En un video publicado en su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien hace unos días fue llamado a juicio por la Fiscalía en el caso por su presunta participación en manipulación de testigos, denunció que fue víctima de una serie de interceptaciones ilegales a su teléfono celular.De acuerdo con el exmandatario, fue el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quien ordenó interceptar el teléfono del antiguo congresista del Partido Liberal, Nilton Córdoba, pero el número realmente era el de Álvaro Uribe.“Cuando ya habían adelantado escuchas, interceptaciones, el operador les dijo: estoy escuchando es a Álvaro Uribe, ustedes me pasaron fue el teléfono de Álvaro Uribe. Él les advirtió el error y, sin embargo, le dijeron: siga”, afirmó el expresidente.Según la denuncia, habría una premeditación por parte de Barceló para hacerle daño a Uribe, ya que, aun sabiendo la supuesta falla, nunca frenó su accionar. “El error inicial se convierte en un delito doloso”, dijo el exmandatario.Por último, Álvaro Uribe afirmó que la Fiscalía General de la Nación declaró la caducidad de la acción disciplinaria en favor del analista de las interceptaciones y, asimismo, denunció que no se ha avanzado en ninguna acción judicial contra los magistrados que, en principio, cometieron un error pero que aun así continuaron.Álvaro Uribe se pronuncia por decisión de Fiscalía: “Juicio lo adelantan por venganzas políticas”El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho que ha generado una amplia cantidad de reacciones. Uribe, en una reciente transmisión a través de redes sociales, expuso su punto de vista sobre las acusaciones en su contra y argumentó que elproceso judicialestá motivado por animadversiones políticas."Siempre pedí la verdad, nunca pedí mentir ni callar. El pedido de verdad que obra reiteradamente en las intervenciones en las comunicaciones ilegalmente interceptadas, llevó a la Corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte, una simulación. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan impedir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia", dijo el expresidente.Uribe hizo referencia a varios antecedentes y pronunciamientos judiciales que, según él, demuestran la falta de fundamentos en las acusaciones. Destacó las decisiones de dos fiscales y varios procuradores que no encontraron mérito para acusarlo y apoyaron solicitudes de preclusión. Además, resaltó la intervención de laCorte Constitucional y las acciones de ciertos magistrados que, a su juicio, han mostrado una animadversión personal hacia él, lo cual comprometería la imparcialidad del proceso.Le puede interesar:
Salvatore Mancuso Gómez, quien fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fue citado por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia a una declaración en el marco de la investigación en contra del senador Fabio Raúl Amín Saleme, y el excongresista William Veléz Mesa.Todo comenzó cuando la exsenadora del Partido de la U, Zulema Jattin, confesara ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aceptó por primera vez haber realizado alianzas con grupos paramilitares con el fin de lograr beneficios electorales.Allí, Jattín nombró a alcaldes, gobernadores, congresistas (uno actual) e incluso al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien según la excongresista en el año 2002 lo visitó para manifestarle su preocupación por el accionar de los "paras" en la región de Córdoba que prohibían candidatos.En realidad, señaló que en esa reunión en el 2002 no solo estaba ella presente, sino que también la acompañaba el congresista sucreño Luis Felipe Villegas para denunciar ante Uribe, en El Ubérrimo, las injerencias paramilitares con nombres específicos.Sin embargo, profundizando más en los detalles, aseguró que Uribe le pidió alguna prueba escrita de dicha prohibición para hacer política en ciertas áreas, lo cual era imposible de obtener: "En ese momento era completamente imposible tener un documento que evidenciara una orden de cualquier líder paramilitar, ya que estaba claro que no podíamos acceder a lugares donde ellos no querían que estuviéramos. “Él me dijo que, dado que no tenía ninguna prueba concreta, creía que lo mejor era que no presentara esa denuncia, y que intentara hacer campaña en otras partes del departamento", afirmó Zulema Jattin.Por esta razón, la Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias de las declaraciones que entregó al excongresista Zulema Jattin sobre los presuntos nexos entre figuras políticas y grupos paramilitares.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho que ha generado una amplia cantidad de reacciones. Uribe, en una reciente transmisión a través de redes sociales, expuso su punto de vista sobre las acusaciones en su contra y argumentó que el proceso judicial está motivado por animadversiones políticas."Siempre pedí la verdad, nunca pedí mentir ni callar. El pedido de verdad que obra reiteradamente en las intervenciones en las comunicaciones ilegalmente interceptadas, llevó a la Corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte, una simulación. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan impedir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia", dijo el expresidente.Uribe hizo referencia a varios antecedentes y pronunciamientos judiciales que, según él, demuestran la falta de fundamentos en las acusaciones. Destacó las decisiones de dos fiscales y varios procuradores que no encontraron mérito para acusarlo y apoyaron solicitudes de preclusión. Además, resaltó la intervención de la Corte Constitucional y las acciones de ciertos magistrados que, a su juicio, han mostrado una animadversión personal hacia él, lo cual comprometería la imparcialidad del proceso.Razones políticas y ley de punto finalEl expresidente, en una intervención que duró algo más de 20 minutos, fue un poco más allá de la argumentación de las razones políticas para juzgarlo y manifestó que el proceso en su contra se enmarca en la actual política de la paz total y de la búsqueda de una ley de punto final, de la que ha hablado en reiteradas ocasiones el presidente Gustavo Petro.“A mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia. Ha quedado claro en este proceso el origen de las menciones que han hecho personas sobre el fiscal Montealegre, cuya rabia política contra mi persona y mi familia también es notoria. Esta manipulación en contra de mi persona las señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final”, añadió Uribe.“¿Dónde están las pruebas?”, se pregunta UribeUribe enfatizó en la ausencia de pruebas concretas que lo vinculen con los delitos de los que se le acusa. Según su declaración, ninguna de las evidencias presentadas hasta la fecha demuestra que haya incurrido en soborno de testigos o en intentos de engañar al sistema judicial. Uribe habló de casos específicos de testigos que, según él, han sido manipulados o que han emitido declaraciones contradictorias a lo largo del tiempo. Además, argumentó que se han ignorado evidencias y testimonios que podrían eximirlo de responsabilidad.“Mi único afán fue buscar la verdad y verificar los informes que me llevaban de manipulaciones de políticos para afectar mi reputación. El famoso testigo Monsalve (Juan Guillermo), puesto preso y condenado por la justicia por secuestro y otros delitos durante el Gobierno que presidí, dio la declaración al senador Cepeda (Iván) en contra de mi hermano y de mi persona, 14 años después de haber terminado mi periodo como gobernador de Antioquia. En otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra", indicó. "Me igualan con delincuentes"Uribe hizo énfasis en su trayectoria política y personal, defendió su integridad y su compromiso con la verdad y la justicia. Argumentó que su único interés ha sido buscar la claridad en los hechos y proteger su reputación frente a lo que considera calumnias y manipulaciones. Sin embargo, lamentó que lo estén igualando con delincuentes.“Entonces que le perdonen a los delincuentes como lo hicieron con la Farc y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Con todo esto coincide la traída de Mancuso, a quien yo extradité. Ha sido tanta la manipulación en mi contra que el señor Mancuso no quiso declarar en mi caso, sacando disculpas y la aceptamos. Tampoco declaró Monsalve ni la supuesta víctima de Yanira, pero la declaración de Monsalve y otros en el juicio contra el doctor Diego Cadena habrían sido más que suficientes para que la Fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusar. Quieren y necesitan igualar a quien hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes”, dijo.Uribe se pronuncia sobre juicio en su contraTexto de la declaración de Álvaro UribeEl juicio contra Álvaro UribeEl expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) enfrentará un juicio penal por presunta manipulación de testigos en un caso relacionado con su supuesta participación en grupos paramilitares.La Fiscalía anunció el martes que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ha presentado una acusación contra el exsenador Uribe Vélez por presuntamente haber sobornado testigos y haber cometido fraude procesal. Este será el primer juicio que enfrentará un exmandatario colombiano.Uribe, de 71 años, siempre ha mantenido su inocencia frente a estas acusaciones y se enfrenta a una posible pena de hasta ocho años de cárcel. Este proceso judicial surgió a raíz de una denuncia presentada por Uribe en 2012 contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, a quien acusó de conspirar con testigos falsos para implicarlo a él y a su hermano Santiago Uribe con grupos paramilitares de ultraderecha.Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado cuando la Corte Suprema comenzó a sospechar que Uribe era el responsable de manipular testigos. En agosto de 2020, se ordenó su arresto domiciliario mientras se avanzaba en la investigación. Posteriormente, Uribe renunció al Senado y el caso pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reactivó el proceso judicial.Por otro lado, Iván Cepeda ha recibido con satisfacción el llamado a juicio, tras más de una década de lucha en los tribunales. Basándose en testimonios de exparamilitares, Cepeda ha denunciado los presuntos vínculos de Uribe con grupos ilegales, lo que ha generado uno de los procesos más mediáticos en la historia de Colombia.Según la acusación de la Fiscalía, Uribe habría dado instrucciones precisas a su abogado Diego Cadena y a otras personas para que contactaran a exparamilitares y los persuadieran de cambiar su testimonio a cambio de dinero y otros beneficios. Cadena también enfrenta un juicio por esta misma causa.Este llamado a juicio marca el inicio de un nuevo capítulo en la vida política y judicial de Álvaro Uribe, quien ha sido una figura central en la política colombiana durante décadas. La decisión ha generado reacciones encontradas en el espectro político, con el partido de Uribe denunciando supuestos intereses políticos detrás del proceso judicial, mientras que el gobierno ha declarado su respeto por las decisiones judiciales.
Luego de que el expresidente y exsenador Álvaro Uribe reaccionara a la decisión de la Fiscalía de acusarlo formalmente por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal; el senador por el Pacto Histórico y denunciante contra Uribe, Iván Cepeda, se pronunció señalando que sigue adelante con su estrategia jurídica, pero que se debe pensar en caminos que diriman las tensiones políticas y judiciales en torno al conflicto armado.“Nosotros no vamos a adelantar nada con relación a nuestra estrategia jurídica, que como se ha demostrado es muy rigurosa, que tiene un acervo probatorio muy sólido después de tantos años de litigio judicial, que tiene decisiones que le respaldan ese acervo, así que vamos con toda la tranquilidad, sin arrogancias a la instancia judicial que corresponde, pero además yo hago un llamado a que se piense una salida que signifique un acuerdo nacional en torno a la verdad como el que ha propuesto el propio presidente Gustavo Petro”, señaló Cepeda.El senador se sumó a la propuesta hecha por el ministro Luis Fernando Velasco de una “ley de reconciliación”: “necesitamos tener el alma más abierta al perdón, claro este país para encontrar ese perdón necesita inicialmente algo que es fundamental, la verdad, por ello esta sociedad no tiene que tenerle miedo a la verdad, pero una verdad no para castigar, una verdad para reconciliarnos, una verdad para reencontrarnos y esa es una gran diferencia.”Este debate se da justo en el momento en el que desde diferentes vertientes políticas hablan de una “ley de punto final”, algo que para muchas voces significa abrir las puertas a la impunidad."Es criminal la propuesta que pretende ofrecerle la facultad al presidente Gustavo Petro para que ofrezca un perdón total. Esto demuestra una vez más el afán del Gobierno para premiar a los delincuentes que les ayudaron a llegar a la presidencia. Esta propuesta pone en riesgo la democracia, la libertad y el estado de derecho e incluso pone en riesgo a la oposición”, señaló el senador uribista Miguel Uribe Turbay.Por su parte, la senadora Angélica Lozano, insistió en el riesgo del llamado “perdón judicial” en manos del Ejecutivo: “Tengamos mucho cuidado porque necesitamos la paz y la reconciliación en Colombia y necesitamos justicia real, pero sin olvidar a las víctimas, no puede ser carreta y que busquemos ahora una solución que le dé impunidad a unos y a otros, olvidando a las víctimas y echando a la caneca la necesidad y propósito de verdad y de no repetición”.
Como “una inversión de los valores” calificó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe. Según el mandatario local, quieren llevar a la cárcel a un hombre que “ha hecho tanto por el país”Así como diferentes sectores políticos se pronunciaron tras el llamado a juicio que la Fiscalía hizo al expresidente Álvaro Uribe en el proceso que afronta por presunta manipulación de testigos, también han sido varias las voces que se han manifestado tras conocerse en la mañana de este miércoles la respuesta de esta decisión por parte del exmandatario.Uno de ellos fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en diálogo con el canal regional Teleantioquia describió lo que está sucediendo como “una inversión de los valores”, pues mientras para él “narcotraficantes y corruptos fueron premiados” con puestos en el Congreso, quieren llevar a la cárcel a un hombre que ha hecho mucho por el país.“Es un país que básicamente terminó invirtiendo sus valores, entonces corruptos, terroristas, narcotraficantes todos premiados en el Congreso y vemos cómo una persona que hizo tanto por el país, entonces ahorita lo quieren llevar a la cárcel", aseguró.El mandatario de la capital antioqueña se mostró respetuoso de la justicia, las instituciones y confiado en que Uribe podrá demostrar en el transcurso del proceso su inocencia.
El expresidente Álvaro Uribe se enfrenta a un juicio por presunta manipulación de testigos, y sus declaraciones han generado controversia y debate en la opinión pública. A continuación, las 10 frases más destacadas, del discurso de este miércoles, del exmandatario en relación con este proceso:"Este juicio lo adelantan por persecuciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornarles (a testigos) o engañar a la justicia"."Dos fiscales, con quienes ninguna relación he tenido a lo largo de mi vida, ambos de larga carrera judicial, no encontraron mérito para acusarme. Propusieron preclusión”"Una juez de la República dijo que el proceso tenía que empezar desde cero, porque la indagatoria de la Corte no es equivalente a la imputación de la Fiscalía. Otra juez dijo lo contrario”La nueva fiscal general de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al Ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante, mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al Ministro de Defensa en este tiempo del Gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro para con mi familia y para conmigo. Además de las causales taxativas de impedimentos, también hay causales éticas en las circunstancias políticas de Colombia."Los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Alberto Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso"."Siempre pedí la verdad. Nunca pedí mentir, ni callar. El pedido de verdad, que obra reiteradamente en las intervenciones, llevó a la Corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte”."De dónde sacan que yo determiné, con la ayuda de personas, para que se sobornara a testigos o se engañara a la justicia"."Después de las dos solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas practicadas me favorecen, sin embargo, las desestimaron, me acusan”"Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas, al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho"."¡Qué diferencia en el tratamiento! A mis acusadores les permiten de todo, y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigo y engaño a la justicia".
El proyecto de perdón judicial “no es para todo el mundo ni para beneficiar a los corruptos”, aseguró su autor, Luis Fernando Rosas, quien fue director de Instituto de Turismo durante la Alcaldía de Gustavo Petro, sobre este polémico borrador que pretende convertir en ley. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, explicó en que consiste su propuesta, la cual le daría poder al presidente de la República en ciertos casos y que ya recibió críticas.Rosas mencionó ejemplos internacionales donde se han implementado amnistías para “cerrar heridas”, como en Cataluña y Chile. Además, destacó que su proyecto no se limita a la izquierda política, sino que “busca reconciliar” a todo el país.Este proyecto establecería un perdón judicial a discreción del presidente Petro para actores políticos condenados o investigados por delitos como corrupción. Aplica también para integrantes de las fuerzas militares, de la Policía y ciudadanos investigados o condenados por delitos menores con la justicia.Por eso, respondió a la pregunta de si, en este caso, entraría a considerarse el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue llamado a juicio por la Fiscalía General por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.“Me parecería un hecho histórico, un hecho que busca este proyecto de la reconciliación nacional, hermoso y, ¿por qué creen que se han reunido ya dos veces el expresidente Uribe y el presidente Petro? (…) Estoy seguro de que debe replantearse en Colombia, y lo dijo ayer el senador Cepeda, que debemos ir a un acuerdo nacional porque él no quería ver al expresidente Uribe preso”, señaló.Añadió que un proyecto que busca demostrar que no solo es para izquierda o algún sector que se pueda beneficiar. Insistió que ya hay casos en el mundo donde ya se ha aplicado y, en ese sentido, dio nombres específicos de los políticos que entrarían en esta llamada “reconciliación” nacional.“Estamos pensando en Álvaro Uribe Vélez, estamos pensando en la oposición, estamos pensando en esa reunión que tuvo el presidente Petro con el presidente Uribe, que no se puede dejar perder. Estamos pensando en muchos actores políticos y le voy a poner un solo caso, Marcelo Torres, quien fue candidato presidencial del Moir y se enfrentó a las mafias de la ‘Gata’; queremos demostrar aquí que no es solo para la izquierda, esto es para reconciliar el país. Esta es la política del amor. este proyecto no es de corrupción”, enfatizó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El abogado Jaime Granados, encargado de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, dijo en Mañanas Blu con Néstor Morales, que la Fiscalía fracasará en su intento en probar que el exjefe de Estado incurrió en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Esto, luego de que el ente acusador lo llamara a juicio.Para Granados, la noticia del juicio es una oportunidad para refutar lo que califica de "infamias y mentiras" en el caso.En ese sentido, Granados se mostró confiado en que la Fiscalía "fracasará en su intento de probar algo que no sucedió”.“La verdad es lo que finalmente para la historia va a quedar de todo lo que ha sufrido por una verdadera persecución desde hace muchos años política el presidente Alva Uribe Vélez. (…) Eso es una aberración. Después de haber estudiado este caso durante casi seis años, de conocer cada elemento de prueba al detalle, que no existe ningún elemento, ninguna prueba que pueda llevar a afirmar a alguien de que el presidente determinó al abogado Cadena ni a cualquier otra persona a cometer ningún delito. Eso es algo que no se soporta en las pruebas, que evidentemente la Fiscalía fracasará de su intento de probar lo que no ocurrió”, indicó el abogado.El caso es presentado por Granados como altamente complejo, especialmente, por las acciones de Diego Cadena, quien habría actuado por iniciativa propia en varias ocasiones, algo que la defensa espera dejar "absolutamente claro" en el juicio. Este punto es crucial para la estrategia de la defensa, según dijo, pues busca demostrar la no participación directa de Uribe en las acciones que se le imputan.“Quien tiene que probar lo que afirma en el escrito de acusación es la Fiscalía. Estoy convencido que no tiene cómo probar la Fiscalía lo que no ocurrió. Es un tema elemental, lógica. Pero además de eso tenemos otros desafíos, porque aquí se cometieron una serie de irregularidades graves”, puntualizó el abogado.
El presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno no tiene la intención de perseguir a la oposición política, en medio del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe.En una declaración en su cuenta de X, el presidente afirmó: "Mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia. La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia".La Fiscalía presentó una acusación contra Uribe por presuntamente ser determinador de delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. El fiscal Gilberto Villarreal, quien asumió el caso en enero, llevó adelante esta acción legal.Este caso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra Cepeda y, en cambio, inició un proceso contra Uribe por manipulación de testigos.Después de que dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes fueran desestimadas por los jueces penales, la Fiscalía determinó que existen motivos suficientes para acusar a Uribe.Se espera que una vez se cumpla el proceso de reparto judicial, se lleve a cabo la audiencia de formalización de la acusación en la fecha establecida por la judicatura, según informó la Fiscalía.El fiscal Villarreal tiene hasta el próximo 15 de abril para radicar la acusación contra Uribe, conforme al plazo establecido al asumir el caso
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), uno de los políticos más influyentes de este siglo en el país, será llevado a juicio penal por presunta manipulación de testigos en un caso que investiga su participación en grupos paramilitares."A partir de la evidencia (…) un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal", indicó la Fiscalía en un comunicado sin precisar cuándo se iniciará el juicio, el primero que tiene que enfrentar un exmandatario.Uribe, de 71 años y quien siempre ha defendido su inocencia, se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel por un proceso que él mismo inició y que se ha convertido en bumerán judicial.Todo empezó en 2012, cuando el entonces senador presentó una denuncia contra el congresista Iván Cepeda, al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo a él y su hermano Santiago Uribe con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de atroces violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas.Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al expresidente en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos y no su opositor.Los altos magistrados fueron más allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación.Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba en su contra y reinició todo el proceso.Cepeda recibió el llamado a juicio con "satisfacción", según dijo a la televisora estatal RTVC. "Es más de una década, prácticamente 12 años, de estar luchando frente a los tribunales (...) luego de tantos intentos por cerrar este caso, pues al final aparece la voz de la justicia", declaró el senador izquierdista.Uribe, muy popular por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas, no ha reaccionado a su llamado a juicio, una decisión que había anticipado desde octubre de 2023. En ese entonces acusó "vicios" en el proceso en su contra."Instrucciones precisas" Basado en testimonios de exparamilitares, Cepeda ha denunciado durante más de una década los supuestos vínculos de Uribe con la creación de un grupo de autodefensa ilegal. El expresidente lo demandó y ahí arrancó uno de los procesos más sonados en la historia del país.Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Uribe "impartió instrucciones precisas" para que su abogado Diego Cadena y allegados "contactaran a exparamilitares" con el fin de que cambiaran su versión "a cambio de dinero en efectivo" y otros "beneficios".Cadena enfrenta también un juicio por presuntamente haber ofrecido dinero a un exparamilitar para que se retractara de testificar contra Uribe.El llamado a juicio es la primera bomba mediática del ente investigador desde la llegada de la nueva fiscal general Luz Camargo, hace un par de semanas. La jurista fue elegida por la Corte Suprema de una terna propuesta por el presidente de izquierda Gustavo Petro, adversario histórico de Uribe.Bajo la dirección anterior de Francisco Barbosa, el Ministerio Público había solicitado a la justicia archivar este caso en varias ocasiones, pedido que jueces rechazaron por considerar que hay evidencia suficiente para llevar a Uribe a juicio.Congresistas del Centro Democrático, el partido que lidera Uribe, sostuvo que Petro está detrás de la decisión. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, tomó distancia y declaró que "el gobierno respeta y obedece todas las decisiones judiciales".- Varias acusaciones -La derecha cerró filas a favor de Uribe, quien tiene varias causas abiertas ante la justicia."Ha sido tal vez el político mas esculcado en la historia de nuestro país y siempre ha salido a relucir (...) su honestidad y su transparencia", dijo en un video el expresidente Iván Duque (2018-2022).En noviembre del año pasado Uribe testificó ante la fiscalía en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, bajo su gobierno, un caso conocido como "falsos positivos". La justicia de ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, junto con su equipo de trabajo, presentó las conclusiones del documento final del Plan de Desarrollo Municipal 'Bucaramanga Avanza Segura 2024 – 2027' en un evento que contó con la participación de ediles, gremios, academia, empresarios, concejales, comunidades étnicas, víctimas del conflicto y organizaciones sociales. Este plan será presentado próximamente al Concejo de Bucaramanga para su aprobación.El proceso de elaboración de este plan se inició con el empalme realizado entre el gobierno anterior y la administración actual, sentando las bases para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. Desde enero hasta abril, se llevaron a cabo 42 mesas de participación comunitaria, con la intervención de 2.823 bumangueses de todas las comunas y corregimientos de la ciudad."Cinco billones de presupuesto para cuatro años parece mucho, pero para la gran cantidad de necesidades que tenemos no es suficiente. Por eso proyectamos la inversión extranjera, la cooperación internacional y la gestión de recursos con la empresa privada.", escribió el alcalde Jaime Andrés Beltrán en su cuenta de la red social X.La aprobación del documento final del Plan de Desarrollo Municipal está programada para el próximo lunes, 29 de abril, durante el consejo de gobierno municipal. Posteriormente, el 30 de este mes, será radicado ante el Concejo Municipal de Bucaramanga para su consideración y aprobación definitiva."Con base en el programa de gobierno del alcalde Jaime Andrés Beltrán, hemos desarrollado una propuesta programática organizada en cinco líneas estratégicas. Estas líneas abordan todos los problemas identificados y permiten priorizar el uso de los recursos disponibles para resolver las brechas y desafíos", explicó Jhon Manuel Delgado, asesor TICS.
Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, valoró de forma positiva el cambio de opinión de Xavi Hernández y su continuidad al mando del Barcelona, al tiempo que aseguró que "ha hecho un buen trabajo" y que es "una decisión correcta"."Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club y me parece una decisión correcta que se quede", manifestó Ancelotti cuando fue preguntado en su comparecencia sobre el cambio de rumbo del técnico del Barcelona tras haber anunciado hace meses su marcha a final de temporada.Para Ancelotti no tiene importancia un cambio de opinión como el de Xavi y confesó que él también ha tenido varios durante su carrera.¿Regresa Militao? Esto dijo Ancelotti sobre el defensor del Real Madrid"Todo es importante", dijo cuando se le habló de si tenía más valor el contrato firmado o la palabra. "Tenemos que respetar los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. Yo muchas veces he cambiado de opinión a lo largo de mi carrera. Cambiar de opinión es el éxito y está permitido".Más breve fue 'Carletto' cuando se le trasladó la frase de Joan Laporta, presidente del Barcelona, sobre la petición de repetición del clásico si existe una imagen que demuestre que el gol fantasma de Lamine Yamal fue gol y el balón traspasó por completo la línea. "Es una opinión, no opino sobre opiniones", dijo el técnico italiano.
Por solicitud de un fiscal adscrito a Seccional de Santander, un juez con función de control de garantías de Girón impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de una mujer, quien fue capturada en flagrancia cuando, presuntamente, estaba agrediendo a su hijo adoptivo de 15 meses de nacido.Los hechos ocurrieron entre el 21 de marzo y el 22 de abril de 2024 en una vivienda del barrio Jardín de Arenales de Girón, Santander, por lo cual la comunidad del sector avisó a las autoridades sobre las constantes agresiones de la mujer contra el menor.“De acuerdo con la investigación, el niño llegó a vivir con ella en julio de 2023, después que su progenitora le cediera la custodia a su expareja sentimental ante su incapacidad de poder mantener a un cuarto hijo”, informó en un comunicado la Fiscalía General de la Nación.El niño tras ser rescatado por la Policía de la vivienda fue valorado en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que ordenó 15 días de incapacidad. Ahora se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).La Fiscalía le imputó a la mujer capturada los delitos de tortura agravada y violencia intrafamiliar agravada, a los que no se allanó.Este es el segundo caso de maltrato infantil que se presenta en los últimos días en Santander, ya que el 14 de abril, por solicitud de la Fiscalía, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario un hombre de 44 años, capturado en flagrancia cuando al parecer le daba una golpiza a su hijo de 9 años en el barrio Gaitán de Bucaramanga.En las imágenes, el menor aparece visiblemente angustiado y llorando mientras suplica disculpas entre gritos, presionado por su agresor. El hombre, identificado como Maycol Jackson Ferrero Mendoza de 34 años, le reprocha al niño por supuestamente no responder a sus llamados y le exige que se disculpe en repetidas ocasiones.La rápida acción de la comunidad permitió la captura del presunto agresor. El capitán José Luis Noguera, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que Ferrero Mendoza fue detenido por el delito de violencia intrafamiliar. Tras su arresto, se tomaron medidas inmediatas para restablecer los derechos del menor.
La posibilidad de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, deje su cargo ha generado una situación política llena de incertidumbres, aunque la mayoría de estas situaciones están previstas y reguladas por la Constitución y la ley electoral, incluyendo la forma en que el Congreso elegiría a un nuevo presidente del Gobierno.El propio Sánchez anunció el miércoles que se tomará unos días para pensar si renuncia o no a su posición luego de una acusación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, por supuestos actos de corrupción. Sánchez comunicará su decisión el próximo lunes, 29 de abril.¿Qué sucede si Pedro Sánchez renuncia?El artículo 101 de la Constitución Española contempla la renuncia o fallecimiento del jefe del Gobierno, o la pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser el caso de una moción de censura.“El Gobierno cesa después de la celebración de elecciones generales, en casos de pérdida de la confianza parlamentaria como indica la Constitución, o por renuncia o fallecimiento de su presidente”, establece la Constitución española.Presidente del Gobierno español evalúa renuncia tras denuncia contra su esposaSi el jefe del Gobierno renuncia, su gabinete seguiría en funciones hasta que se designe a un nuevo presidente, lo que significa que sus poderes estarían limitados y no podría legislar, similar a lo que ocurre después de elecciones generales hasta que se forme un nuevo Gobierno.¿Quién nombraría al nuevo presidente?Sería el Congreso de los Diputados el encargado de elegir al nuevo presidente, en un proceso similar al de las investiduras postelectorales.El rey convocaría consultas con los líderes de los partidos con escaños en la cámara baja y, tras oír sus opiniones, propondría a un candidato a presidente del Gobierno.Este candidato tendría que enfrentarse a un debate de investidura y una votación subsiguiente. Para ser elegido, necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta en la primera votación, o más votos a favor que en contra en una segunda votación.Si en dos meses ningún candidato consigue el apoyo necesario, el Parlamento se disolvería automáticamente y se convocarían nuevas elecciones generales.En cualquier caso, si Sánchez opta por no renunciar, no podría convocar a elecciones generales ese mismo lunes, sino que debería esperar al menos hasta el 31 de mayo para hacerlo, ya que la ley impide disolver el Parlamento antes de que pase un año desde la última disolución.Presidente de España pidió a Netanyahu "alto el fuego permanente" en Gaza Otra opción es que Sánchez decida no renunciar, pero sí presentar una moción de confianza para buscar el respaldo del Congreso a su gestión. La confianza se consideraría otorgada si la mayoría simple de los diputados vota a favor.Si no consigue el respaldo necesario, se procedería como si hubiera renunciado, iniciando el proceso para elegir a un nuevo presidente del Gobierno.
Una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes y arresto de tres días ordenó el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga contra el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz y la Secretaria de Educación, María Paola Suárez Morales, por desacato a una tutela que ordenaba el traslado de una docente.En la contestación de la tutela la Gobernación de Santander advirtió que, “es jurídicamente imposible realizar un traslado de manera unilateral, al no existir convenio interadminisratvo, dado que no se ha recibido respuesta de viabilidad por las Secretarías de Educación de Piedecuesta, Girón Floridablanca y Bucaramanga, municipios que cuentan con autonomía e independencia para manejar sus plantas globales docentes. Señaló, además, que no es la encargada de solicitar viabilidades de traslados a municipios certificados distintos al propio departamento".También indico que, “mediante oficios del 1° de diciembre de 2023, solicitó a las Secretarías de Educación de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón la viabilidad para efectuar el traslado por salud de la docente Paola Andrea Naranjo Ardila, oficios que fueron reiterados el 2 de febrero de 2024”.Aun así, la decisión del juez fue la de ordenar el desacato y como consecuencia multa y sanción para los dos funcionarios.Hace una semana, en rueda de prensa, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que hay en curso 260 demandas que han impuesto docentes en el departamento que ganaron el concurso y que no han sido nombrados.“Estos docentes ganaron el concurso en 2023 y la administración anterior no hizo los respectivos nombramientos, iniciamos el año con esta tarea y estamos realizando los nombramientos de 1.500 docentes. De ahí el problema de la falta de docentes en instituciones del departamento por la mayoría eran profesores que estaban en unas sedes y ganaron el concurso para otro municipio”, señaló el mandatario.