Disidencias de las Farc desmienten denuncias acerca de un plan que estarían encabezando para atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez y concejales de la ciudad de Medellín. Aseguraron que se trata de versiones que buscan sembrar miedo y confusión.Sobre las denunciasA menos de una semana de haberse conocido denuncias sobre un supuesto plan liderado por parte de las disidencias de las Farc para atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez y concejales de Medellín como Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, el grupo armado salió al paso de estas afirmaciones.A través de un comunicado, el frente 36, con injerencia en subregiones como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia, descartó que tuvieran esas intenciones y que versiones que los vinculan con esta situación, donde habría de por medio ocho millones de dólares, “forman parte de una estrategia cobarde de estigmatización y persecución política”.Esto había asegurado, en su momento, la concejal Carrasquilla frente a los rumores del atentado que se habrían generado por una fuente de alta credibilidad desde la cárcel de Cómbita en Boyacá.“He recibido información por parte del alcalde de la ciudad de Medellín y su secretario de seguridad me informaron que yo me encontraba dentro de la lista que venimos siendo objetivo militar por parte del Frente 33 de las Farc”, dijo la concejal del Centro Democrático.Sobre este hecho, por el cual lo involucrados solicitaron medidas urgentes a la fuerza pública y la Unidad Nacional de Protección, el director de este entidad, Augusto Rodríguez, se refirió en las últimas horas destacando que no están en capacidad reforzar estos esquemas y que de por sí el alcalde ya cuenta con uno muy robusto, principalmente por la Policía Nacional.“Este mandatario ha mantenido una actitud poco civilizada. El municipio de Medellín tiene conocimiento que tiene un número de vehículos blindados. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección le ha suministrado unos, pero tiene un esquema bastante grande en lo que tiene que ver con la Policía Nacional”, insistió.En su mensaje, las disidencias también manifestaron que “no promovemos amenazas, no ejecutamos acciones que pongan en riesgo la vida de nadie” y se desmarcaron también de la posible participación en este plan de estructuras cercanas a la denominada ‘Oficina’ sobre las cuales referenciaron que “buscan equiparar la lucha política revolucionaria con estructuras mafiosas al servicio de las élites económicas y políticas que han saqueado y oprimido al pueblo durante décadas”.
Sigue enredada la etapa de acusación en el caso de presunta corrupción que involucra al Inder y Metroparques durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, tras nuevas solicitudes por parte de la defensa de los implicados.Y es que, durante la diligencia que superó la dos horas, el despacho admitió la solicitud de la abogada Claudia Ospina, defensora de Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques y Mauricio Jaramillo, exrepresentante legal de la empresa Cyan Eventos, para que se revise la imputación emitida por parte de la Fiscalía en una etapa previa.Según Ospina, la actuación del ente acusador tiene elementos como ambigüedad, contradicción y falta de motivación, por lo que el juez programó una nueva audiencia para el próximo 4 de septiembre, mientras las diferentes partes estudian si la imputación posee o no los suficientes elementos para quedar en firme."El organismo instructor formuló una primera imputación, en nuestro criterio inflada, atribuyéndole a mi representante tres delitos y al realizar el ajuste de legalidad eliminó dos de ellos y pretende acusarlo ante usted, señor juez, por el delito más grave. Esto es el peculado por apropiación en provecho propio en la modalidad de continuada", aseguró.Liévano, Jaramillo, además de María Eugenia Domínguez, otra exgerente de Metroparques y Diana Paola Toro, exdirectora del Inder, están siendo investigados por los delitos de contratación sin cumplimento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, en medio de la ejecución de un millonario contrato, por más de 21.000 millones de pesos, entre 2020 y 2021, con recursos del Presupuesto Participativo.La Fiscalía ha asegurado que dicho contrato de logística deportiva no incluyó los respectivos estudios previos y se hizo bajo la modalidad de invitación cerrada donde resultó elegido Cyan Eventos, una empresa que no habría sido idónea para su ejecución.Esta situación habría generado una apropiación irregular de 3.705 millones de pesos en favor del contratista por lo que además de sanciones penales, la Fiscalía pidió castigos disciplinarios para los entonces funcionarios públicos implicados.
Por darle el beneficio de casa por cárcel a alias 'Carlos Pesebre' en el año 2014, uno de los cabecillas de bandas delincuenciales de Medellín, que negocia con el Gobierno Nacional en la Paz Urbana, el Tribunal Superior del distrito judicial de Valledupar condenó a 48 meses de prisión por prevaricato por acción agravado, a la juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar.La decisión en primera instancia fue adoptada por la sala de decisión penal del Tribunal Superior del distrito judicial de Valledupar, donde el magistrado ponente fue Juan Carlos Acevedo Velásquez, contra Maria del Pilar Soto García, quien aún ostenta el cargo de Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Cesar.Esta historia inició en diciembre de 2014, la Juez, concedió según la Fiscalía en sus alegatos, ilegalmente la sustitución de prisión en establecimiento carcelario por la prisión domiciliaria al cabecilla de grupos armados en el Valle de Aburrá, Freyner Alfonso Ramírez García, alias 'Carlos Pesebre', que es uno de los voceros de paz que negocia con el Gobierno en la cárcel de Itagüí, quien había sido condenado por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y uso de menores para la comisión, a 9 años de prisión y multa de 2.700 salarios mínimos legales vigentes.Según se explicó en la sentencia y tomado de las pruebas presentadas por la Fiscalía, las decisiones adoptadas por la Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del Cesar, a favor del sentenciado son de fechas 5 de diciembre y adicionada el 9 de diciembre del 2014, en ambos casos, contrariando la decisión de cárcel en centro penitenciario y donde sustentó el beneficio, sin la previa verificación de los delitos por los cuales fue condenado el señor Ramírez García, que no permitían otorgar una prisión domiciliaria.En los argumentos se explicó que la señora juez no habría tenido en cuenta uno de los delitos por los cuales había sido condenado Ramírez García, conducta punible de extorsión, que se encontraba excluida de algún beneficio y tampoco la acusada realizó ninguna actuación investigativa, que permitiera conocer la situación de las víctimas.El magistrado señaló en su ponencia que “quedó acreditado que la acusada era una persona adulta, con bagaje académico y una vasta experiencia en materia penal, lo que permite inferir que era una conocedora de las implicaciones que genera contravenir la normatividad penal y a pesar de ello, decidió dictar una providencia manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y que deshonraba el buen nombre del aparato judicial”.Por esa razón decidió en primera instancia declarar penalmente responsable a María del Pilar Soto García, por el delito de prevaricato por acción agravado y además de imponer una pena de 4 años de prisión y una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes y además, la pérdida de su cargo y la inhabilitación para el desarrollo de funciones públicas en 80 meses.La decisión no dará el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni a la prisión domiciliaria como sustitutivas de la pena de prisión, y, por lo tanto, la condena impuesta se hará efectiva en el establecimiento carcelario que para tal efecto determine el Inpec. Una vez quede en firme la sentencia, se librará orden de captura en contra de la procesada para que inicie a pagar la pena privada de su libertad. Sin embargo, se conoció que los abogados de la Juez apelaron la decisión.
Plaza Mayor será el punto de encuentro en el mes de septiembre del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2025, convocado por Fenalco y al que se espera asistan unas 2.500 personas, dentro de las que no están contempladas ni el presidente Gustavo Petro ni sus ministros, como tampoco ocurrió en las dos versiones anteriores.Razones de la decisiónSegún indicó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, esta decisión obedece a la visión que tiene este sector de los años de su mandato, y que desde el año anterior en Barranquilla se hizo en sus palabras una "evaluación muy dura" de lo que ha sido el Gobierno nacional en términos económicos y lo que viene. Por ello, asegura, no se sienten representados por el jefe de Estado."Una agenda empresarial y académica de gran importancia con todos los sectores de la vida nacional e internacional, a diferencia del gobierno que por tercera vez consecutiva ni va a ser invitado un ministro ni va a ser invitado un funcionario, porque no nos sentimos representados por un gobierno que está destruyendo el país", indicó Cabal.Cabal ha sido crítico de algunas decisiones de Petro, pero en especial una de las más recientes fue cuando el Ministerio de Hacienda pidió al Banco de la República que bajara la tasa de interés, pero esta se mantuvo en 9.25%, lo que fue calificado por el presidente como que la entidad "quiere acabar con la economía colombiana". En su momento, el presidente de Fenalco le replicó lo siguiente:"No apele al Banco de la República para intentar acabar la economía colombiana. Para eso tenemos decretos, improvisación y discursos que espantan la inversión”.Según destacó el líder gremial, se espera que del congreso surjan propuestas de cara a los retos del país en materia económica, comercial y social, más aún de cara a las elecciones a la presidencia para 2026. Para esta ocasión, el evento que tiene el lema "Construyendo la Esperanza y el Nuevo Rumbo de Colombia” coincide con los 80 años de Fenalco, por lo que el epicentro de la celebración es la capital antioqueña.
Este jueves podría ser enviado a la cárcel el habitante en situación de calle capturado por el asesinato de un joven de 19 años en el municipio de Itagüí. Habitantes del sector donde ocurrieron los hechos aseguran que el victimario ya había tenido altercados con varias personas.Al tiempo que avanzan las investigaciones por el crimen de Esteban Yepes Palacios, el joven de 19 años de edad asesinado en el municipio de Itagüí a manos de un habitante en situación de calle, continúa el proceso de judicialización contra el hombre que fue capturado con algunas horas de diferencia tras cometer el hecho.Y es que este jueves un juez de control de garantías podría enviar a la cárcel a William de Jesús Castañeda, la persona señalada de propinarle una puñalada a Yepes a la altura del cuello cuando transitaba por la carrera 51 con la calle 53, cerca de su vivienda en el barrio Villa Paula.Tras su legalización de captura producida en el municipio de Envigado, hoy se llevarán a cabo las diligencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento para definir la situación jurídica del hombre de 77 años de edad.Todo esto, en medio de versiones de la habitantes de la zona que indican que el agresor ya había tenido actitudes violentas y algunos altercados con otras personas que incluso habían puesto en conocimiento de las autoridades lo que venía pasando.“En esos días han salido a decir muchas personas que ya lo habían denunciado. O sea, ya tenía muchos antecedentes”, relató uno de los ciudadanos de Itagüí.“Había muchos comentarios acerca de eso de que el señor ya tenía varias denuncias de varias personas que era un habitante de calle agresivo, mantenía era pronto insultando a las personas”, relató otro.El adulto mayor podría ser procesado por el delito de homicidio agravado, cuya pena oscilaría entre los 33 y los 50 años de cárcel aunque la edad y la condición mental del hombre podrían ser factores que incidan en la decisión del juez en la que inclusive no se descarta prisión domiciliaria.
Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades, denunció seguimientos y hostigamientos durante los últimos días a su residencia en el occidente de Medellín. Asegura que hubo omisión de la policía durante procedimiento a un vehículo sospechoso de estas accionesConcejales y funcionarios de la administración distrital en Medellín no serían los únicos que tienen en riesgo su seguridad por cuenta de posibles atentados en su contra, pues un reconocido presidente de una ONG y analista del conflicto denunció una situación similar en las últimas horas.Se trata de Fernando Quijano, presidente de Corpades, quien destacó que aparte del desmonte progresivo en los últimos meses de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección para él y otro integrantes de la entidad, ahora se han sumado seguimientos y hostigamientos con movimientos sospechosos en inmediaciones de sus viviendas, en el occidente de la ciudad.Una de las situaciones que genera mayor inquietud para Quijano tiene que ver con el presunto seguimiento de un vehículo aún no identificado desde hace cerca de una semana. El afectado destacó que la fuerza pública ha sido lenta en su respuesta para atender las alertas, pero además tras requerir a los ocupantes del carro sospechoso los habrían dejado ir sin cumplir con algunos requisitos legales.“Los vecinos muy preocupados, obviamente nosotros totalmente apenados, una familia en su sobre y con susto y una Policía que se queda callada ante lo más grave que está pasando. Hoy un carro ilegal se les pasó por las narices, lo miraron, lo dejaron pasar”, aseguró Quijano.Quijano no descarta que tras estos movimientos que generan zozobra se encuentren miembros del Tren de Aragua ante las denuncias que Corpades ha hecho sobre este grupo criminal y su injerencia en Medellín o incluso miembros de la fuerza pública involucrados con grupos criminales.“Si son ilegales, entonces, miraremos hacia el tren. Si no son los ilegales, pero son uniformados que actúan como ilegales, podríamos mirar los magníficos que se vienen a ser oficiales de la policía que trabajan en lo ilegal, que desafortunadamente así se llama la carpeta en la Fiscalía”, agregó.Varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han expresado su solidaridad con Quijano y han solicitado a la UNP brindar las garantías necesarias para su seguridad y el ejercicio de su labor.
La aerolínea Wingo anunció la extensión de su ruta Medellín - Curazao hasta finales de enero de 2026. Esta decisión busca seguir impulsando el intercambio turístico y cultural entre ambos destinos y responde al "excelente comportamiento" y la "gran demanda de viajeros" que ha tenido la ruta desde su inicio en junio de este año.La conexión, operada entre el Aeropuerto José María Córdova de Medellín y el Aeropuerto Internacional Hato de Curazao, mantendrá dos frecuencias semanales, operando los jueves y domingos en horario matutino. Se prevé la disponibilidad de cerca de 6.000 sillas hasta enero de 2026, lo que se traduce en aproximadamente 1.500 asientos mensuales para disfrutar de la isla caribeña.Colombia se consolida como el tercer mercado más importante para Curazao, con Medellín destacándose como su segunda ciudad más relevante en términos de conectividad aérea. Hugo Clarinda, director de la Oficina de Turismo de Curazao, afirmó que esta extensión permite ofrecer una "alternativa directa y conveniente" para descubrir la cultura, naturaleza y hospitalidad de la isla. Por su parte, Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, destacó que buscan que cada vez más personas disfruten del Caribe con "precios bajos y una operación confiable".Curazao es reconocida por sus más de 35 cautivadoras playas, un diverso patrimonio que abarca 55 culturas (incluidas la holandesa, española y portuguesa) y una impresionante arquitectura europea. Calificada por viajeros como una de las "mejores islas del Caribe", ofrece sitios de buceo de clase mundial, playas vírgenes y un clima idílico. Su capital, Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es famosa por el icónico Handelskade, vibrante arte callejero y una creciente oferta gastronómica y de boutiques.Además de la ruta de Wingo desde Medellín, los viajeros colombianos pueden acceder a la isla con vuelos directos desde Bogotá (Avianca, Wingo y Copa) y desde Barranquilla (Z Air).
Sindicatos de trabadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar afirman que 18 centros zonales en Antioquia se encuentran cerrados a causa del paro. Desde el ICBF indicaron que el servicio se está prestando con total normalidad pese al cese de actividades.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, indicó que instaló en Medellín una mesa de negociación con los sindicatos de la entidad en Antioquia, que tomaron la decisión de salir a un cese de actividades el lunes por diferentes dificultades como la falta de personal y el desfinanciamiento.Diego Brand, presidente del Sindicato de Defensores de Familia (Sidefam), expresó que con el cierre de los 18 centros zonales, entre los que se encuentra la sede principal, se verían impactadas 500 familias por día."Se encuentran cerrados 17 centros zonales de Antioquia, de los cuales cuatro están en Medellín, otros dos más en el área metropolitana y el resto en los en las diferentes subregiones, y se encuentra cerrada la sede principal, la sede principal que la regional la sede principal que la regional, o sea, un total de dieciocho", expresó Brand."Pero si hay familias afectadas, nosotros calculamos alrededor de 500 familias afectadas cada día, porque ¿qué familias son las que están afectadas? Las que tienen servicios en los centros zonales, por ejemplo las personas que tienen su audiencia de conciliación, su demanda de alimentos, que tienen de pronto sus hijos en protección y tienen sus audiencias para recuperarlos, para una reunificación familiar", añadió."Las personas que de pronto tienen citas para verificación de derechos de cuando hay denuncias de supuestos de riesgos a los niños, y cada defensoría de esas que atiende cuatro, cinco, seis citas diarias, está paralizada en este momento, y esas son familias que no pueden en este momento acceder a la atención por las condiciones y por el cierre de los centros zonales", concluyó.Karol Giraldo, presidenta para Antioquia del Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sintrabienestar), expresó que a pesar de que las tres organizaciones sindicales se reunieron con la entidad para solventar la situación, hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo."Estuvimos con la Administración Nacional reunidos, las tres organizaciones sindicales que en estos momentos estamos apoyando el cese de actividades. Estuvimos reunidos con ellos el pasado 8 de agosto y nos dieron información sobre los puntos para los cuales nosotros habíamos solicitado intervención, los puntos de negociación. Sin embargo, esta información y como las soluciones que nos dan no son soluciones que solventen de manera oportuna, como todas las dificultades que tenemos", indicó Giraldo.En su momento, Diana Baloy, directora encargada del ICBF en Antioquia, manifestó que la atención de los menores de edad no está en riesgo."Ni en los hogares infantiles, ni en todo lo que tiene que ver, digamos, con atención a la primera infancia, los servicios se van a frenar", expresó la directora.A pesar del cese de actividades, los sindicatos afirman que los servicios fundamentales del ICBF en cuanto a la protección de la primera infancia, como madres comunitarias o agentes educativos, siguen realizando su labor; sin embargo, no descartan que a futuro, si la situación sigue así, se puedan ver perjudicados más de 52 mil niños."Donde esto se alargue y complique, por ejemplo, el funcionamiento de los operadores porque no se puedan hacer los pagos, no se puede hacer la supervisión, la aprobación de cuentas, la atención de esos cincuenta mil niños igual puede quedar en riesgo, si es indefinido, se alarga demasiado por los temas, pues, de logística, de presupuesto, por eso esperamos que tampoco se pueda hacer muy largo, porque sí tendría unos efectos en los terceros, ahí entran los cincuenta mil niños", finalizó Diego Brand.
Ante las amenazas que se dieron a conocer recientemente contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y los concejales Claudia Carrasquilla, Andrés Tobón y Andrés Rodríguez, de que hay un supuesto plan por parte de las disidencias del frente 36 de las Farc para atentar contra sus vidas, el partido Centro Democrático rechazó categóricamente estas intimidaciones y pidió acciones urgentes.A través de un comunicado, la colectividad exigió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a las autoridades competentes implementar medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas. Asimismo, solicitó reforzar de inmediato los esquemas de protección para prevenir cualquier acción que ponga en riesgo su vida e integridad.Sebastián López, actual presidente del Concejo de la ciudad y quien también pertenece a ese movimiento político señaló que hace cuatro meses él mismo fue blanco de amenazas de muerte, por lo que pidió a las autoridades actuar."Siéntanse arropados por sus compañeros acá en el recinto y como presidente del Concejo le exigimos a la Unidad Nacional de Protección, primero revisar los esquemas de seguridad de cada uno de estos tres concejales, si es necesario reforzarlos, para brindarles todas las medidas de seguridad necesarias para que ellos puedan tener su integridad completamente blindada", dijo López.Por su parte, el concejal Alejandro Arias, del Partido Verde, mostró preocupación por la situación de sus colegas y se sumó a las voces que piden un refuerzo de seguridad urgente para los miembros de Creemos y el Centro Democrático que hoy enfrentan este riesgo."El concejal Andrés Tobón y Claudia han dado una batalla de frente, y de frente nosotros también como concejales de Medellín y como institucionalidad tenemos que decirle a la Unidad Nacional de Protección que protejan a nuestros compañeros, que están en la calle denunciando, dando la cara, y no solo lo hacen como concejales de Medellín, sino como institucionalidad", indicó a su turno Arias.En el mismo comunicado se alertó que estas amenazas se dan en un contexto de ataques sistemáticos contra dirigentes de la oposición en Colombia. Finalmente, el partido aseguró que no permitirá que “el terrorismo continúe silenciando a quienes trabajan por la seguridad, la democracia y las libertades en el país”.
En más de 25 millones quedaría el salario estipulado por el Gobierno nacional para alcalde, personero y contralor distrital de Medellín para la vigencia fiscal de este año. La Secretaría de Gestión Humana informó que se propone un incremento del 7 % en comparación con el año anterior.En el recinto del Concejo Distrital de Medellín fue socializado el Proyecto de Acuerdo 54 de 2025 que establece el salario mensual del alcalde, personero y contralor general de Medellín para la vigencia fiscal de 2025.El proyecto se ajusta a la normativa nacional, en particular al artículo 3 del Decreto 620 de 2025 expedido por la Presidencia de la República, que fija los límites salariales para estos cargos, así lo explicó la secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Cristina Nicholls Villa."Es un proyecto que anualmente se trae para aprobación del Concejo de Medellín, por medio del cual se busca fijar el salario mensual del alcalde, el personero y el contralor en la vigencia del año 2025. Cada año los consejos distritales son responsables de estudiar y aprobar este proyecto de acuerdo con la subvención al límite máximo de reajuste de salario para los jubilados públicos territoriales que establece el gobierno nacional en el proyecto que se expide anualmente", indicó la secretaria."El decreto 620 del 2025 en su artículo 3 donde dice que el límite máximo salarial mensual para los alcaldes a partir del 1 de enero del año 2025 y atendiendo la categorización establecida en la ley 617 del 2000, modificada por la ley 1551 del 2012, fija el límite salarial mensual que deben tener en cuenta los consejos municipales y distritales para establecer el salario mensual del alcalde", concluyó."El año pasado este mismo Concejo aprobó el acuerdo 20 del 2024 en donde se estableció que el salario para ese año del señor alcalde era de $23.836.104 pesos y la propuesta que le estamos trayendo al Concejo es un incremento del 7 % bajo el techo establecido por el decreto que fija el salario para alcalde y personero en $25.504.632 para la vigencia 2025. De esta forma presentamos el proyecto de acuerdo con sujeción al decreto nacional que establece topes", concluyó.Desde el Concejo precisaron que la propuesta fija la remuneración en $25.504.632 mensuales, lo que representa un incremento del 7 % frente a 2024. Señaló que el ajuste responde a la responsabilidad inherente a los cargos y a la variación del IPC, así como a los acuerdos entre el Gobierno Nacional, los sindicatos y los empleados públicos del país.Los corporados también explicaron que el incremento está relacionado con la categoría del municipio y recalcaron que el ajuste propuesto está por debajo del que recibirán otros servidores públicos del Distrito.De igual manera, estos resaltaron la relevancia del incremento al considerar que los servidores públicos tienen a su cargo la dirección de políticas públicas, la supervisión y administración del Distrito, así como la garantía de los derechos humanos, funciones que inciden de manera directa en el bienestar de la ciudadanía.
Un juez admitió solicitud de pruebas en audiencia preparatoria del juicio en el caso de presunta corrupción por el direccionamientos de contratos para el mantenimiento de zonas verdes en Medellín. En el caso están implicados además de excontratistas una exsecretaria de Infraestructura y un exgerente de Metroparques de la administración de Daniel Quintero.Tras recientes sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General contra la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego y el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, durante la administración de Daniel Quintero, sigue avanzando en su contra el proceso penal por el presunto direccionamiento de contratos para el mantenimiento de zonas verdes en la capital antioqueña.Y es que durante la audiencia preparatoria del juicio llevada a cabo, el juez del caso admitió la solicitud de pruebas planteada por parte de la Fiscalía que también involucra a Luz Eliana Henao, representante legal de Reforestadora El Líbano, empresa a quien habrían adjudicado dichos contratos a través de invitaciones privadas por parte de Metroparques.Según explicó Piedad Restrepo, vocera de la veeduría ciudadana Todos X Medellín, entidad que denunció estos hechos ocurridos en 2021, durante la diligencia el despacho también descartó algunas pruebas de la defensa de los acusados por no considerarlas útiles o pertinentes, aunque hay algunos recursos de apelación sobre estas situaciones que ahora deberá resolver el Tribunal Superior de Medellín para así finalmente avanzar a la etapa de juicio.“Interpusieron un recurso de apelación y en ese orden de ideas lo que sigue es es que esto iría al tribunal en su sala penal, se esperaría más o menos un dos o tres meses para la resolución de esta apelación”, afirmó.Hay que recordar que los implicados en el caso están siendo procesados por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.Tanto Urrego como Liévano fueron sancionados por parte de la Procuraduría con nueve años de destitución e inhabilidad por ampliar, sin justificación alguna, este mismo contrato suscrito por más de 5.200 millones de pesos.Inicialmente fue firmado por tres meses, pero fue extendido por más de cuatro argumentando las medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente al Covid-19.El ente de control advirtió que la ampliación del plazo, sin justificación razonable, dejó de manifiesto el ánimo de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a través de un comunicado expresó su total rechazo y profunda preocupación por las amenazas reveladas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el diputado de la Asamblea Departamental, Camilo Torres; y varios líderes sociales de la zona del Magdalena Medio. Según la información conocida, un plan criminal pretendía atentar contra la vida del mandatario antioqueño, lo que para la administración departamental constituye un ataque directo contra el Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia en Colombia.La Gobernación de Santander también repudió un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el que se intimida al diputado Camilo Torres y a defensores de derechos humanos de Barrancabermeja, lo que calificó como un grave atentado contra la libertad y la participación política en el Magdalena Medio.El gobierno departamental hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que garanticen la protección inmediata de los amenazados, avancen en la identificación de los responsables y aseguren su judicialización.Finalmente, la administración de Juvenal Díaz reiteró su compromiso con la paz, la convivencia ciudadana y la defensa de los derechos humanos, insistiendo en la necesidad de construir un territorio libre de violencia e intimidaciones.
Colombia se consolida como uno de los países líderes emergentes en la transición energética de América Latina. En medio del impulso regional por las energías limpias, el país proyecta un crecimiento del 400 % en su capacidad de generación solar y eólica para 2030, una meta ambiciosa que no solo transformaría su matriz energética, sino que también abriría la puerta a miles de empleos verdes en distintas regiones.El avance ya es visible. En los últimos cinco años, Colombia cuadruplicó su capacidad instalada en fuentes no convencionales de energías renovables, al pasar de menos de 50 megavatios en 2020 a más de 250 megavatios en 2025. Este crecimiento refleja el alto potencial del país en energía solar, eólica e hidráulica, y marca un punto clave para acelerar la transición hacia un modelo más diversificado y sostenible.No obstante, el desafío sigue siendo significativo. De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el 66 % de la matriz energética nacional continúa dependiendo de fuentes hídricas, altamente vulnerables al cambio climático. Esta dependencia refuerza la urgencia de fortalecer fuentes más estables como la solar y la eólica, que permitan reducir riesgos y garantizar seguridad energética a largo plazo.El desempeño de Colombia también ha sido reconocido a nivel internacional. Según el informe Bloomberg NEF Climatescope 2024, el país ocupa el cuarto lugar mundial entre los mercados emergentes que más impulsan la transición energética y se ubica entre los tres mejores de América Latina, junto a Chile y Brasil. El reporte prevé que para 2025 las energías renovables no convencionales representen cerca del 12 % de la capacidad instalada, impulsadas por políticas públicas, inversión privada y el compromiso de empresas locales.Más allá del impacto ambiental, la transición energética representa una oportunidad económica. “Por cada megavatio instalado en energías renovables se generan entre cinco y siete empleos directos”, aseguró Edwin Hernández, CEO de Ecoled, empresa colombiana reconocida a nivel nacional e internacional por su aporte al desarrollo sostenible. Con una visión que integra innovación, crecimiento económico y responsabilidad ambiental, Colombia avanza hacia un modelo energético más limpio, resiliente y con mayor autonomía frente a los combustibles fósiles.
Una situación de alteración de orden público se presentó en el municipio de Villa Rica, al norte del departamento del Cauca, en las últimas horas, luego de que un grupo de ciudadanos increpara a un uniformado de la Policía, a quien señalaron verbalmente como presunto responsable del asesinato de una persona, hecho donde también resultó lesionada otra persona.En un video grabado por uno de los ciudadanos se observa y se escuchan los reclamos dirigidos al policía, a quien acusan de que el supuesto homicidio habría sido cometido con un arma particular y no con su arma de dotación. En las imágenes también se aprecia cómo varios ciudadanos persiguen al agente durante algunos metros mientras le lanzan insultos y amenazas.“Se presenta una confrontación que deja como resultado una persona fallecida. En este momento la fuerza pública y el comandante de la Policía del Cauca se encuentran en la zona realizando las verificaciones correspondientes del caso”, dijo Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca.Más adelante, el video muestra el momento en el que el agente ingresa a las instalaciones del CAI de la Policía, mientras que dos de sus compañeras permanecen en la parte externa. Es entonces cuando varios ciudadanos atacan físicamente a las uniformadas. De manera extraoficial, se ha indicado que una de ellas habría sido despojada de su arma de dotación y, tras la agresión, las patrulleras logran ingresar a la estación.“Todo esto se da por un caso de intolerancia ocurrido en un espacio público de convivencia. Se presenta una riña con la participación de más de 100 personas; llega la Policía para cumplir con su labor y, en lugar de apoyar el control de la situación, algunos ciudadanos arremeten contra los uniformados, lo que desencadena estos hechos”, explicó la funcionaria.Posteriormente, las imágenes evidencian cómo varios ciudadanos atacan la infraestructura del CAI, causando daños en paredes, ventanas y puertas. Minutos después, un uniformado sale de las instalaciones para enfrentar a los manifestantes y es en ese momento cuando, según se observa y se escucha en los videos, se registra un intercambio de disparos entre el policía y algunos ciudadanos.
El sorteo 2.595 de Baloto y Revancha, realizado el lunes, 22 de diciembre de 2025, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.Resultados del Baloto hoy, lunes 22 de diciembre de 2025: Sorteo 2.595Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $11.200 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:Balotas: 04 - 17 - 42 - 19 - 32.Súper Balota: 15.Resultados Revancha hoy, lunes 22 de diciembre de 2025: Sorteo 2.595En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $10.700 millones de pesos. Los números ganadores fueron:Balotas: 27 - 35 - 42 - 24 - 09.Súper Balota: 04.¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?El sorteo 2596 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 22 de diciembre.Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.
Este lunes, 22 de diciembre de 2025, el sorteo número 453 de MiLoto se llevó a cabo el sorteo del premio mayor, el cual ascendía a una suma de $120 millones de pesos.El resultado oficial, según la información verificada por el operador del juego, confirmó que no hubo ningún jugador que acertara los cinco números, por lo que no hay ganador. Los números ganadores de MiLoto de este martes fueron: 25 - 28 - 31 - 19 - 08.Cómo se juega MiLotoMiLoto es uno de los juegos de suerte y azar que se ha posicionado en el mercado colombiano, compartiendo espacio con otros juegos tradicionales como Baloto y las loterías regionales.Este tipo de sorteos, autorizados y vigilados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), contribuyen significativamente a la financiación del sistema de salud en el país, conforme a la legislación vigente que rige el monopolio rentístico.Con 5 aciertos ganará el premio mayor que iniciará en $120 millones. Si no hay un ganador, el acumulado irá aumentando en cada sorteo.Si no hay ganador del acumulado, las categorías de 4 y 3 aciertos recibirán un porcentaje adicional a su premio.Si tiene 2 aciertos, podrá ganarse $4000 pesos,con el cual podrá hacer una nueva apuesta.
Este lunes, 22 de diciembre, fueron dejados en libertad los 18 militares que había sido secuestrados en Carmen de Atrato, Chocó, por comunidades indígenas instrumentalizadas por el ELN.Estos miembros de la fuerza pública estuvieron privados de su libertad durante cerca de 48 horas en zona rural de ese municipio tras una asonada protagonizada por comunidades indígenas que, según el Ministerio de Defensa, habrían sido instrumentalizadas por el ELN mientras los militares adelantaban operaciones contra esa guerrilla en el resguardo La Puria. El secuestro ocurrió cuando "una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena", señaló el domingo la XV Brigada del Ejército en un comunicado.Blu Radio pudo confirmar que los militares fueron entregados a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo.El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en los últimos meses en el país porque, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son "instrumentalizados" por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare, donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre, cuando otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca. En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.El secuestro de los 18 militares en el Chocó se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo al respecto que, por parte del Gobierno, "no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano".
