Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
El panorama es preocupante en la red pública hospitalaria del Atlántico, donde las deudas con sus contratistas ya se extienden a los seis meses de salario, según el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA. Apunta el presidente sindical, Edgardo Cera, que enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para que los rescate de un posible colapso en las operaciones.De hecho, declaró Cera que hace unos días hicieron una querella ante el Ministerio de Trabajo, pues la gerente interventora Maryury Díaz no mostró muchas intenciones de pagarles en la más reciente mesa de trabajo realizada.“En la carta le manifestamos que intervenga, que se apersone prácticamente de la situación que está pasando aquí y que el Gobierno nos ayude inyectando recursos. Luego, habría que activar los servicios que están prácticamente cerrados como en la consulta externa o las contrataciones con la EPS, en especial las que están intervenidas. Desde allá nos pueden ayudar un poco más”, mencionó a Blu Radio.La situación es tan crítica que, por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad hay ahora mismo una facturación total de 4.000 millones de pesos, cuando en realidad sus instalaciones requieren de gastos o mantenimientos estimados en 20.000 millones de pesosEn la misiva fueron presentados reclamos por falta de pago al personal (especialistas, médicos, enfermeras y otros), renuncias del personal médico asistencial, baja en la facturación de los servicios prestados, servicios cerrados (Unidades de cuidados intensivos adultos- pediátrica- neonatales), servicios de Atención de servicios de consulta externa cerrados, servicios tercerizado (Radiología entre otros, UCI adultos en algunas sedes), Falta de confianza del personal médico e incumplimiento de la convención colectiva.Se puede leer en el documento que la liquidación de esta entidad solo acarreará fallas en la prestación de los servicios de salud a la población más necesitada, sumados al aumento del desempleo, dado que la sede Juan Domínguez Romero -CACR Soledad, se encuentra ubicada en un municipio con altos índices de violencia en el Dpto. del atlántico.Señala que en días pasados el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de $54.000 millones destinada a la recuperación integral de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), que, a la fecha, no han visto materializada, teniendo en cuenta que el pasivo que se refleja asciende a la suma de 210 mil millones de pesos aproximadamente.“Su gobierno que elegimos y seguimos apoyando, tiene el deber, creemos, de colocar personas probas e idóneas al frente de esta entidad capaces de salvarlo. Es necesario arrebatar la salud al monopolio privado que reina en este departamento. Esta acción, se sumaría a los avances que, en este sector, ha tenido su Gobierno, consolidándola como prioridad nacional, mejorando la calidad del servicio de salud a nivel nacional, departamental y municipal”, acotan.“Agradecemos su atención a esta solicitud urgente para proteger instituciones vitales como la nuestra, que trabajan por el bienestar de los pobres y olvidados de esta comarca”, finaliza la carta.
“No está disponible” es la frase que se volvió usual para los más de 400.000 usuarios de la Nueva EPS en el Atlántico, a los que desde el mes de diciembre se les fue suspendida la entrega de medicamentos por la millonaria deuda que esta entidad mantiene con el que era su dispensario médico.Eso deriva en una crisis de pacientes que hoy se están agravando por no continuar con su tratamiento al pie de letra. Tal es el caso de William González, quien dice que optó por tomar una bicicleta desde Soledad para recorrer todos los puntos de Cafam y Nueva EPS en busca de los frascos de Rivaroxabán que necesita su hermana, a la que operaron de corazón abierto y desde hace un año no tiene acceso a sus pastillas.“Se están demorando como seis meses para entregar las medicinas. Uno va y no las hay. Recorrí todas las farmacias desde el Hipódromo, en Soledad. Allá abajo, no las hay, y cuando subo para acá, tampoco. Solo le entregan una parte”, dijo a Blu Radio.La desesperación de William es doble pues a su hermana también le hicieron una cirugía en su columna hace un mes, luego de una caída en su hogar.Casos como este son tratados por el veedor Andrés Meza Pérez, quien hace parte de la Asociación de usuarios de Nueva EPS en el Atlántico. Denuncia que a la crisis de medicamentos se le unen problemas como la agendación de cita con especialistas, las cuales solo están disponibles hasta cinco meses después.“¿Cómo va a ser posible que los códigos y los estatutos del Ministerio de Salud dice que una cita debe ser agendada en no más de 17 días y la dan hasta cinco meses después? No es justo. A veces hay pacientes que están programados para asuntos de una operación y cuando el protocolo se cumple ya es demasiado tarde. Tienen que agendar para mucho tiempo después”, agregó.Meza vive el sufrimiento en carne propia por ser paciente de hemodiálisis, pero su crítica se dirige al Gobierno pues tampoco hay estabilidad de los funcionarios de estas entidades.“Tratamos de minimizar todo esto, pero no podemos porque siempre nos quitan al interventor o cambian a los gerentes. Cuando se tiene algo plasmado luego de meses trabajando, vuelve a suceder. Todo lo que se adelante se pierde, pues una persona no va a firmar lo que otro ya dejó”, concluyó.A las afueras de una sede de la Nueva EPS encontramos -por ejemplo- usuarios que sufren de presión y que desde octubre tienen que comprar medicinas por su cuenta. Del mismo modo, padres de familia a los que a sus hijos con síndrome de down les suspendieron la entrega de hasta pañitos húmedos. Muchos salen molestos y dispuestos a radicar tutelas para solucionar su situación.
En la madrugada de este miércoles se presentó el hecho en el que, según habitantes del barrio San Roque, en el suroriente de Barranquilla, se encontraba departiendo Jonathan José Fontalvo Torres con unos amigos, en la terraza de la vivienda que servía de sede de la danza El Torito Ribeño, de la que era su tamborero.Según residentes del barrio, hasta ese lugar llegó un sicario a pie que le propinó varios impactos de bala a Fontalvo Torres. Acto seguido, el victimario se dio a la huída y en este momento está siendo buscado por las autoridades.Para su hermana, Ingrid Fontalvo, el hecho no tiene explicación, ya que Jonathan, de 41 años, era un hombre trabajador que se dedicaba a la carpintería y a mantener vivo el legado cultural y folclórico de la danza el Torito Ribeño, que lidera su padre, el rey Momo en 2005, Alfonso Fontalvo.“Él era carpintero y no conocíamos que tuviera amenazas. Estamos esperando para ver qué nos dicen las autoridades”, comentó su hermana.La víctima fue trasladada al Hospital de Barranquilla, donde falleció a causa de las heridas.Jonathan Fontalvo era un heredero de la tradición y sin duda hoy su familia, el Carnaval y la danza El Torito Ribereño lamenta su inesperada muerte.El torito RibereñoComo lo destaca Carnaval de Barranquilla, la historia de la danza que dirige Alfonso Fontalvo se remonta al 20 de enero de 1878, “cuando un grupo de jóvenes liderado por Elías Fontalvo fue a la sede de la danza El Toro Grande a pedirles que los dejaran ser miembros del congo, pero fueron recibidos con desdén y rechazados” por su juventud.
Luego de tres años de separación de cuerpo, ya está lista la separación legal entre Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, quienes han sido protagonistas en los últimos años de un escándalo que involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata de una decisión proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, el cual decretó el pasado 18 de diciembre el divorcio del matrimonio civil que se celebró en abril de 2019. Sin embargo, la decisión no habría sido bien recibida por el equipo jurídico de Dayruris, el cual confirmó a Blu Radio que presentará una solicitud de nulidad a esta decisión, debido a que no habrían sido notificados del proceso, lo que no les habría permitido participar del mismo. Vale la pena mencionar que, en el fallo del mencionado juzgado, se cita como un problema jurídico el hecho de que la demandada, en este caso Vásquez, nunca hubiese contestado la demanda. No obstante, al respecto el juez planteó que esta fue notificada "en debida forma". Le puede interesar: Day Vásquez amplía denuncia contra Nicolás Petro por injuria, calumnia y hostigamiento"La demandada se notificó en debida forma y no contestó la demanda, lo que hace entender que está de acuerdo con el divorcio y la propuesta", expone el fallo. Petro Burgos, quien fue el solicitante de la demanda, expuso que solicitaba el divorcio al no tener obligación alimentaria con su ex cónyugue, por lo que solicitaba la liquidación de esa sociedad conyugal, incluyendo una repartición equitativa de los bienes. Petro y Vásquez se habrían separado desde finales de 2022. Su proceso de separación se vio marcado por unas polémicas declaraciones entregadas
La Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Policía Nacional acordaron el lanzamiento de una estrategia de identificación, búsqueda y judicialización de actores criminales, a los que se les acusa de varios homicidios, extorsiones y venta de drogas tanto en la ciudad como en el área metropolitana.Como parte de esta estrategia, se han diseñado y puesto en circulación tres carteles informativos, cada uno con 20 siluetas de personas relacionadas con estos hechos delictivos, sobre quienes se ofrece pago de recompensa a quienes suministren información veraz y oportuna que permita su plena identificación, ubicación y captura.Esta acción focalizada se desarrolla en sectores priorizados de la ciudad de Barranquilla, especialmente en los barrios El Bosque y Simón Bolívar, así como en el municipio de Soledad, zonas donde se han identificado dinámicas criminales que vienen siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.Al respecto habló el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, remarcando que los pagos son desde el millón de pesos en adelante.“Desde la Alcaldía Distrital reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los barranquilleros. Esta estrategia de recompensa es un mensaje claro para quienes insisten en delinquir: no habrá espacios de impunidad. La información de la ciudadanía es clave para seguir desarticulando estas estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a nuestros barrios”, fueron sus palabras.Por su parte, el brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: "Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de inteligencia, investigación criminal y trabajo comunitario. Estos volantes hacen parte de una estrategia contundente que busca el apoyo directo de la ciudadanía para identificar a los responsables de graves hechos que atentan contra la vida y la seguridad. Garantizamos absoluta reserva, confidencialidad y una reacción inmediata de nuestras unidades”.La Policía Nacional reitera que toda la información suministrada es completamente confidencial y segura, y puede ser comunicada a través de la Línea de Emergencias 123, la línea directa 323 273 0948, así como a las líneas contra el crimen 317 896 5523 y 321 394 5266, garantizando absoluta reserva.
Hay luto en el norte de Barranquilla, más específicamente en el conjunto Paseo del Parque, ubicado en el barrio Villa Carolina, donde pasadas las 8:00 de la noche de este lunes 19 de enero se registró la muerte de un niño de 12 años que cayó al vacío desde el noveno piso de esta edificación.De acuerdo a los primeros reportes del caso, el menor estaba intentando hablar y jugar con sus amigos desde el balcón mientras estaba sobre una silla. Luego, en medio de un aparente descuido, terminó perdiendo su equilibrio.La emergencia alertó a todos los vecinos, quienes a su vez dieron pronto aviso a las autoridades pese a que fue demasiado tarde para intentar salvarle la vida.“Considero que fue la brisa. El niño era una persona alegre, vivía siempre con su mamá, una vecina muy buena. Estoy impresionada completamente. Le echo la culpa a la brisa, yo vivo allí y pegan los vientos horrible”, declaró a los medios de comunicación una de las vecinas del conjunto.“Su cuerpecito era delgado. Sé cómo debe sentirse esa madre, estoy llorando por su mamá. Él subirá al cielo. Tengo cinco años desde que se murió mi hijo con la pandemia y todavía lo lloro como si fuera la primera vez. Nadie sabe lo que es la muerte de un hijo o una madre hasta que no lo vive. Lamentando mucho esta tragedia, eso es para que los padres tomen conciencia de no mudarse a pisos tan altos para tener niños pequeños. Se pueden utilizar mallas también”, agregó.La noticia también fue lamentada por comerciantes de la zona, quienes acostumbraban a verlo jugar por las tardes: “Era alegre, divertido. Lo que pasa es que la situación es fuerte. Apenas me estoy enterando, solía verlo cuando salía a caminar, o hacia la Olímpica”.Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.
Según el Ministro del Interior Armando Benedetti, Leyton Barrios estaría a punto de ser reintegrado al cargo de rector de la universidad del Atlántico, tras haber interpuesto una acción de tutela en la que alega ser padre cabeza de familia.Benedetti recordó que sobre Barrios pesan señalamientos graves, entre ellos la presunta falsificación de certificados para acreditar su experiencia laboral, razón que llevó al Ministerio de Educación a retirarlo del cargo el pasado mes de diciembre, es decir, es decir, un mes y medio después de que fuera nombrado en el puesto.“Está a punto de volver ahora por una tutela y esa tutela es con base en que es padre cabeza de familia. O sea, por favor, ayúdame a recordar esto. Entonces, no se debe volver”, insistió Benedetti.El ministro insistió en que detrás de este proceso existirían intereses de carácter político y fue enfático al señalar que Barrios no debería regresar al cargo.El 27 de octubre de 2025 el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico eligió a Leyton Daniel Barrios Torres como rector para el periodo 2025–2029, sin embargo, ante las denuncias de presunto fraude con documentos anexos a su hoja de vida, el ministerio de Educación resolvió separarlo del cargo y posteriormente nombrar como rector encargado a Rafael Ángel Castillo Pacheco.
Con sorpresa fue tomado hasta por el mismo sacerdote Cyrillus Swinne el anuncio del presidente Gustavo Petro de su llegada como mediador para la mesa de diálogo que se quiere instalar con las bandas de Barranquilla, la cual hoy está en su momento más inestable, debido a la cancelación de los traslados de sus cabecillas hacia el Atlántico.El padre Cirilo, como es conocido en la ciudad, es un sacerdote holandés que desde hace más de 40 años ayuda con trabajo social a los barrios más vulnerables del suroccidente de Barranquilla.Él, desde el año anterior, junto con su equipo de trabajo, estaba dialogando con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, con el fin de crear un proyecto que aleje a los jóvenes de la violencia en Barranquilla y Soledad, aunque en su tiempo no se pudo concretar por temas presupuestales. Explicó que el pasado viernes, se volvió a tocar el tema y, dada su cercanía con el alcalde Alejandro Char, pensaron en su nombre para mediar en este proceso de paz urbana.“Llegó, montamos todo, le explicamos lo que hacíamos junto a mi equipo y después Otty se fue. Después de una media hora, recibí una llamada de un amigo que es muy cercano al presidente Gustavo Petro para preguntarme si estaba dispuesto a acompañarlos en este proceso de paz como mediador y dije que era un padrecito, pero que si así lo querían con mucho gusto”, dijo inicialmente.Cyrillus sostiene que no aceptó el cargo por política, sino porque siendo sacerdote ha evidenciado la miseria de la comunidad. Por eso, confía en que puede trabajar de la mano con el Alcalde Char, tal como lo hacen en proyectos como el Hogar San Camilo y la Biblioteca Popular La Paz, aunque ahora mismo el mandatario no está muy convencido.“Con Alex (Char) tenemos siempre un muy buen entendimiento, trato respetuoso también. Esa buena relación que hemos tenido puede ayudar a que de pronto se solucionen esas dificultades que hay en la mediación. Eso claro, depende de que el alcalde así lo quiera”, agregó.Finalmente, el sacerdote envió un mensaje de paz hacia estas estructuras armadas, teniendo en cuenta que en 24 horas se acabará la tregua delictiva que pactaron el año anterior.“En este momento crucial, que estamos entre todos buscando la paz, mi mensaje es para los actores de esta realidad colombiana difícil. Invito a que pensemos en el futuro que queremos dejar para nuestros hijos o nietos. Tratemos de salir de esa espiral de violencia que nos acerca más a la muerte. Hay que dejar de mirar hacia atrás y construir. No busquemos vencedores ni vencidos, de eso no se trata”, declaró a Blu Radio.“Demos una señal de esperanza para nuestros niños y nuestros jóvenes. Busquemos por ahí la paz que tanto necesitamos, que Dios los acompañe”, concluyó.
Bajo investigación de la Policía Metropolitana de Barranquilla están tres homicidios que se registraron este domingo en la jurisdicción, las víctimas en esta ocasión fueron identificadas como Carlos Enrique Rojas Ávila, Wanderley Alberto Gallardo Llanos y Breisler Edwin Villa Guerrero, todos en hechos aislados.Carlos Enrique Rojas recibió varios disparos cuando criminales intentaron robarle su celular y su cadena de oro en la cancha del barrio El Carmen, justo cuando observaba el juego de fútbol de su hijo.Del mismo modo, otra tragedia ocurrió en el barrio Bajo Valle, donde Wanderley Alberto Gallardo Llanos falleció, al parecer, a manos de su primo Jhon Luis Suárez Barrios, Alias Jhonson, por motivos que aún se desconocen.Los reportes indican que el victimario, presunto integrante de la banda Los Costeños, llegó armado a su casa y le interrumpió la reunión que tenía con varios amigos.Asimismo, una aparente discusión fue lo que propició la muerte de Breisler Edwin Villa Guerrero, alias Corosito, cuando ingería bebidas alcohólicas en el barrio Simón Bolívar de la ciudad.De acuerdo a los reportes de la Policía, la víctima era mototaxi y en el lugar donde ocurrieron los hechos tiene influencia alias Gordo 40, cabecilla de la banda Los Costeños.La Policía Metropolitana también dio a conocer su balance operativo de este fin de semana. Allí se logró la captura de 63 personas, de las cuales 55 fueron en flagrancia y 8 mediante orden judicial. Al tiempo, se realizó la incautación de 10 armas de fuego y 274 armas blancas.La Policía logró la recuperación de 2 vehículos y 7 motocicletas que habían sido hurtadas, así como se inmovilizaron 71 motocicletas y 4 vehículos por diversas infracciones.El Centro Automático de Despacho (CAD) recibió un total de 6.358 llamadas, de las cuales 425 estuvieron relacionadas con riñas y 495 por alteraciones a la tranquilidad pública. Ocho estructuras tipo pick-up fueron desmontadas.Por eso, la Policía impuso 625 comparendos, y 233 personas fueron trasladadas por comportamientos contrarios a la convivencia.En materia de tránsito, se registraron 527 comparendos.
Pese a la polémica decisión tomada por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla el pasado 29 de diciembre en el sentido de dejar bajo libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la reconocida empresa Enilce López, Blu Radio conoció que la Procuraduría decidió no presentar ningún recurso de apelación una vez fue notificado de la medida.La respuesta fue entregada un día después del fallo, es decir, el 30 de diciembre, a través de un correo electrónico que fue firmado por el procurador 342 judicial Antonio Padilla Oyaga, el cual expresó: "sin recursos por parte de este Ministerio Público". De acuerdo con la información que conoció Blu Radio, los familiares de las víctimas tampoco expresaron un alegato al respecto. Es importante mencionar que Alfonso López fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir relacionados con el asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido en febrero de 2005 en el municipio de Magangué. Este fue inicialmente condenado a 39 años de prisión, pero la pena fue reducida a 29 años. En el 2012 fue capturado y, desde entonces, se encuentra cumpliendo condena. La medida de libertad condicional fue dada por el tiempo que ha cumplido de condena, por su conducta y actividades de resocialización que incluyen el estudio de una maestría. Debido a esta decisión, la Comisión Nacional de Disciplina compulsó copias a la jueza Carmen Luisa Terán para investigar su actuación.
Desesperado y a punto de quedarse sin clientes dice estar el propietario de la imprenta que apareció como donante en la campaña de Iván Cepeda. Se trata de Javier Antonio Pérez, propietario de Samat Publicidad, una empresa de litografía barranquillera que figura como donante a la campaña del candidato presidencial para la consulta interna del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre.El comerciante asegura que él dio un crédito en especie y que no tiene dinero para donar esa cantidad. Que el malentendido lo ha llevado a recibir insultos por redes sociales y afectaciones a su buen nombre.“En ningún momento he donado eso. No estoy en condición. Si tuviera esa plata, la hubiese invertido en máquinas modernas”, indicó el empresario.En total se trata de $725 millones que fueron divididos en dos facturas: una por $609 millones a nombre de Samat Publicidad y la segunda por $116 millones a nombre de él. Explicó que espera que en los próximos días le realicen los primeros pagos, pues requiere ponerse al día con los proveedores, que también le entregaron recursos.“Estoy trabajando incómodo. La gente está apática conmigo con las cuestiones de los trabajos. He recibido mensajes que le trabajo a grupos guerrilleros, que imprimió billetes y cosas así”, contó.Explicó la razón por la que fue presentada una factura a nombre de su negocio y otra a nombre propio."Yo había hecho primero todo. Yo había facturado. Ya lo último que me quedó pendiente se metió como cuenta de cobro a nombre mío. Pero fue por eso”.
Por tercera ocasión, y en medio de las audiencias que involucran la presunta malversación de más de 2.480 millones de pesos en seis contratos que fueron entregados de manera directa por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se mencionó la injerencia que habría tenido el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero Calle, en la entidad, Miguel Quintero Calle, exconcejal de Medellín.La primera mención fue el pasado 8 de octubre de 2025, cuando se adelantaron las audiencias preliminares en contra de María Yaneth Rúa García, supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, representantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde, de estos, hoy se encuentran en prisión, por direccionar irregularmente los seis contratos.Hay que recordar que el ente acusador ya había afirmado que los objetos de los contratos, por un total de $18.000 millones y que no se cumplieron, era, entre otros, capacitar a los oficiales de atención de emergencias de otros Cuerpos de Bomberos.Esta vez, y en medio del último recurso para enviar a la cárcel al exdirector Juan David Palacio Cardona, el fiscal 40 para delitos contra la administración pública fue insistente en la división de roles que hubo al interior de la entidad, mencionando a un viejo conocido de otros escándalos en Medellín: Miguel Quintero Calle. De esto, este lo llamó “coordinador” de todo lo que sucedió con este caso en la entidad."El ciudadano Miguel Quintero, al parecer, operaba como coordinador externo impartidor de instrucciones y presuntos beneficiarios. Esta sofisticación de los mecanismos de comisión demuestra el dolo de los delitos imputados, donde hubo planificación y capacidad organizativa", dijo el delegado de la Fiscalía.Recordemos que en otra diligencia de finales de enero, en medio de la imputación de cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público que involucra a Palacio, y las ex subdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, además del tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao, salió a colación la injerencia de Miguel Quintero, en la contratación directa que se adelantó al interior de la entidad, por medio de chats claves que aunque ya se habían conocido en medio de este proceso judicial, de nuevo evidenciaron que direccionaba contrataciones.De hecho, en uno de ellos es referenciado por una de las imputadas como “Miqui” y también es nombrado Álvaro Villada como “vi”.La Fiscalía concluyó que Juan David Palacio Cardona conocía las irregularidades en la contratación del Área Metropolitana, al acatar instrucciones de este tercero para nombrar funcionarios estratégicos, por ejemplos las dos ex subdirectoras ahora involucradas en este proceso, quienes presuntamente tenían orden directa de nombramiento de Miguel Quintero. Por su parte, el procurador José Luis Ochoa Escobar se sumó a las menciones al hermano del exalcalde."En la parte relativa a la contratación, quienes ponen el candidato para agilizar y así se escuchó en los audios para agilizar el aspecto contractual es justamente el hermano del señor alcalde de la ciudad del área metropolitana, que es quien postuló a Juan David para el cargo, que es quien postula también a las personas que van a ejercer la actividad de firmar los contratos, justificar la contratación, firmar los contratos y auditar los contratos", argumentó Ochoa.Además, reveló el fiscal que, durante el tiempo de administración de Palacio Cardona, se habría participado en reuniones y coordinaciones donde se acordó el direccionamiento y la distribución de contratos dentro de la entidad. Por ello, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en que por el mismo rol de Miguel Quintero es que el director debe ser enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial."Claro que fue el que nombró a esa persona, pero por instrucción de terceros, el hermano del exalcalde que fue el que ordenó que pusieran a la persona para el tema de direccionamiento de contrato, las pruebas están, son demasiado claras y como lo dijo la directora del Área, el juez en ningún momento negó la responsabilidad de estas personas en hechos de corrupción, todo lo contrario, fue muy duro", declaró el alcalde.Ante este material probatorio, para el procurador delegado de este caso, fue clara la explicación de la Fiscalía en cuanto al rol de Juan David Palacio en la omisión de vigilar los contratos por más de 18.000 millones de pesos.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
Un bebé de dos meses, detenido junto a su madre en un centro para migrantes en Texas, ha sido diagnosticado con bronquitis tras ser llevado de urgencia al hospital, según informó este martes un congresista demócrata.La familia ha estado privada de su libertad por más de tres semanas en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, el único en Estados Unidos donde actualmente se retienen a familias migrantes, según detalló el legislador Joaquín Castro en sus redes sociales.El bebé, llamado Juan Nicolás, fue trasladado el lunes junto a su madre a un hospital local y ya se encuentran de vuelta en el centro detención. En las últimas horas, el menor ha estado "inconsciente", detalló el congresista en su cuenta de la plataforma X.Esta mañana un juez de migración informó a la madre que serían deportados, pero no le entregó más detalles sobre a dónde o cuándo."Su vida está en riesgo por culpa de la crueldad monstruosa" del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE), escribió Castro.El bebé ha estado "constantemente enfermo" desde que llegó a Dilley, "vomitando y con problemas respiratorios", detalló el congresista demócrata.El traslado al hospital tuvo lugar a última hora del lunes, según detalló el legislador. De acuerdo con la oficina del sheriff del Condado de Frio, la policía de Dilley fue requerida ayer en el centro, según informó hoy una portavoz. Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para las menores, así como comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración. El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá este miércoles en el Kremlin al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, para abordar la crisis energética en la isla debido al embargo de Estados Unidos."La reunión tiene una importancia especial dados los difíciles momentos que está atravesando nuestra amistosa y hermana Cuba", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.Subrayó que "Rusia se ha pronunciado de manera consecuente contra el bloqueo de la isla, al igual que muchos otros países en el mundo"."Tenemos relaciones con Cuba, valoramos altamente estas relaciones. Tenemos intención de seguir desarrollándolas y, por supuesto, continuar proporcionando la ayuda correspondiente a nuestros amigos en estos tiempos difíciles", señaló.Además, descartó que la cooperación entre Moscú y La Habana pueda repercutir en las actuales negociaciones sobre Ucrania con mediación estadounidense, que continúan este miércoles en Ginebra."No creemos que estos sean asuntos relacionados", resaltó, en alusión a la amenaza de imponer aranceles que vertió a finales de enero el presidente de EE.UU., Donald Trump.Rodríguez, cuya visita no se había anunciado, también se reunirá este miércoles con su colega ruso, Serguéi Lavrov, adelantó la portavoz de Exteriores, María Zajárova."Expresamos nuestra firme solidaridad con La Habana ante la presión exterior sin precedentes tanto económica como coercitiva", señaló en rueda de prensa.Y recordó que la isla vive durante casi setenta años "en condiciones de bloqueo ilegítimo, antihumano, económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que se ha visto reforzado después de las acciones militares de Washington en Venezuela el 3 de enero pasado".Moscú adelantó recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100.000 toneladas de crudo en febrero de 2025.A su vez, las aerolíneas rusas han tenido que suspender sus vuelos a La Habana y repatriar a varios miles de turistas ante la falta de combustible en la isla caribeña.El asedio energético ha llevado al Gobierno cubano a poner en marcha un duro plan de contingencia, con servicios mínimos en hospitales, teletrabajo en oficinas y racionamiento extremo en las gasolineras, que está afectando también a grandes empresas extranjeras.
El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario, que se celebrará a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT), al nuevo presidente interino del país andino después de que este martes haya destituido al derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales."Al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva del Congreso declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú", indicó el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.Agregó que la elección del nuevo presidente se realizará en pleno del Congreso el miércoles y detalló que el plazo para que las bancadas parlamentarias presenten las propuestas de candidatos vence este martes 17 de febrero, a las 18:00 hora local (23:00 GMT).Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses, por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento, perdió automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.Así, durante las próximas horas, las bancadas del Congreso tendrán que ponerse de acuerdo e inscribir los nombres de sus candidatos, para que este miércoles se debatan las opciones.Pero al haber convocadas unas elecciones generales en menos de dos meses y la baja popularidad de los parlamentarios, las opciones de congresistas que generan consenso son limitadas.De los 130 parlamentarios, 57 postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino, por lo que quedan 42 congresistas elegibles y muchos cuentan con investigaciones o cuestionamientos por diversos temas como para conseguir el apoyo suficiente para asumir el cargo.Hasta el momento no hay candidaturas oficializadas, pero algunos nombres ya se barajan en medios locales, como la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular; el izquierdista José María Balcázar, y el militar retirado independiente Roberto Chiabra, quien es candidato presidencial y debería renunciar a su candidatura.
