En Medellín, un hombre de 83 años de edad, residente en el barrio Calasanz, confundió su medicamento habitual con pastillas de Metadona, una sustancia que tiene un potencial efecto analgésico y sedante y es utilizada en perros.El adulto mayor consumió varias pastillas del medicamento canino y la sustancia no tardó en hacer efecto, los quebrantos de salud se hicieron evidentes por lo que sus familiares llamaron a un médico particular quien le inyectó Furosemida con el fin de que se mejorará.Al no presentar síntomas de mejora, sus familiares lo trasladaron en un taxi hacía el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde falleció a pesar de los esfuerzos médicos.Le puede interesar:
El Invima informó que, dando cumplimiento a las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una medida cautelar, completó la primera fase del plan de choque en relación con los medicamentos y gestión de trámites ante esa entidad.Y es que el Invima estableció un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. En la primera fase la entidad asegura haber evacuado 8.669 trámites, cuando la meta era de 8.231 durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, por lo que hubo un cumplimiento del 105 %.Entre esos trámites están renovaciones de registros sanitarios, trámites de publicidad y modificaciones legales, demostrando un enfoque integral en la gestión administrativa.Además, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima pasó de tener 26.049 trámites pendientes en noviembre de 2023 a 18.913 al 31 de diciembre de 2023, lo que representa una reducción del 27.4 % en el represamiento.El detalle de los trámites pendientes se incluye 1.313 nuevos radicados, 17.600 represados y 18.913 pendientes por evacuar.El Invima también dio prioridad a las solicitudes asociadas a medicamentos desabastecidos o en riesgo de desabastecimiento. Noviembre y diciembre de 2023 se dio la priorización y evacuación de 65 y 14 trámites respectivamente, respondiendo a la necesidad urgente de 35 y 40 medicamentos en riesgo.Según el instituto, este plan se está cumpliendo después de que se aumentara en un 33 % la capacidad del equipo técnico y del 40 % las sesiones ordinarias de la sala especializada de nuevas moléculas, así como un 20 % en las salas especializadas de Comisión Revisora de medicamentos y homeopáticos para el año 2024.El Invima es claro en que este trabajo de disminuir el represamiento de los trámites no significa la entrada y circulación de nuevos medicamentos sin el análisis científico y técnico correspondiente, sino que priorizó los productos o medicamentos a los que les fueron aprobados los registros sanitarios el Decreto 1474 de 2023.Hay que recordar que, en agosto de 2019, una acción popular fue presentada contra el Ministerio de Salud y otros entes, buscando salvaguardar los derechos e intereses colectivos amenazados por presuntas omisiones en el control de precios de medicamentos. La situación evolucionó cuando, el 30 de octubre de 2023, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima fue incorporado al proceso mediante una medida cautelar.Le puede interesar:
Afidro compartió su inquietud sobre la reciente designación de una nueva directora encargada en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La preocupación surge no solo por la interinidad constante en la dirección de la institución, sino también por la incertidumbre que rodea la dirección en propiedad.Para la asociación, que agrupa los laboratorios farmacéuticos de investigación en el país, durante el actual Gobierno, el Invima ha experimentado la presencia constante de directores generales interinos, lo que ha obstaculizado la toma de decisiones fundamentales para su adecuado funcionamiento."Es la primera vez que el Invima no tiene director general en propiedad con la llegada de un nuevo Gobierno, esta no es una situación común entre las autoridades sanitarias a nivel mundial, estas mantienen su autonomía e independencia ante los cambios políticos bajo su rol de una agencia fundamental para la protección de la seguridad nacional desde el punto de vista de la salud pública", dijo María Clara Escobar, presidenta de Afidro.La falta de un director general en propiedad, según Afidro, está afectando la dirección estratégica del Invima. Y es que durante diciembre de 2023, el anterior director encargado, Juan Carlos Arias, convocó a reuniones con diferentes gremios, comprometiéndose a establecer un esquema de diálogo permanente en 2024. Sin embargo, estos compromisos quedaron en suspenso con la llegada de la nueva funcionaria encargada, generando incertidumbre sobre la continuidad de los planes presentados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para superar la crisis de abastecimiento de medicamentos en el país."Se está afectando gravemente la disponibilidad y acceso a los pacientes a medicamentos y terapias innovadoras para enfermedades prioritarias como el cáncer, las enfermedades raras y huérfanas", concluyó Escobar.Le puede interesar:
El Invima, la entidad que está a cargo de la inspección, vigilancia y control de medicamentos, alimentos y productos en el país, sigue sin tener un director en propiedad. El Gobierno nombró a Yenny Adrian Pereira como la nueva directora encargada de la institución, después de remplazar en el cargo a Juan Carlos Arias que era director (e) desde el 18 de octubre de 2023.Esta situación llevó a que los diferentes sindicatos del Invima (Sintraen SP, SintraInvima y Sintraentipuc) levantaran su voz de protesta por esta citación que, dicen ellos, está afectando esta institución."Esto ha generado inconvenientes en cuanto a lo administrativo y a lo misional, toda vez que cada uno trae ideas diferentes que pueden o no ser válidas en su momento, pero la falta de continuidad y de la capacidad de decisión de manera permanente es lo que está generando más inconvenientes, nosotros como funcionarios de esta entidad y con la responsabilidad que siempre hemos tenido, estamos en suma preocupación dadas las circunstancias y la falta de direccionamiento claro, real y contundente ante la posición de un director general en propiedad", dijo la presidenta de SintraInvima, Amira Anaya a Blu Radio.Y es que para las organizaciones sindicales aseguran que esta interinidad están impactando en las entrañas a una entidad clave en materia sanitaria en Colombia.En su comunicado los tres sindicatos aseguraron que designar a un encargado de la dirección del Invima solo se puede prorrogar dos veces, como lo indica la ley."Ayer nos enteramos de la expedición del último decreto, el 2258, en donde se nombra como directora encargada a la doctora Yenny y el último director, el doctor Juan Carlos, solamente duró dos meses. Eso implica que ni siquiera se pudo llevar una proyección a tres o a seis meses, como venía pasando con los directores anteriores, sino que este apenas duró dos meses. Adicional a ello, tenemos varias dependencias del instituto como direcciones misionales y otras oficinas de apoyo que son importantes para la misionalidad y el quehacer diario de nuestra entidad y esto afecta obviamente a todos los trabajadores sin tener clara una meta, una estrategia para donde quiere un director general avanzar", comentó Sandra Vargas, presidente de Sintraen SP.Para estas organizaciones el presidente Gustavo Petro no le ha dado la relevancia suficiente al Invima ya que después de al menos de año y medio no se ha firmado el decreto que pone fin a los encargados de dirigir la entidad."El llamado concreto es para que se designe la persona que va a liderar a la entidad en un proceso de rediseño, de reestructuración, pero esto no debe estar en cabeza de directores encargados que no tienen una visión hacia el futuro y que sus decisiones deben ser del corto plazo", agregó William Gil, presidente de Sintraentipuc.Y es que estos tres líderes sindicales dicen estar al día de los planes que tiene el Gobierno con el Invima, pero que no es clara la hoja de ruta que se tiene para llegar a ese fin. Para Anaya el futuro de la entidad es incierto a todo nivel."Si bien desde que estaba el doctor Rossi habló del tema de una reestructuración, rediseño, en su momento él no lo tenía claro y, de hecho, así nos lo manifestó abiertamente, que todavía no sabía cómo se debía hacer o qué ajustes necesitaba el Invima, pero que sí se requería", dice la presidente de SintraInvima.Y es que la reestructuración de esta institución no requiere mucho estudio o análisis, sino que las prioridades están claras, al menos para los sindicatos, que afirman que ese cambio debe pasar por un refuerzo en la planta de personal, información clara de cómo llegar a objetivos específicos para extender la operación en las regiones y darle la relevancia que necesita la entidad."Necesitamos a alguien que realmente tenga todas las competencias necesarias y coja el timón de este barco llamado Invima con toda la energía y con todas las capacidades técnicas, científicas y administrativas que requerimos", afirmó Anaya.Sintraen SP también planteó preguntas sobre el 'revolcón' que se le quiere hacer a la entidad en materia financiera. Y es que para la organización sindical las últimas decisiones del Gobierno en relación a establecer registros sanitarios gratuitos, lleva a preguntarse de dónde van a salir los recursos para el funcionamiento del Invima y si solo dependerá de los fondos destinados desde el presupuesto nacional.Le puede interesar:
La calidad de la atención en los hospitales disminuye cuando son adquiridos por empresas de capital riesgo y los pacientes tienen más posibilidades de caerse y sufrir complicaciones o infecciones en la hospitalización, según un estudio de la Universidad de Harvard.El estudio, cuyos resultados se han publicado este martes en la revista JAMA, concluye que los pacientes tienen más probabilidades de sufrir complicaciones si están en un hospital adquirido por un fondo privado.Para los autores los resultados son alarmantes, porque demuestran que los incentivos económicos eclipsan la atención al paciente y la seguridad."Habíamos observado que las adquisiciones de capital privado daban lugar a un aumento de las tasas, los precios y el gasto social, pero ahora vemos que la atención clínica a los pacientes también es motivo de preocupación", dice Zirui Song, director de investigación del Centro de Atención Primaria de Harvard."El éxito de un hospital no solo se mide en dólares o en el número de pacientes que pasan por sus instalaciones, sino también en vidas salvadas, posibles complicaciones, satisfacción de los pacientes y otros parámetros de calidad y seguridad", advierte Sneha Kannan, médico de la División de Cuidados Críticos y Pulmonares del Hospital General de Massachusetts.Un modelo que busca gananciasEl estudio se publica en un momento de creciente preocupación por el papel cada vez más importante que juega el capital riesgo en la sanidad estadounidense, que ha invertido un billón de dólares en la última década.Estudios previos realizados por Song y el coautor Joseph Dov Bruch, de la Universidad de Chicago, habían demostrado que este modelo de gestión tiene un elevado nivel de endeudamiento y provoca un aumento del gasto, pero hasta ahora no se había analizado la calidad de atención que dan a los pacientes."Cuando los sistemas sanitarios compran hospitales, no suelen usar dinero prestado", sino que "emplean una pequeña cantidad de efectivo y una gran cantidad de deuda", explica Song, una deuda que obliga a los hospitales a obtener ingresos para pagarla, una "presión económica" que suele ir "en detrimento de los pacientes".El equipo examinó los datos de reclamos de seguros de salud para todas las hospitalizaciones de pago por servicio de 2009 a 2019 (más de 600.000 hospitalizaciones en 51 hospitales de capital privado y más de 4 millones de hospitalizaciones en 259 hospitales similares no gestionados por fondos de capital riesgo).El equipo comparó la frecuencia con la que los pacientes experimentaban determinados resultados antes y después de que el hospital fuera adquirido por capital privado.Así, analizaron la frecuencia con la que los pacientes se caían durante su estancia en el hospital o la frecuencia con la que desarrollaban una infección tras un procedimiento o una intervención quirúrgica, y analizaron otros aspectos como la frecuencia de los fallecimientos, el tiempo que permanecían ingresados y la frecuencia con la que volvían al hospital tras el alta.El análisis concluye que tras la adquisición de un hospital por un fondo de capital privado, los pacientes ingresados sufrían un 25 % más de complicaciones en el hospital, frente a los que habían ingresado antes de la adquisición.Los pacientes también sufrieron un 27 % más de caídas y un 38% más de infecciones del torrente sanguíneo causadas por las vías que se utilizan para suministrar fármacos, sueros o tratamientos.El aumento se produjo a pesar de que los hospitales de capital privado colocaron un 16 % menos de vías centrales que antes de la compra.Curiosamente, el estudio detectó un pequeño descenso de las muertes hospitalarias en los hospitales de capital privado algo que, según los autores, puede deberse a que los pacientes de los hospitales de capital privado eran más jóvenes y menos desfavorecidos que los de los hospitales públicos.Los autores concluyen que tanto los investigadores como los responsables políticos "deben ser rigurosos en sus esfuerzos por comprender cómo el capital privado modifica el funcionamiento de la asistencia sanitaria y las consecuencias derivadas". Le puede interesar:
Un tribunal francés condenó a la farmacéutica Servier a pagar más de 460 millones de dólares en daños en el caso de un medicamento para la diabetes vinculado a la muerte de cientos de personas.El escándalo salió a la luz en 2007 cuando un médico alertó sobre los riesgos cardíacos relacionados con el medicamento Mediator, destinado a personas con sobrepeso y diabetes pero que también se recetaba como supresor del apetito para adelgazar.El fármaco, que podría haber causado unas 1.800 muertes, fue finalmente prohibido en Francia, donde millones de personas lo tomaron.También está prohibido en Estados Unidos, España e Italia.El tribunal de apelaciones de París confirmó los veredictos de "fraude agravado" y "homicidio involuntario y lesiones", un nuevo fallo judicial tras más de una década de procesos legales.La justicia ordenó a Servier pagar una multa de 9 millones de euros (9,8 millones de dólares) y devolver más de 415 millones de euros (455 millones de dólares) a la agencia nacional de seguridad social y a las compañías de seguros, unas cifras mucho mayores de las del fallo inicial de 2021.Jean Philippe Seta, exmano derecha de uno de los difuntos fundadores del grupo, fue condenado a cuatro años de prisión, uno de ellos en firme con brazalete electrónico, y una multa de 90.000 euros (98.000 dólares).Charles Joseph Oudin, uno de los abogados de las más de 7.000 acusaciones particulares en la demanda, se felicitó de la sentencia."Es una gran victoria para las víctimas que represento y que he estado defendiendo desde la primera denuncia en noviembre de 2010", dijo.El veredicto es el último de una larga batalla legal.Ocho años después de que estallara el escándalo, un tribunal francés declaró negligente a Servier por primera vez en 2015 por haber dejado medicamentos "defectuosos" en el mercado.Mediator, cuyo principio activo recibe el nombre de benfluorex, tenía licencia para servir en la reducción de las proteínas grasas llamadas lípidos y ayudar a los diabéticos.Pero también suprimía el apetito y terminó vendiéndose con receta para personas no diabéticas que querían adelgazar.Le puede interesar:
Después de que la Procuraduría alertó varias irregularidades en el proceso de licitación de la Adres para contratar a una interventoría que vigilara la entrega de medicamentos y los pagos de reclamaciones a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, la entidad decidió suspender dicho proceso.La indagación del ente de control a ese contrato dio cuenta de que “al parecer, se presentó inconsistencias en el proceso de selección que llevaron al ente de control a crear las alertas debidas”.La adres no habría tenido en cuento los factores de ponderación y verificación de la oferta económica, se hallaron inconsistencias en la publicación de documentos en la plataforma Secop y al parecer hizo falta de claridad en la información de empresas oferentes.Frente a esta situación, la Procuraduría “exhortó a la entidad a suspender los trámites de contratación hasta tanto no aclaren las dudas y respondan las inquietudes sobre el estado actual del procedimiento de selección, la publicación del informe definitivo de evaluación de los proponentes y el manual de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso de selección de referencia”.Por eso la Adres decidió suspender el proceso de licitación para realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, médica y financiera a los contratos de auditoria de cuentas médicas en las zonas del país focalizadas por la entidad.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación describió un entramado criminal que ponía en riesgo la vida y la integridad de miles de pacientes que acudían al sistema de salud para recibir medicamentos para las denominadas enfermedades de alto costo.Esta compleja red criminal alcanza dimensiones significativas, según la Fiscalía, al estar involucrada en el reciclaje de desechos hospitalarios, medicamentos caducados o descontinuados. Su modus operandi implica la extracción de sustancias de jeringas, envases y otros formatos, para luego mezclarlas o diluirlas con agua destilada, harina y saborizantes. El paso final consiste en conferirles la apariencia de productos auténticos mediante la creación de cajas, registros, sellos y otras características nuevas.Durante los operativos, los funcionarios encontraron cerca de 8.000 variedades distintas de productos farmacéuticos falsos, como analgésicos, tratamientos oncológicos y para el trasplante de órganos, medicinas para la diabetes, la hemofilia y otras enfermedades de alta complejidad.La manera como el entramado ilegal obtenía los insumos tóxicos en diferentes centros asistenciales del país, mientras que los medicamentos fraudulentos los comercializaban en droguerías y en Institutos Prestadores de Salud (IPS) de Bogotá, Medellín, Itagüí , Cali, Manizales, Cúcuta y Soacha.La situación alcanza un nivel alarmante, ya que las autoridades descubrieron un laboratorio de litografía equipado con maquinaria industrial para producir cajas, logotipos, sellos y elementos de seguridad holográficos. Además, se encontró una considerable cantidad de frascos, etiquetas, tapas y piezas metálicas. Resulta preocupante que algunos de los desechos hospitalarios hallados en jeringas y envases de vidrio contenían muestras de sangre y gusanos, indicando presuntamente un uso futuro que plantea serias inquietudes.Por estos hechos, la Fiscalía ha presentado cargos contra los detenidos por delitos que incluyen concierto para delinquir agravado, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, enajenación ilegal de medicamentos, y usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. Notablemente, ocho de los acusados han aceptado formalmente los cargos presentados en su contra.Los investigados son: Elmer Fabio Cerezo Hernández quien, al parecer, compraba los desechos hospitalarios, Fabricio Alirio Chávez Muñoz, señalado falsificador de medicamentos, María Alejandra Chávez Urrea, Francisco Javier Manrique Castro, Juan Carlos Giraldo Arango, Francisco Javier Núñez Sánchez, José Darío Núñez Sánchez, Álvaro Osorio Cardona, Carlos Horacio Gómez Osorio, María Carmelina Álzate Mejía, Cipriano Otalora Rincón y Milcíades Bohórquez Soler, que cumplirían diferentes roles en la cadena criminal.Fabricio Alirio Chávez Muñoz y Cipriano Otalora Rincón fueron enviados a la cárcel y los demás deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.Le puede interesar:
El pasado 02 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud declaró la existencia de razones de interés público para el medicamento Dolutegravir, dedicado a tratar pacientes que tienen VIH, agente causante del SIDA. El objetivo de esto es que el acceso a este sea más práctico y económico para la población ante el aumento de casos en el país.Según Claudia Marcela Vargas, directora de medicamentos y tecnologías del Ministerio de Salud, que explicó en Mañanas Blu el panorama de VIH en Colombia, el aumento de casos es preocupante, pues, entre enero y diciembre de 2021 se registraron 17.876 nuevos casos; la cuenta de alto costo reportó un 12.900 casos nuevos. "El número de casos nuevos ha ido creciendo, significa que el Gobierno debe definir estrategias que nos permitan garantizar al acceso al tratamiento para estas personas", explicó la experta del Ministerio de Salud en Mañanas Blu. Y es por eso que, gracias a la declaratoria, se lograría bajar el precio del medicamento encargado del tratamiento del VIH.La resolución 1579 de 2023 pone en firme la declaratoria de interés público con objetivo de ampliar el acceso a tratamiento. La estimación de disminución de precios es considerable; pues, actualmente el sistema de salud está pagando 430.000 pesos por más, algo más de 4 millones al año. Sin embargo, con esto, este valor se reduciría a $120.000 por tratamiento anual y por mes de 11.000 pesos por caja, más un incremento del 20 % por costos logísticos. "Esta es una herramienta con la que cuentan los países, en el Plan Nacional de Desarrollo se dejó establecido que el Gobierno iba a revisar la utilización de estas medidas y ver si se puede usar en otros casos (...) Para que una patente sea declarada de interés público, se debe cumplir que tenga un impacto importante en la salud de las personas", puntualizó.
El pasado 1 de diciembre el Ministerio de Salud emitió una resolución (1579 de 2023) con el fin de declarar de interés público la patente del medicamento Dolutegravir que es usado por la población que vive con VIH.Esta resolución fue demandada por varias empresas farmacéuticas (Viiv Healthcare Company, Shionogi & Co., LDT y Glaxosmithkline Colombia S.A) y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (AFIDRO). El Ministerio de Salud expidió las resoluciones 2022, 2023 y 2024 del año 2023, en las cuales desestimó los argumentos expuestos en los recursos de reposición interpuestos por estas empresas, por lo que queda en firme la decisión de declarar de interés público el Dolutegravir.Ahora la Superintendencia de Industria y Comercio comenzará el proceso de darle la licencia de este medicamento y que pueda ser usado por los portadores de VIH en Colombia.Según la cartera, esta decisión lo que permite es que el precio del medicamento baje sustancialmente. "De acuerdo con el análisis realizado por el Comité Técnico, se estima que el tratamiento anual con Dolutegravir (TIVICAY® 50 mg) por paciente, bajo el precio reportado en el (Sistema de Información de Precios de Medicamentos) SISMED, tendría un costo de $4.818.894 frente al ofrecido por la OPS con un costo anual de $173.893, lo que implica una diferencia de $4.645.001, con lo cual se podría atender a 27 personas más que con la molécula comercial", se lee en el comunicado compartido por el Ministerio de Salud.Este medicamento estará priorizado para población migrante venezolana (regular e irregular), personas que viven con VIH recién diagnosticadas, personas con falla virológica, personas que requieren profilaxis post exposición que, según la evidencia y análisis presentados por el Ministerio de Salud, requerirán en primera medida el Dolutegravir, para así evitar un impacto mayor en el comportamiento de la epidemia a nivel nacional.Le puede interesar:
“Definitivamente, el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó”, esa es la denuncia que el presidente Gustavo Petro dijo que llevará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) porque, según el mandatario, en la práctica no se está ejecutando lo pactado en 2016 con la antigua guerrilla de las Farc.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación Emilio José Archila, un cargo que ya no existe en el actual Gobierno, aseguró que “sería irónico que un presidente de Colombia fuera a las Naciones Unidas a convencerlos de que ellos están equivocados".Ante las críticas, comentó que durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se logró incorporar los acuerdos en la Constitución sin cambiar ningún artículo, lo cual fue un hito importante para el país en ese momento. Sin embargo, señaló que la implementación de los acuerdos quedó como un mandato para los siguientes cuatro gobiernos.Añadió que eso logró que las mismas Naciones Unidas “aceptara que iban a acompañar a la JEP para la verificación de las sanciones propias cuando te cuando llegara”. Precisó que en ese período se hicieron cambios a la Constitución para que “hubiera más recursos para la para la implementación”.“En materia de políticas públicas, donde tiene el corazón, tiene que poner la plata. Eso implicaba un fortalecimiento institucional, implicaba que existían los niveles y las personas con las capacidades de tener la interlocución con todas las instancias; solo en materia de Naciones Unidas eso permitió, por ejemplo, que a los dos meses de estar en el Gobierno, logramos que la misión de verificación fuera ratificada por todo el período que íbamos a estar”, recalcó.Además, Archila resaltó los logros alcanzados durante su gestión, como la renovación de la ley de víctimas, la financiación para la reincorporación de excombatientes y la coordinación entre la Nación, los departamentos y los municipios en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Asimismo, destacó que se trabajó en la reforma rural integral y la transformación del campo, no solo en la distribución de tierras, sino también en temas como vías, telecomunicaciones y desarrollo rural.Ante los cuestionamientos de Petro sobre la falta de financiamiento para la implementación de los acuerdos, Archila dijo que, si bien los acuerdos no estaban inicialmente financiados, se hicieron esfuerzos para conseguir recursos a través de la cooperación internacional, la creación del marcador presupuestal y el aumento del presupuesto para apoyar a las víctimas.En cuanto a la reforma agraria, explicó que esta se puede realizar sin la necesidad de un proyecto de ley específico, ya que los planes nacionales sectoriales tienen el nivel de ley. Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El senador Julián Gallo, conocido durante el conflicto armado con el alias de ‘Carlos Antonio Lozada’, expresó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, su preocupación por los incumplimientos del acuerdo de paz por parte del Estado y apoyó la decisión del presidente Gustavo Petro de llevar este asunto ante las Naciones UnidasGallo propuso que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y actual presidente del partido Comunes, acompañe a Petro en su presentación ante la ONU."Es fundamental que se escuche también la voz de las antiguas Farc, como alta parte contratante del acuerdo, que hoy en día es un documento oficial de las Naciones Unidas", afirmó el senador.Según el senador Gallo, las modificaciones hechas al acuerdo durante su trámite en el Congreso y decisiones posteriores de la Corte Constitucional distorsionaron el contenido original del acuerdo, algo que, a su parecer, ha afectado su implementación.El senador detalló varios puntos clave donde se han observado mayores fallos, incluyendo la falta de avance en la reforma política necesaria para ajustar los topes y fuentes de financiamiento en las campañas electorales. Además, mencionó que aún no se ha avanzado suficientemente en la distribución y titulación de tierras, aspectos fundamentales para la reforma agraria pactada.Petro denunciará en la ONURecientemente, en la ceremonia de posesión de Mary Lucero Novoa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente Gustavo Petro enfatizó su compromiso con el acuerdo de paz y expresó su determinación de denunciar ante la ONU el incumplimiento del Estado."Si no se cumple el acuerdo de paz, me presentaré ante la ONU para reconocer que el Estado no quiere cumplir lo pactado en 2016", declaró.Petro también criticó el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): cuestionó su eficacia como instancia de cierre y verdad en el proceso de paz. Se refirió al caso de Salvatore Mancuso y las disputas sobre su clasificación y jurisdicción adecuada, Petro destacó que la fragmentación en la administración de la justicia contribuye a la impunidad y obstaculiza la consecución de la verdad y la reparación para las víctimas.
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue tiroteado y se desplomó al suelo este miércoles después de una reunión del Gobierno, según informaron medios locales. El político fue trasladado en helicóptero a un hospital.Las fuerzas de seguridad eslovacas ya han detenido al autor de los disparos.El ataque ocurrió cuando Fico salía de la casa de la cultura en la localidad de Handlová, en el centro del país, donde el Ejecutivo, compuesto por populistas de izquierda y ultranacionalistas, había celebrado una reunión, de acuerdo con el diario Denník N.Fico estaba saludando a un pequeño grupo de ciudadanos reunidos en el exterior, uno de los cuales portaba una pancarta antigubernamental, cuando se escucharon varios disparos. El primer ministro cayó al suelo y su equipo de seguridad lo llevó rápidamente a un vehículo para ser trasladado a un hospital.El diario digital Aktuality informó que un helicóptero llevó al primer ministro al hospital. Un testigo cercano a Fico en el momento del ataque, citado por Denník N, afirmó que el primer ministro presentaba heridas y sangraba.El presunto atacante fue detenido por las fuerzas de seguridad y la Policía acordonó la zona. El Parlamento eslovaco suspendió la sesión que estaba celebrando."Estoy impactada. Le deseo a Robert Fico mucha fuerza en este momento crítico para recuperarse del ataque", declaró la presidenta saliente del país, Zuzana Čaputová.
Aunque en Bucaramamga los jóvenes en edades entre los 15 y 28 años están trabajando en sus propios emprendimientos, no hay una formalización de estos, por eso la alcaldía busca su formalización para que permanezcan en el tiempo. Según el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, las cifras del Dane dan cuenta de que casi el 73% de los jóvenes trabajan en sus propios negocios. “Hoy aplaudimos unas cifras importantes, pero tenemos que ser coherentes y es que muchas de las personas que dicen estar trabajando no tienen empleo formal entonces, nuestra meta es formalizarlos porque de nada vale ser la ciudad de menor desempleo, pero que no tengan empleo formal, que quiere decir, acompañaremos esos proyectos de emprendimiento para que el resultado nos permita que esos proyectos se formalicen y que estén respaldados por el municipio y que se mantengan en el tiempo”, señaló el alcalde Beltrán. El propósito de la administración local es que los jóvenes reciban un apoyo financiero para que generen empleo y desarrollo en la región.“Aquí hay una particularidad y es que Bucaramanga tiene poca industria, pero la capacidad y características del bumangués es que es emprendedor, entonces, tenemos una gran cantidad de jóvenes emprendiendo por eso toda nuestra oferta en el Plan de Desarrollo está en el emprendimiento”, destacó el mandatario.De acuerdo con los resultados de la última en cuenta de empleo del Dane, Bucaramanga ocupa el tercer lugar con menor desempleo con el 8,2%.
La JEP le negó al general en retiro Mauricio Santoyo la libertad condicional, lo anterior, al considerar que el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe no ha aportado una verdad plena para poder acceder a este beneficio.Santoyo fue aceptado por esta jurisdicción por las desapariciones forzadas de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa y por un proceso de enriquecimiento ilícito que, según su abogado, tiene relación con el conflicto.Sin embargo, al no haber aportado verdad, según la JEP, durante una audiencia a la cual fue citado, los magistrados decidieron negarle la libertad.“Santoyo Velasco no realizó aportes de verdad que puedan siquiera de manera preliminar, contribuir a los fines del sistema, a la construcción de memoria y a la garantía de los derechos de las víctimas. El compareciente mantuvo la postura sobre su ausencia de responsabilidad en las investigaciones penales por las cuales se encuentra sometido a esta jurisdicción, derecho que en principio le asiste en razón a su situación jurídica dentro de la justicia ordinaria; sin embargo, omitió realizar cualquier tipo de aporte de verdad y señaló en repetidas ocasiones que no recuerda los hechos, o que los hechos por los cuales se le investiga no tuvieron su participación, o se fundamentaron en denuncias o versiones falsas”, señala la JEP.En el mismo sentido, la JEP le hace un llamado para que aporte verdad plena recordándole que, de no ser así, podría ser expulsado de la jurisdicción. Es importante recordar que Santoyo ya fue condenado en Estados Unidos por presuntas alianzas con el paramilitarismo; sin embargo, ante la JEP dijo que se declaró culpable como una estrategia de su defensa.