Este lunes, la Policía Nacional de Colombia interceptó una camioneta que transportaba 326 galones de gasolina, al parecer hurtados del poliducto Gualanday–Neiva, en el departamento del Tolima, cuando uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) Hidrocarburos, adelantaban labores de registro, control y verificación sobre el trazado del poliducto.Según relató el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, los uniformados observaron una camioneta en actitud sospechosa y procedieron a realizar la señal de “Pare”.“Al efectuar el registro a persona y al automotor, hallamos en la parte trasera un tanque de almacenamiento hechizo. En su interior eran transportados 326 galones de hidrocarburo tipo gasolina, que, al parecer, habían sido sustraídos momentos antes del poliducto”, explicó el oficial.El combustible estaba camuflado entre víveres y elementos de mercado, estrategia que buscaba evadir los controles de las autoridades, mientras el vehículo se dirigía hacia Bogotá. De inmediato, el conductor, de 40 años, fue capturado, quien permanece a la espera de audiencia virtual en la que se definirá su situación jurídica.El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía 91 Especializada de DECOC–EDA en la ciudad de Cali, por el delito de receptación de hidrocarburos; asimismo, el coronel Vargas Izao subrayó que con este operativo se logró una afectación a las finanzas ilegales superior a los cinco millones de pesos.“Este resultado demuestra la capacidad de despliegue operacional de nuestra institución para proteger infraestructura crítica como oleoductos, poliductos y gasoductos. Seguiremos actuando con contundencia para combatir las economías ilegales que afectan la seguridad ambiental y energética del país”, afirmó el comandante.La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa que atente contra la infraestructura energética a través de la línea 123 o informando a la patrulla más cercana, garantizando absoluta reserva.“Con esta acción, las autoridades refuerzan la ofensiva contra el hurto de hidrocarburos en el Tolima, una práctica que no solo genera millonarias pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades”, puntualizó el coronel Vargas.
Uno de los temas que sigue generando opiniones divididas entre los ciudadanos y precandidatos a la Presidencia de la República son los bombardeos contra grupos ilegales, pues en anteriores Gobiernos no solo ha cobrado la vida de delincuentes sino también de menores de edad que han sido reclutados. Por eso, el exminsitro de Defensa Juan Carlos Pinzón explicó en entrevista con Recap Blu su posición en caso de ocupar la Casa de Nariño.El precandidato por la Gran Consulta por Colombia no descarta el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales. Su postura es tajante: la fuerza legítima del Estado seguirá siendo una herramienta disponible, pero bajo criterios técnicos y jurídicos estrictos."Usted está hablando con la persona que más acciones de bombardeo ordenó en la historia del país para derrotar las amenazas armadas. Por eso les dimos los grandes golpes: 128 jefes del terrorismo, la criminalidad, fueron neutralizados en el tiempo que yo fui ministro. Del jefe de las Farc para abajo", afirmó en Recap Blu, al responder si daría luz verde a este tipo de operaciones incluso en escenarios complejos. ¿Bombardeos así hayan menores de edad?Frente a la pregunta directa sobre si autorizaría bombardeos aun cuando pudiera haber presencia de menores, evitó una respuesta categórica de sí o no, pero reafirmó que las decisiones deben estar en manos de expertos. “Hay que dejarlo a los militares y a los abogados en derecho internacional humanitario. Nada puede hacerse sin una visión judicial de la acción de la fuerza del Estado y sin criterios asociados a la Constitución y los derechos humanos”, explicó.En materia de seguridad, el precandidato marcó distancia tanto de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro como de una “guerra total”. “Ni paz total ni guerra total. Vamos a destruir las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo vamos a llevar desarrollo”, señaló, al mismo tiempo que explicó que su estrategia, denominada “Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia Sin Miedo”, incluye acciones militares, fortalecimiento de la justicia, inversión social y control territorial con tecnología, como un “muro virtual” en la frontera con Venezuela mediante drones, radares y centros de comando.El futuro de las propuestas de Juan Carlos Pinzón se definirá este domingo, 8 de marzo, cuando los colombianos voten en las consultas y decidan cuál será el candidato a la Presidencia de la Gran Consulta por Colombia.
Este lunes, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió el plan de su cartera y del Gobierno Nacional para reestructurar el sistema de slots, o franjas de tiempo para despegues y aterrizajes, en el aeropuerto El Dorado con el objetivo de promover mayor competencia entre aerolíneas y beneficiar a los viajeros.Según la funcionaria, la iniciativa responde a las múltiples quejas de diferentes sectores, en especial a los usuarios, por el alto valor en los tiquetes en ciertas regiones.“Pero uno tiene dos cosas para hacerlo como Estado: o hacer algo o no hacer nada. Yo no siento que yo deba no hacer nada, hacerme la loca y pasar de agache y que se acabe esto. No, yo creo que sí podemos hacer algo, y así como que tengo que entender la lógica que motiva a las aerolíneas, sobre todo a las grandes, sobre mi obligación mayor, es entender la lógica de los usuarios. Y por los usuarios es que estamos reflexionando sobre qué hacer, cómo incentivar los cambios que generen beneficios a esos usuarios. Más oferta, mejores precios y más conectividad”, estalló la ministra.Y es que esta iniciativa ha recibido críticas desde algunos sectores y choques entre aerolíneas, pues algunas sí consideran que el sistema actual favorece a quienes ya tienen gran parte de los slots disponibles, lo que limita la competencia y puede elevar los precios de los tiquetes.“Uno no se puede asustar con el lobby de quienes tienen un interés comercial, porque aquí hay que entender a todos los actores. Yo tengo que entender a las aerolíneas grandes que tienen un interés comercial, porque recuerden, el tema de la aviación comercial es un oligopolio estructural. Siempre va a haber pocas, y dentro de esas pocas, hay una, dos o tres que tienen una posición dominante. Así es ese mercado”, agregó Rojas.Por ahora, no hay un borrador de decreto listo, pero sí una etapa de análisis profundo para modificar las reglas actuales y abrir más oportunidades a distintas aerolíneas, evitando que pocas compañías dominen los horarios más demandados.Una de las quejas, por ejemplo, ha llegado por parte de la aerolínea JetSMART, que opera en Colombia desde hace dos años con un modelo de tarifas bajas y ultra bajo costo, está entrando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, lo que implica mayor reconocimiento internacional y cumplimiento de estándares globales de seguridad y operación. En este contexto, la compañía busca competir de manera más directa con las grandes aerolíneas que dominan el mercado colombiano, especialmente en horarios de alta demanda en vuelos domésticos.El CEO y fundador de JetSMART, Estuardo Ortiz, dijo en BLU Radio, que aunque la empresa ha crecido todavía enfrenta limitaciones por la asignación de slots en aeropuertos como El Dorado en Bogotá. Según Ortiz, los grandes competidores controlan una gran mayoría de estos horarios clave, lo que dificulta el crecimiento de aerolíneas más pequeñas y limita la oferta de opciones y precios para los viajeros.Por eso, JetSMART pide que las autoridades revisen cómo se distribuyen esos slots para que haya más competencia real y, potencialmente, los pasajes aéreos puedan bajar de precio. La idea es que con más competencia en horarios atractivos para los pasajeros, no solo se beneficien las aerolíneas nuevas, sino también los viajeros con más opciones y tarifas más accesibles.La IATA, por su parte, insistió en la necesidad de implementar un sistema de monitoreo alineado con los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que son estándares internacionales para aeropuertos congestionados. Según la asociación, el uso inadecuado o la falta de aplicación de estas normas limita la eficiencia operativa y frena la apertura de espacios más competitivos en los horarios más demandados.
La Registraduría respondió a la reciente publicación en redes del presidente Gustavo Petro en la que cuestionó una de las estrategias pedagógicas de la entidad en las votaciones que ya iniciaron en el extranajero para Congreso y consultas interpartidistas.En su trino, el mandatario aseguró que se trataba de una “propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos” y acompañó el texto con una fotografía de uno de los puestos de votación.Allí se ve el respectivo cubículo de cartón con el letrero, en colores rojo y amarillo, donde le indica al votante que, en el caso de las consultas, solo debe votar por un candidato pues las tres condiciendas están en el mismo tarjetón.“El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, agregó Petro, quien en varias ocasiones ha pedido no votar en la consulta luego de que no se avalara la participación de Iván Cepeda, hoy en primera vuelta.Ante esto, la Registraduría explicó que la imagen en los cúbicos es un instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo y recordó que hace cuatro años, se anularon más de 260.000 votos por errores similares.La entidad aclaró además que dicho instructivo está solo en cubículo, es decir cuando la persona ya decidió votar o no la consulta, y no en la mesa donde reciben las cédulas y entregan los cartones. Cabe recordar que cada persona deberá pedir el tarjetón de la consulta, si así lo desea, pues este no será entregado por el jurado.
Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana del lunes en Kuwait, pero sus tripulantes sobrevivieron, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán."Varios aviones militares de Estados Unidos se estrellaron esta mañana. Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", dijo un portavoz del departamento en un comunicado."Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable", afirma el comunicado.Irán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníesMedios iraníes informaron este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron.“Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán”, anunció la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.El medio indicó que los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, debido a su proximidad con ese territorio. Mientras, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Saud Al-Atwan, dijo en un comunicado que varios cazas de EE.UU. se han estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron y fueron trasladados al hospital.El militar agregó que las autoridades competentes están investigando las causas del accidente, e instó al público y a los medios de comunicación a obtener información de fuentes oficiales. Las autoridades iraníes aún no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la Guardia Revolucionaria anunció esta mañana una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que, junto con Estados Unidos, lanzó una guerra contra el país persa el sábado.Durante la guerra de los 12 días en junio pasado, en la que Israel y Estados Unidos bombardearon el país persa, la televisión estatal iraní también informó del derribo de cazas israelíes, afirmación de la que se retractó más tarde. EE.UU. e Israel volvieron a lanzar el sábado nuevos bombardeos contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad. El único balance oficial de muertos en Irán, emitido al final del primer día de la guerra, cifra en 200 las víctimas mortales, número que no se ha actualizado hasta ahora.Según la agencia Mehr, al menos 20 personas murieron esta madrugada en bombardeos contra un barrio en el este de la capital.
Un incidente aéreo de alto impacto geopolítico sacudió este lunes la región del Golfo Pérsico, luego de que medios iraníes informaran del presunto derribo de un caza estadounidense que, según esas versiones, cayó en territorio kuwaití. Las autoridades de Kuwait confirmaron la caída de varias aeronaves de Estados Unidos, aunque aseguraron que sus tripulantes sobrevivieron.La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó que un caza F-15 de Estados Unidos fue alcanzado por los sistemas de defensa aérea iraníes cuando, supuestamente, intentaba vulnerar el espacio aéreo del país persa. Según el reporte, los restos de la aeronave habrían caído en Kuwait debido a la cercanía territorial.Versiones enfrentadasDe acuerdo con la versión difundida por medios iraníes, el avión derribado era un F-15 de combate que formaba parte de una operación ofensiva. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de Washington sobre un ataque directo de las fuerzas iraníes.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, coronel Saud Al-Atwan, confirmó que varias aeronaves estadounidenses se estrellaron este lunes, aunque precisó que los pilotos lograron eyectarse con éxito y fueron trasladados a centros hospitalarios. Las autoridades locales indicaron que se abrió una investigación para determinar las causas del incidente y pidieron a la ciudadanía remitirse únicamente a fuentes oficiales.El suceso ocurre en medio de una nueva fase de confrontación regional. La Guardia Revolucionaria iraní anunció recientemente una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en Israel, en el marco del conflicto que involucra también a Estados Unidos.Durante la denominada “guerra de los 12 días” en junio pasado, en la que Israel y EE.UU. bombardearon territorio iraní, la televisión estatal de Irán informó en su momento del derribo de cazas israelíes, versión de la que posteriormente se retractó.En esta nueva escalada, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado bombardeos contra distintos puntos estratégicos de Irán, especialmente en Teherán. Según reportes oficiales iraníes emitidos al término del primer día de ofensiva, el balance preliminar de víctimas mortales ascendía a 200 personas, cifra que no ha sido actualizada.
El ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.Las fuerzas armadas de Israel lanzaron este lunes una ola de ataques contra Hezbolá después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio."En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", dijo el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión. "Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro".Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un "bombardeo selectivo" contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó en X que el secretario general del movimiento islamista, Naim Qasem, era "un objetivo designado a abatir".Este lunes temprano, periodistas de la AFP reportaron un bombardeo israelí en la periferia sur de la capital libanesa, feudo de Hezbolá. Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.
Más de 8.000 habitantes de la zona rural del municipio de La Paz cuentan desde ahora con un paso seguro sobre el río Quiratá, tras la instalación de un puente metálico modular en el sector Bocas del Opón, un punto crítico que durante más de 30 años representó riesgo permanente en temporadas de lluvias.La estructura, puesta en servicio por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), conecta a La Paz con los municipios de Landázuri, Vélez y Santa Helena del Opón, facilitando la movilidad en esta zona estratégica que comunica con la Troncal del Carare.“Pudimos culminar el puente modular metálico en Bocas del Opón que va a beneficiar a más de 8.000 personas. Tiene una inversión del Gobierno Nacional de más de 4.700 millones de pesos”, señaló Julián Barajas, asesor de la dirección de la UNGRD.Durante años, las crecientes súbitas del río Quiratá provocaron aislamientos prolongados, emergencias y dificultades para el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. En temporada invernal, el paso se convertía en un riesgo constante para las comunidades.“Esto era algo que estábamos esperando desde hace 30 añosy hoy es una realidad. Acá hicimos un trabajo donde las comunidades aportamos más de 3.500 jornales en obras de mano que equivale a más de $500 millones de pesos junto con la Gobernación de Santander y gracias a Dios pudimos obtener esta obra”, manifestó Ariosto Duarte, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Opón.El puente corresponde a un sistema modular tipo Bailey, tiene 64 metros de longitud y 4,20 metros de ancho, con tránsito en una sola calzada. Su configuración de panel simple reforzado le permite soportar hasta 52 toneladas, lo que garantiza el paso de vehículos pesados, maquinaria, transporte agrícola y unidades de emergencia.La instalación estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N. 90 del Ejército Nacional. A esta inversión se suman aproximadamente $2.400 millones en obras civiles de cimentación y cerca de 500 millones en maquinaria amarilla para la adecuación de accesos y conformación de terraplenes. En total, el proyecto representa una inversión cercana a los $8.000 millones.
La reforma del programa de asilo del Reino Unido entró en vigor el lunes, anunció el Ministerio del Interior, con nuevas normas que reducen drásticamente las protecciones para los refugiados y sus hijos.En virtud de las reformas, la condición de refugiado pasará a ser temporal y estará sujeta a revisión cada 30 meses. Quienes procedan de países de origen considerados seguros se verán obligados a regresar.También tendrán que esperar 20 años, en lugar de los cinco actuales, antes de poder solicitar la residencia permanente.La ministra del Interior, Shabana Mahmood, argumentó que el sistema anterior era demasiado generoso en comparación con otros países europeos y que había actuado como un "factor de atracción" que incentivaba las solicitudes de asilo."Debemos garantizar que nuestro sistema de asilo no esté creando factores de atracción que lleven a las personas a emprender peligrosos viajes a través del mundo, alimentando y financiando a los traficantes de personas".Las nuevas directrices entran en efecto para los nuevos solicitantes, indicó el gobierno laborista, que busca endurecer su política migratoria.La protección podrá renovarse para los refugiados que sigan considerándose en situación de riesgo en su país de origen, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.Con el sistema actual, en el que a los refugiados se les concede protección durante cinco años, las personas tienen derecho a traer a su familia y luego pueden solicitar un permiso de residencia permanente "prácticamente automático", mientras reciben apoyo, subrayó el gobierno, algo que calificó como "una de las ofertas más generosas a los refugiados de cualquier país de Europa occidental".Los menores no acompañados seguirán pudiendo recibir el estatuto de refugiado por un periodo de cinco años.Un total de 110.051 personas solicitaron asilo en el Reino Unido en el año que terminó en septiembre de 2025, un 13 % más que el año anterior y un 7 % más que el máximo anterior de 103.081 en 2002, según un informe del Ministerio del Interior publicado en noviembre.De esa cifra, las cinco nacionalidades con mayor número de solicitantes de asilo son Pakistán, Eritrea, Irán, Afganistán y Bangladés.En conjunto, esos países representan casi dos de cada cinco solicitantes, es decir, el 39 %, en el año que terminó en septiembre de 2025.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a una declaración de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien afirmó no tener información sobre la presunta infiltración en el Gobierno a través del general Juan Miguel Huertas y del director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.La fiscal también señaló que dicha información tampoco estaba en poder de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado, sino únicamente en una fiscal de Medellín.“Yo lamento que la Policía Judicial, que en este caso es la Dijín, que probablemente advirtió la existencia de esa información, no la haya alertado ni informado para poder actuar más rápidamente, y no por conducto de una filtración, como efectivamente ha sucedido”, dijo Camargo.En respuesta, el presidente Gustavo Petro aseguró que nunca conoció la información de la Dijín ni de la Fiscalía en Antioquia. “Esperaron 16 meses para entregarla, pero a la prensa. Si fuese cierta la información, se hubiera reaccionado de inmediato. Ahora esperamos que se valide o no la información en prensa mediante métodos científicos”, escribió.Estas declaraciones evidencian un cambio de postura del mandatario, quien inicialmente aseguró que la información era falsa y defendió al general Huertas y al director de la DNI, Wilmar Mejía. Ahora señala que esperará los resultados de las investigaciones para tomar decisiones.En otro trino, el presidente lanzó además una advertencia a las disidencias de Calarcá, en caso de comprobarse que usaron el proceso y las negociaciones de paz para delinquir.“Las disidencias de Iván Mordisco, miembro de la junta del narcotráfico, están bajo ataque; y las disidencias que llevan negociación sin cese al fuego, si se comprueba que usaron el proceso para delinquir, recibirán el mismo tratamiento”, afirmó Petro.
La principal crítica de la senadora Angélica Lozano radica en que esta reforma tributaria busca cubrir un presupuesto que fue aprobado de manera "inflada y real". Según la congresista, el hueco del presupuesto es significativamente mayor a los $16 billones de pesos que se esperan recaudar con la tributaria. Cifras del Comité Autónomo de Regla Fiscal han demostrado que este déficit podría superar los $40 billones de pesos.Ante esta situación de endeudamiento, que la senadora describe como estar "al gotagota internacional" y viviendo de "avances de tarjetas de crédito," el gobierno se ha negado a "apretarse el cinturón". Lozano señaló que cuando una familia o empresa enfrenta una crisis, debe parar el derroche y reducir el gasto, algo que el gobierno se rehúsa a hacer, manteniendo el gasto suntuario y los eventos, sin voluntad de austeridad.Para la senadora, la deuda nacional es tan grave que, actualmente, para un banco es más rentable comprar deuda a la nación que prestarle a un microempresario o un ciudadano, debido a las tasas altísimas que el gobierno está pagando.Doble impuesto a los ahorradoresLa senadora Lozano desmintió la idea de que la reforma no afectará a la clase media. Argumentó que los impuestos a sectores como el licor o los bancos se trasladarán de inmediato a los ciudadanos, ya sea a través de las tarifas de los servicios financieros o el precio final de los licores.Uno de los puntos más controvertidos es el castigo al ahorro. Lozano enfatizó que la reforma busca clavar un doble impuesto a los Certificados de Depósito a Término (CDTs), castigando al ciudadano que se sacrifica y se priva de gastos para ahorrar 2, 3 o 20 millones de pesos. "Si usted ahorra, pague," ironizó la senadora sobre la medida, catalogándola como contraproducente.La senadora explicó el mecanismo de la votación conjunta que se llevará a cabo en la tarde. Hay varias ponencias, incluyendo una positiva (del gobierno, posiblemente con modificaciones) y ponencias negativas (que buscan archivar el proyecto).El proceso favorece potencialmente el archivo del proyecto gubernamental:1. Para que se apruebe una ponencia de archivo, es necesario que las cuatro comisiones (casi 100 integrantes) voten sí por mayoría, una por una, lo cual es improbable dado que "el gobierno domina la cámara".2. Para que se hunda la ponencia positiva del gobierno, solo se necesita que una sola comisión la niegue.La senadora Lozano confirmó que en la Cuarta Comisión del Senado votará negativo, lo que podría ser el escenario posible para hundir el proyecto, ya que basta con el rechazo de una comisión para que la ley de financiamiento no prospere.Escuche aquí la entrevista:
La información abrió un debate inmediato sobre la forma en que se toman decisiones dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el nivel de responsabilidad que recae sobre quienes ocupan posiciones estratégicas en el Estado.En diálogo con Mañanas Blu, este 26 de noviembre, Mejía dejó una frase que resume buena parte de su postura frente al escándalo: “Es muy difícil asumir responsabilidades cuando no hay decisiones que me correspondan a mí”.Con este mensaje, el funcionario buscó explicar cómo llegó a uno de los cargos más delicados del país y por qué, según él, las acusaciones de infiltración en el Gobierno no pueden recaer sobre su nombre.Durante la entrevista insistió varias veces en que no está dispuesto a cargar con responsabilidades que, asegura, no le corresponden. Su defensa, a lo largo de más de una hora, se centró en aclarar su rol, su trayectoria y el camino que lo llevó a ocupar la dirección de la entidad.Wilmar Mejía niega ser un infiltrado: pruebas, credibilidad y su versiónUna de las preguntas clave fue directa: ¿es Mejía un infiltrado de las disidencias en el Gobierno Petro? Él lo negó con firmeza. Recordó que todos los funcionarios de la DNI —incluyéndose— deben pasar pruebas de credibilidad, como el polígrafo, y afirmó haberlas superado sin objeciones.Explicó que llegó a la entidad en 2024 tras entregar una información sensible al Gobierno, pero aclaró que ese hecho no lo convierte en informante. “Tenía una información puntual y la entregué. Eso no me hace informante, como tampoco un periodista que recibe datos es informante de quien se los pasa”, señaló.Aseguró que el señalamiento es injusto y que la idea de una supuesta infiltración no corresponde a los hechos ni al trabajo que ha desempeñado.Ascenso en la DNI: trayectoria, capacidades y responsabilidadesOtro punto que marcó la conversación fue su rápido ascenso dentro de la DNI, pasando de agente de inteligencia a director. Ante las críticas, Mejía respondió que su formación inicial en educación física no es un impedimento, ya que la inteligencia no exige una carrera específica, sino capacidades para generar confianza, recorrer territorio y acceder a información relevante.Indicó que sus resultados fueron valorados por los directores de la entidad, lo que permitió su avance. En medio de la presión pública, reiteró que sus actuaciones están dentro de la ley y que las decisiones institucionales corresponden a la dirección general.Con firmeza, cerró la entrevista con una aclaración que busca dejar su posición definida: “Yo aporto, ejecuto y respondo por lo que me corresponde, pero no asumiré responsabilidades por decisiones que no tomé”.Escuche la entrevista completa aquí:
El polémico decreto con el que el Gobierno adoptó el modelo de salud preventivo y que implementaba varios puntos de la reforma a la salud que aún no ha sido aprobada por el Congreso de la República, sufre un nuevo revés porque el Consejo de Estado le negó una solicitud de aclaración al Ministerio de Salud sobre los alcances del fallo de suspensión provisional.La cartera de Salud había solicitado que se aclarara cuáles artículos del decreto estaban suspendidos y qué marco normativo debía aplicarse mientras estuviera vigente la medida cautelar.En particular, pidió que se definiera si revivía el Decreto 1599 de 2022, para evitar, según la entidad, un eventual vacío normativo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Sin embargo, el Consejo de Estado fue enfático en señalar que la figura de la aclaración no puede usarse para ampliar, modificar o complementar una decisión judicial, ni para resolver inquietudes operativas sobre su cumplimiento.La suspensión provisional del decreto se efectuó tras una demanda presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien pidió anular el decreto por considerar que el Ejecutivo “excedió sus facultades reglamentarias y reguló aspectos que, por Constitución, solo puede definir el Congreso”.Según el auto, el decreto expedido el pasado 30 de julio “regula de manera integral elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud”, como la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud y la reorganización de funciones entre las entidades territoriales, el Ministerio y las EPS.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, radicó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la nulidad de la designación de exjefes paramilitares —entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Macaco, Don Berna y Diego Vecino— como gestores de paz. En entrevista con Mañanas Blu, la defensora explicó las razones jurídicas y humanitarias que sustentan la acción.Según Marín, la figura de “gestores de paz” está reglamentada por la Ley de Justicia y Paz, cuyo marco normativo no coincide con la función que el Gobierno pretende otorgar a estos excombatientes. “Estas personas ya tuvieron su proceso en Justicia y Paz, ya se desmovilizaron y varios de ellos incumplieron sus compromisos”, afirmó.Riesgo para los derechos de las víctimasLa defensora advirtió que permitir nuevamente la interacción de estos exparamilitares con comunidades afectadas es una decisión que vulnera los avances logrados bajo supervisión judicial. “Aquí se desconoce completamente el marco jurídico y se pone en riesgo los derechos de las víctimas, quienes tampoco participan en estos procedimientos”, señaló.Además, enfatizó que la legislación previa establecía límites claros sobre el tipo de actividades que podían realizar los desmovilizados, siempre bajo vigilancia de un juez. La nueva designación, explicó, “abre la posibilidad de que estas personas estén saliendo de los centros penitenciarios en actividades que no tienen ninguna regulación ni supervisión judicial”.Falta de competencia y extralimitación presidencialUno de los puntos más sensibles de la demanda es la supuesta falta de competencia del presidente de la República para emitir la resolución que habilita estas gestorías. “No hay una norma habilitante; es decir, no es claro de dónde sale esta facultad del Presidente”, afirmó Marín, sosteniendo que existe una extralimitación de funciones por ausencia de sustento normativo.Medidas cautelares y urgencia del falloLa Defensoría solicitó al Consejo de Estado un trámite de urgencia y la suspensión provisional de la resolución mientras se toma una decisión de fondo. “Sí, pedimos la suspensión por todas estas razones”, confirmó la defensora.Nombramiento de negociadores de paz vinculados a delitos gravesEl debate no se limita al paramilitarismo. La entrevista también abordó el polémico nombramiento como negociadores de paz de cuatro integrantes del EMC, entre ellos alias Samir —buscado por el asesinato de 13 policías en Amalfi— y alias 'Danilo Alvizú', mencionado en conversaciones filtradas sobre la campaña presidencial de 2022.Frente a estos casos, Marín precisó que la ley sí permite suspensiones de órdenes de captura durante procesos de paz, pero advirtió que el Gobierno tiene la obligación de usar estas facultades con responsabilidad. “No puede usar la facultad de manera que permita una mayor expansión de los grupos que continúan delinquiendo”, dijo.La defensora destacó que, aunque los procesos de paz involucran a personas que siguen en armas, el Estado debe garantizar que las medidas no fortalezcan su capacidad criminal. “Lo que estamos viendo con este grupo y con otros muchos es su expansión territorial”, afirmó, recordando que continúan con prácticas como reclutamiento de menores, economías ilícitas y control ilegal de comunidades.Incoherencia entre la realidad y los compromisos de pazEl periodista Ricardo Ospina planteó la aparente contradicción entre el asesinato de los 13 policías en Amalfi y la posterior designación de alias Samir como negociador. Marín coincidió en que los hechos no son fáciles de explicar: “¿Realmente estamos viendo avances, o lo que vemos son hechos que son más de guerra que de paz?”, cuestionó.La defensora también se refirió al reciente anuncio de una zona de ubicación temporal para los negociadores del EMC, cuyo plazo ya venció sin resultados. Según Marín, esto evidencia nuevamente una distancia entre lo prometido y lo ejecutado: “Tenemos dos fotos: la foto del papel y la foto de la realidad”, afirmó.Sobre el acuerdo firmado la semana pasada entre el Gobierno y las disidencias, Marín destacó que uno de los puntos más relevantes es la creación de un mecanismo de monitoreo, ausente hasta ahora. “Más vale tarde que nunca, pero es fundamental porque todo esto se queda en discusiones de impresiones si no hay verificación”, subrayó.También valoró el compromiso anunciado de poner fin al reclutamiento infantil, aunque advirtió que la verificación será clave: “La pregunta es si le creemos al papel o a la realidad”, concluyó.
Crece la preocupación entre las autoridades y la comunidad de Algeciras, Huila, ante el aumento de homicidios registrados en lo corrido del año. En apenas dos meses, el municipio ya suma 10 muertes violentas.Esta cifra resulta alarmante para un territorio que no supera los 25.000 habitantes y que históricamente ha sido afectado por la violencia y por la presencia de grupos armados al margen de la ley."Lamentablemente, en los dos primeros meses del año se registran 10 homicidios, una cifra bastante alta para el poco tiempo que llevamos. Recordemos que el año anterior se cerró con 30 homicidios, siendo la época más violenta registrada, según las estadísticas, en el municipio de Algeciras", señaló Alexander Martínez Ballesteros, alcalde de Algeciras.Aunque las autoridades judiciales y de investigación trabajan para esclarecer los móviles y responsables de estos homicidios, estas muertes podrían estar vinculadas a la disputa de grupos disidentes por el control territorial."Hasta ahora, las investigaciones no han arrojado un diagnóstico oficial sobre estas muertes violentas. Sin embargo, según información de la comunidad, estarían relacionadas con grupos disidentes que operan en el territorio, en disputa por un estratégico corredor vial que comunica con el departamento del Caquetá", señaló el alcalde.Ante este panorama, el mandatario local no solo expresó su preocupación, sino que indicó que se están coordinando acciones de manera articulada con el Gobierno departamental, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz y la ONU, con el objetivo de evitar que siga derramándose más sangre en el municipio.Pero, además, según la MOE, este municipio del nororiente del Huila presenta riesgo electoral por problemas de seguridad que podrían afectar las votaciones del próximo domingo, 8 de marzo.
Millones de colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República el próximo 8 de marzo, en la primera jornada electoral de este 2026. De acuerdo con la Registraduría del Estado Civil, las urnas se abrirán desde las 8:00 de la mañana y todos los registrados por el censo electoral deberán acudir a su puesto de votación para hacer efectivo su derecho al voto.¿Cómo saber el puesto de votación 2026?Hacer este trámite no es complicado y solo demora unos minutos, además que se podrá hacer a través del celular. Por eso, deberá seguir los siguientes pasos para conocer dónde deberá votar para el próximo 8 de marzo:Ingrese a www.registraduria.gov.coDe click en el botón de ‘Elecciones 2026’.Vaya a la sección de ‘Puesto de Votación’.Se abrirá una parte donde tendrá que poner su número de cédula.Ahí aparecerá su departamento, municipio, localidad y dirección exacta, además del puesto y mesa en que deberá hacerlo.Este proceso se puede hacer desde el celular y debe consultarlo antes de ir a ejercer su derecho al voto de este 8 de marzo.¿Se puede cambiar el puesto de votación?Sí, pero no para la jornada electoral de este 8 de marzo, pues esto fue habilitado hasta hace algunas semanas. De cara a la primera vuelta presidencial, la Registraduría habilitará puestos en donde podrá hacer el cambio de su puesto para ese día y así tener su lugar mucho más cerca.¿Habrá ley seca por las elecciones del 8 marzo?Sí. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la medida comenzará a aplicar desde el sábado, 7 de marzo, e irá hasta la 6:00 de la mañana del lunes 9. Durante ese tiempo se prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales.Link para consultar jurado de votaciónIngrese a la página de la Registraduría: https://www.registraduria.gov.co/Dele ‘click’ en el apartado de ‘Electoral’.En la parte de ‘Trámites y servicios’, de click en ‘Jurado de Votación’.Ingrese su número de cédula.Ahí aparecerá si usted fue o no designado como en la siguiente imagen. En caso de ser sí, tendrá datos de puesto de votación y horario.
Colombia enfrenta una emergencia silenciosa que no permite excusas. En los últimos 12 años, 29 puentes han colapsado o sufrido daños graves en el país. Lo más preocupante es que 18 de esos casos ocurrieron entre 2023 y lo que va de este año 2026. Y solo en los dos primeros meses de este año ya se han caído cinco estructuras: dos en Córdoba, dos en Antioquia y una en Magdalena. Para los gremios transportadores, estas cifras no son coincidencia: reflejan una falla estructural en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura vial.“Se interrumpe absolutamente todo el tránsito de vehículos grandes, pequeños, buses, volquetas de todo tipo. Entonces, genera daño en la logística de entregar la mercancía en los sitios donde se necesita, perjuicios a la economía nacional, a la economía del que necesita la mercancía que nosotros transportamos y a nosotros los transportadores, porque no podemos terminar nuestro viaje. Es negligencia absoluta de la señora Ministra de Transporte”, señaló Alfonso Medrano Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.Al revisar las responsabilidades, el panorama es aún más delicado. De los 29 puentes afectados, 13 están a cargo del Instituto Nacional de Vías (INV), 9 corresponden a la Agencia Nacional de Infraestructura, seis son responsabilidad de administraciones departamentales y uno del Ejército Nacional. En 2026, cuatro de los cinco colapsos registrados recaen nuevamente sobre Invías, lo que intensifica los cuestionamientos sobre prevención, supervisión y mantenimiento.Las consecuencias no son solo cifras en un informe técnico. Cada puente que cae paraliza corredores estratégicos, encarece el transporte de carga, retrasa el traslado de pasajeros y afecta el abastecimiento de alimentos e insumos. Empresas transportadoras, conductores, auxiliares y cientos de familias ven comprometido su sustento diario. Además, el cierre de vías impacta el comercio regional y profundiza la crisis económica en las zonas afectadas.“El transporte no puede operar sobre una infraestructura incierta. La movilidad es un derecho, pero también es una variable crítica de estabilidad económica. Esto no es solo una emergencia vial, es una emergencia logística nacional en la que el gobierno tiene que intervenir lo más pronto posible”, denunció Elkin de Jesús Villegas Gil, Director Ejecutivo AGREM.Los gremios exigen al Gobierno nacional, a través de Invías y la ANI, bajo la coordinación del Ministerio de Transporte, tres acciones concretas: declarar la emergencia como prioridad institucional con intervención técnica inmediata y cronogramas claros; implementar medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas sin fomentar la informalidad; y definir presupuestos y tiempos reales para soluciones definitivas. Advierten que no puede repetirse el escenario de 2023 y 2024, cuando puentes militares instalados como solución temporal terminaron operando por años, como ocurre en la vía Cúcuta–Pamplona.El sector transportador insiste en que la prolongación de esta crisis no solo deteriora la economía regional, sino que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público de transporte.
Colombia perdió a una de las mujeres más influyentes en el sector de las TIC: Ingrid Paola Hernández Sierra, de quien se confirmó su fallecimiento en la mañana de este lunes 2 de marzo.Ingrid Hernández se desempeñaba como asesora de Presidencia en el cargo de coordinadora de Transformación Digital desde 2022, donde impulsó la agenda de modernización tecnológica del Estado colombiano. Abogada con especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho Económico y un MBA, se posicionó como una de las voces técnicas más influyentes en materia de política digital y seguridad en el ciberespacio.Con más de 15 años de experiencia en el sector TIC, fue pieza clave en la formulación y redacción de la Ley 1341 de 2009, el marco que redefinió la regulación de las telecomunicaciones en Colombia. En su paso por el Ministerio de las TIC acompañó investigaciones a operadores, la puesta en marcha del Registro TIC y la implementación de sistemas de gestión del espectro radioeléctrico, aportando una visión integral que combinó regulación, supervisión y operación.¿Quién era Ingrid Hernández?Ingrid fue una asidua analista invitada del programa Blu 4.0. Su influencia trascendió en debates públicos sobre transformación digital que el espacio ha abordado ampliamente. Varias voces del sector TIC expresaron sus condolencias tras conocerse esta pérdida.“Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Ingrid Hernández, coordinadora de Transformación Digital de @infopresidencia. Una líder visionaria que comprendió que la tecnología es, ante todo, una herramienta para servir y transformar vidas. Su compromiso por abrir camino a más mujeres en el sector TIC deja una huella imborrable”, escribió la ministra de las TIC, Carina Murcia, en su cuenta de X.“Un día triste en el ecosistema digital. Se nos fue @Ingrid_HdezS. La conocí aprox. en sept. de 2022, cuando iniciaba su trabajo en @infopresidencia. Respetando el rol de cada uno, nos volvimos amigos y colegas para impulsar agenda en Transformación Digital”, agregó Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI.“La Junta Directiva de ASOTIC y su presidenta @GaleMallol lamentan profundamente el fallecimiento de Ingrid Hernández y se unen en solidaridad con su familia y seres queridos”, expresaron desde la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia.
Jaime Parra, conocido como alias ‘El Médico’, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz que dentro de la organización se practicaron interrupciones de embarazo sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres, incluidas menores reclutadas.“Como médico de la extinta organización y encargado de la política de salud en esta organización, reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas”.“Adicionalmente, reconozco que se practicaron interrupciones de embarazos sin el consentimiento libre y espontáneo de las mujeres”, añadió. Luego de leer los relatos de víctimas, Parra asegura que sus decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas.“Esto les generó un daño psicológico y en su salud física del cual soy consciente luego de leer los relatos de las víctimas”. El exintegrante del Secretariado también aceptó que los hechos investigados en el macrocaso 7 sí ocurrieron.“Los hechos señalados en el macrocaso 7 ocurrieron; reconocerlos es un deber, un compromiso ético y moral con el país y con las víctimas”. Además, admitió que muchos menores fueron expuestos a situaciones que no debieron vivir.“En lugar de protegerlos, no supimos garantizar plenamente sus derechos ni su bienestar. Fueron expuestos a experiencias que nunca debieron vivir”. Finalmente, sostuvo que nada de lo ocurrido debió pasar, y que “asume la responsabilidad” como antiguo integrante del exsecretariado.“Este reconocimiento no borra el dolor ni las consecuencias, pero es un paso necesario para aportar a la verdad, dignificar a las víctimas y contribuir a que los hechos como esto no se repita nunca más”.
Wilmar Mejía era hasta hace tres meses director de inteligencia de la DNI. Resultó salpicado en un escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que junto al general Juan Miguel Huertas fue señalado de presuntos vínculos con cabecillas de las disidencias de alias Calarca. Según dicha información, el funcionario al parecer filtraba datos reservados y acercaba a la organización criminal con miembros de la fuerza pública. Incluso fue identificado, presuntamente, en los archivos de Calarácon el alias de 'El Chulo'. El negó todas estas acusaciones en su contra y aseguró que había conocido a cabecillas de las disidencias en el marco de su trabajo por La Paz en distintas regiones del país.Tres meses han pasado desde que fue suspendido de su cargo por orden de la Procuraduría. En su contra hay incluso una investigación interna en la entidad a la que pertenece. Pero hoy el organismo de control levantó dicha suspensión argumentando que no hay pruebas suficientes, que se trata de una medida cautelar y no una sanción, y que tanto él como Huertas han colaborado con las investigaciones. Con esto, la Dirección Nacional de Inteligencia debe reintegrar a Mejía en su cargo y Blu Radio conoció que así ocurrirá, con una resolución que será expedida en las próximas horas en la que vuelve a ser nombrado como director de inteligencia.El presidente Gustavo Petro ha defendido a estos servidores públicos a pesar de la gravedad de las denuncias. Incluso tanto Mejía como Huertas fueron vistos en casa de Nariño el pasado 23 de febrero y acudieron allí para una reunión con el mandatario. Este encuentro tenía como objetivo, según fuentes cercanas, que Petro conociera en qué iba el proceso legal de ambos; sin embargo, por temas de agenda, no se habría materializado.
En una operación conjunta en zona rural de Buenaventura, la Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Armada, capturó en flagrancia a cuatro integrantes del ELN y decomisó material de guerra que, según inteligencia, iba a ser entregado al grupo criminal Los Shottas.El procedimiento se desarrolló mediante una diligencia de registro y allanamiento en la vereda San Cipriano, donde fueron detenidos alias 'Pelusa', 'Flaco', 'El Viejo' y 'El Mono'. De acuerdo con las investigaciones, el armamento iba a fortalecer el componente sicarial y de extorsión de “Los Shottas”, estructura que disputa el control de economías ilegales en el puerto.Durante el operativo, las autoridades incautaron dos fusiles, un revólver, siete proveedores de fusil, una granada de fragmentación, 88 cartuchos de diferentes calibres y elementos de intendencia militar, como uniformes y chalecos.Según la investigación, el arsenal sería utilizado para reforzar acciones como homicidios selectivos, extorsiones y control violento del territorio, en medio de la disputa criminal que Los Shottas mantienen con Los Spartanos por rutas de narcotráfico y zonas estratégicas de acopio.Las autoridades destacaron que el golpe debilita la presunta alianza entre el ELN y estructuras delincuenciales urbanas en el Pacífico, evidenciando una articulación logística para sostener rentas ilícitas.Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones. Posteriormente, un fiscal les imputó cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones, y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
A menos de seis meses de que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Constitucional ha proferido un fallo trascendental al declarar inexequibles los artículos 100 y 101 de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). Estos artículos eran la base legal de las llamadas Asociaciones Público Populares, un modelo de contratación directa con organizaciones comunitarias que el mandatario ha promovido como pilar de su "economía popular".La demanda que originó esta decisión fue liderada por la abogada y académica Carolina Deik, quien junto a un equipo de juristas argumentó que estos artículos violaban principios fundamentales de la contratación estatal en Colombia. El eje central del fallo radica en la reserva de ley, señalando que el Congreso no puede delegar al Ejecutivo la creación de modalidades de contratación de forma ambigua.Deik explicó en entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la Constitución de 1991 asigna exclusivamente al Congreso la facultad de expedir el estatuto general de contratación: “Había otros [argumentos], por ejemplo, el de legalidad, que en contratación estatal existe una reserva de ley para que fuera el propio Congreso el que expidiera ese estatuto general de la contratación”, explicó Deik.Uno de los puntos más críticos señalados es que el artículo 100 permitía convertir procesos que hoy son abiertos y competitivos en asignaciones a dedo. "La norma pasa de una modalidad de mínima cuantía que está regulada, que está abierta a competencia y la convierte en una modalidad de contratación directa con el agravante de que lo hace sin determinar claramente quiénes son los que pueden optar o acudir a este mecanismo”, advirtió Deik.Para los demandantes y ahora para la Corte, este modelo ponía en riesgo la selección objetiva de los contratistas. Según la abogada, el régimen de contratación debe “evitar la excesiva discrecionalidad en la asignación de los contratos"."Lo que se busca con el régimen existente es que haya selección objetiva. Eso es lo primordial”, aseveró.Escuche la entrevista aquí:
Este lunes 2 de marzo de 2026, en Mañanas Blu de Blu Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, salió al paso de las críticas que ha generado el decreto 0174 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal en Córdoba.El decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura, ha sido señalado por sectores políticos como una “expropiación exprés”. Sin embargo, Harman insistió en que la medida no crea nuevas facultades, sino que agiliza herramientas ya existentes para atender a los damnificados por las lluvias.Decreto 0174 de 2026: compra rápida por emergencia, no expropiación masiva“Cuando se está hablando de la facultad de una enajenación rápida por riesgo, ya la establece la ley 1523”, explicó el funcionario. Según detalló, el decreto lo que hace es asignar esa competencia a la ANT para predios rurales en el contexto específico de la calamidad pública.Harman fue enfático en desmentir que se trate de una estrategia para avanzar en expropiaciones. “Llevo cuatro años diciendo que vamos a expropiar y hoy, a razón concreta de la implementación de la política de compra y entrega de tierras, hemos respetado las condiciones asociadas a la propiedad privada”, afirmó.En términos prácticos, la diferencia está en los tiempos. Mientras un proceso ordinario puede tardar entre cuatro y cinco meses, con la emergencia podría resolverse en alrededor de un mes. El objetivo, dijo, es reubicar a familias afectadas en tierras altas y productivas dentro de Córdoba, evitando zonas inundables.“No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, afirma Felipe HaurmenLa frase más contundente llegó cuando fue consultado sobre qué pasaría si un propietario se niega a vender. “No vamos a llegar a tierras que la gente no quiera vender”, respondió. Explicó que actualmente hay más de 60.000 hectáreas ofertadas por privados en Córdoba y cerca de 28.000 hectáreas preseleccionadas provenientes de la Sociedad de Activos Especiales.El director precisó que cuentan con un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesos para compra de tierras y que cualquier ampliación dependerá de la disponibilidad fiscal autorizada por Hacienda.Además, aclaró que las facultades policivas se aplicarán en casos de bienes baldíos de la Nación, como ciénagas y playones sin títulos legítimos. “Esos sí son bienes válidos de la Nación”, puntualizó.Con esto, el Gobierno busca responder a la emergencia en Córdoba sin abrir, según su versión, un frente de confrontación con propietarios privados. El debate, sin embargo, sigue abierto.Escuche la entrevista completa:
El 23 de febrero, a las 2:20 de la tarde, ingresó a la Casa de Nariño Wilmar Mejía, quien fue hasta hace pocos meses director de Inteligencia de la DNI. A su lado estaba, vestido de civil, el general Juan Miguel Huertas.Blu Radio conoció que la razón de esa visita era una reunión con el presidente Gustavo Petro y que fueron convocados porque el mandatario quería conocer el estado de los procesos legales de ambos. Sin embargo, esa reunión, según fuentes cercanas, no se habría materializado por temas de agenda del mandatario, que ese día tuvo una rueda de prensa sobre pasaportes y más tarde un consejo de ministros.Siete días después, la Procuraduría tomó la decisión de levantar la suspensión de Mejía y del general Huertas, lo que en la práctica significa que deberían ser reintegrados a sus cargos. Aunque cabe aclarar que esto no significa que se cierre la investigación disciplinaria ni que se haya tomado una decisión de fondo sobre su presunta responsabilidad y vínculos con cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’.Los argumentos de la Procuraduría son: que la suspensión es una medida cautelar y no una sanción; que los investigados han colaborado con el proceso de investigación; y que hay falta de pruebas en este momento. A eso se suma que los hechos investigados habrían ocurrido cuando ellos no eran servidores públicos: Huertas estaba retirado y Wilmar aún no estaba en su cargo como director de Inteligencia de la DNI.Cabe mencionar que ambos están señalados en el marco de un escándalo revelado por Noticias Caracol sobre una presunta infiltración de las disidencias de alias ‘Calarcá’ al Gobierno a través de estos dos funcionarios. A Mejía lo acusaban de acercar a organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública y a Huertas de buscar la creación de una empresa de seguridad para movilizar guerrilleros legalmente.