En diálogo con Mañanas Blu, el abogado Abelardo De La Espriella respondió con contundencia a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha sugerido una supuesta cercanía entre el jurista y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. De La Espriella calificó estas afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" política diseñada para desviar la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno.Negación total de vínculos con la fiscal y su familiaDe La Espriella fue enfático al declarar que no conoce a la fiscal general ni a su esposo, Germán Marroquín. "No tengo idea de quién es su esposo en mi vida lo he visto si me lo ponen enfrente no sé quién es", afirmó, desmintiendo cualquier relación personal o profesional con el círculo familiar de la funcionaria. Según el abogado, estas acusaciones carecen de fundamento y son un "invento" para vincularlo con decisiones judiciales o procesos internos de la Fiscalía, de los cuales asegura estar completamente ajeno, especialmente tras haberse retirado del litigio hace cuatro años.¿Una estrategia para proteger a Iván Cepeda?Para De La Espriella, el fondo de los ataques del presidente radica en la arena electoral. Asegura que tanto él como el senador Iván Cepeda lideran las encuestas de opinión, y que Petro busca proteger a Cepeda de un enfrentamiento directo. "Petro se inventa este cuento para pelear conmigo y sacar a Cepeda de la ecuación para protegerle", señaló, aludiendo a que el senador tiene la obligación de explicar al país el modelo político que defiende. El abogado reiteró su invitación a Cepeda para un debate público sobre el futuro de Colombia, describiendo la contienda como una batalla entre el "absolutismo" y la "democracia".
Una carta del Grupo Trinity fue enviada internamente a más de 14.500 trabajadores en Colombia y España. El mensaje abrió una discusión sobre el papel de las empresas en el debate democrático previo a las elecciones de 2026. El contenido, conocido este martes 10 de febrero en Mañanas Blu, llamó a los empleados a participar activamente en las urnas y a evaluar propuestas que defiendan la empresa privada y el Estado de derecho.Aunque el documento no menciona nombres propios ni orienta el voto de manera explícita, su contenido generó interpretaciones y preguntas sobre hasta dónde puede llegar la voz de una compañía en decisiones que, por definición, son individuales. El presidente del Grupo Trinity en Colombia, Iván Trujillo, defendió el alcance del mensaje y negó cualquier intención de presión política.Carta del Grupo Trinity y llamado al voto conscienteTrinity, controlador de compañías como Acerías Paz del Río y operador del Centro de Convenciones de Cartagena, explicó que la carta hace parte de una visión de “ciudadanía corporativa”. Según Trujillo, el objetivo fue promover la reflexión y la participación democrática.“Como empresarios tenemos una gran responsabilidad que va más allá de la gestión interna de nuestras compañías”, afirmó. Y agregó: “Esto es un llamado cívico a participar en democracia, al voto libre, informado y consciente”.El directivo precisó que el grupo cuenta con cerca de 14.500 colaboradores, de los cuales unos 10.000 están en Colombia y más de 4.000 en España, y que todos recibieron el mensaje en los mismos términos.Libre mercado y Estado de derecho en el centro del mensajeUno de los fragmentos más comentados de la carta invita a evaluar programas políticos “que defiendan la actividad empresarial y el Estado de derecho”. Para Trujillo, esa frase resume una postura de principios y no una consigna electoral.“Para decirlo sin ambigüedades, considero necesario defender públicamente el libre mercado, la libertad de empresa y la institucionalidad democrática”, señaló en la entrevista. Insistió en que se trata de postulados constitucionales y “pilares esenciales para el progreso del país”.Ante la pregunta de si el mensaje buscaba advertir sobre una visión política específica, respondió: “Aquí de ninguna manera se trata de influir. Eso sería decirle a alguien por quién votar, y eso no está en la carta”.¿Empresas deben participar en los temas poliíticos? esto dijce TrujilloTrujillo reconoció que el sector empresarial debe participar en las conversaciones nacionales, pero aclaró que no condiciona relaciones laborales ni abre espacios para hacer campaña. “Cada colaborador decide libremente cómo y por quién votar. Toda postura política es legítima en democracia”, afirmó.Para el directivo, el debate no debería centrarse en nombres o partidos, sino en principios. “La política no es solo de los políticos. Nos compete a todos como ciudadanos”, concluyó.
La Registraduría anunció que apoyará a los damnificados por la ola invernal en Montería, Córdoba, con el trámite gratuito de los documentos de identidad.“La garantía del acceso efectivo y oportuno a los documentos de identidad adquiere especial relevancia en el marco de esta contingencia, ya que estos son un requisito indispensable para acceder a ayudas humanitarias, programas sociales, servicios de salud y demás beneficios dispuestos para la población afectada”, señaló el registrador, Hernán Penagos.Las jornadas se desarrollarán en tres puntos de Montería y la Registraduría espera atender aproximadamente a 5.000 personas damnificadas, entre niños, jóvenes y adultos. Se harán trámites de tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.“Se contempla la realización de jornadas de identificación adicionales en el departamento, de manera articulada entre la Registraduría Nacional y las alcaldías municipales, conforme a las necesidades que se identifiquen en el territorio”, agregó el registrador.Las jornadas se harán este miércoles y jueves en el Colegio Nacional; el viernes y sábado en el Coliseo Happy Lora, y el lunes 16 de febrero en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil.
La Procuraduría General de la Nación pidió a las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios, Empresas Sociales del Estado, la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades territoriales la adopción inmediata de planes de acción para mitigar los impactos en la salud pública por la emergencia ambiental que vive el departamento de Córdoba.La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS priorizar la atención de los grupos más vulnerables, como niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. También pidió reforzar la atención de urgencias, activar rutas de atención, asegurar el suministro de medicamentos e insumos y garantizar la continuidad de los tratamientos.Además, el órgano de control requirió a las secretarías de salud departamental y municipal coordinar acciones con las autoridades locales y el sector salud, implementar vigilancia epidemiológica, realizar brigadas de vacunación y articular la red pública y privada para la prestación de servicios médicos en las zonas afectadas.Finalmente, la Procuraduría exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer control y vigilancia sobre las EPS y demás actores del sistema, adelantar acciones preventivas y hacer seguimiento a posibles fallas para garantizar el derecho a la salud de la población en Córdoba.
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó el lunes a responder preguntas del comité del Congreso de Estados Unidos que investiga los vínculos del fallecido delincuente sexual con figuras poderosas, pero dijo estar dispuesta a hacerlo si el presidente Donald Trump la indultaba.La audiencia a puertas cerradas y por videoconferencia con Maxwell, presa en Texas, tuvo lugar en plena tormenta provocada por la reciente publicación de una gran cantidad de documentos del expediente Epstein.El lunes, el Departamento de Justicia abrió los archivos de Epstein no censurados para su revisión por parte de miembros del Congreso, luego de que varios legisladores expresaran preocupación porque algunos nombres fueron eliminados.Una ley de transparencia, aprobada en noviembre en el Congreso y promulgada por Trump tras presiones de su propio partido Republicano, obligó al Departamento de Justicia a divulgar todos los documentos en su posesión relacionados con Epstein, hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.Epstein, cuya muerte fue considerada un suicidio, había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con políticos, celebridades y académicos de todo el mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta."Inocentes"Maxwell, de 64 años, es la única persona condenada por un delito en relación con Epstein. Fue declarada culpable en 2021 de tráfico sexual de menores para el financista y cumple una condena de 20 años de cárcel."Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta", dijo a periodistas el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, en alusión al derecho a no autoincriminarse garantizado por la Constitución de Estados Unidos.El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó en un comunicado que su cliente "está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto".Markus también dijo que Trump y el expresidente demócrata Bill Clinton, ambos amigos de Epstein en el pasado, son "inocentes de cualquier delito". "Solo la señora Maxwell puede explicar por qué", afirmó.El legislador demócrata Suhas Subramanyam, quien asistió a la declaración de Maxwell, consideró que "todo esto es una estrategia para intentar conseguir un indulto del presidente Trump".El Departamento de Justicia dijo que no se esperan nuevos procesamientos, pero varios líderes políticos y empresariales quedaron manchados por el escándalo o dimitieron después de que sus vínculos con Epstein salieran a la luz en los archivos."Violación flagrante"La ley de transparencia exige la supresión de los nombres u otra información identificable de las víctimas de Epstein, que sumaban más de 1.000 según el FBI.Pero determina que ningún registro puede "retenerse, retrasarse o censurarse sobre la base de vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política, incluidos cualquier funcionario gubernamental, figura pública o dignatario extranjero".El representante demócrata Ro Khanna, coautor de la ley, junto al republicano Thomas Massie, cuestionó las censuras de estos documentos."Hay seis hombres, algunos con foto, cuyos nombres fueron censurados, sin explicación de por qué lo fueron", dijo Khanna. Los parlamentarios no dieron nombres, pero uno de ellos está "bastante arriba en un gobierno extranjero", dijo Massie.Khanna también publicó otros ejemplos en su página de Facebook.El nombre del remitente de un correo electrónico del 17 de enero de 2013 dirigido a Epstein está tachado en los archivos divulgados. "Acaba de llegar una nueva brasileña, sexy y linda, =9 años", dice el mensaje.También está censurado el nombre del remitente de un correo electrónico del 11 de marzo de 2014 dirigido a Epstein, en el que se lee: "Gracias por una noche divertida". "Tu chica más pequeña estuvo un poco traviesa".Khanna dijo que no revelar los nombres de los remitentes de los correos electrónicos es una "violación flagrante" de la ley de transparencia.Presión políticaClinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, deben testificar a fines de febrero sobre sus lazos con Epstein. Trump fue en su momento amigo cercano de Epstein, pero no ha sido citado a declarar por el panel.Ni los Clinton ni Trump han sido acusados de ningún acto ilícito relacionado con Epstein. Maxwell fue trasladada en 2025 a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse dos veces con el vicefiscal general Todd Blanche, exabogado personal de Trump.Trump intentó impedir la publicación de los archivos sobre Epstein, pero promulgó la ley de transparencia bajo presión de su propio partido.La medida extraordinaria reflejó la intensa presión política para abordar lo que muchos estadounidenses, incluidos los propios simpatizantes de Trump, ven como un encubrimiento para proteger a hombres ricos y poderosos del entorno de Epstein.
El portafolio de SUVs eléctricos en Colombia incorpora un nuevo modelo con la llegada de la Geely EX5, una SUV completamente eléctrica que amplía la oferta disponible en el segmento de camionetas medianas. El modelo hace parte de la estrategia de nuevas energías de la marca china en el país y se suma a un segmento en el que ya participan fabricantes como BYD, Chery, GAC, MG y otras marcas de origen asiático.La EX5 está orientada al uso urbano y familiar, con una configuración que combina propulsión eléctrica, sistemas de asistencia a la conducción y una cabina de dimensiones amplias, en línea con las exigencias actuales del segmento.Batería y autonomía del Geely EX5En cuanto a su sistema de propulsión, la Geely EX5 está equipada con una batería de 60,22 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 490 kilómetros bajo el ciclo NEDC, que la posiciona dentro del rango habitual de las SUV eléctricas que actualmente se comercializan en el país.El modelo incorpora capacidad de carga rápida, lo que facilita la recuperación de energía en tiempos reducidos, lo que también es relevante para su uso cotidiano, especialmente en contextos urbanos y desplazamientos intermunicipales, donde la planificación de recargas es un factor determinante.Seguridad del SUVUno de los ejes del diseño de la Geely EX5 es la incorporación de tecnologías de seguridad. El modelo cuenta con un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), disponibles en la versión EX5 Max, que incluyen funciones como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y visión periférica de 360 grados.Estos sistemas están orientados a apoyar la conducción tanto en ciudad como en carretera, y se integran con elementos de seguridad pasiva que forman parte de la estructura del vehículo. La presencia de estas asistencias ubica a la EX5 dentro de los estándares actuales del segmento eléctrico.Diseño interior del EX5La configuración interior de la Geely EX5 prioriza el espacio y la funcionalidad. Su distancia entre ejes permite una distribución amplia para los pasajeros, tanto en las plazas delanteras como traseras, lo que la orienta a un uso familiar o de transporte cotidiano.El interior incorpora una cabina digital con pantallas de gran formato, desde las cuales se gestionan funciones de navegación, conectividad y ajustes del vehículo. La integración tecnológica se complementa con sistemas de conectividad avanzada y la posibilidad de actualizaciones remotas, que permiten mantener vigentes algunas funciones del sistema.A nivel de confort, el vehículo incluye climatización eficiente, materiales orientados a la durabilidad y un nivel de insonorización acorde con la propulsión eléctrica.
Los alcaldes de los municipios de La Plata, La Argentina y Gigante, a través de decretos, declararon la calamidad pública ante las graves emergencias que se han presentado producto de los desbordamientos de fuentes hídricas, inundaciones y deslizamientos de tierra que han afectado a decenas de familias urbanas y rurales.Otros municipios como Garzón, Íquira, Elías y Timaná, registran viviendas averiadas, pérdida de cultivos de café y plátano. También reportan cinco sedes educativas con afectaciones en sus estructuras físicas, 114 deslizamientos de tierra y 172 vías entre principales y terciarias obstruidas por derrumbes.“Hasta la fecha tenemos tres municipios que han declarado la calamidad pública asociadas por las lluvias, tenemos a los municipios de La Plata, La Argentina y Gigante. Esta es una herramienta la ley 1523 y que faculta a los alcaldes para que puedan agilizar respuestas por parte de las entidades regionales y nacionales ante las necesidades por emergencias, como por ejemplo agilizar recursos del orden local y nacional y ayudas para quienes hayan sido damnificados”, explicó Orlando Garzón, coordinador para la atención de desastres de la oficina de gestión de riesgo en el Huila.Señaló el funcionario que, de acuerdo con el Ideam, las lluvias podrían presentarse con intensidades variables en el transcurso de los próximos días, situación que hace necesario reforzar el monitoreo permanente de ríos, quebradas, así como la vigilancia del estado de las vías de primer orden, terciarias y rurales del departamento.Según el informe oficial, a la fecha van 210 familias damnificadas, 197 viviendas averiadas entre urbanas y rurales, cinco viviendas destruidas, seis familias en zonas de alto riesgo que ya fueron reubicadas de maneta temporal y más de cinco hectáreas de café y plátano afectados por deslizamientos de tierra.Por último, las autoridades advierten a las alcaldías mantener activos los planes de contingencia ante eventuales emergencias por el incremento de lluvias que siguen con intensidad en gran parte del territorio colombiano.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció luego del asesinato de dos escoltas del senador Jairo Castellanos, ocurrido en una emboscada contra su esquema de seguridad en carreteras del departamento de Arauca, un hecho que ha generado fuerte rechazo desde distintos sectores políticos y del Gobierno nacional.El ataque se registró en la zona rural del municipio de Fortul, donde hombres armados interceptaron el vehículo blindado en el que se movilizaban los escoltas del congresista. De acuerdo con el relato entregado por el propio senador Castellanos, no se trató de un retén improvisado, sino de una acción planeada con precisión: al menos tres camionetas cerraron el paso y bloquearon cualquier ruta de escape antes de que se desatara un intenso intercambio de disparos.Como resultado del ataque murieron Wilmir y Manrique, hombres de confianza del senador, quienes se negaron a descender del vehículo oficial. Castellanos calificó el hecho como una “barbarie” tras asistir al sepelio de sus escoltas y aseguró que la violencia fue ejecutada por un grupo numeroso de hombres fuertemente armados.Según informes de inteligencia conocidos por las autoridades, los responsables del atentado serían integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, estructura que tiene presencia histórica en esa zona del país. En medio de estos señalamientos, el grupo armado ilegal emitió un pronunciamiento en el que se refirió a los hechos, luego de ser vinculado directamente con el ataque.Dentro del material probatorio que analizan las autoridades se encuentra un video clave en el que se observa a los atacantes vestidos de civil. En las imágenes también se aprecia a uno de los hombres portando un fusil mientras participa en el ataque contra el vehículo del esquema de seguridad."No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región. Los retenes que colocamos en las vías, obedecen a la situación de guerra que se presenta en la región, igualmente son medidas de defensa, frente a la acción de las fuerzas armadas estatales y las bandas de mercenarios", dijo el ELN en su comunicado.Tras lo ocurrido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado, que además dejó una camioneta desaparecida y tres asesores del senador retenidos de manera temporal.Este hecho se suma al complejo panorama de seguridad que enfrentan líderes políticos y funcionarios públicos en el actual contexto electoral, especialmente en regiones con fuerte presencia de grupos armados ilegales, como Arauca.
En medio de la gira diplomática que adelanta por Europa, la Cancillería colombiana concretó en Bucarest un acuerdo con Rumania enfocado en la prevención del reclutamiento infantil a través del deporte y la cultura. El compromiso quedó consignado en una Declaración de Intención firmada por las ministras de Relaciones Exteriores de ambos países, en lo que marca, además, la primera visita de una canciller colombiana a ese país en 34 años.La alianza busca fortalecer programas que promuevan la inclusión y generen alternativas para niños, niñas y adolescentes en territorios afectados por el conflicto armado. Desde 2011 se vienen desarrollando intercambios deportivos y culturales entre Colombia y Rumania, iniciativas que, según lo acordado, seguirán ampliándose como herramienta de prevención y construcción de convivencia.Durante el encuentro también se abrió la puerta a nuevas líneas de cooperación, especialmente en gestión del riesgo y atención de desastres, en momentos en que Colombia enfrenta una fuerte emergencia invernal que afecta a regiones como Córdoba, Sucre, Bolívar y otras, por el paso de un frente frío que no se tenía previsto y que generó inundaciones y desbordamientos de ríos, afectando a más de 70.000 familias.
A más de 11.000 pies de altura, las tripulaciones de la Aviación del Ejército afinan maniobras, corrigen errores y enfrentan uno de los mayores retos para cualquier piloto militar: volar y aterrizar en montaña. El escenario es el municipio de Samacá, Boyacá, donde se desarrolla el curso de Operaciones en Montaña y Aterrizajes a Gran Altura (Omaga).El entrenamiento, fundamentado en el manual HAAT (High Altitude Army Aviation Training), busca fortalecer el entendimiento de los pilotos frente a los riesgos propios de la topografía andina: corrientes de aire cambiantes, baja densidad del aire, variaciones bruscas del clima y obstáculos naturales que pueden convertirse en amenazas invisibles para una tripulación inexperta.La capacitación es liderada por el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación (BETRA) y está dirigida a oficiales pilotos que asumirán el rol de comandantes de helicóptero, específicamente en aeronaves MI-17 y Black Hawk. El objetivo es que puedan enfrentar despliegues en zonas de alta complejidad geográfica, donde la pericia técnica marca la diferencia entre el éxito de la misión y el riesgo operacional.El curso se divide en dos fases. La primera, teórica, tiene una duración de ocho días e incluye instrucción detallada sobre el comportamiento de las aeronaves en montaña, así como los efectos de la meteorología y la topografía en el rendimiento del vuelo. La segunda fase, práctica, se extiende por diez días, periodo en el que los pilotos aplican en terreno real los conocimientos adquiridos en aula.Este entrenamiento fortalece la capacidad diferencial de la División de Aviación Asalto Aéreo, permitiéndole contar con tripulaciones altamente entrenadas para operar en cualquier punto del territorio nacional. Además, se proyecta como un componente clave dentro del despliegue operacional previsto para el Plan Democracia 2026, en el que la movilidad aérea será determinante para garantizar seguridad y presencia institucional.
En diálogo con Mañanas Blu el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, entregó detalles sobre sus propuestas de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo. Al ser preguntado sobre si tiene relación con el esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo, negó rotundamente conocerlo. Lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro, delineó su visión de país y desmintió los señalamientos que lo vinculan con la actual cúpula de la Fiscalía General de la Nación. Durante la conversación, De La Espriella enfatizó que su proyecto político busca restaurar el orden y la justicia en Colombia, asegurando que no habrá concesiones para quienes hayan abusado del poder.Desmentido de vínculos con la Fiscalía y la "estratagema" de PetroUno de los puntos centrales de la entrevista fue la supuesta cercanía de De La Espriella con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de su esposo, Germán Marroquín. El candidato fue enfático al declarar: "No conozco a la señora fiscal, no sé quién coño es el marido", calificando tales afirmaciones como un "disparate" y una "estratagema" del presidente Petro para distraer a la opinión pública de los escándalos de corrupción que rodean a su administración, como los casos de Ecopetrol y la Unidad de Gestión de Riesgo.De la Espriella recordó que fue el propio Petro quien ternó a la fiscal Camargo y que él no tiene relación alguna con las decisiones que toma el ente acusador. Según el abogado, el presidente busca meterse en una pelea directa con él para proteger a su "heredero", Iván Cepeda, y sacarlo de la ecuación pública.Auditoría internacional y justicia sin impunidadAl ser consultado sobre sus intenciones respecto al actual mandatario, De La Espriella fue tajante al expresar que "Petro no puede quedar impune" si se comprueba que ha pasado por encima de la Constitución y la ley. El precandidato propuso realizar una auditoría internacional de todas las dependencias del gobierno para mostrarle al país "cómo fue que se robaron Colombia, dónde se lo robaron, cuánto se lo robaron y quiénes se lo robaron".“Yo quiero ver preso al que haya delinquido”, afirmó, señalando que su compromiso moral y legal es realizar un corte de cuentas riguroso. Aseguró que los resultados de dicha auditoría serían entregados a los organismos de justicia correspondientes para que tomen las decisiones necesarias.Un plan de choque para la seguridad nacionalEn materia de orden público, De La Espriella presentó un plan de choque de 90 días destinado a capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor. Su estrategia incluye la fumigación de las 330.000 hectáreas de coca existentes y el bombardeo de campamentos narcoterroristas, para lo cual busca fortalecer alianzas con Estados Unidos e Israel.Para el candidato, la seguridad es el eje fundamental que genera confianza inversionista y permite el desarrollo social. “El Estado no crea riqueza, el Estado crea condiciones para que nosotros los empresarios creamos riquezas”, explicó, añadiendo que su gobierno sería de transición para "organizar la casa".Escuche aquí también la entrevista:
La senadora Aída Quilcué, reconocida líder indígena y miembro del Pacto Histórico, confirmó que sus captores se identificaron como integrantes de la columna Dagoberto Ramos, una de las principales estructuras disidentes de las FARC en el suroccidente del país. El hecho ocurrió el pasado martes en una zona rural del páramo de Totoró, departamento del Cauca, cuando Quilcué se desplazaba desde La Plata (Huila) hacia Popayán junto a su esquema de seguridad.El vehículo de la congresista fue interceptado hacia la 1:30 de la tarde por un grupo de hombres armados con fusiles, quienes la obligaron a descender del carro y la condujeron a un área boscosa de difícil acceso. “Nos encañonaron, eran bastantes, nos descendieron del carro y de ahí pues ya nos llevaron caminando montaña abajo”, relató Quilcué en diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu.La senadora, que hace parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y es una figura histórica del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), narró con serenidad cómo se mantuvo firme ante sus captores. “Yo les dije: no voy a caminar más. Si me van a hacer algo, lo pueden hacer aquí”, recordó. Según explicó, tras más de dos horas de tensión, los hombres comenzaron a retirarse del lugar, aparentemente presionados por la reacción de la Guardia Indígena y de la Fuerza Pública.“Era un secuestro dirigido”Durante la entrevista, Quilcué afirmó que el grupo portaba radioteléfonos y mantenía comunicación constante con otros hombres apostados en la zona, lo que indica que se trató de una acción planificada. “Decían por radioteléfono: ‘ya los tenemos, ya estamos aquí’, eso indica que era un secuestro dirigido”, expresó la senadora.La propia congresista reconoció que su esquema de protección fue clave para mantener la calma, aunque admitió que el operativo de rescate se facilitó por la reacción comunitaria. “La acción generalizada de la Guardia Indígena fue la que ayudó, junto a las acciones de la Fuerza Pública”, sostuvo.La columna Dagoberto Ramos, señalada por las autoridades como una de las más violentas disidencias del Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias Iván Mordisco, mantiene presencia en los municipios de Toribío, Caldono, Inzá y Totoró, zonas donde en los últimos meses se han registrado múltiples ataques, secuestros y hostigamientos a la población civil.Otro secuestro agravó la tensión en la regiónEl rapto de Quilcué coincidió con el secuestro, pocas horas después, del alcalde de Morales (Cauca), Óscar Guachetá, quien fue liberado tras una operación del Ejército Nacional. Ambos hechos, ocurridos con menos de 24 horas de diferencia, aumentaron la preocupación por el deterioro del orden público en el departamento.El alcalde Guachetá relató que fue intimidado y golpeado por sus captores: “Nos encañonaron, nos golpearon en el rostro y nos despojaron de los celulares y de la camioneta”, dijo tras recuperar la libertad. Las autoridades atribuyen ambos hechos a las mismas estructuras armadas que controlan corredores estratégicos del norte y oriente del Cauca.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Edwin Urrego respondió de manera contundente a las acusaciones sugeridas por el presidente Gustavo Petro, quien señaló a un alto oficial de la policía de haber intentado plantar sustancias psicoactivas en su vehículo oficial. El general Edwin Urrego, quien ha ocupado cargos de relevancia en la Dijín y las comandancias de Barranquilla y Cali, calificó estos señalamientos como una "locura" y manifestó su total sorpresa ante lo que considera una desinformación del mandatario.Una "locura" sin fundamentosEl general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista, aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial, afirmando: “Nunca, eso para mí es una locura”. Según el oficial, su labor en los territorios siempre se centró en garantizar la seguridad del presidente a través de las avanzadas y protocolos de ley, pero recalcó que el esquema de seguridad y el manejo de los vehículos dependen directamente de la Casa Militar, con quienes no tiene contacto directo.Disposición ante la justicia y el polígrafoAnte la gravedad de las acusaciones, que sugieren un plan para sabotear una supuesta reunión del presidente con Donald Trump, Urrego manifestó su total disposición para aclarar la situación. “Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”, afirmó el oficial, destacando que en sus 32 años de carrera ha superado exitosamente cerca de seis pruebas de confianza, incluyendo procesos con agencias de Estados Unidos como HSI y ICE. Urrego sostiene que, al no existir tales hechos, no puede haber pruebas técnicas que lo vinculen con este supuesto complot.El episodio del allanamiento a BenedettiOtro de los puntos de fricción es la relación que el presidente Petro estableció entre el oficial y el allanamiento a la casa de Armando Benedetti en Barranquilla. El general Urrego aclaró que, aunque era el comandante en esa ciudad cuando ocurrió el procedimiento, este fue una orden judicial de la magistrada Cristina Lombana. Explicó que él no tuvo conocimiento previo del objetivo de la diligencia debido a la reserva legal y que su única función fue disponer el apoyo de seguridad solicitado por los funcionarios de policía judicial que venían desde Bogotá. “No podía ni oponerme y, por el contrario, mi deber era brindar el apoyo que hubiesen pedido”, puntualizó.Escuche aquí la entrevista:
El papa León XIV pidió hoy prestar apoyo a Colombia tras las graves inundaciones de los últimos días, en un llamamiento durante los saludos en español en su Audiencia General de los miércoles.El pontífice estadounidense encomendó al amparo de la Virgen "a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia".Y exhortó a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas".El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias y por el desbordamiento de ríos como el Sinú y el San Jorge en la región caribeña del país implicará millonarias inversiones en los próximos meses."La reconstrucción del tejido social y el territorio implicará (...) una decena de billones, en los próximos meses", escribió en X el mandatario, quien convocó un consejo de ministros para abordar la emergencia climática provocada por las lluvias, con al menos 14 muertos y decenas de miles de familias damnificadas.León XIV también recordó que en la diócesis de la que fue obispo, en Chiclayo, en Perú, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y confió "a todos, especialmente a los enfermos y a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María".
El presidente Gustavo Petro encabezó en Montería un extenso consejo de ministros —cercano a cinco horas— marcado por la emergencia invernal, anuncios fiscales, denuncias de presuntos sabotajes, críticas a instituciones del Estado y pronunciamientos sobre política energética, electoral y administrativa. Aunque el eje formal del encuentro fueron las inundaciones que afectan a Córdoba y a otras regiones del país, el mandatario abordó múltiples frentes, generando reacciones políticas y respuestas institucionales.Emergencia por lluvias y ultimátum a la Corte ConstitucionalEl Gobierno calcula que se requieren 8 billones de pesos para atender la emergencia causada por el invierno. Petro condicionó la ruta financiera a la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica expedido en diciembre.“Vamos a dar hasta mañana y tenemos un problema de tiempos, pero también de decisiones de la Corte Constitucional. Entonces yo quiero ver qué momento, que no se demore, porque si no, de todas maneras no podemos esperar mucho", dijo el presidente.Nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresasEl ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que, de decretarse una nueva emergencia, el Ejecutivo propondrá un impuesto al patrimonio dirigido a grandes empresas para financiar la reconstrucción.“Proponer en esta nueva decisión de emergencia económica una medida central, básicamente concentrarnos en la búsqueda de recursos a través de una medida tributaria que sería un impuesto al patrimonio a personas jurídicas. Y con el mismo criterio progresivo que hemos tenido en todas las propuestas de medidas tributarias que hemos mencionado, se tendría este tipo de impuesto al patrimonio similar a otras experiencias que se manejaron en otras coyunturas de impuestos a la riqueza, se le conoce", dijo.Balance de daños: “No hay plata para reconstruir”La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo presentó un panorama crítico de afectaciones humanas, territoriales y económicas: “Va a ser realmente una pérdida extraordinariamente grande. Vea, nosotros hemos hecho unos cálculos con las imágenes satelitales que nos arrojan unas 48.000 hectáreas en este momento bajo el agua. Eso, haciendo un poco más matemáticas de servilleta, nos puede estar dando que tendríamos unas 250.000 o 300.000 hectáreas afectadas. Recuperar eso cuesta una fortuna. Restituirles las viviendas a las miles de familias que lo perdieron cuesta demasiado dinero”, dijo Carlos Carillo, director de la entidad.Polémica por protocolo del consejo de ministrosEl mandatario defendió el procedimiento del encuentro tras críticas por alcaldes que esperaron atención sentados en el piso.“Críticas que alcaldes se tiraron por ahí en un correo a decir que no lo recibimos. No, no, esto es un consejo de ministros, tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta ni haciendo manifestaciones. Lo que estamos es resolviendo desde el gobierno nacional, que es la instancia que dirige el presidente. El Consejo de Ministros tiene un protocolo", dijo Petro.Propuesta energética a EE. UU. y críticas empresarialesPetro reveló que propuso a Donald Trump integrar infraestructura para transportar gas venezolano, con el objetivo de abaratar precios. En ese contexto lanzó críticas a grandes empresarios.“Le dije a Trump: ayúdeme a importar, le pongo el tubo para que exporte usted al mundo, porque los gringos no necesitan gas, y ese gas que queman al otro lado de la frontera en Venezuela se use, porque mitiga un poco el impacto del CO2, y parte de ese gas llega aquí y desplomamos todos estos precios, ministro.”Denuncia de presunto sabotaje y plan contra su seguridadEl presidente aseguró que existió un intento de sabotear su reunión con Trump mediante la siembra de sustancias ilícitas en su vehículo, y reiteró que hay planes para atentar contra su vida.“Hay un general que ordena retirar la policía, tiene una misión extraña. Alguien le dio la orden, no, no, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Ese tiene que ver con usted, de allá no, su casa era para eso. Y tenían como misión destruir la reunión… eso me coloca en una situación de alarma", denunció.Isla Gorgona como centro internacional de investigaciónPetro planteó transformar la isla en un eje científico y sanitario: “Gorgona tiene que ser el centro de nuestro programa de salud pública con prevención, y eso implica antiofídico y eso implica refrigeración, lo cual implica energía”.Nuevo pasaporte colombianoEl mandatario presentó el diseño preliminar del nuevo documento, destacando su seguridad y el fin de la tercerización.“Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia y ordenado cambiarlas. Y nada, la trampa se hace no solo comprando votos, gobernador, sino en los algoritmos".Defensa de Ricardo Roa y críticas al sistema electoralPetro defendió al presidente de Ecopetrol frente a las imputaciones anunciadas y cuestionó decisiones del Consejo Nacional Electoral y de la Fiscalía. “Ahora Roa, por sobre topes de campaña, que yo que me he leído ese proceso de pie a paso, pues no tienen que creerme, pero sé que no hubo ningún sobre costo. Ustedes no pueden decir que porque duplicaron la factura…Y el señor Prada es el que armó esto… sobre topes que cuando yo veo resulta que no son…”
La Universidad Nacional confirmó que está adecuando la capilla Cristo Maestro, ubicada en la sede de Bogotá, con el fin de albergar dignamente los restos mortales del padre Camilo Torres Restrepo, si su cuerpo logra identificarse plenamente.Así lo informó la vicerrectora Carolina Jiménez Martín, quien agregó que, si bien están pendientes de los resultados científicos finales, es necesario adelantar dichas intervenciones como parte del plan por honrar el legado de Torres a servicio de la institución y del país.La universidad reiteró ahora la propuesta a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, teniendo en cuenta la importancia del sacerdote para la institución desde su rol como estudiante de Derecho, docente de Sociología Urbana y Trabajo Social, editor de textos académicos, capellán de esa capilla y cofundador del Departamento de Sociología en 1960.“De allí que la Universidad Nacional haya albergado, desde que se produjo su fallecimiento, la esperanza de que en la capilla “Cristo Maestro” de la Ciudad Universitaria de Bogotá reposen sus restos mortales; así lo atestigua la placa memorial ubicada hace 50 años en este espacio sacro, que simboliza la disposición permanente de la Universidad para salvaguardar su memoria por su profunda vinculación con la vida universitaria en las dimensiones académica y pastoral”, recordó la universidad.El pronunciamiento llega luego de conocerse una serie de trabajos en la capilla, así como la realización de grafitis alusivos al ELN en varias partes de la sede universitaria.Este 2026 se cumplen 60 años de la muerte de Torres, el llamado ‘Cura guerrillero’ y símbolo tanto de la lucha armada como política del ELN. Fue uno de los pioneros en Colombia de la Teología de la Liberación que priorizaba en atender la pobreza urbana y desigualdad rural siempre defendiendo la postura de un cristianismo atado a la realidad social.Dichas tareas, que lo llevaron por ejemplo a impulsar la creación de las juntas de acción comunal, las combinó como su trabajo académico y pastoral, en el que impulsó la visión de una universidad pública comprometida con esa realidad social avanzando en investigaciones fuera de la institución.Su nombre ha sido también símbolo del ELN, grupo al que se sumó poco antes de su muerte, el 15 de febrero de 1966, cuando cayó en su primer combate contra el Ejército colombiano.Desde ese momento, la información que se tenía es que los militares se habían quedado con su cuerpo; sin embargo, a finales del pasado mes de enero luego de un comunicado del ELN, la Unidad de Búsqueda, así como Medicina Legal, informaron que estaban en el estudio de restos óseos con altas probabilidades que correspondieran al sacerdote Torres.“La solicitud de búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en 2019. Desde ese momento, en el marco de la búsqueda masiva y relacional, se inició la investigación, la cual ha logrado avances significativos en el proceso, particularmente en los últimos dos años, como resultado de la contrastación de fuentes, revisión de documentos históricos, testimonios y la combinación de técnicas geomáticas, antropológicas y forenses”, explicó en ese momento Luz Janeth Forero, director de la Unidad de Búsqueda.
En entrevista con Recap Blu, el precandidato presidencial David Luna lanzó una frase contundentes: “Hay que desbogotanizar a Colombia”. Con esa idea, el dirigente cuestionó el centralismo del país y aseguró que, como exministro de las TIC, fue testigo de cómo los alcaldes deben viajar a la capital “a mendigar los proyectos”, en lugar de contar con autonomía real y recursos efectivos en las regiones.Luna sostuvo que Colombia necesita profundizar la descentralización y fortalecer la responsabilidad política y presupuestal en los territorios, especialmente en zonas históricamente olvidadas como el Pacífico. Propuso que su eventual fórmula vicepresidencial tenga un papel activo en resolver problemas estructurales como agua potable y alcantarillado en departamentos como Chocó, Cauca y Nariño.“La plata está, lo que falta es voluntad y ejecución”, afirmó el precandidato que integra la Gran Consulta por Colombia.¿Votaría por Iván Cepeda?En materia de gobernabilidad, el precandidato se mostró dispuesto a dialogar con la oposición, aunque dejó claro que no votaría por candidatos del Pacto Histórico y, por su puesto, eso incluye a Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quinero. “Yo no cancelo, yo convoco”, señaló, al insistir en que gobernaría para todos los colombianos y no solo para quienes voten por él. Defendió la necesidad de construir acuerdos, incluso entre sectores ideológicamente opuestos.Críticas al Gobierno PetroAl evaluar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Luna le dio una calificación de 3 sobre 10. Aunque reconoció algunos avances, como el aumento del subsidio a adultos mayores y el trabajo técnico de funcionarios como Jorge Iván González en Planeación, criticó los escándalos de corrupción y lo que calificó como promesas incumplidas. También aseguró que retomaría la presencia activa del Ejecutivo en las regiones, con ministros y vicepresidente trabajando directamente en territorio.En seguridad, fue enfático en rechazar la paz total y calificó al ELN como una organización criminal dedicada al narcotráfico. Propuso una ofensiva frontal contra estructuras ilegales, modificar la ley para que menores desde los 15 años respondan penalmente y concentrar esfuerzos en los 15 municipios donde se ubica la mitad de los cultivos de coca del país. Por último, de cara a la consulta del 8 de marzo, Luna insistió en que su apuesta es representar una alternativa de “sensatez y mesura”, con una política menos centralista y más conectada con las regiones, así como un discurso alejado de los insultos y basado en argumentos.
En horas de la tarde de este sábado 10 de enero de 2025 se registró un accidente aéreo en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió en la vereda Romita.Se trató del accidente de una avioneta, que por ahora se encuentra determinando si dejó victimas mortales. Hasta el momento, las autoridades se encuentran en el lugar adelantando las labores de inspección y las investigaciones correspondientes para establecer las causas que provocaron el siniestro.Según confirmó la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, "se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama".En este accidente, según confirmaron las autoridades, murió el artista de música popular Yeison Jiménez. Además viajaban el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora."La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín", afirmaron."La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activa el protocolo de investigación. Además, la AEROCIVIL proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por parte de las autoridades competentes", concluyeron.
En operativo de cooperación internacional, la Policía Nacional capturó en Bogotá a un ciudadano colombiano solicitado por la justicia de Estados Unidos por el delito de hurto calificado y agravado. El requerimiento está relacionado con el robo a mano armada de al menos USD 100.000 en joyas, en el estado de Florida, en el cual el capturado, identificado como Fandiño Bonilla, habría estado involucrado.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la agencia estadounidense U.S. Marshals, como parte de la lucha contra el crimen trasnacional. El implicado es solicitado por la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach, donde es investigado por los hechos registrados en 2023.De acuerdo con las autoridades, el detenido habría participado en un asalto armado de joyas valoradas aproximadamente en $374 millones. Según la información oficial, permaneció prófugo de la justicia durante dos años, periodo en el que habría utilizado diversas estrategias para evadir a las autoridades en Colombia, entre esas cambiar de residencia y de líneas telefónicas, no registrar bienes a su nombre y mantenerse alejado de las redes sociales.La orden de captura con fines de extradición fue emitida el 25 de noviembre de 2025, y su consecución se logró tras labores de inteligencia y seguimiento adelantadas en Colombia. Según la Policía Nacional, esta operación hace parte del fortalecimiento de la cooperación judicial con Estados Unidos y del compromiso institucional de ubicar y capturar personas solicitadas por cortes internacionales que intentan ocultarse en el país.El capturado quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan los trámites legales correspondientes para definir su eventual extradición, conforme a la normatividad vigente.
El Estado colombiano fue declarado responsable por los graves perjuicios sufridos al soldado Rubén Leonardo Bolaños y su familia tras la toma criminal de la base militar de Las Delicias, ocurrida el 30 de agosto de 1996 en zona rural de La Tagua, Putumayo, uno de los episodios más violentos del conflicto armado en el sur del país.Según la decisión, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional deberá pagar una indemnización por perjuicios morales a las víctimas del caso. Al soldado Rubén Leonardo Bolaños, víctima directa de los hechos, se le reconocerán 125,61 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a su madre, 80 salarios mínimos; y a cada uno de sus tres hermanos, 40 salarios mínimos. Adicionalmente, el Estado deberá pagarle 80 salarios mínimos por daño a la salud y otros 80 salarios mínimos por concepto de reparación pecuniaria.¿Cómo ocurrió la toma de Las Delicias?Los hechos se remontan a la noche del 30 de agosto de 1996, cuando hacia las siete de la noche, en plena formación de tropa, la base militar de Las Delicias fue atacada por el Bloque Sur de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El asalto dejó 27 militares muertos, 17 heridos y 60 soldados secuestrados, entre ellos Rubén Leonardo Bolaños, quien permaneció en cautiverio durante 288 días y fue liberado el 15 de junio de 1997.El fallo establece que el soldado sufrió un daño desmedido como consecuencia de los hechos, con secuelas que no se limitaron en términos morales o materiales, sino que se extendieron al ámbito fisiológico y psicológico, por lo que el soldado desarrolló una grave crisis mental que ha ido empeorando de manera progresiva desde su liberación.¿Cuál fue el resultado del fallo?La investigación concluyó que la toma de las FARC fue posible por una cadena de fallas graves en el batallón. Entre ellas se destacan las deficientes condiciones del armamento, la falta de equipos adecuados y las irregularidades en la conducta de quienes estaban al mando. Los oficiales no aplicaron los procedimientos de comando exigidos para una base ubicada en una zona de alto riesgo y, al momento del ataque, se encontraban dentro y fuera de las instalaciones, lugar en el que no adoptaron medidas básicas de seguridad.La sentencia también señala que la base carecía de elementos básicos como barricadas, trincheras o zanjas de arrastre, lo que afectó que la tropa pudiera maniobrar frente al ataque armado. A ello se sumó la falta de experiencia y entrenamiento de los soldados, quienes llevaban apenas cuatro meses de servicio, solo cuatro días en la base de Las Delicias y no habían realizado simulacros o ensayos de defensa frente a un ataque como el que se presentó en 1996.Otro elemento determinante fue la ausencia de control en el ingreso y salida de personas a las instalaciones militares, así como la omisión de alertar e instruir oportunamente a la tropa sobre el riesgo de un ataque, frente a que existían informaciones previas y confiables sobre una posible toma, que incluso fueron comentadas entre la población civil que permanecía en la zona.Respecto al secuestro, se estableció que los 60 soldados sobrevivientes fueron retenidos bajo amenaza de armas en las selvas del Putumayo y Caquetá, hasta su liberación en junio de 1997. La entrega se produjo en el municipio de Cartagena del Chairá, con acompañamiento de la Cruz Roja Internacional.El fallo reconoce que las omisiones, negligencias y fallas en la planeación y ejecución de las medidas de seguridad constituyeron una violación al deber de protección del Estado hacia sus propios soldados, lo que derivó en una de las tragedias más recordadas del conflicto armado colombiano.
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos. Los robos y la violencia dominan hoy el debate político del país. Hurtos, extorsiones, estafas y delitos digitales hacen parte del día a día en varias ciudades y municipios de Colombia. A esto se suma el reconocimiento de las autoridades sobre una capacidad de respuesta insuficiente frente al alto volumen de denuncias.En ese contexto, desde el Congreso avanza una iniciativa que busca darle un giro al papel de la ciudadanía en la prevención del delito.Se trata de un proyecto de ley que ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes y que promete convertirse en una de las apuestas más relevantes en materia de seguridad comunitaria, justo cuando la agenda electoral empieza a ocupar el centro de la discusión nacional.Ley de seguridad ciudadana busca frenar la delincuencia en ColombiaLa Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de Ley 161 de 2025, una iniciativa que recibió 10 votos a favor y solo 2 en contra. La propuesta busca crear un marco normativo para los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana, figuras que ya existen en el país, pero que hasta ahora no cuentan con reglas claras ni un respaldo estructural del Estado.Según cifras de la Cámara, actualmente existen más de 1.900 frentes de seguridad en Colombia, integrados por alrededor de 46.000 ciudadanos. El objetivo del proyecto es fortalecer estas organizaciones para que tengan un mayor impacto en la prevención del delito y en la articulación con las autoridades.Ciudadanos y autoridades, una estrategia conjunta contra el delitoUno de los puntos centrales de la iniciativa es que no contempla la creación de grupos armados ni promueve la justicia por mano propia. Desde el Congreso se ha reiterado que la ley apunta a una articulación directa entre comunidad y autoridades, con acciones coordinadas, responsables y bajo supervisión institucional.Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:Garantizar financiación pública para los frentes de seguridad.Fortalecer su estructura operativa a nivel local.Promover una participación comunitaria activa y organizada.Mejorar la prevención y atención de problemáticas de seguridad.La intención es que los ciudadanos cuenten con herramientas para organizarse, alertar y colaborar con las autoridades, sin exponerse a riesgos innecesarios ni asumir funciones que no les corresponden.Proyecto de Ley 161 de 2025 sigue su trámite en el CongresoEn las próximas semanas, la iniciativa continuará su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí se analizarán aspectos clave como los controles, los alcances reales del proyecto y las salvaguardas institucionales para evitar abusos o situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.El proyecto fue presentado por los representantes Óscar Leonardo Villamizar, Christian Munir Garcés, Jhon Jairo Berrío, Juan Fernando Espinel, Edinson Olaya, Juan Felipe Corzo y Hugo Lozano, todos del partido Centro Democrático.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia liderada por esa cartera que busca proteger a la población civil, a los integrantes de la Fuerza Pública y a las instalaciones estratégicas del país frente al uso de drones con fines criminales.La iniciativa, cuyo valor total supera los 6,3 billones de pesos, responde, según el ministro, al creciente desafío que representan los sistemas de drones utilizados por estructuras criminales y organizaciones narcoterroristas para realizar ataques, espionaje, transporte de explosivos o actividades de vigilancia ilegal. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo central del proyecto es fortalecer el control del espacio aéreo y prevenir la pérdida de vidas.Para poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, el presidente Gustavo Petro ordenó asignar cerca de un billón de pesos para la primera fase del proyecto, que comenzará a desarrollarse durante 2026.Según el Ministerio de Defensa, esta decisión obedece a la importancia estratégica de la iniciativa y a la necesidad de actuar con rapidez frente a un fenómeno que ha evolucionado de manera acelerada en los últimos años.Uno de los pilares del proyecto es la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que aportará su conocimiento para definir, desarrollar y validar las especificaciones de los sistemas que se adquirirán.La idea, según explicó el ministro, es que la solución se ajuste a las necesidades reales del terreno y a las particularidades geográficas y operacionales del país.El proyecto también contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa. Como parte del proceso, el próximo viernes 16 de enero se realizará una reunión en las instalaciones del Ministerio de Defensa, a la que están invitadas empresas y países interesados en participar en el desarrollo del proyecto, para conocer los alcances técnicos, operativos y contractuales del Escudo Nacional Antidrones.MinDefensa explicó que uno de los criterios centrales del proyecto es que la contratación se realizará de manera directa entre el Gobierno colombiano y los fabricantes de la tecnología, o sus representantes legales, con el acompañamiento del Estado al que pertenezcan dichas compañías. No se aceptarán ofertas de empresas intermediarias o comercializadoras, y el proceso contará con el respaldo de las embajadas de los países involucrados.Además, quienes resulten seleccionados deberán garantizar la actualización permanente de los sistemas, así como el entrenamiento y la capacitación de instructores para la operación y el mantenimiento de los equipos.Con la adquisición de esta herramienta, el Gobierno busca reforzar la seguridad de la población civil, proteger a los miembros de la Fuerza Pública y blindar las instalaciones militares y policiales ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional.
Un amplio remezón en la estructura de mando del Ejército comenzará a ejecutarse en los próximos días, tras la notificación de un decreto que ordena traslados de generales, redefine jefaturas estratégicas y confirma la salida definitiva de por lo menos cinco altos mandos de la institución. Las decisiones marcan uno de los movimientos más profundos de los últimos meses en la cúpula militar.Entre las salidas confirmadas y las notificadas está la del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, quien dejará la institución en los próximos días como parte del mismo paquete de decisiones que busca renovar el alto mando y cerrar ciclos en áreas estratégicas de planeación.También está la del mayor general Olveiro Pérez Mahecha, actual inspector del Ejército Nacional, quien ya fue notificado de su desvinculación. Su salida se produce en medio de una investigación interna por presunto maltrato y abuso de autoridad contra hombres bajo su mando, quienes denunciaron ser obligados a realizar oficios domésticos personales.En el marco del reordenamiento, la Inspección General del Ejército pasa a ser asumida por el mayor general Giovanni Rodríguez León, quien llega desde el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).Otro de los retiros confirmados es el del mayor general Juan Diego Sepúlveda Palacio, quien pasa de la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza a la condición de Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Este tipo de traslado administrativo, sin mando operativo ni estratégico, es interpretado dentro de la Fuerza como antesala del retiro, el cual ya le fue oficialmente notificado.En la misma situación se encuentra el brigadier general Jhon Ricardo Guzmán Guzmán, hasta ahora comandante de la Trigésima Primera Brigada, quien fue trasladado a Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Su salida de la institución también ya fue comunicada, cerrando así su ciclo en el mando operativo.Otro general que sale de la institución es el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, quien pasa del Comando de Personal (COPER) a PACE. El general Huertas ha estado en el centro de un escándalo mediático y de investigaciones oficiales por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con el grupo armado liderado por alias ‘Calarcá’, lo que ha generado investigaciones de la Fiscalía y decisiones disciplinarias de la Procuraduría.El decreto, sin embargo, no se limita a las salidas. También redefine de manera amplia el mapa de mandos del Ejército. El mayor general Raúl Fernando Vargas Idárraga pasa del Despacho del Ministerio de Defensa a la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas como jefe, mientras que el mayor general Ricardo Heriberto Roque Salcedo sigue como comandante de la Cuarta División. A su vez, el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez sigue como comandante de la Primera División.Otro movimiento clave es el del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, quien deja la Quinta División para asumir la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza, mientras que Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe asciende desde la Fuerza de Tarea Omega para comandar la Quinta División. El general Néstor Nieto, por su parte, pasa de subdirector de la Escuela Superior de Guerra a recibir el Comando de la Brigada 30.El reordenamiento continúa con el traslado a la Octava División del brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, desde el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, que pasará a la comandancia del general Alex Mena; del brigadier general Yor William Cotua Muñoz, de la Vigésima Séptima Brigada a la Fuerza de Tarea Omega; y del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, de la Décima Primera Brigada a la Séptima División.También se registran cambios administrativos y de formación, como el del brigadier general Mario Geovanni Contreras Guinemé, quien deja la Trigésima Brigada para asumir el Comando de Personal; el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, que pasa de la FUDRA 1 a comandar la Décima Primera Brigada; y el brigadier general Milton César Escobar Gallego, quien sale de la Escuela Militar de Cadetes para asumir la Décima Sexta Brigada.El paquete se completa con el nombramiento del brigadier general Raúl Perilla Monroy como comandante de la División de Fuerzas Especiales. El general Walther Giraldo, quien comanda el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), pasa a recibir la Jefatura de Operaciones del Ejército, mientras que el CCOES queda al mando del general Omar Yesid Moreno. El brigadier general Edgar Rodríguez Pérez comandará la Fuerza de Despliegue Rápido No. 1.