“Lo que necesitamos es mostrarle a Colombia que no son solamente las malas noticias del Cauca. En el Cauca pasan cosas maravillosas”, afirmó Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca.Actualmente, el departamento del Cauca envía café a 99 países y recientemente abrió mercados como Mongolia y Ucrania.“El día que ustedes vayan y se tomen un café en la sala VIP del Corte Inglés en Madrid, el café que se van a tomar es de reincorporados de las Farc del municipio de Cajibío, Cauca. Cuando vayan a un supermercado en Corea del Sur, el café que van a encontrar en las vitrinas va a ser café de la Federación Campesina del Cauca”, señaló Muñoz.El cacao, por su parte, ya es el séptimo renglón de exportaciones del Cauca y entre 2024 y 2025 creció un 79%. Actualmente, el departamento exporta 167 productos y es el segundo en Colombia en bienes de alto desarrollo tecnológico. "Software hecho en el Departamento del Cauca lo utiliza en este momento Disney. Se utiliza en Vietnam para manejar el cultivo del café”, agregó.En paralelo, señalaron que el sector empresarial muestra un crecimiento, ya que, en los últimos cinco años, el número total de empresas en el departamento aumentó 25,5%, mientras que las relacionadas con el turismo crecieron 31%.Desde la cámara de comercio afirman que hoy el turismo representa cerca del 16% del total de empresas del Cauca y el 53% de estas son lideradas por mujeres. Además, más del 44% tiene más de cinco años de operación, en su mayoría microempresas que dinamizan la economía local.En 2025, el departamento registró 5.973 visitantes extranjeros y 1.175 nacionales. La mayor afluencia se concentró en Semana Santa, temporada que consolida a Popayán como uno de los destinos religiosos, culturales y patrimoniales más importantes del país.“Así como ya hay países como Francia, como Inglaterra, como Italia, como Alemania, que están llegando al Departamento del Cauca, necesitamos que los colombianos también lo hagan”, señaló. Según explicó, turistas alemanes llegan a Silvia, españoles visitan Guapi y hasta viajeros rusos están llegando a Piamonte.Aunque la presidenta de la Cámara reconoció que el turismo todavía no tiene un peso determinante en el Producto Interno Bruto del departamento, insistió en que el sector representa una oportunidad estratégica.“El turismo nos permite trascender, hacerle un homenaje a esas culturas y permitir que la gente vaya y crezca aprendiendo en territorio”, afirmó, al referirse a un departamento históricamente atravesado por tensiones y conflictos sociales.La oferta que buscan posicionar combina naturaleza, cultura y experiencias comunitarias. “Tenemos un turismo de aventura maravilloso en el sur del departamento, el parapente en el Balcón de la Empatía es espectacular; podemos ir a ver las ballenas y oírlas cantar debajo del agua”, describió. También destacó el turismo comunitario, “Uno puede recolectar piangua con las mujeres piangüeras o remar en potrillos por el río Guapi”.Frente a la preocupación por la situación de orden público, Muñoz sostuvo que el Cauca no es el único territorio con zonas complejas. "Sí hay zonas que son complejas, pero hay zonas complejas en el Departamento de Cundinamarca, en el Departamento del Valle, en el Departamento de Bolívar, en el Departamento de Antioquia y la gente va, porque ahí también se resaltan las cosas buenas. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo hoy: resaltar lo bueno del Cauca”, concluyó.
Tras el fallo que restableció su designación, el rector José Ismael Peña Reyes empezó a conformar su nuevo equipo directivo en la Universidad Nacional de Colombia, con cambios en las principales vicerrectorías del nivel central y en varias sedes regionales. Estos reordenamientos administrativos se dan en un contexto de tensión, luego de que se anunciara un nuevo paro académico en la sede Bogotá, que se extenderá hasta el 20 de marzo.En el nivel central de la institución, Luz Arabany Ramírez Castañeda, profesora titular de la Facultad de Administración de la sede Manizales asumirá la Vicerrectoría General; María Alejandra Guzmán Pardo, profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá, estará al frente de la Vicerrectoría Académica; y Olga Janneth Gómez Ramírez, profesora asociada y exdirectora de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá, dirigirá la Vicerrectoría de Investigación.Por otro lado, Édgar Cortés Reyes, profesor titular de la Facultad de Medicina, fue designado como nuevo secretario general de la universidad y, al mismo tiempo, como vicerrector encargado de la sede Bogotá.En las sedes regionales también quedaron confirmados nuevos nombramientos. Johnny Alexander Tamayo Arias, profesor titular de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, será el vicerrector de la sede Manizales; Johanna Vásquez Velásquez, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, asumirá la Vicerrectoría de la sede Medellín; Mario Augusto García Dávila, profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es el nuevo vicerrector de la sede Palmira.Además, Jimmy Jolman Vargas Duarte, profesor asociado con experiencia en investigación y extensión, es el nuevo vicerrector de la sede de La Paz y Onésimo del Carmen de Arco Canoles, profesora asociada, es la directora de la sede Tumaco.También se realizaron otros seis nombramientos a nivel nacional, entre esos cambios en la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, la Dirección de la Editorial UNAL, entre otros.Durante el anuncio, el rector también hizo un llamado a la comunidad universitaria a trabajar desde la pluralidad, el diálogo y la excelencia académica, como base para la gestión institucional en los próximos años.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, confirmó que los escoltas de la candidata Ana Guetio, desaparecida en el Cauca, reportaron a la entidad que su vehículo fue robado. Según explicó, en este momento se dirigen al municipio de El Tambo en un carro particular. “El vehículo fue robado. Solamente dan ese parte para avisar que están bien”, dijo.Guetio es aspirante a una curul de paz en la Cámara de Representantes. Su equipo denunció que desde la noche del miércoles, no conocían su paradero. Según informaron a través de un comunicado, la candidata se desplazaba hacia el municipio de Morales, en el Cauca, cuando se perdió contacto con ella. En el momento de la desaparición, Guetio cumplía compromisos propios del cierre de campaña en los departamentos de Nariño y Cauca y horas antes había sostenido un encuentro con la comunidad en el municipio de El Tambo.Por ahora, no es claro que fue lo que ocurrió durante las horas en las que no se supo sobre su paradero. En la misma situación está Andrés Vásquez, un candidato conservador al Senado que visitaba a su padre en Cesar y ahora está desaparecido.El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a esto:“El papá estaba bañándose y escuchó una moto que llegó a la vivienda y cuando salió ya no estaba el candidato, pero si el celular. Le pedimos a la comunidad que si tienen información de comuniquen con el 157. No sabemos las causas de estas desapariciones”.El jefe de la cartera de defensa insistió en que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita deducir qué pasó con los candidatos al congreso. “No tenemos información de qué se trate de un secuestro o esté relacionado con su actividad así que ha medida de que avance, informaremos. En el caso del Cauca estaba acompañado por personal de la UNP y en el César, estaba en su casa y no tenía directamente seguridad”, concluyó.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reaccionó a la expedición del Decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno nacional modifica las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ordena la redistribución de afiliados en todo el país.En un comunicado, el gremio señaló que la medida implica cambios estructurales en la operación del aseguramiento que, a su juicio, deberían tramitarse mediante ley y no por decreto. Además, sostuvo que el contenido de la norma reproduce lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre pasado por el Consejo de Estado.Acemi advirtió que la redistribución masiva de usuarios podría afectar la continuidad y oportunidad en la atención, especialmente en un contexto en el que varias EPS se encuentran bajo medida de intervención y enfrentan dificultades financieras y operativas.Según los cálculos del gremio, la aplicación del decreto llevaría a una mayor concentración de afiliados en Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11,5 millones de usuarios y podría recibir alrededor de 2,6 millones adicionales. También indicó que algunas EPS intervenidas registrarían incrementos cercanos al 40 % en su número de afiliados, mientras que las EPS agremiadas que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios.Para Acemi, la redistribución no se daría en condiciones de equilibrio entre las entidades que ceden y las que reciben población, lo que podría generar impactos en la red de prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos.El gremio anunció que insistirá en las rutas de defensa legal frente al decreto, al considerar que la medida puede profundizar la situación actual del sistema y afectar a millones de afiliados en diferentes regiones del país.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 25 de febrero de 2026:Jorge Luis Pinto habla del futuro de Radamel Falcao García rumbo al Mundial 2026.La International Football Association Board se reúne este fin de semana para definir el grupo de árbitros que estarán en el Mundial 2026.Millonarios e Independiente Medellín emitieron un comunicado conjunto en el que reclaman a la Federación Colombiana de Fútbol por recientes actuaciones arbitrales.Lionel Messi se sinceró: el fútbol le dejó vacíos fuera de la cancha. Ahora prioriza aprender y crecer en lo personal.Escuche el programa completo aquí:
Este miércoles en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Ad portas de las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo y a tres meses de la primera vuelta presidencial, se conocieron los resultados de la más reciente encuesta Invamer que mide el panorama electoral antes de los comicios.Realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 en 147 municipios del país con un total de 3.800 encuestas, dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.Así se encuentra la aprobación del presidente PetroDe acuerdo con la encuesta, la aprobación por su gestión se encuentra en 49.1 % y su desaprobación en 46.1 %. Cabe recordar que, en noviembre, en la última realizada antes de esta, un 37,7 % de los colombianos aprobaba la gestión del mandatario, mientras que el 56,7 % la desaprobaba.En materia de país, el mayor problema para los colombianos ha sido el orden público con un 30.9 %, destacando también la economía (18.0 %), necesidades básicas (14.6 %), corrupción (13.3 %) y mala función del Gobierno y/o sistema político (8.3 %).¿Cuál es el escenario de cara a las votaciones?“Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?”, planteó la encuesta y la respuesta de los resultados dio que Iván Cepeda lidera con un 37.1 % la intención de voto en Colombia.Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 % y Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo marca 6,6 %.La primera jornada electoral del 2026 se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, en donde los colombianos no solo votarán la consulta de precandidatos, sino que elegirán los nuevos senadores y representantes el Congreso de la República.Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completA
El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de interceptada en sus aguas territoriales "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas".La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que se atendido.El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en EE. UU. Además informó de la incautación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".
Asocapitales pidió al Gobierno nacional adoptar medidas fiscales y presupuestales excepcionales que permitan a las ciudades capitales enfrentar con mayor eficacia los efectos del frente frío que impacta distintas regiones del paísA través de un comunicado, aseguran que la magnitud de este fenómeno y sus impactos han superado las capacidades de respuesta de los entes territoriales, tanto en dineros como operativos, lo que hace indispensable la expedición de herramientas extraordinarias que faciliten una reacción oportuna.Piden, por ejemplo, que el Gobierno Nacional habilite nuevas fuentes de recursos y flexibilice los mecanismos de ejecución del gasto, con el fin de asegurar que los apoyos lleguen con rapidez a las ciudades más afectadas.“La emergencia no solo es humanitaria, sino también fiscal y económica. Las crecientes y afectaciones en infraestructura crítica, redes de energía, sistemas de saneamiento, vías y actividades productivas exigen respuestas inmediatas que eviten un deterioro mayor en las finanzas territoriales y en la estabilidad social”, dice el comunicado.En esa línea, dicen los alcaldes, se está afectando la prestación de servicios esenciales y la seguridad de la población, generando presiones adicionales sobre las finanzas de las ciudades y solo la agilidad en la asignación y desembolso de fondos, así como la simplificación de trámites administrativos, ayudarían a mitigar el impacto.Finalmente, Asocapitales manifestó su disposición para trabajar de manera articulada todas las entidades del orden nacional, mediante la instalación de una mesa técnica conjunta para evaluar la viabilidad jurídica y fiscal de las propuestas y avanzar en la expedición de decretos legislativos que fortalezcan la capacidad de recuperación territorial.Según el reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las lluvias y el paso del frente frío han causado emergencias en 171 municipios afectando a 331.754 personas de 117.512 familias.
En medio de lluvias constantes y sobre un terreno con complejas superposiciones de sepulturas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó la tercera fase de intervención forense en el cementerio principal de San Vicente del Caguán, Caquetá. Como resultado, se recuperaron 11 cuerpos que ahora entrarán en proceso de identificación.La acción se desarrolló en el marco del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Norte y contempló la intervención de 19 sitios de interés forense tipo fosa. Los cuerpos corresponderían a personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado en zona rural del municipio entre 2002 y 2015, quienes fueron inhumadas como no identificadas o como identificadas no reclamadas.“Los 11 cuerpos recuperados en este campo santo ahora surtirán un proceso de identificación. Este proceso de identificación estará realizado de la mano y bajo el liderazgo incluso del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y nos queda a nosotros también este trabajo importante de ubicar a sus seres queridos en los casos en los que de pronto no se tiene conocimiento de quiénes pueden ser y avanzar hacia las entregas dignas de cada uno de ellos”, señaló Yolima Jurado, coordinadora territorial Caquetá de la Unidad.Por su parte, el antropólogo líder de la misión, Juan Pablo Rodríguez, explicó que el cementerio presenta una compleja yuxtaposición de sepulturas, lo que obliga a realizar excavaciones con mayor rigor técnico. A esta complejidad se sumaron las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes durante las jornadas de trabajo. Por ello, el equipo territorial prevé nuevas fases de intervención en el lugar.Esta fase contó con la participación de población firmante del Acuerdo de Paz, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros y de procesos organizativos como Corpo-Reconciliación. “Su participación incluyó labores de excavación, contraste de información y revisión de evidencias forenses”.Paralelamente, se desarrolló la Ruta de la Memoria, un espacio pedagógico que vinculó a organizaciones sociales, familias buscadoras, sociedad civil y entidades del territorio.“La tarea es titánica, pero a la vez también el llamado es a que todos nos comprometamos, que el ejercicio de haber firmado ese acuerdo de paz no solamente nos comprometa a nosotros como firmantes y al Estado, al gobierno, a quienes estuvimos involucrados en el conflicto, sino que toda la sociedad colombiana también se personalice de lo que ha sido esa firma de ese acuerdo y que es tan importante” aseguró Willington Quiroz, firmante del Acuerdo de Paz de la vereda Agua Bonita.
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
La violencia armada en Colombia se está reorganizando y expandiendo, y amenaza con revertir los avances alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz. Así lo advierte el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en 2025, presentado ante el Consejo de Derechos Humano.El documento señala que la confrontación entre grupos armados ilegales, organizaciones criminales y la fuerza pública afectó de manera grave territorios como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta, y Antioquia, entre otros.En estos contextos, la población civil quedó atrapada entre desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual, uso de explosivos y reclutamiento de niños y niñas.La niñez sigue siendo una de las principales víctimas del conflicto. El ACNUDH verificó 150 casos de reclutamiento de niños y niñas en 2025, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor por el subregistro . Además, documentó la muerte de 30 menores que se encontraban en situación de reclutamiento en Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander, incluidos ocho niños y siete niñas fallecidos en bombardeos.El informe también expresa preocupación por el uso de redes sociales para captar menores, exaltando el poder y el dinero asociados a la violencia. “El ACNUDH transmitió estas preocupaciones a Meta y TikTok, llamando a fortalecer la debida diligencia conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para evitar que sus servicios faciliten violaciones y abusos de los derechos de las niñas y los niños”.Sin embargo, El ACNUDH también documentó casos de reclutamiento en espacios comunitarios, donde integrantes de grupos armados establecieron vínculos afectivos para manipular a niñas con promesas de protección o apoyo económico.En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registró el uso de instituciones educativas por parte de grupos armados y enfrentamientos que interrumpieron clases. En Cauca y Putumayo, incluso se utilizaron escuelas para reclutar estudiantes indígenas nasa y murui muina, en riesgo de exterminio físico y cultural. También se reportaron amenazas y desplazamientos de docentes en varios departamentos.La oficina señala que los grupos armados continuan ejerciendo violencia de género, entre ellas violaciones sexuales, embarazos forzados y explotación sexual. “El ACNUDH conoció que estos grupos habían controlado pruebas de infecciones de transmisión sexual, prohibido el uso de métodos anticonceptivos y restringido el acceso a servicios de salud, ocasionando casos de mortalidad materna no registrada”.El informe advierte además sobre explotación sexual y trata contra niñas y mujeres, incluidas mujeres wiwas, arhuacas, jiw y nukak. También documenta feminicidios y castigos contra mujeres acusadas de mantener relaciones con miembros de estructuras rivales, y casos en los que niñas fueron obligadas a prestar labores de enfermería para grupos armados.Otro de los datos más alarmantes es el incremento del desplazamiento forzado masivo, que aumentó un 85% frente a 2024. Solo en Catatumbo, 89.013 personas fueron desplazadas en 2025, en medio de disputas por el control territorial y de economías ilícitas. A esto se suma un aumento del confinamiento del 12 %, especialmente en Chocó, Cauca y Bolívar, donde comunidades enteras vieron restringida su movilidad y acceso a medios de subsistencia.En materia de masacres, la Oficina recibió 87 alegaciones, de las cuales 53 fueron verificadas, con un total de 174 víctimas. El 95% de estos hechos fue atribuido presuntamente a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y en el 75% de los casos la motivación estaría ligada a disputas por economías ilícitas.El informe también registró 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos; en 99 casos se verificó que el asesinato estuvo directamente relacionado con su labor. Los principales afectados fueron líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, “lo que evidencia un impacto diferenciado entre quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas”.Alertan además que en Cauca y Valle del Cauca se registraron 44 ataques contra la Fuerza Pública que dejaron 21 civiles y 8 uniformados muertos, además de más de 200 personas heridas. A esto se suma la continuidad del denominado “plan pistola” en departamentos como Antioquia y la región Caribe. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos.El informe advierte que la política de “paz total”, en donde se han concretado procesos de negociación con grupos armados, no ha logrado frenar violaciones y abusos graves como reclutamiento de menores, el asesinato de líderes sociales, “ni generar procesos de diálogo con participación libre y segura de las comunidades involucradas o colocar los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones”.También expresa preocupación porque procesos por graves violaciones de derechos humanos siguen en la Fiscalía y fuera de la priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que genera incertidumbre jurídica y riesgos para los derechos de las víctimas.El ACNUDH documentó además desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la libertad como mecanismos de control social. En Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron 21 casos de desaparición en 2025. En Arauca, las privaciones de libertad pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, muchas bajo la denominada “justicia revolucionaria”, con tratos crueles e incluso asesinatos.La Oficina también advirtió que, pese a las comunicaciones enviadas al Ministerio de Defensa sobre 15 situaciones de riesgo en varios departamentos, en la mayoría de los casos las medidas adoptadas fueron insuficientes o tardías para proteger a la población.En los territorios indígenas y afrodescendientes, la ONU expresó especial preocupación por la Sierra Nevada de Santa Marta y el Chocó, donde la disputa armada, el control social y actividades como la minería ilegal y la deforestación amenazan la pervivencia física y cultural de los pueblos.La conclusión del informe señala que la persistencia del conflicto, la violencia y el control social armado están “afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. Las estrategias de control social y territorial empleadas por estos actores, sumadas al aumento de la violencia preelectoral, la polarización, la desinformación y el discurso de odio, generan riesgos para el espacio cívico y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
En entrevista en Mañanas Blu 10:30, la exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, Claudia López, celebró el repunte que registró en la más reciente encuesta de Invamer y aseguró que su campaña está enfocada en una meta clara: “La primera vuelta consiste en ganarle a De la Espriella el paso a segunda vuelta”.López calificó los resultados como una señal de que su mensaje “está calando” entre los ciudadanos. “Nos dan entusiasmo y esperanza. Es la confirmación de que la propuesta de defender lo que va bien, corregir lo que va mal y agregar lo que hace falta está llegando”, afirmó.La candidata explicó que, a su juicio, deben mantenerse avances como el incremento del salario mínimo, la reforma laboral y la reforma pensional, pero insistió en que el Gobierno ha fallado en temas clave como salud y seguridad. “Lo de salud ha sido un desastre. Que a la gente le nieguen medicamentos es inaceptable. Y en seguridad la paz total es un caos absoluto”, sostuvo.Frente a su propuesta programática, destacó la creación de un sistema público y gratuito de cuidado para mujeres, un millón de becas de educación y trabajo, y un plan de apoyo a microempresas. “Una mujer con autonomía económica no se deja humillar ni golpear. El cuidado debe dejar de ser una condena invisible”, señaló.Sobre la estrategia electoral, López rechazó la idea de “quitarle votos” a otros sectores y aseguró que su apuesta es hablarle a quienes buscan soluciones concretas y no peleas ideológicas. En ese contexto, lanzó críticas a lo que calificó como una política basada en confrontaciones personales. “Con prometer meter preso a uno u otro no se le resuelve la vida a nadie”, dijo.En cuanto a la consulta del 8 de marzo, defendió su decisión de participar y marcar distancia frente a otros líderes de centro como Sergio Fajardo, con quien dijo mantener afecto y respeto. “Yo creo que las decisiones deben tomarlas los ciudadanos en las urnas, no cuatro políticos tomando tinto”, afirmó.Al proyectar el escenario electoral, la candidata fue enfática: “Aspiro a hacer la primera votación individual el 8 de marzo”. Según su lectura, el verdadero reto inicial es superar a Abelardo de la Espriella y asegurar el paso a segunda vuelta. De cara a un eventual balotaje, anticipó que el contendor sería Iván Cepeda, de acuerdo con los sondeos.Finalmente, López hizo un llamado a votar en la consulta presidencial y reiteró su eslogan: “Soy una mujer frentera, sin corrupción y con experiencia. Esta campaña es para resolver problemas reales, no para alimentar peleas”.
Un total de 11 universidades del país realizaron un estudio en el marco de la iniciativa "Cuidar la Democracia", liderada por las universidades de Los Andes, EAFIT, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, CESA, UTB y UNAB. Esta encuesta la respondieron 1.700 personas en 81 municipios en áreas rurales y urbanas. Todas las personas eran mayores de edad.Uno de los datos que arrojó este estudio es que al menos el 62% de los colombianos encuestados considera que la democracia está en riesgo."Ahora tenemos una democracia que normalizó la corrupción y que no ha atendido la desigualdad que es el mayor problema de este país. Algo que es muy interesante es que las personas que contestan dicen que más allá de la ideología no están viendo resultados que atiendan las necesidades de los ciudadanos, es una exigencia de que la democracia no está ateniendo los dolores de la población, entre ellos la corrupción la desigualdad", explicó Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes.En el estudio también se puede evidenciar que los colombianos consideran que el voto hace la diferencia, por lo que es importante participar activamente en la política."Les parece que el voto es muy importante y que esa es la manera en la que el ciudadano tiene participación en su democracia. Eso nunca coincide con lo que pasa en realidad porque por miles de inconvenientes la gente ese día no sale a votar", explicó Bernal.Además, se refirió a un tema sobre el que se ha hablado mucho recientemente y es la información falsa que se puede ver en diferentes escenarios."Mucho de lo que ha ocurrido con la democracia y la razón por la que está tan polarizada y frágil tiene que ver con las redes y la desinformación. Yo lo que creo que es muy importante es que todos actuemos frente a eso, hay una corresponsabilidad con la democracia. La encuesta también dice que es muy importante que las instituciones educativas estén al frente de eso, los países con mejores democracias son los países donde la educación es de mayor calidad", explicó la rectora de Los Andes.
Pese a que muchas cifras de violencia aumentaron el año pasado en Colombia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que el país está en un camino de paz desde que se firmó el acuerdo con las Farc en 2016, pero debe evitar un retroceso mayor que lo lleve de vuelta a sus peores años de conflicto."Creo que hoy no estamos en una situación de derechos humanos como la que había antes del acuerdo. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero nuestro informe describe diferentes violaciones de derechos humanos que son indicadores de que hay riesgo de un retroceso", expresó Campbell.Su despacho presentó este jueves el informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que según el diplomático, apunta a "prevenir que Colombia vuelva a la situación que había antes de 2016" por el aumento de los desplazamientos forzados y los asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otros.Violencia que no cesaEl informe señaló que en 2025 el conflicto "afectó agudamente" varias regiones del país, como el Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.Los grupos armados han provocado en estas zonas desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.En ese sentido, Campbell destacó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 87 alegaciones de masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, 16 revisadas y 18 consideradas "no concluyentes", lo que significa una disminución del 15 % frente a los casos de 2024.Estas matanzas son cometidas en su mayoría "por los grupos armados no estatales por razones de control territorial, control sobre la sociedad para intimidar y, sobre todo, para garantizar acceso a sus rutas para las economías ilícitas"."Ese es un dato muy positivo, pero al mismo tiempo hay aumento de desplazamiento el año pasado, un 85 % en comparación con 2024; hay más confinamiento, y hay más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, un aumento de un 11 %", expresó.En términos de desplazamiento, el notorio crecimiento estuvo impulsado por la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.El confinamiento, entre tanto, aumentó un 12 %, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Bolívar, con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes como principales víctimas.Ese encierro fue provocado por los paros armados de grupos como el ELN que restringen las actividades económicas básicas de las comunidades.Erosión del liderazgo socialLa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales pudo confirmar 99.En 39 casos las personas eran defensoras pero no se pudo determinar un nexo causal entre el homicidio y su labor, mientras que 69 alegaciones fueron consideradas como no concluyentes."Esto es un problema con causas estructurales, causas profundas, que no son fáciles de resolver", manifestó Campbell, quien señaló que el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, "ha hecho avances" en aspectos como las "garantías para personas defensoras de derechos humanos".Sin embargo, el representante de la ONU afirmó que falta "implementación de estas políticas" y de otras como la de "desmantelamiento del control de los grupos armados no estatales" en algunas zonas del país."Tienen un control sobre la sociedad y el territorio y un resultado (de esto) es una tasa de homicidios de personas defensoras de derechos humanos muy alta, completamente inaceptable", expresó.Campbell recordó que la protección de defensores de derechos humanos es una obligación del Estado, según el derecho internacional humanitario (DIH) por lo que insta al Gobierno de Petro, que termina el próximo 7 de agosto, a "tomar acciones más concretas para implementar estas políticas".
El registrador, Hernán Penagos, estuvo en un evento con el procurador, Gregorio Eljach, sobre paz electoral. Desde allí se refirió al proceso electoral que se dará el próximo 8 de marzo. Penagos respondió a algunas de las polémicas y narrativas que se han creado según las cuales podría haber fraude en elecciones.En un primer momento, Penagos hizo referencia a las consecuencias de la desinformación, recordando el ataque que sufrieron algunos funcionarios de la entidad en Gamarra por una información falsa.“¿Cuánto le tiene que costar a la nación colombiana mantener la democracia de nuestro país? ¿Cuánto más se tienen que degradar las instituciones? ¿Cuánto más tiene que golpearse la economía? ¿Cuánto más tienen que sufrir las personas, generar hostilidades y de pronto hasta padecer vidas humanas? No puede ser que un semejante asesine a otro por política ¿Será que no podemos ser más racionales y simplemente ver esto como un proceso democrático donde unos ganan y otros pierden?”, señaló el registrador Penagos.En el mismo sentido el registrador reiteró que se le han otorgado todas las garantías a todos los partidos y candidatos e incluso hizo un llamado frente a la inscripción de testigos electorales, un proceso que hacen las organizaciones políticas.“Puede haber cuatro millones de testigos en las elecciones del 8 de marzo. En cada mesa de votación pueden, y si los partidos quieren y hoy los llamo, designen todos los testigos que estimen pertinente que pueden ser 30 por cada mesa. Millones de personas están al frente del proceso electoral ¿Habrá lugar a alguna incidencia? ¿Habrá lugar a alterar algún dato con tantos ojos y tantas personas al frente del proceso electoral? No hay manera para crear narrativas de esa naturaleza”, dijo Penagos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de su cuenta en X que la fuerza pública activó todas sus capacidades para ubicar a los candidatos Andrés Vásquez, aspirante al Senado por el partido Conservador, y Anita Guetío, candidata a la Cámara Especial por la Paz, quienes fueron reportados como desaparecidos en hechos ocurridos en Cesar y Cauca.Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, Andrés Vásquez fue visto por última vez en el municipio de Pelaya, mientras que Anita Guetío desapareció en zona rural de El Tambo. Frente a esta situación, aseguró que se desplegó de manera inmediata la capacidad operativa de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia.“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la fuerza pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, señaló el ministro, al detallar que se activaron componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.El ministro enfatizó que la fuerza pública no permitirá que el miedo o la violencia interfieran en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país. “La institucionalidad está firme, el Estado está presente y no descansaremos hasta esclarecer estos hechos”, afirmó.Además, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita ubicar a los desaparecidos, garantizando absoluta reserva y protección a quienes colaboren. “Cada dato es clave y puede ser decisivo”, puntualizó, al reiterar que Colombia no retrocederá ante la criminalidad.
En un momento de alta tensión política y en vísperas de los próximos ciclos electorales, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ha formalizado su proceso ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Armando Wouriyu Valbuena, vocero de dicho comité, defendió e Mañanas Blu la iniciativa como una respuesta a las "leyes de la naturaleza" y a la urgencia de millones de colombianos que buscan ajustes estructurales en el Estado.Descentralización y deuda con los territoriosEl argumento central de Wouriyu Valbuena para justificar una nueva Constitución radica en la descentralización efectiva. Según el vocero, la actual República está diseñada principalmente para beneficiar a las grandes capitales como Bogotá, Medellín y Cali, dejando en la exclusión a los bordes territoriales, las áreas fronterizas y a más de 15 millones de campesinos.A pesar de que la Constitución de 1991 ya contempla la autonomía regional, Wouriyu sostiene que no ha existido voluntad política ni intelectual en el poder legislativo para implementar estos mandatos. Como ejemplo, citó que solo hasta mayo de 2025 se pudo concretar la primera entidad territorial indígena, amparada en facultades de la propia carta del 91 que tardaron décadas en materializarse.El fin del "modernismo europeo" y la ética del EstadoWouriyu asocia el sistema democrático actual con un "modernismo europeo" que considera agotado. Para el vocero, es necesario adecuar la República a un momento "contemporáneo", superando estructuras que, a su juicio, han fomentado una "estética de la corrupción" heredada de siglos atrás.Esta propuesta implica, según sus palabras, realizar ajustes en el sistema de pesos y contrapesos (ramas ejecutiva, legislativa y judicial) para que las instituciones funcionen en favor de la vida y la paz, eliminando obstáculos que han mantenido una deuda pública no resuelta por 207 años.Reelección y el futuro de las institucionesAl ser consultado sobre si esta Constituyente busca facilitar la reelección del presidente Gustavo Petro, Wouriyu calificó estas afirmaciones como "especulaciones periodísticas" y de sectores sociales específicos. No obstante, al profundizar en el tema, señaló que la reelección es algo que "hay que analizar" y que inicialmente no estaba en su consideración, pero que ahora surge en el debate público.Escuche aquí la entrevista:
Sigue el debate en el país por los bombardeos que ordenó el gobierno Petro en los últimos meses en contra de las disidencias de Iván Mordisco. En la misma línea que su ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, el presidente Gustavo Petro, volvió a defender estas operaciones e insistió en que no se detendrán, aun cuando en ellas mueran menores de edad.El mandatario escribió en X: “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal. Nosotros detenemos y detendremos la esclavitud de nuestro pueblo en muchas regiones de Colombia en manos de los grupos armados narcos. Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”.Y es que la defensora del Pueblo, Iris Marín, había hecho un llamado al jefe de Estado para suspender dichas operaciones mientras se verifica si hay más menores de edad muertos. Cabe mencionar que, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal, son 15 los jóvenes identificados tras los bombardeos realizados por el gobierno contra las estructuras de alias Iván Mordisco el 24 de agosto en la vereda Nueva York, en Guaviare; el 1 de octubre en Amazonas; el 10 de noviembre en Calamar, Guaviare; y el 13 de noviembre en AraucaSin embargo, en entrevista con Mañanas Blu, el ministro de Defensa desmintió parte de esta información, señalando que los tres menores abatidos en El Retorno, Guaviare, no murieron en un bombardeo, sino en un combate contra estos grupos.
En un debate organizado por Blu Radio y Meridiano Blu, los tres precandidatos presidenciales de La Fuerza de las Regiones, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga, expusieron sus propuestas económicas ante un panorama en el que, pese a las cifras oficiales optimistas, los colombianos siguen sin sentir alivio en su bolsillo. El debate, moderado por el periodista Ricardo Ospina, estuvo marcado por coincidencias en la necesidad de reactivar sectores clave y por el rechazo a nuevas reformas tributarias.Juan Carlos Cárdenas: eficiencia del gasto e infraestructura para impulsar empleoEl exalcalde de Bucaramanga puso el foco en la gestión de los recursos públicos, señalando que el país necesita un Estado que gaste menos y produzca más. Recordó que, durante su administración, logró reducir a 24 % el gasto de funcionamiento, aumentar ingresos tributarios y triplicar la inversión, resultados que permitieron que Bucaramanga alcanzara las tasas de desempleo más bajas del país en 2022 y 2023.Cárdenas insistió en que Colombia debe pasar de discutir el salario mínimo a pensar en “salarios máximos ligados a la productividad”, con incentivos a la redistribución de utilidades. También propuso frenar las reformas tributarias recurrentes y realizar una actualización catastral en vías primarias y secundarias para generar hasta 50 billones de pesos en inversión, especialmente en infraestructura vial, condición indispensable para mejorar la competitividad nacional.Aníbal Gaviria: seguridad, formalización y reducción del impuesto de rentaEl exgobernador de Antioquia señaló que la seguridad debe ser entendida como la principal reforma económica: “¿Cómo va a funcionar la economía si extorsionan hasta al tendero del barrio?”, cuestionó. Para Gaviria, la extorsión impacta la productividad, eleva costos y espanta inversión.En materia tributaria, planteó una reforma enfocada en bajar el impuesto de renta para estimular la inversión nacional y extranjera, así como facilitar la formalización laboral. Propuso una política agresiva de crédito para combatir el gota a gota y facilitar financiamiento a emprendedores.Gaviria advirtió que, sin un crecimiento superior al 4 %, será imposible reducir pobreza y desigualdad, por lo que insistió en impulsar la infraestructura, la vivienda y un plan nacional de nearshoring que atraiga industrias intensivas en minerales y energía.Juan Guillermo Zuluaga: turismo como motor económicoEl exgobernador del Meta afirmó que en Colombia existe “un divorcio entre economía y política”, y criticó la relación del actual Gobierno con el sector empresarial. Propuso que el campo sea elevado a política de Estado, similar al modelo de Brasil, y destacó el potencial de Colombia para sustituir importaciones de cereales, dado que el país consume 10 millones de toneladas y produce solo el 15 %.Zuluaga sostuvo que el agro es el mayor generador de empleo y el dinamizador más potente de la economía. Planteó que el país aproveche su frontera agrícola, impulse la exploración y explotación de recursos naturales con criterios ambientales estrictos, y convierta el Ministerio de Igualdad en un Ministerio de Turismo para superar la barrera de los seis millones de visitantes al año.También abogó por reducir el tamaño del Estado, dado que los gastos de funcionamiento superan los 100 billones de pesos, y renegociar contratos de concesión vial para reactivar la infraestructura y abaratar los peajes.
En medio del debate de la Fuerza de las Regiones, entre los precandidatos Juan Guillermo Zuluaga, Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria, todos tres expresaron su respaldo a la posibilidad de retomar los bombardeos contra campamentos de grupos delincuenciales, una pregunta que fue formulada de manera directa por el moderador Ricardo Ospina.Durante la intervención en el debate en Meridiano Blu, con Ricardo Ospina, Juan Guillermo Zuluaga afirmó que existe coincidencia entre los precandidatos sobre la urgencia de enfrentar el deterioro de la seguridad en el país. Señaló que “hoy lo que ha faltado es el liderazgo del presidente de la República” y agregó que en varias regiones y ciudades persiste una percepción de inseguridad marcada. En su respuesta puntual sobre la reanudación de bombardeos, Zuluaga respondió: “Totalmente, sí”.A su turno, el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas también se mostró de acuerdo con esta medida. Ante la misma pregunta, declaró: “Claro que sí”. Cárdenas explicó que su propuesta política gira en torno a una mayor descentralización del Estado, lo que, según dijo, permitiría atender de manera diferenciada las problemáticas de seguridad que enfrentan las regiones. Indicó que, en sus recorridos, ha identificado situaciones diversas como extorsión, microtráfico y hurtos, que requieren respuestas adaptadas al territorio.Por su parte, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria igualmente confirmó su respaldo a la reanudación de estas operaciones militares. Al ser consultado, respondió: “¿Bombardeos? Sí, claro que sí”. Gaviria señaló que la acción del Estado debe ejercerse “con toda la fuerza del Estado, con toda la majestad del Estado, pero obviamente con toda la legalidad y con toda la legitimidad”. Añadió que, a su juicio, el país enfrenta actualmente las consecuencias de “tres años en el que los grupos criminales crecieron en todos los aspectos”, especialmente en el reclutamiento de menores, un fenómeno que dijo haber denunciado tanto en su etapa como gobernador como en su actual aspiración presidencial.
Los tres precandidatos presidenciales de la Fuerza de las Regiones (Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga) participaron en un debate moderado por Ricardo Ospina. Los aspirantes, todos exmandatarios locales, coincidieron en un eje común: la seguridad debe ser la prioridad del próximo gobierno y la política de “paz total” debe terminar.En el bloque de seguridad y orden público, Juan Guillermo Zuluaga fue contundente al decir que su “primer acto de gobierno será acabar la paz total”. Reiteró que esta política fortaleció a los grupos armados porque: “Les regalan el cese al fuego”, “les levantan las órdenes de captura”, “Incluso los sacan de las cárceles y los montan en tarima”.Añadió que se necesitan más recursos para la fuerza pública, restablecer relaciones con Estados Unidos e Israel y recuperar capacidades tecnológicas y operativas: “Hoy la policía está a puertas de quedarse sin coroneles (…) Lo primero será restablecer esas relaciones para enfrentar a los criminales”.Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, aseguró que fortalecerá la seguridad con decisiones “valientes” y reforma al sistema judicial.Cárdenas también fue categórico: “Definitivo, la paz total, eso hay que acabarlo”.Planteó una visión “disruptiva”, que incluye combatir la corrupción y el crimen organizado reduciendo el uso de efectivo en la economía. “El efectivo es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia (…) países europeos han demostrado que reduce homicidios, extorsión y secuestro”, señaló.También pidió fortalecer relaciones internacionales, incluida Venezuela, y reformar el sistema judicial para evitar la impunidad.Por su parte, Aníbal Gaviria destacó la seguridad como “la primera inversión social”. Planteó dos principios: ya no existe ninguna justificación para la lucha armada y la seguridad no es de derecha ni de izquierda, sino esencial para garantizar derechos.“Los grupos alzados en armas hoy todos son organizaciones criminales (…) sin ninguna contemplación, las debe atacar el Estado colombiano”, insistió.Gaviria, además, propuso cuatro líneas de acción:Apoyo total y presupuestal a la fuerza pública.Tecnología e inteligencia para combatir el delito.Un gran acuerdo nacional para reducir la impunidad.Política social para evitar el reclutamiento de jóvenes.
Blu Radio y Meridiano Blu llevaron a cabo este martes un debate clave con los precandidatos de la Fuerza de las Regiones, el movimiento que reúne a exalcaldes y exgobernadores con aspiraciones presidenciales para 2026. El encuentro busca que los aspirantes expongan sus visiones y marquen sus diferencias.La discusión abrió con la pregunta: ¿Por qué quieren ser presidentes de Colombia?. A partir de allí, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga presentaron sus propuestas, enfatizando en experiencia, resultados y autoridad, respectivamente.Aníbal Gaviria: “No más discursos, el país necesita resultados”El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, señaló que su aspiración no responde a un interés personal, sino al propósito de impulsar transformaciones profundas en el país.“La ambición es transformar, contribuir al progreso y resolver los grandes problemas que Colombia continúa enfrentando”, afirmó. Gaviria defendió su trayectoria, recordando que sus administraciones han sido reconocidas como de las mejores tanto en Medellín como en Antioquia. Subrayó que Colombia necesita “menos palabrería” y más acciones concretas, y dio un mensaje central: su apuesta es por la unidad nacional frente a la violencia, la corrupción y la desigualdad.Juan Carlos Cárdenas: “El dato mata el relato”Por su parte, el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, insistió en que no es político sino servidor público, respaldado por más de tres décadas en el sector privado. Señaló que integra una fuerza de más de 20 exalcaldes de capitales que debieron gobernar en medio de la pandemia y el estallido social.Su propuesta gira en torno a la transparencia: "La ética pública debe volver a ser la forma de gobernar. El dato mata el relato”, afirmó. Cárdenas sostuvo que su candidatura busca hablarle con la verdad al país, sin promesas que generen frustración, y destacó que ha mantenido su independencia política.Juan Guillermo Zuluaga: “Colombia necesita recuperar la autoridad”El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga comenzó alertando sobre lo que considera una “crisis integral” en el país. Mencionó la inseguridad, la situación energética, la salud y las relaciones internacionales como temas críticos.Zuluaga enfatizó que los colombianos viven con miedo y aseguró que vastas zonas del país están en manos de organizaciones criminales. Por eso, su propuesta gira en torno a la firmeza: “Quiero ser el presidente que restablezca el principio de autoridad y recupere el territorio perdido frente a bandidos y criminales”.Recalcó que el país necesita líderes con experiencia comprobada y advirtió que “no está para youtubers ni para aprendices”.
Este 18 de noviembre de 2025, Blu Radio y Meridiano Blu realizaron un debate clave con los precandidatos de la Fuerza de las Regiones, quienes se medirán en un intercambio de ideas y propuestas rumbo a la definición del aspirante que representará a ese movimiento político en las elecciones presidenciales de 2026. En el encuentro participaron figuras como Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas, quienes expusieron sus visiones sobre el futuro del país y los principales desafíos que enfrenta Colombia. Los tres aspirantes, todos exmandatarios locales, lograron una coincidencia fundamental en el eje de seguridad y orden público: la política de "paz total" del actual gobierno debe terminar. La consigna de "acabar la paz total" se convirtió en el punto central. Sumado a esto, los tres precandidatos expresaron su total respaldo a retomar los bombardeos contra campamentos de grupos delincuenciales, una medida que, según Zuluaga, es totalmente necesaria para enfrentar el deterioro de la seguridad en el país.En el bloque de seguridad, Juan Guillermo Zuluaga fue contundente al manifestar que su "primer acto de gobierno será acabar la paz total", argumentando que esta política ha fortalecido a los grupos armados al "regalarles el cese al fuego" y levantar órdenes de captura. En la misma línea, Juan Carlos Cárdenas declaró: "Definitivo, la paz total, eso hay que acabarlo", y planteó fortalecer la seguridad con decisiones "valientes" y una reforma judicial. Por su parte, Aníbal Gaviria coincidió en que la acción estatal debe ejercerse "con toda la fuerza del Estado", destacando que la seguridad es "la primera inversión social". Gaviria insistió en que los grupos alzados en armas hoy son organizaciones criminales que el Estado debe atacar "sin ninguna contemplación".El debate no solo se centró en el orden público, sino que también abordó la crisis del sistema de salud. Los precandidatos coincidieron en que es urgente abordar los problemas del sistema, criticando la imposición ideológica. Zuluaga advirtió que "cuando se impone una ideología en el sistema de salud se mata gente", mientras que Gaviria propuso volver a un sistema mixto, que combine lo privado y lo estatal, y obligar a las EPS a extender su cobertura a las zonas rurales. Finalmente, Juan Carlos Cárdenas enfatizó la necesidad de descentralizar el Estado y dar mayor autonomía regional, sugiriendo que la UPC y los problemas de salud deben analizarse con un enfoque regional, ya que las problemáticas no son iguales en Bogotá, la Amazonía o la zona Andina.