A casi dos meses de conocerse la primera condena contra Brandon Seth Wood, un ciudadano estadounidense por un caso de explotación sexual de menores de edad en Medellín, se conocieron importantes avances en otro proceso judicial por estas mismas situaciones que avanzaba en el país norteamericano.Así lo informó en las últimas horas el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó que un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable por tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero a Michael J. Inofuentes, involucrado en el abuso de una niña de 15 años de edad en la capital antioqueña.Según el mandatario, Inofuentes, aprovechando su residencia en Colombia, negociaba encuentros sexuales con la víctima y otras citas en hoteles de la ciudad.Gutiérrez también reveló que este hombre sería sentenciado en enero de 2026 y podría enfrentar una condena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua.“La niñez es sagrada y debe estar protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión. Estos depredadores son lo peor de la sociedad y tienen que estar tras las rejas”, publicó el alcalde quien agradeció por estos resultados a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, al Departamento de Estado y diferentes agencias de inteligencia que han participado en procesos investigativos para llevar ante la justicia a los responsables de estos actos.Inofuentes será el segundo condenado luego de Brandon Seth Wood quien estará en prisión por 14 años tras haber sido capturado en abril de 2024 en un hospedaje del barrio Aranjuez, con una adolescente de 15 años a quien le había ofrecido para explotarla sexualmente.
En medio de las tensiones que en los últimos meses han involucrado a la Jurisdicción Especial de Paz y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en relación con las labores forenses en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, se mantiene la expectativa por el cumplimiento de un fallo de tutela que ordena a esta entidad del Sistema Transicional reintegrarse a estas tareas que avanzan en el occidente de la ciudad.La decisión conocida a finales de agosto, amparando los derechos reclamados como vulnerados por la familia de Arles Edison Guzmán, una de las víctimas de desaparición durante la operación Orión, entre otros asuntos, instó a “convocar de manera inmediata a una mesa técnica con la Unidad de Búsqueda para que se coordine la participación de dicha entidad en el Plan de Intervención Forense en ejecución actual”, espacio que sigue siendo esperado por parte de la institución como lo indicó su directora, Luz Janeth Forero."Estamos justamente a la espera de la mesa técnica, y por eso para nosotros fue clave venir a observar el polígono, a observar cómo va la excavación para tener muchos insumos para cuando se convoque la mesa técnica", resaltó Forero.La funcionaria resaltó que al recuperar el derecho de acceso a la zona que goza de medidas cautelares, quieren realizar inspecciones en terreno para conocer la actualidad del proceso que sigue liderando el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP, pero tras un intento este 18 de septiembre el ingreso les fue negado.“El ingreso fue condicionado, por parte del despacho relator, al cumplimiento de requisitos que, además de no estar previstos en las órdenes emitidas por el mismo despacho, desconocen y vulneran el carácter humanitario y extrajudicial de la Entidad”, destacaron en un pronunciamiento oficial.Al margen de esta situación, en caso de definirse cómo será su participación tras la mesa técnica, Forero indicó que ya la Unidad de Búsqueda cuenta con un grupo técnico."Entendemos que hay análisis que seguramente el despacho relator tiene que hacer de manera precisa pues para este reinicio. No obstante, nosotros como unidad sí nos estamos preparando, ya tenemos constituido por ejemplo nuestro equipo forense el que abordará de manera directa el trabajo en este lugar", añadió la funcionaria.Hay que recordar que un auto de la JEP de la misma fecha, del 21 de agosto, emitido por parte de la Sección de Primera instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, también prorrogó las medidas cautelares en La Escombrera por 12 meses, hasta inicios de octubre de 2026. Allí se han hallado seis cuerpos.
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer que mientras uniformados estaban realizando patrullajes de vigilancia en la Comuna San Javier se logró observar cómo un hombre estaba intimidando con arma de fuego a un persona, intentando quitarle sus pertenencias. Ante esta situación las autoridades desplegaron un operativo para dar con la captura del ladrón y otro hombre que que conducía la moto donde huyeron del sitio.El reporte entregado por las autoridades evidencia que luego de advertir a varias patrullas en la zona, se realizaron cierres en diversas vías de la capital de Antioquia, con lo que se logró la ubicación de uno de los sujetos señalados del hurto. Según denunció la persona hurtada, estaba haciendo turismo cuando fue abordada.El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que el capturado de 25 años fue detenido metros más adelante del lugar donde se cometió el millonario hurto."Durante el procedimiento se logró la recuperación de joyas avaluadas en más de 470 millones de pesos, entre ellas dos cadenas de oro, una pulsera, un dije y un reloj marca Rolex", confirmó el uniformado.El hombre de nacionalidad estadounidense recuperó las joyas y los accesorios mediante un acta oficial de entrega, mientras que delincuente fue capturado por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.El señalado ladrón fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelantan las audiencias preliminares, a la vez que las autoridades en Medellín buscan a la otra persona involucrada en el hurto.
Tras acuerdos con agente interventor de Nueva EPS se evitó la suspensión de servicios para usuarios de esta entidad en siete hospitales públicos de Antioquia. Con ajustes a los pagos por paciente esperan cubrir hasta el 80% de las deudas del mes anterior.Pocas horas después de anunciarse el inicio para la suspensión de servicios a usuarios de Nueva EPS en siete hospitales públicos de Antioquia desde el próximo domingo, directivas de la entidad llegaron a acuerdos para seguir garantizando su prestación.Durante un encuentro en las últimas horas entre la Asociación de Hospitales Públicos del departamento y Gloria Polanía, agente interventora de Nueva EPS, se decidió ajustar el valor por paciente dependiendo del grado de la institución. Los de baja complejidad que tengan menos de 10.000 afiliados, se les pagará la cápita ampliada de los 40.000 pesos y a los de más de 10.000 afiliados se les pagará los 35.000 pesos.Por su parte, los siete hospitales de segundo nivel que anunciaron el cierre, Caucasia, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Yolombó, Puerto Berrío y Turbo, se les va a ajustar el valor restante hasta alcanzar el 80% de lo radicado el mes inmediatamente anterior.Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, destacó la importancia de los desembolsos de estos recursos que puede ser abonado en varios pagos dentro del mes, según la compensación de la semana.“Para desear ser de facto vivo haber podido grabar unos acuerdos importantes y definitivamente lo que nosotros queremos como asociación es que a nuestros hospitales agremiados se les brinde un pago constante, continuo y librado”, dijo.En otros de los acuerdos tiene que ver con el compromiso de Nueva EPS para regularizar los pagos mensualmente de forma continua, para garantizar el flujo de recursos y la prestación de servicios con total normalidad.Cada mes se generarán mesas de conciliación con el fin de avanzar en el cumplimiento de la cartera de los hospitales.
Sigue la indignación en Medellín tras conocerse en las últimas horas el desmantelamiento de una red que utilizaba a niños indígenas para la mendicidad en zonas turísticas y de capacidad adquisitiva como El Poblado, Provenza y el Parque Lleras.Tras la captura de siete integrantes de esta organización, autoridades en la capital antioqueña revelaron detalles sobre sobre el modus operandi en la que también intervenían ciudadanos venezolanos.Según el alcalde Federico Gutiérrez, los menores víctimas de estas conductas eran obligados a vestirse como recién nacidos y, al momento de ejercer las acciones de mendicidad, los hacían pasar como venezolanos y en estado de vulnerabilidad en vista de las condiciones de los últimos años en su país que los ha obligado a migrar a diferentes lugares."Básicamente al niño le quitan la ropa en espacios públicos y lo disfrazan de niña y se lo entregan a la venezolana ya con ropa como si no fuera de la comunidad indígena. De esa forma ya la mujer venezolana con el niño en brazos, que ya no es niño y no niña, ya no es indígena sino venezolana, ingresan a las farmacias y piden la leche y los pañales que después van a vender", relató Gutiérrez.De igual manera, el mandatario reveló que durante la operación se generaba una especie cartel de alimentos e insumos que tras ser adquiridos en droguerías de la zona gracias a aquellas personas que ofrecían su ayuda, luego eran comercializados por un menor valor en el centro de la ciudad."Compraban una caja de leche que se las brindaba, por ejemplo, un turista extranjero, en su gran mayoría, y la compraba en las farmacias del sector, el precio puede ser alrededor de los doscientos cincuenta mil pesos. Lo que hacían era, ya teniendo un buen acumulado de mercancía, se desplazan hacia el centro de la ciudad y a quienes tenían negocios también, donde vendían pañales y vendían leche, lo que hacen es que las vendían por un menor", aseguró el alcalde de Medellín.Todo el entramado delictivo cuyo eslabón más débil los conformaban los menores de edad podría generar hasta 180 millones de pesos cada mes, lo que para las autoridades también explica en parte que durante varias visitas de diferentes dependencias de la Alcaldía hayan rechazado el acceso a programas para los niños como Buen Comienzo.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y podrían ser imputados por concierto para delinquir y explotación de menores de edad. Autoridades en la capital antioqueña pidieron denunciar a la ciudadanía este tipo de conductas, así como abstenerse de apoyar la mendicidad en las calles de la ciudad.
Mientras que en un centro asistencial sigue luchando por su vida el niño de ocho años de edad impactado en su cabeza por una bala pérdida cuando se encontraba en su vivienda del barrio Villa Lilliam, siguen las investigaciones de las autoridades para determinar las circunstancias en las que se registró este nuevo hecho que ha generado consternación en el centroriente de Medellín.Según el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, hasta el momento se ha podido determinar que el proyectil ingresó por el techo de la casa, y para dar también con responsable del disparo realizan inspecciones al inmueble y entrevistas con testigos.En medio de estas labores, indicó el uniformado, ya está siendo analizada la ojiva que penetró el cráneo del niño y que lo tiene internado en el Hospital San Vicente Fundación."Se recolectó la ojiva que había sido o que penetró el cráneo del menor. Esta va a ser sometida a las actividades de laboratorio de criminalística. Obviamente, eso nos va a servir muchísimo para empezar este trabajo de identificación de quién o de qué irresponsable pudo haber generado este disparo, tal vez hacia el aire", informó Castaño.Una de las principales hipótesis de la situación es que se haya tratado de un disparo al aire, por lo que las autoridades solicitaron a la ciudadanía cualquier información que también permita individualizar al responsable para capturarlo.
En menos de 24 horas una nueva agresión contra la Fuerza Pública se registró en Antioquia, afectando un total de tres militares en medio de confrontaciones con el Clan del Golfo en el municipio de Frontino.Los hechos se registraron en el corregimiento Llanos de Musinga, una zona apartada de esta población del occidente de Antioquia, donde tropas del Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío entraron en confrontación con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.Como consecuencia de esta situación un suboficial y un soldado profesional resultaron heridos, mientras que otro soldado registró afectaciones por aturdimiento."Las tropas de batallón están haciendo sus operaciones de control territorial y entraron en combate con estos terroristas del Clan del Golfo que continúan constriñendo a la población en el sector", aseguró el director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes.Los militares afectados recibieron atención de emergencia en la misma zona de la novedad por parte de enfermeros de combate, mientras esperaban el apoyo helicoportado para su traslado a Medellín.Estas labores se dificultaron por varias debido a condiciones climáticas, pero finalmente arribaron a la capital antioqueña horas después en un helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea para posteriormente ser remitidos al dispensario médico de la Cuarta Brigada y la Clínica Alma Máter.
Por tres veces ha sido aplazada la imputación de un exfuncionario de la Secretaría de Movilidad durante la administración de Daniel Quintero. Pidieron compulsar copias disciplinarias contra el abogado defensor del procesado quien ha argumentado impedimentos para asistir a las diligencias programadasLa paciencia para la Rama Judicial se está colmando en uno de los casos de presunta corrupción que involucran a exfuncionarios de Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.Y es que pese a la imputación que ya la Fiscalía formuló a cuatro personas implicadas en el mismo proceso judicial, no ha podido hacer lo propio con Mauricio Alonso Zuleta, ex subsecretario Técnico de la Secretaría de Movilidad del distrito quien está siendo procesado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.La formulación de imputación no se ha podido llevar a cabo en tres oportunidades ya que su abogado defensor ha manifestado dificultades para asistir a las mismas por otros compromisos o incluso estar fuera del país. El más reciente aplazamiento generó críticas por parte del mismo fiscal del caso, Jaime Alberto Duque.“Se me hace raro este aplazamiento. Estamos en una audiencia que la pues se puede realizar de manera virtual y bien podría el señor defensor Óscar Santamaría conectarse de manera virtual desde el país donde se encuentra”, agregóA Zuleta se le atribuye un presunta responsabilidad en la suscripción de un contrato para la recuperación e intervención del transporte público en varias cuencas de la ciudad, que según la Fiscalía, se firmó en 2023 solo algunas horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que prohíbe este tipo de convenios cuatro meses antes de elecciones territoriales, y que se tramitó sin estudios previos completos, sin análisis riguroso del sector ni justificación presupuestal.Además, utilizó una modalidad de contratación directa e incluyó obras civiles que no eran competencia de la Secretaría de Movilidad, sino de la Secretaría de Infraestructura.Ante las dilaciones para la imputación, Juan Fernando Gómez Zapata, abogado del Distrito de Medellín quien participa en el proceso en calidad de víctima, solicitó la compulsa de copias disciplinarias contra el abogado del exfuncionario.“Se compulsen copias disciplinarias en el en el presente asunto, ya que este no ha sido el único aplazamiento solicitado por el abogado defensor y han sido múltiples oportunidades manifestando compromisos previos, pudiendo sustituir al poder a otro abogado para que comparezca en defensa los intereses de de la aquí implicada, el que falta por por formular imputación al señor Mauricio”, aseveró. En el caso también está siendo investigado el exsecretario de Movilidad de Medellín Juan Carlos Torres Ojeda, sobre quien la Fiscalía argumenta tener las pruebas suficientes para afirmar que expidió un oficio certificando un acta de comité de contratación con asistencia de funcionarios que, en realidad, no participaron en la reunión. Lo anterior, para darle apariencia de legalidad al contrato que superaba los 16.100 millones de pesos.
Este jueves se cumplieron las exequias del pequeño Nairkel, que murió luego de que su padrastro, miembro de un grupo criminal en Medellín, le propinara una brutal golpiza.Aún en la capital antioqueña no se sale de la consternación por la muerte de Nairkel Aldraín Botia Manrique, de 4 años, que por no querer dormirse, su padrastro, lo atacó incluso con un machete, dejándole graves heridas que al final le causaron su fallecimiento en el Hospital General de Medellín.Con globos blancos y una fotografía del menor, acompañaron el féretro en la parroquia Jesús Nazareno de la ciudad, donde asistió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.“Uno ver un ataúd de ese tamaño, por Dios. Eh, la reflexión tiene que ser es como cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Yo aspiro que esta persona que está capturada reciba la máxima pena, pero así toda esa pena se queda chiquita”, aseguró.Mientras que la familia exige justicia, el presunto agresor fue identificado como alias ‘Lámpara’, un hombre con amplio prontuario judicial y señalado de pertenecer a la estructura criminal Los Mondongueros, que opera en el barrio Castilla.Desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el hombre acumula siete antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, homicidio simple, concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal.Alias ‘Lámpara’ ya había sido condenado por homicidio el pasado 4 de julio. Ahora deberá responder por la muerte de Nairkel, en un proceso que la opinión pública exige no quede en la impunidad.
Una semana después del aberrante momento en el que un hombre roció con gasolina a una mujer en condición de calle y después le prendió fuego en el barrio Trinidad de Medellín, la Secretaría de Seguridad y Convivencia informó la muerte de la mujer que no pudo sobrevivir a la gravedad de las quemaduras.La investigación de la situación determinó que, una vez la mujer es prendida en fuego, se logra arrojar a una quebrada de la zona y luego se desplaza por su cuenta hasta un sede la Cruz Roja en donde fue atendida y trasladada a un centro asistencial, donde permaneció en estado crítico por ocho días.En su momento, el coronel Salomón Bello, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que con las características entregadas por los vecino de la zona se logró la captura del presunto responsable de 65 años."Las características del agresor, los profesionales de Policía ubicaron y capturaron al victimario cerca al barrio Trinidad", informó el uniformado.El agresor, identificado como Ernesto Oviedo Maldonado, de 65 años, qué días después del ataque fue enviado a una prisión por el delito de tentativa de homicidio que ahora se modificará con el fallecimiento de la mujer que, al parecer, habría discutido antes del hecho con su victimario por el daño a unas plantas sembradas en la quebrada.Las autoridades establecieron que la mujer, luego de ser prendida en fuego tuvo graves quemaduras en el 60% de su cuerpo, lesiones que le acabaron ocasionando la muerte.
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un menor de edad resultó gravemente herido luego de que una bala perdida entrara a su vivienda en el barrio La Sierra de Medellín y lo impactara. Quien alertó la situación fue la madre del pequeño que lo halló ensangrentado en la sala del inmueble.El relato de la madre del niño indica que estaban al interior de la vivienda cuando escuchó un estruendo, por lo que salió inmediatamente a buscar a su hijo. Sin embargo, la escena que se encontró fue lamentable: su hijo herido de muerte por el impacto de un proyectil.Una vez se les advierte a las autoridades sobre le hecho, el menor de 8 años fue traslado de inmediato a un centro asistencial de Medellín en donde los médicos tratan de salvarle la vida al niño que llegó hasta el hospital inconsciente.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó el hecho y aseguró que las autoridades están trabajando de manera ardua para dar con los responsables del disparo que tiene en riesgo al menor de edad."¿Hasta cuándo, por Dios? Un niño de ocho años que recibió un impacto de un proyectil en su cabeza, el niño fue intervenido, en este momento el niño es tan UCI", informó el mandatario.Por el momento tanto la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá como la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín buscan establecer cómo ocurrieron los hechos que ha generado consternación en la capital de Antioquia.
En Medellín cayó una red que instrumentalizaba bebés y niños indígenas para la mendicidad en sectores turísticos. Siete personas fueron capturadas en una operación realizada luego de diez meses de investigación. Las autoridades confirmaron que los capturados utilizaban a menores, entre 1 mes y 5 años de la comunidad Emberá Katío, para generar compasión en la mendicidad y pedir dinero, leche, pañales y alimentos en sectores turísticos de la capital antioqueña como El Poblado, Provenza y el Parque Lleras. Agentes encubiertos recolectaron las pruebas de la instrumentalización sistemática de menores, para realizar la operación liderada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en coordinación con la Fiscalía. De acuerdo con el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, la instrumentalización de estos menores en el proceso de mendicidad dejaba millonarios ingresos a la red delictiva: “Esa es la cara oculta de la mendicidad. Este caso demuestra cómo detrás de aparentes actos de caridad se escondía un entramado delictivo que alcanzaba recaudos mensuales cercanos a los 180 millones de pesos”, aseveró. Durante los procedimientos, realizados en los barrios Santa Cruz, Boston y El Poblado, fueron detenidas seis mujeres entre 25 y 43 años, y un hombre de 25. También se incautaron insumos básicos entregados por ciudadanos extranjeros como producto de la mendicidad. Entre el material probatorio, las autoridades hallaron imágenes de los niños acompañadas de mensajes en inglés, lo que evidenciaría que los delincuentes buscaban sensibilizar especialmente a turistas internacionales. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para audiencias preliminares. De ser hallados culpables de concierto para delinquir y explotación de menores, podrían enfrentar hasta ocho años de cárcel.
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El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlado por el chavismo- en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.
El capo ecuatoriano de la droga Wilmer Chavarría (Pipo), máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, negó este miércoles ser el autor del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y acusó al actual presidente, Daniel Noboa, de ordenarlo. Chavarría hizo estas declaraciones en dependencias de la Fiscalía de Zaragoza (España), en una comparecencia solicitada por la Fiscalía ecuatoriana a la que el narco ha asistido acompañado de su abogado y custodiado por tres policías españoles y cuatro miembros de los cuerpos policiales especiales.Según dijeron a EFE fuentes de la defensa de Pipo, que espera en la prisión de Zuera la resolución del proceso de extradición iniciado por Ecuador, el detenido respondió a las preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y de su letrado, pero se negó a contestar a las tres preguntas remitidas por el ministerio público del país andino. El detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones. Según el narco, encarcelado en España, reclamado desde Ecuador como líder de uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Sudamérica e implicado en más de cuatrocientos asesinatos, la intención tanto de Noboa como de Reimberg es "engañar" a las autoridades de España para que estas accedan a extraditarle a Ecuador o a EEUU. Consideró que su extradición a Ecuador supondría su muerte y que si fuera finalmente a Estados Unidos, que ha iniciado un proceso para reclamarlo a su vez por narcotráfico, la intención de sus autoridades es que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien ha negado conocer. Chavarría también dijo que Reimberg le amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga y que en la sala donde recibió las amenazas había cámaras de seguridad que se podrían consultar. Añadió que la intención del ministro y de Noboa es "sacarle de circulación", al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, dijo, el presidente "está jugando un papel importante". Agregó que la única razón por la que ha aceptado declarar hoy es porque tiene plena confianza en las autoridades españolas y en que estas no permitirán que desaparezca la grabación de su declaración hoy en la Fiscalía, donde acusa a Noboa del asesinato de Villavicencio.Recientemente, la Fiscalía de Ecuador imputó a Pipo como presunto participante en la planificación del asesinato, que, de acuerdo al Ministerio Público, tiene como supuestos autores intelectuales a un grupo de empresarios vinculados a tramas de corrupción que perseguía Villavicencio y al exministro correísta José Serrano.El candidato presidencial, conocido por sus denuncias de casos de corrupción contra el Gobierno de Correa y para desenmascarar a organizaciones criminales, fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en el norte de Quito por un grupo de siete sicarios colombianos. Hasta el momento solo hay cinco condenados como autores materiales del asesinato, ya que la mayoría fueron asesinados en la cárcel antes de que declarasen ante las autoridades. Pipo fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, el mismo día que en Ecuador se celebraba un referéndum clave para Noboa. El detenido había vivido hasta ese momento entre Dubai y la Costa de Sol, desde donde manejaba su organización dedicada al narcotráfico, la minería ilegal de oro y las extorsiones, oculto tras siete identidades distintas y después de falsificar su muerte en Ecuador durante la pandemia y someterse a varias operación estéticas en el rostro para tratar de dificultar su identificación.
Toda una polémica se ha generado después de que la senadora Paloma Valencia abriera la puerta a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea su fórmula a la Vicepresidencia, en caso de que sea ella la ganadora de la Gran Consulta por Colombia.Vicky Dávila, quien también hará parte de la consulta del 8 de marzo, se pronunció sobre el tema, asegurando que Uribe no será vicepresidente de ningún candidato.“El presidente Álvaro Uribe dijo el 18 de julio de 2025 que no será fórmula vicepresidencial, porque no pondrá al país en esa ‘discusión institucional’. Eso es querer a Colombia de verdad y no prestarse para la politiquería. Y yo le creo que no será vicepresidente de nadie, porque Uribe tiene palabra”, dijo Dávila.La senadora Paloma Valencia aseguró que Uribe sería la persona más indicada para ser su fórmula vicepresidencial.“Todo el mundo me anda preguntando que quién va a ser mi vicepresidente, yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas, todavía nos falta ganar esa consulta. Lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él”, dijo Valencia.El trino al que hace referencia la candidata Vicky Dávila es uno en el que Uribe cerraba la puerta a ser vicepresidente.“No puedo considerar ser candidato a la Vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones. Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, dijo en su momento el expresidente Uribe.
Comprar casa es un sueño que muchos quieren cumplir, pero no termina con la firma de las escrituras. Miles de familias hacen un enorme esfuerzo para ahorrar la cuota inicial y asumir el crédito, pero en su mayoría se quedan cortas cuando deben realizar adecuaciones como la remodelación o los acabados.Ahora llega un alivio para el bolsillo de estos ciudadanos. Gracias a la alianza entre HSG Synergy y Credifamilia se abre una opción para financiar remodelaciones y enchapados sin enredarse con tanto papeleo.Esta alternativa está dirigida a compradores que adquirieron su vivienda en proyectos administrados por HSG Synergy y ofrece montos entre $10 millones y $42 millones para realizar adecuaciones y mejoras. El objetivo es reducir la brecha entre la compra del inmueble y dejarlo listo para habitarlo o rentarlo.Créditos entre $10 y $42 millones, así puede aplicarEstos créditos están pensados para quienes necesitan:Terminar acabados internos.Modernizar cocinas y baños.Reforzar redes eléctricas o hidráulicas.Adecuar espacios para renta tradicional o de corta estancia.En muchos casos, luego de adquirir la vivienda, la liquidez de los compradores suele quedar al límite. Esta línea busca evitar que las familias recurran a préstamos informales o se descapitalicen para avanzar en las obras.La diferencia es que el trámite se apalanca en los procesos administrativos ya existentes en los proyectos, es decir, la trazabilidad de la información permite gestionar mejor el crédito y agilizar la aprobación, reduciendo pasos que vuelven el proceso más engorroso.Cómo aplicar a la financiación para remodelar viviendaLos interesados pueden acercarse a:Equipos de administración de los proyectos donde opera HSG Synergy.Salas de venta vinculadas a esos desarrollos.Canales oficiales de atención de Credifamilia.Allí recibirán información sobre:Requisitos.Plazos.Simulaciones de crédito según capacidad de pago.Destino específico de los recursos.Cabe destacar que esta alianza impacta no solo en los compradores, sino también en constructoras e inversionistas. Un inmueble que se adecúa más rápido acelera la ocupación del proyecto y fortalece su valorización.Por lo tanto, es una noticia que da un respiro a los colombianos, especialmente a quienes enfrentan limitaciones financieras tras la compra de vivienda. Esta medida puede marcar la diferencia entre tener un apartamento en obra gris o un activo listo para habitar o generar ingresos.
