo dicho por el presidente Petro más temprano, pidió respeto a la soberanía y la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias internacionales."El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", reiteraron.Así mismo, se dispuso de las medidas necesarias para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias."La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada", puntualidad el comunicado.Finalmente, el presidente Gustavo Petro agregó en su publicación la siguiente frase: "Que Bolívar proteja al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano".
Un balance positivo en materia de seguridad entregó la Policía Nacional al cierre de noviembre y diciembre de 2025, periodo en el que se evidenció una reducción sostenida de varios delitos de alto impacto en Colombia, con énfasis en el homicidio.De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, durante esos dos meses los homicidios se redujeron en un 5,5 %. En diciembre, la tasa nacional alcanzó los 26 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se registraba desde hace 20 años en época decembrina.El comportamiento a nivel regional mostró una disminución importante en varios departamentos. Putumayo reportó la mayor reducción del país, con un 72 % menos de homicidios, seguido de Risaralda, con una disminución del 43 %; Atlántico, con el 29 %; Antioquia, con el 13 %; y Cundinamarca, con el 9 %.Para el brigadier general Iván Gualdrón Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, estas cifras son el resultado de la implementación de estrategias focalizadas, el fortalecimiento del control territorial y la intensificación de las acciones preventivas en zonas priorizadas. “Lo que significan 158 vidas salvadas frente al mismo periodo del año 2024. Detrás de cada cifra hay una familia que hoy no llora una ausencia. Este avance se siente en el territorio: 16 departamentos y 264 municipios registraron disminuciones significativas, con resultados destacados como Bogotá, Barranquilla y Pereira”, señaló el general.En total, 364 municipios del país registraron menos homicidios. Bogotá presentó una reducción del 17 %, equivalente a 47 casos menos; Barranquilla, una disminución del 36 %, con 41 homicidios menos, mientras que Pereira se destacó con una reducción del 64 %, lo que representa 38 casos menos frente al mismo periodo anterior.En términos de modalidades, se evidenció que el homicidio cometido por medio del sicariato disminuyó en un 3 %, pasando de 1.790 a 1.728 casos en los últimos tres meses del año. Asimismo, las muertes derivadas de riñas descendieron de manera significativa, con una reducción del 14 %, correspondiente a 75 casos menos.A la par, la violencia intrafamiliar se redujo en un 18 %, mientras que los feminicidios presentaron una disminución del 27 %, de acuerdo con los registros oficiales.Las autoridades atribuyeron estos resultados a la estrategia “Una Navidad con Propósito”, que incluyó un mayor despliegue policial en toda Colombia. En medio de las labores, se logró la captura de 802 personas por homicidio y la incautación de 2.698 armas de fuego, acciones que, según la Policía, fueron determinantes para la reducción de los indicadores de violencia al cierre de 2025.
Al menos tres muertos y cuatro detenidos dejó este viernes una operación militar contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, en el departamento del Amazonas informaron fuentes oficiales.El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló en X que desde "el 1 de enero en el área del río Caquetá, área no municipalizada Mirití-Paraná, Amazonas", la fuerza pública avanza en "una operación ofensiva" contra Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', jefe del EMC y el criminal más buscado de Colombia."No hay lugar donde se puedan esconder quienes le hacen tanto daño al país. Lo mejor que puede hacer alias 'Mordisco' es desmovilizarse", agregó Sánchez.El alto funcionario señaló que la operación, que combina "inteligencia, maniobra terrestre, apoyo aéreo y acción judicial actuando con precisión y contundencia", ha dejado tres muertos, cuatro heridos y tres menores reclutados por este grupo recuperados.También fue incautado "armamento de alto poder, munición y equipos de campaña" y "medios fluviales usados para el crimen"."A quienes aún empuñan las armas contra el pueblo colombiano, el llamado es claro y permanente: abandonen la violencia y entréguense. Persistir en la guerra solo es un dolor para su propia familia", expresó el ministro.El Gobierno nacional aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos la recompensa por información que permita capturar a 'Iván Mordisco', a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.
Un gigantesco incendio cumple cerca de 60 horas activo en el Cerro Quitasol del municipio de Bello. Los fuertes vientos han imposibilitado la extinción del fuego que habría comenzado por una fogata que no fue apagada de manera correcta.Las autoridades en el municipio de Bello no han podido apagar por completo el incendio forestal que se empezó a propagar en lo más alto del Cerro Quitasol desde el pasado 30 de diciembre y que ahora, cerca de varias horas después, espera ser completamente apagado con la ayuda aérea.Aunque en esta zona del Norte del Valle de Aburrá han trabajado más de 40 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, las difíciles condiciones climáticas y el intenso calor han imposibilitado controlar el fuego en su totalidad. El último reporte indica que, a pesar de los intensos trabajos, en el lugar aún faltan varias horas para acabar con la conflagración.El cabo Giovanni Galvis, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bello, reconoció que en las primeras horas de este viernes se harán trabajos específicos con ayuda aérea para tratar de controlar en un 100 % el incendio forestal que ya deja afectadas varias hectáreas en el Cerro Quitasol.“Vamos a seguir trabajando con toda nuestra capacidad operativa. Tendremos el acompañamiento de la Fuerza Aérea. De igual manera, la presencia de otras instituciones y de otros cuerpos de bomberos para poder responder de la mejor manera a esta emergencia lo más pronto posible”, dijo.Mencionan desde Bello que a pesar de los intentos, en las últimas horas algunos focos se reactivaron, por lo que el SIATA del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra apoyando las labores de extinción con drones que monitorean los focos del incendio que se ve a leguas desde la mayoría de la subregión antioqueña.Finalmente, y aunque la causa del incendio se determinará m después de una investigación que realiza el Cuerpo de Bomberos de Bello, las autoridades habrían encontrado una fogata en la zona que podría ser la causante de la conflagración.
En Antioquia siguen contando quemados por pólvora por montones y ya las autoridades confirman que las celebraciones de Año Nuevo dejaron 35 heridos con pirotecnia. El departamento supera en más de 40 casos los números reportados hace un año.Por eso, en la más reciente actualización entregada por la Gobernación se conoció que las celebraciones de Año Nuevo generaron que 35 personas resultaran lesionadas con diferentes elementos pirotécnicos.El reporte deja en evidencia nueve casos nuevos ocurridos en las primeras horas de 2026, con la anotación que cinco casos se registraron en el Oriente antioqueño. En el municipio de Marinilla, por ejemplo, fueron tres lesionados, entre ellos, dos menores de 10 y 13 años con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos.Por su parte, se contabilizaron dos casos más en la ciudad de Medellín, dos adultos con lesiones ocasionadas por la manipulación de voladores, y con ellos la capital de Antioquia llegó a 72 quemados con pirotecnia en el periodo de observación 2025 - 2026, o sea, cerca de 20 reportes más en comparación con la temporada decembrina 2024 - 2025.Además, hay que mencionar los casos de los municipios de Turbo y Yolombó en donde dos hombres sufrieron laceraciones y quemaduras tras manipular pitos y papeletas. Sin embargo, lo que más preocupa es que producto de las lesiones, a ambas personas se le tuvieron que amputar dedos de sus manos.Hasta ahora, y con los datos entregados por la Gobernación de Antioquia, son 182 quemados con pólvora, de los cuales 59 son menores de edad y 19 personas han sufrido la amputación de algunas partes de sus extremidades. Asimismo, 45 de los 125 municipios del departamento han aportado al menos una persona lesionada con pirotecnia a la deshonrada lista de quemados.
Un sacerdote de nacionalidad colombiana, Rodrigo Grajales Gaviria, ha sido apuñalado en la ciudad italiana de Módena por un hombre con problemas psiquiátricos que ha sido ya arrestado, según han informado este viernes las autoridades locales.El sacerdote, de 45 años, se encuentra fuera de peligro después de ser operado inmediatamente después del ataque en el hospital de Baggiovara.El suceso tuvo lugar en la mañana del 30 de diciembre en Módena, cuando el cura era apuñalado en el cuello por un hombre que le había estado siguiendo desde que coincidiera con él poco antes en el bus, tal y como ha aclarado hoy la Fiscalía en un comunicado.El agredido ha declarado que no conocía al atacante.Un día después de los hechos las autoridades lograron encontrar y detener al agresor, y constataron que desde hacía algunos años estaba bajo tratamiento en un centro de salud mental.
Las celebraciones del Año Nuevo en el departamento de Antioquia no solo dejaron 35 quemados con pólvora, sino que también generaron graves incendios en Medellín y en el Oriente antioqueño. Aunque afortunadamente no hubo víctimas, las autoridades advierten que ambas situaciones se dieron por el mal uso de elementos pirotécnicos.El caso más significativo ocurrió en el corregimiento de San Antonio de Pereira de Rionegro, tradicional por su postres y muy visitado por estas fechas, y en donde, al parecer, un globo de mecha generó un voraz incendio en un establecimiento comercial dedicado a la tapicería en el Oriente antioqueño.Según el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Rionegro, debido a la presencia de espumas y materiales altamente inflamables en el local, el fuego se propagó, generando afectaciones estructurales en dos establecimientos y una vivienda del sector.Aunque la conflagración fue rápidamente controlada por las autoridades, no fue el único hecho relacionado con elementos pirotécnicos en las últimas horas, ya que en Medellín un muñeco de Año Viejo por poco y genera una tragedia.Las versiones que se han conocido desde el barrio La Francia, de la capital de Antioquia, es que vecinos de la zona estaban quemando en la calle a un tradicional muñeco de Año Viejo cuando de un momento a otro el fuego se les salió de control y comenzó a propagarse con tan mala suerte para los habitantes del sector que las llamas alcanzaron la red de gas del barrio.A pesar de que el temor y el pánico se apoderaron de la comunidad, la rápida respuesta de algunas personas y la ayuda de los organismos de socorro permitieron controlar el fuego y evitar que se propagara a vivienda del barrio La Francia. Según los reportes de las autoridades, en la zona no hubo personas heridas ni daños materiales de consideración.
La tragedia ocurrida durante los festejos de Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, tiene entre sus historias más conmovedoras la del joven futbolista Tahirys dos Santos, de 19 años, quien resultó gravemente herido tras el incendio que dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos.Dos Santos se encontraba celebrando la llegada de 2026 en un concurrido bar nocturno cuando, pocos minutos después de la medianoche, el fuego se propagó con rapidez por el local. Las llamas y el humo invadieron la zona de fiesta, ubicada en el subsuelo, lo que impidió la evacuación de decenas de personas y generó escenas de pánico entre los asistentes.El club francés FC Metz confirmó que el futbolista sufrió lesiones de consideración y que actualmente permanece hospitalizado en Alemania, donde recibe tratamiento médico especializado. De acuerdo con reportes del medio deportivo L’Équipe, su estado es delicado y requiere atención constante, debido a la gravedad de las heridas provocadas por el incendio.Las autoridades suizas informaron que la mayoría de los heridos presentan quemaduras severas, algunas de ellas en hasta el 60 % del cuerpo, por lo que los procesos de recuperación serán prolongados. Varios de los afectados fueron trasladados a centros médicos especializados, entre ellos el Hospital Universitario de Lausana.Mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen del incendio, el caso de Tahirys dos Santos ha generado una ola de mensajes de solidaridad desde el mundo del fútbol.
El Partido Político Comunes denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependencia creada en 2017 como resultado del Acuerdo Final de Paz.De acuerdo con la colectividad, alrededor de 18 personas que prestaban servicios profesionales en esta Subdirección fueron notificadas en las últimas semanas de la no continuidad de sus contratos para el año 2026, sin que existan llamados de atención o incumplimientos que sustenten la decisión.“Es importante destacar que, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, se creó en el año 2017 como resultado de la firma del Acuerdo Final de Paz, cuyo objetivo es el de brindar las garantías de seguridad y protección a Firmantes del Acuerdo, integrantes de Comunes y los familiares de los dos anteriores, por tanto, es necesario que funcionarios y colaboradoras que prestan sus servicios Subdirección cuenten con el aval de confianza”, explican en el comunicado.El partido manifestó su preocupación porque entre las personas afectadas hay trabajadores en condición de discapacidad, y porque la decisión se adopta antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, lo que limitaría sus posibilidades de acceder a un nuevo empleo y afectaría su sustento económico.“En ese orden de ideas, resulta incomprensible que, una dependencia creada para la protección de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, con el aval de la dirección de la misma entidad, es decir, con la venia del doctor AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS, sea la primera en vulnerar sus derechos, ya que tomar la decisión de prescindir de los servicios profesionales de estas personas, entre ellos personas en condición de discapacidad, sin razón alguna que lo justifique, deja ver la falta de respeto y empatía para con las personas que decidieron darle la oportunidad de paz al país”, denunciaron desde el partido.Finalmente, Comunes responsabilizó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y a la subdirectora Natalia Margarita Parada Garzón, por la presunta vulneración de derechos laborales y reiteró su llamado a respetar la confianza legítima, el debido proceso y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025, mediante el cual se prorrogan las medidas para la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional.La decisión quedó consignada en uno de los varios decretos que tradicionalmente se expiden al cierre del año y fue publicada por el Ministerio de Defensa.El documento, fechado el 31 de diciembre de 2025, extiende la vigencia de la suspensión desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, en los mismos términos y condiciones establecidos en normas anteriores.En particular, hace referencia a lo dispuesto en el Decreto 2362 de 2018 y a las facultades conferidas al presidente por la Constitución y la ley para preservar el orden público.El decreto establece que su vigencia comienza a partir de la fecha de publicación y ordena su cumplimiento en todo el país. La norma fue firmada por el presidente y por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Cabe mencionar que en Colombia se ha debatido el porte de armas durante muchos años. Hay un proyecto que propone eliminar la figura del porte especial y fue planteado por los representantes José Jaime Uscátegui y Heráclito Landinez.Implica que personas sin antecedentes ni penales ni psiquiátricos puedan acceder a un arma para su defensa; sin embargo, este tipo de iniciativas no han prosperado en el legislativo.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que hubo "lancheros" que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por EE.UU. contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe."Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar", expresó el mandatario en X, donde publicó el mapa del punto -cercano a México y Guatemala- donde supuestamente fue lanzado el ataque de EE.UU.En el mensaje, Petro dijo que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está "dispuesta a colaborar" a los países que así lo requieran y señaló que el punto del ataque está ubicado a 384,33 millas náuticas del estado mexicano de Oaxaca, aunque no precisó cuando ocurrió.Estados Unidos dio a conocer un nuevo ataque lanzado el 31 de diciembre contra dos lanchas también en aguas internacionales, sin dar más información, en el que murieron cinco personas.Esto ocurrió un día después de haber hundido otras tres embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Pacífico o en el Caribe, lo que dejó tres muertos.El país norteamericano mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.Las tensiones escalaron tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.En ese sentido Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses.Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro, ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico, han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos delincuentes son capturados por agentes de la Policía Metropolitana de Popayán, en el sur del país, durante la noche del pasado 31 de diciembre de 2025.Las imágenes, compartidas inicialmente por usuarios y replicadas en plataformas como X e Instagram, evidencian cómo, mientras los uniformados proceden a la detención, uno de los hombres implora que no lo arresten alegando a las autoridades que “es 31 de diciembre", y que les "colaboren".El hecho fue capturado por un transeúnte de la zona, quien posteriormente fue amenazado por uno de los detenidos, quien expresó, en tono intimidante: "Cuando me lo encuentre...". Además, los hombres acompañaron la amenaza con un gesto obsceno, mostrando el dedo medio a la cámara mientras eran filmados. En ese instante, los agentes cierran la puerta de la camioneta para llevar a los dos hombres a la comisaría.Pese a que, hasta el momento, no se ha divulgado un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Popayán ni de la Fiscalía General de la Nación que detalle el motivo específico de la captura de los dos hombres, como el delito por el cual los individuos estaban siendo requisados o si existieron denuncias previas que motivaran la intervención, ya son varias las reacciones a este hecho en redes sociales.Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los cargos que enfrentarían los dos hombres capturados, ni se ha confirmado si ya fueron judicializados o puestos a disposición de un juez de control de garantías.
La justicia envió a prisión a John Jairo Leguia González, pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, señalado de haber abusado sexualmente de varias mujeres que asistían a su iglesia, aprovechándose de su rol como guía espiritual y de la confianza que las víctimas depositaban en él.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hoy procesado habría utilizado la posición de reconocimiento y liderazgo que ostentaba dentro de la congregación para engañar y manipular a las feligresas, a quienes citaba de manera individual con el pretexto de realizar supuestos rituales de sanación o “liberación espiritual”.Durante estas reuniones, según el material probatorio recaudado por el ente acusador, el pastor les proponía realizar rituales en los que debían desnudarse, bajo el argumento de aplicarles un “aceite ungido” como parte del proceso espiritual. En ese contexto de fe, confianza e indefensión, las mujeres eran presuntamente presionadas y coaccionadas para permitir tocamientos y actos de carácter sexual, haciéndoles creer que hacían parte del rito religioso.La investigación da cuenta de que al menos cuatro mujeres, todas mayores de edad, habrían sido víctimas de estos hechos. Para la Fiscalía, las agresiones ocurrieron en un entorno especialmente sensible, en el que el procesado se valía de su investidura religiosa para someter a las víctimas.Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que se trató de un “aberrante abuso sexual”, cometido por quien fungía como líder espiritual de la iglesia. Según explicó, Leguia González citaba a las feligresas con el pretexto de realizar oraciones y rituales, mientras les aplicaba aceite de oliva en todo el cuerpo, incluidas partes íntimas.Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés imputó al pastor los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, una juez penal de control de garantías consideró que existían los requisitos legales para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión con la que continuará vinculado al proceso mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes.
Blu Radio conoció que el alto tribunal negó una solicitud de aclaración que pidió la Presidencia de la República sobre el fallo que puso límites a las alocuciones presidenciales en canales públicos y privados. Estos espacios deberán tratar de circunstancias urgentes, no pueden ser recurrentes, es decir, varias veces por semana y deben ser limitadas en temas y en duración.En septiembre el Consejo de Estado le puso freno a las alocuciones tras revolver un fallo de tutela de un grupo de personas que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de esta figura por parte del presidente Gustavo Petro."NEGAR la solicitud de aclaración de la Sentencia de 16 de septiembre de 2025, presentada por el Presidente de la República y la Presidencia de la República, por las razones expuestas", se lee en el apartado conocido por este medio.En el fallo del 16 de septiembre el Consejo de Estado consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura.Allí advirtió el alto tribunal que la figura de la alocución presidencial “solo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales y urgentes”, como desastres naturales o alteraciones graves del orden público.Entre las órdenes que profirió el Consejo de Estado es, primero, ponerle la lupa al uso de las alocuciones presidenciales únicamente a hechos de urgente y manifiesta trascendencia pública.Además, evitar transmisiones prolongadas o reiteradas que interfieran con la programación habitual de los medios y ordenar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adoptar antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio para garantizar el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.
En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se realizó este miércoles un debate de control político al que fueron citados el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.Aunque el debate estaba citado desde antes de que se supiera que hubo menores de edad que fallecieron en bombardeos de las Fuerzas Militares en diferentes zonas del país, este fue un tema al que hicieron referencia varios congresistas.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el bombardeo en el Guaviare en el que murieron 7 menores de edad se hizo contra los cabecillas de las disidencias.“Se aplicó la precaución porque se hizo a una hora y en un lugar donde prácticamente no iban a transitar personas protegidas por el DIH. Se dirigió específicamente a la posición que teníamos por información de inteligencia de los cabecillas, no de toda la estructura, buscando siempre proteger a nuestros menores, víctimas del reclutamiento forzado que los llevan a las hostilidades y les hacen perder la protección en las mismas”, dijo Sánchez.El ministro de Defensa también señaló que en esa zona del país hay un alto nivel de reclutamiento forzado.“Lo que sí sabíamos nosotros es que la probabilidad de que existieran menores ahí en esa zona era alta por el reclutamiento que estaban haciendo. Pero la certeza de saber si estaban ahí o no, no la hay. La única manera era estar metidos allá y contarlos ahí, decirles, a ver, saquen la cédula”, agregó Sánchez.Al final del debate el ministro aseguró que esta acción fue legítima.“Gracias por este espacio para analizar y no tapar las cosas, decirlas tal y crudas como son, con mucho dolor. Claro que sí, lamento y mi mayor solidaridad con las familias, los menores, de todos los colombianos víctimas del conflicto. Esta operación fue legítima, pero si desestimulamos el empleo de las capacidades del Estado para su protección, comprometemos el cumplimiento de los fines esenciales que tenemos en la Constitución. Y en última instancia, los que van a ganar aquí son los criminales”, señaló Sánchez.
El año pasado se realizó en Madrid una reunión en la que participaron Isaac de León, entonces funcionario de la UIAF, y Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando”.El propósito del encuentro habría sido explorar una especie de amnistía financiera para Marín a cambio de información sobre sus actividades ilegales en los puertos del país. Sin embargo, las versiones sobre quién autorizó esta cita son contradictorias.La versión del exfuncionario es que la reunión fue parte de una misión encomendada por el presidente Gustavo Petro y que la Fiscalía fue informada después, en un encuentro al que habría asistido la fiscal general Luz Adriiana Camargo. Pero fuentes de la Fiscalía le dijeron a este medio que Camargo nunca tuvo conocimiento de esa gestión y que, además, no tendría sentido involucrar a la UIAF en una operación de esa naturaleza.Según esas mismas fuentes, la única línea de acción de la Fiscalía frente a Marín ha sido buscar su extradición. Explican que lo más cercano a un acercamiento fue una conversación con su abogado, Mario Iguarán, para evaluar un eventual retorno del contrabandista al país, pero esas gestiones no avanzaron ni tuvieron resultados concretos. No se descarta que la salida de este funcionario de la UIAF tuviera que ver con el intento de acercarse a Marín, quien hoy está acusado de concierto para delinquir y cohecho con fines de contrabando.
En Colombia, la conversación sobre los festivos empieza a incrementarse notablemente cuando se acerca el fin de año. Muchos ciudadanos aprovechan estas fechas para viajar, adelantar celebraciones o simplemente tomarse un respiro antes de que termine el año.Y no es para menos, pues hace parte de la cultura colombiana. Cuando se acerca un día feriado, las personas suelen aprovecharlo para darse una pausa necesaria y equilibrar semanas que llegan cargadas de estrés y agotamiento por estudio o trabajo.Ante ello, este año surge un detalle adicional que pocos países comparten: varios festivos pueden convertirse en puente gracias a una norma vigente desde hace décadas. Sin embargo, en esta ocasión el fin de semana largo llega sin necesidad de acogerse a ninguna ley ni decretos extraordinarios.Puente festivo en diciembre 2025: qué dice la ley y por qué ocurreEste 2025 trae una sorpresa para quienes buscan un descanso: el Día de la Inmaculada Concepción, que se celebra cada 8 de diciembre, caerá lunes y permitirá disfrutar de un puente festivo, algo que no ocurría desde hace más de una década. Aunque esta fecha es festiva cada año, al tratarse de una celebración religiosa fija no se acoge a la Ley Emiliani, por lo que no puede trasladarse al lunes siguiente como sucede con la mayoría de festivos en Colombia. Por ello, este año el 8 de diciembre se convierte en un puente natural.Este descanso extendido llega en plena temporada decembrina, justo después del tradicional Día de las Velitas, que miles de familias celebran la noche del 7 de diciembre encendiendo faroles y velas como símbolo del inicio navideño.Con esto, el sector turístico recibe una noticia favorable, pues representa una oportunidad para que las personas viajen a pueblos cercanos u otros destinos. Desde lo laboral también hay implicaciones importantes. Con la reforma laboral sancionada en junio de 2025, el recargo por trabajar domingos y festivos aumentó al 80%, y seguirá subiendo progresivamente hasta alcanzar el 100% en 2027. Por ello, esta fecha significa un tiempo de descanso o, en caso de trabajar, un ingreso adicional.¿Por qué el 8 de diciembre no caía lunes en Colombia desde hace más de 10 años?Aunque parece una simple coincidencia del calendario, hacía once años que el país no vivía un puente festivo alrededor del 8 de diciembre. La última vez fue en 2014 y, desde entonces, la fecha cayó entre semana, impidiendo extender el descanso. Estas variaciones muestran cómo, aun sin cambios legislativos, el calendario puede modificar dinámicas de movilidad, turismo y organización familiar.El regreso de este puente festivo ha sido bien recibido, especialmente en un año en el que muchos colombianos buscan espacios para desconectarse y cerrar el calendario con un respiro antes de iniciar la temporada navideña en forma.
El aumento del salario mínimo para 2026 tendría un impacto directo y significativo en el mercado inmobiliario colombiano, especialmente en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Así lo advirtió Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), durante una entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.De acuerdo con Ramírez, el encarecimiento de los costos laborales y de construcción llevaría a que una vivienda de interés prioritario registre incrementos cercanos a los 30 millones de pesos, mientras que una vivienda de interés social podría aumentar alrededor de 50 millones de pesos frente a los valores actuales. Esto, señaló, dificultará aún más el acceso a vivienda para los hogares que planean adquirir casa propia en 2026.El dirigente gremial explicó que, aunque el Gobierno ha insistido en que los topes de precio establecidos para VIS y VIP no obligan a los constructores a vender al máximo permitido, en la práctica los mayores costos asociados al salario mínimo, la inflación y una eventual subida de tasas de interés presionan al alza los precios finales. En ese contexto, Fedelonjas considera complejo que las empresas asuman esos incrementos sin afectar su rentabilidad o reducir la oferta de vivienda social.Ramírez también alertó sobre el impacto en el costo de vida de quienes ya son propietarios. Según indicó, las cuotas de administración en conjuntos residenciales podrían incrementarse de manera importante, debido a que rubros como vigilancia y aseo, que representan entre el 60 % y el 70 % de los presupuestos de las copropiedades, están directamente ligados al salario mínimo. Esto obligaría a las administraciones a subir cuotas o, en algunos casos, a reducir servicios.En cuanto a los trámites inmobiliarios, el presidente de Fedelonjas señaló que escrituras y otros costos asociados también podrían aumentar a partir de enero de 2026, dependiendo de las condiciones pactadas en cada contrato. Mientras los acuerdos a precio fijo se respetarían, aquellos indexados al salario mínimo sí reflejarían los nuevos incrementos.Finalmente, Ramírez afirmó que el mayor impacto se sentirá en los nuevos proyectos y lanzamientos a partir de este año, y cuestionó la falta de concertación técnica en un aumento del salario mínimo que, a su juicio, genera incertidumbre y presiones adicionales sobre sectores como el inmobiliario y las pequeñas y medianas empresas.
El mercado de motocicletas en Colombia cerró el 2025 con un balance ampliamente positivo. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante diciembre se registraron 112.310 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 30,86% frente al mismo mes de 2024.En el acumulado entre enero y diciembre de 2025, el sector alcanzó un crecimiento del 34,94%, superando el millón cien mil unidades matriculadas en todo el año. El informe destaca que este comportamiento reafirma el papel de la motocicleta como un medio de transporte esencial, especialmente en zonas donde facilita el acceso al trabajo, la educación y servicios básicos.Por marcas, Bajaj, AKT y Suzuki lideraron el ranking de registros en diciembre, con Bajaj a la cabeza al alcanzar una participación del 16,43%. En cuanto a segmentos, la mayor demanda se concentró en motocicletas de 101 a 125 centímetros cúbicos, que representaron el 46,02% del total del mercado.A nivel territorial, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 45,76% de los registros del país. En el ámbito municipal, Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) fueron las localidades con mayor número de motocicletas nuevas matriculadas durante el mes.El informe concluye que la motocicleta continúa siendo un vehículo clave para la movilidad y la generación de ingresos en los hogares colombianos, particularmente en los de menores recursos.
La reciente discusión sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el servicio doméstico abrió un nuevo frente de debate político y social. En Mañanas Blu, Jenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Colombia, cuestionó duramente el papel que ha desempeñado la vicepresidenta Francia Márquez frente a las problemáticas del gremio, pese a que en el pasado aseguró haber sido trabajadora doméstica y representar a este sector desde el Gobierno.Para Hurtado, el incremento del salario mínimo, aunque positivo en el papel, está generando efectos adversos en el empleo del sector. Sin embargo, el momento más crítico de la entrevista se dio cuando se le preguntó por el respaldo real de la Vicepresidencia a las trabajadoras del hogar.“Nunca nos llamó, nunca nos escuchó”La líder sindical aseguró que, pese a la visibilidad política de Francia Márquez, no ha existido un acercamiento real con las organizaciones del servicio doméstico. “Ella jamás nos llamó para preguntarnos nada. Cuando pedí una cita, tenía la agenda llena por dos años y nunca nos atendió”, afirmó Hurtado.Según su testimonio, ni ella ni otras representantes del gremio lograron ser recibidas por el equipo de la Vicepresidencia. “Sus asistentes no nos dejaron pasar. Intentamos por varios medios y nunca fue posible”, señaló, al tiempo que puso en duda el relato de representación que, según dijo, se ha usado en escenarios políticos.Hurtado fue más allá y cuestionó el discurso de identificación de Márquez con el servicio doméstico. “Espero que las compañeras no vuelvan a caer en la trampa de creer que porque dijo que fue empleada doméstica nos representa. Si de verdad lo fuera, se habría interesado más por este gremio”, expresó.En uno de los momentos más duros de la entrevista, la líder sindical afirmó: “Para mí eso es puro cuento. Nunca la vi interesada en las trabajadoras del hogar y ahora, como vienen elecciones, vuelve a hablar del tema”.Sin voz en las decisiones claveLa presidenta del sindicato también denunció que las trabajadoras domésticas no participan en las mesas donde se negocia el salario mínimo, pese a ser uno de los sectores más impactados. “Nunca nos preguntan qué pensamos. Nos dicen que nos representan centrales obreras a las que muchas ni siquiera estamos afiliadas”, explicó.Adicionalmente, Hurtado advirtió que el discurso oficial sobre “trabajo digno” no se refleja en la realidad del sector. “Eso no se está aplicando con las trabajadoras del hogar. Van a quedar muchas desempleadas y no vemos una salida”, concluyó.Las declaraciones reavivan el debate sobre el papel de la Vicepresidencia y la representación efectiva de uno de los gremios más invisibilizados del país, en un momento clave para el futuro laboral de miles de trabajadoras domésticas en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
El más reciente informe entregado por las autoridades de salud, entre la noche de 31 de diciembre y durante la celebración de Año Nuevo se reportaron 13 personas quemadas con pólvora en varios municipios del Huila, en su mayoría adultos, donde también resultó afectado un menor de edad.El secretario de salud departamental, el médico César Germán Roa, confirmó que entre el primero de diciembre y en lo que va de la temporada de fiestas, la cifra es de 41 personas lesionadas por la manipulación de elementos pirotécnicos, entre los afectados hay siete menores de edad.“Entre la noche del 31 y el 1 de enero de Año Nuevo se presentaron 13 casos en el Huila, un caso en Algeciras, El Agrado, La Plata, dos casos en Aipe, dos en Pitalito y seis quemados en Neiva, de los seis lesionados en Neiva, uno de ellos es un menor de 13 años de edad. En total se consolidan 41 personas afectadas por pólvora de las cales siete son menores de edad en lo que va de la temporada de fiestas”, anotó el médico Roa Trujillo.Le puede interesar: Aumenta a 1.419 los quemados por pólvora en Colombia; más de 400 casos son menores de edadAgregó el funcionario de la Gobernación del Huila que la mayoría de las personas lesionadas por el uso irresponsable de pólvora, al parecer, se encontraban bajo los efectos del alcohol, mientras que los menores afectados están bajo vigilancia del Bienestar Familiar.“Los municipios donde se han presentado eventos de lesionados por pólvora son El Agrado, Gigante, La Argentina, Algeciras, Suaza, Tarqui, Timaná, Acevedo, Aipe, Guadalupe, La Plata, Oporapa, entre tanto, Pitalito y Neiva son los municipios que más registran casos de quemados, solo Neiva tiene 17 casos” añadió el secretario de salud César Roa.A propósito, el funcionario de salud departamental hizo un fuerte llamado a los ciudadanos en el Huila a evitar la manipulación de estos elementos pirotécnicos, teniendo en cuenta que falta la celebración de Reyes Magos.
El incremento del salario mínimo en Colombia, fijado en un 23 % y defendido por el presidente Gustavo Petro como una medida para proteger el ingreso de los trabajadores, genera preocupación en el gremio del servicio doméstico. Así lo expresó Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, en Mañanas Blu, en la que advirtió que la medida podría traducirse en despidos y mayor informalidad.El salario mínimo para el 2026 quedará en $2.000.000 si se suma el subsidio de transporte. Sin embargo, desde el sector del trabajo doméstico aseguran que el impacto real va más allá del ingreso mensual.“El aumento me parece muy chévere, muy bueno, pero debería haber mecanismos que se hagan cumplir esas normas. Nadie cumple nada”, afirmó Hurtado. Según explicó, el costo real de tener una trabajadora del hogar formalmente vinculada supera ampliamente el salario base. “Los análisis que hicimos con mis compañeras muestran que el costo puede quedar más o menos en 3 millones 25 mil pesos”, señaló, al incluir seguridad social, prestaciones y demás obligaciones.La dirigente sindical advirtió que esta situación ya está generando decisiones por parte de los empleadores. “Hablé con unas diez patronas y ya dijeron que no van a tener más empleada sino una vez a la semana. Eso es terrible, porque muchas compañeras sobreviven con cuatro o cinco días de trabajo”, aseguró. En su concepto, solo quienes tengan altos ingresos podrán asumir ese costo: “Da la impresión de que en Colombia solo van a tener empleadas domésticas quienes puedan pagar más de 3 millones de pesos”.Hurtado cuestionó, además, las cifras oficiales sobre el número de personas que trabajan en este sector. Mientras el DANE habla de alrededor de 700.000, ella sostiene que la cifra real es mucho mayor. “Según lo que manejamos los sindicatos, hay casi cuatro millones de trabajadores y trabajadoras del hogar en Colombia”, dijo, y agregó que “el Gobierno no tiene una cifra clara porque nunca ha hecho un estudio serio casa por casa”.Uno de los grupos más afectados sería el de quienes trabajan por días. De acuerdo con la presidenta del sindicato, unas 350.000 personas laboran bajo esta modalidad. “La que más gana por día recibe 100.000 pesos y ahí va todo: no hay contrato, no hay prestaciones y muchas veces ni siquiera les dan alimentación”, explicó. También denunció que, tras la pandemia, muchas empleadoras exigen que el trabajo de varios días se haga en una sola jornada.Sobre la posibilidad de reclamar derechos, Hurtado fue contundente: “Si no hay contrato firmado, no hay una ley que defienda a la trabajadora. ¿A dónde va a denunciar? Ir al Ministerio de Trabajo es muy complicado; yo llevo un año acompañando un caso y no hemos logrado que nos atiendan”.La situación de las trabajadoras internas tampoco es clara, según indicó. “Hay que esperar con qué van a salir las patronas. Muchas van a decir que tres millones es mucha plata y la empleada termina aceptando lo que le den para no quedarse sin trabajo”, afirmó, al tiempo que expresó su preocupación por el posible aumento del desempleo en el sector.Finalmente, Hurtado cuestionó la falta de representación del gremio en la negociación del salario mínimo. “Nunca nos han llamado a preguntarnos qué pensamos. Nos representan centrales obreras a las que ni siquiera pertenecemos”, señaló. También criticó la falta de apoyo institucional: “El trabajo digno del que tanto habla el Gobierno no se está aplicando con las trabajadoras del hogar”.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en diálogo con Mañanas Blu, ha emitido una contundente alerta sobre las consecuencias del Decreto 1485 del 31 de diciembre, el cual modifica la fórmula para el cálculo de las pensiones en Colombia. Según Velasco, esta medida, tomada tras un aumento significativo del salario mínimo, traslada la carga financiera del Estado directamente a los hombros de los trabajadores, alejando la posibilidad de jubilación para millones de ciudadanos.El costo de pensionarse aumenta radicalmenteHasta finales del año pasado, un trabajador en el régimen de ahorro individual necesitaba acumular aproximadamente 350 millones de pesos para adquirir una renta vitalicia de un salario mínimo. Sin embargo, bajo las nuevas reglas y el efecto del incremento salarial, esa cifra se ha disparado. Velasco explica que ahora se requerirán cerca de 550 millones de pesos para el mismo fin: un incremento de 200 millones que surge de la combinación del aumento salarial y la decisión del Gobierno de no compensar los efectos de dicha subida sobre las pensiones.Este cambio implica que el "sueño de la pensión" para cerca de 20 millones de afiliados en fondos privados se ha vuelto mucho más costoso y difícil de alcanzar. Para quienes no logren este capital, el panorama se inclina hacia la devolución de saldos, a menos que cumplan con los requisitos de semanas y edad para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.Una década más de trabajo para los colombianosLa consecuencia más directa para el ciudadano de a pie es el tiempo. Velasco estima que, para cubrir ese nuevo faltante de capital, un trabajador promedio tendría que laborar al menos una década adicional. "El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década", afirmó el directivo, señalando que esta decisión no fue concertada en mesas técnicas con los sectores afectados.Riesgos en el seguro previsional y sostenibilidad fiscalEl decreto no solo afecta la jubilación por vejez, sino también los seguros de invalidez y sobrevivencia. La ley establece que el costo de estos seguros no debe superar el 3% de la cotización; sin embargo, con los nuevos cálculos, este costo podría subir al 3.2%, quedando por encima de lo legalmente permitido. Esto genera un vacío donde los trabajadores podrían quedar desprotegidos ante accidentes o fallecimientos si el Gobierno no diseña un mecanismo de compensación.Además, Velasco advierte sobre un "tiro por la culata" fiscal. Al agotarse más rápido el Fondo de Garantía de Pensión Mínima —que cuenta con unos 55 billones de pesos—, será el propio Estado quien deba asumir estos pagos en el futuro con los impuestos de todos los colombianos, lo que anularía cualquier ahorro a corto plazo que el Gobierno pretenda lograr.La polémica repatriación de capitalesFinalmente, el presidente de Asofondos criticó la idea del Gobierno de repatriar los ahorros pensionales invertidos en el exterior. Velasco argumenta que obligar a vender estas inversiones internacionales para traer los dólares a Colombia provocaría una caída en la tasa de cambio y una pérdida de rentabilidad para los ahorradores, ya que se verían obligados a "vender barato" afuera y "comprar caro" activos locales. Actualmente, cerca del 50% de los 520 billones de pesos administrados están en el exterior para garantizar la diversificación y seguridad del ahorro.Para entender esta situación, imagine que usted ha estado ahorrando durante años para comprar una casa y, de repente, el vendedor le informa que el precio subió drásticamente. Ahora, usted no solo debe ahorrar mucho más dinero del previsto, sino que se ve obligado a trabajar muchos más años de los que planeaba simplemente para mantener la misma meta que antes sentía al alcance de su mano.Escuche aquí la entrevista: