La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 11 exintegrantes del Farc-EP por su responsabilidad en 165 hechos delictivos perpetrados en varios departamentos del país, entre ellos Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.De acuerdo con la decisión judicial, los 11 exintegrantes fueron declarados responsables por diferentes conductas delictivas que incluyen homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.Entre los hechos ilícitos documentados por las autoridades se encuentra la toma a las bases de la Policía Antinarcóticos y del Ejército Nacional de Colombia en el municipio de Miraflores, ocurrida el 3 de agosto de 1998. Según lo establecido dentro del proceso judicial, este ataque dejó como resultado la muerte de 19 uniformados y el secuestro de 131 integrantes de la fuerza pública, en uno de los episodios más graves registrados en esa zona del país durante el conflicto armado.Asimismo, dentro de la sentencia se les atribuye la incursión armada al municipio de Mitú, registrada el 26 de octubre de 1998. De acuerdo con la investigación judicial, aproximadamente 1.500 integrantes del entonces Bloque Oriental de las Farc-EP atacaron la estación de policía utilizando armas no convencionales. Como consecuencia de esta incursión armada, fueron asesinados 38 integrantes de la fuerza pública y ocho civiles, mientras que otros 61 policías fueron secuestrados por los insurgentes.La decisión judicial identificó como responsables de estos hechos a los exintegrantes Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, César Díaz Sosa, Críspulo Efraín Quiñónez Barreiro, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Berny Derley Ordóñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez, quienes fueron hallados responsables de los delitos investigados dentro de este proceso judicial.
El traslado se realizó mediante un puente aéreo que se mantiene activo desde el pasado 5 de enero y que permitió llevar combustible esencial hasta los municipios de Mitú y Puerto Inírida.La operación se llevó a cabo desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, en Apiay (Meta), utilizando aeronaves C-130 Hércules, que completaron diez vuelos consecutivos para cumplir con la misión logística. En estos aviones se instalaron equipos especiales conocidos como BATT-TANK (Batt Bulk Aviation Transport Tank), bidones portátiles diseñados para el transporte seguro de combustible en zonas apartadas y de difícil acceso.El abastecimiento aéreo fue solicitado y coordinado por el Ministerio de Minas y Energía como respuesta a la escasez generada por el intenso verano, que ha dejado a varias poblaciones con serias dificultades para recibir combustibles por rutas fluviales. El ACPM transportado es clave para el funcionamiento de plantas eléctricas, servicios básicos y actividades esenciales en estos territorios.La operación refleja la magnitud de la emergencia logística que atraviesan las regiones del suroriente del país, donde el aislamiento geográfico se agrava durante las temporadas secas. Mientras persista el bajo nivel de los ríos, el transporte aéreo se mantiene como una de las pocas alternativas para garantizar el suministro de combustible y evitar una mayor afectación a las comunidades.
Desde el pasado 22 de diciembre de 2025, el municipio de Mitú, capital del departamento del Vaupés, enfrenta una grave crisis por los racionamientos prolongados de energía eléctrica, una situación que, según la Defensoría del Pueblo, no cuenta con una solución estructural clara por parte de las empresas responsables del servicio.La entidad advirtió que la falta de suministro eléctrico está afectando de manera severa a la población y comprometiendo derechos fundamentales como la salud y la vida.A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la Defensoría alertó que los cortes de energía impactan con especial gravedad a niños, niñas, adultos mayores y personas que requieren atención médica permanente, sectores de la población que dependen de manera crítica de la continuidad del servicio eléctrico.Uno de los puntos más críticos de la emergencia es la afectación directa al Hospital San Antonio de Mitú, principal centro de atención médica del municipio. De acuerdo con la Defensoría, los racionamientos ponen en riesgo el derecho a la salud, al comprometer el funcionamiento normal del hospital, la conservación de medicamentos y vacunas, y la atención oportuna de pacientes que requieren servicios constantes y especializados.Además del ámbito sanitario, la crisis energética también ha impactado otros sectores como el comercio, las actividades productivas y la prestación de servicios esenciales como la educación, la seguridad y el acceso al agua potable.La entidad recordó que desde el 26 de diciembre de 2025 ha elevado requerimientos formales, junto con la Procuraduría General de la Nación, a las entidades responsables del suministro eléctrico para que adopten medidas urgentes. Sin embargo, pese a estos llamados y a una reunión interinstitucional realizada el pasado 9 de enero, en la que se evaluó la situación, no se han presentado planes de contingencia claros que permitan garantizar la continuidad del servicio.Según la información divulgada, las entidades responsables indicaron que los racionamientos continuarán debido a un desabastecimiento de combustible, una explicación que no ha venido acompañada de soluciones de fondo ni de un cronograma que permita prever cuándo se normalizará el suministro.La crisis ya ha derivado en manifestaciones comunitarias en el municipio, las cuales han afectado la movilidad y reflejan el creciente malestar de los habitantes frente a la situación.
Desde el 22 de diciembre, más de 12 mil habitantes de Mitú, en el departamento del Vaupés, sufren por la falta de combustible, lo que ha generado cortes de energía y pérdidas en el comercio de hasta 10 millones de pesos por negocio.Es el caso de Sebastián García, propietario de un restaurante, quien se ha visto afectado por el cierre de su negocio. “Desde que estamos en esta contingencia hemos tenido que cerrar siete días. Cuando hay cortes de energía se pierde la cadena de frío y los alimentos se nos han dañado, pero el arriendo y el pago de los empleados sí tenemos que seguir haciéndolos… Entre 8 y 10 millones de pesos son mis pérdidas”, aseguró.La situación obedece a que la sequía en el río Vaupés ha complicado el traslado de combustible hacia esta zona del país, generando intermitencia en el servicio de energía, que por ahora solo se presta cada tres horas.Josué David Matajira, gerente de la Central de Energía Eléctrica del Vaupés, confirmó que el Ministerio de Minas y Energía dispuso aviones para transportar 27 mil galones de gasolina en aeronaves de la Fuerza Aérea, como medida de contingencia mientras se normaliza el traslado fluvial del combustible hacia este municipio, pero por mal tiempo los vuelos no han podido realizarse.“Se necesitan 4 mil galones diarios de gasolina para el suministro de energía en el municipio. Estamos a la espera de que puedan llegar esos 27 mil galones. Actualmente se hace un racionamiento cada tres horas: tres horas con energía y tres horas sin energía por circuito. Tenemos dos circuitos; mientras en uno hay energía, en el otro no, y se va haciendo rotación cada tres horas”, señaló el funcionario.Otro de los sectores afectados son las estaciones de servicio, donde hay enormes filas de conductores buscando algo de combustible para sus vehículos y motocicletas. Además, están sin agua, porque las plantas que bombean el líquido funcionan con energía.Actualmente, el municipio tiene racionamiento de energía cada tres horas y la comunidad pide con prontitud una solución definitiva a esta situación.
La Fiscalía General de la Nación confirmó nuevos hallazgos sobre el caso del subintendente Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado durante la toma de Mitú en 1998 y asesinado por las Farc en 2003, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, indicó que en los dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’, mando de las disidencias de las Farc, se halló información relevante relacionada con el paradero del uniformado.Camargo explicó que el contenido fue detectado durante las verificaciones desarrolladas en el último año y que los detalles ya fueron entregados al Grupo de Búsqueda (Grube), que trabaja en terreno con criminalistas, topógrafos, antropólogos y personal de la Dijín para reducir el área de búsqueda. “En esos dispositivos se encontró información que tiene que ver con el paradero del subintendente Peña Bonilla, y tenemos equipos del Grube y de la Policía Nacional haciendo labores para encontrar los restos humanos”, señaló la fiscal.El subintendente Peña Bonilla es una de las víctimas más emblemáticas de la toma de Mitú. Fue secuestrado por el Bloque Oriental de las Farc junto con otros uniformados que defendían la estación de Policía. Su familia inició una búsqueda que se ha prolongado por más de dos décadas. Diversos testimonios recogidos a lo largo del tiempo han descrito el sufrimiento del uniformado en cautiverio. La versión sobre su asesinato fue narrada por exsecuestrados como Orlando Beltrán ante la JEP, quien relató que Peña habría sido sometido a torturas que le generaron graves problemas mentales y luego fue fusilado bajo el pretexto de un intento de fuga. Otro compañero de cautiverio aseguró haberlo visto por última vez entre diciembre de 2001 y enero de 2002 en un campamento.La nueva información encontrada en los archivos de alias ‘Calarcá’ representa el avance más significativo en años dentro de este caso, cuya resolución es una deuda histórica con la familia del subintendente Peña. La Fiscalía espera que las labores en terreno permitan finalmente localizar sus restos y cerrar un ciclo de dolor que se ha extendido por más de 25 años.
La Registraduría General de la Nación confirmó que los tres funcionarios que viajaban en una avioneta en Mitú, la cual se accidentó este lunes, perdieron la vida luego del grave siniestro.Vale recordar que la Aeronáutica Civil había informado que la aeronave accidentada en Vaupés con funcionarios de la Registraduría había quedado completamente incinerada por lo que se presumía no había sobrevivientes. El rastro de la aeronave, que llevaba cuatro ocupantes, se perdió luego de dos minutos de haber despegado del aeropuerto de Mitú.Según el comunicado de la Registraduría, los funcionarios perdieron la vida de forma accidental cuando regresaban a Mitú, tras concluir la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación. Los funcionarios laboraban en la Delegación Departamental de Vaupés y se movilizaban en una avioneta que cubría la ruta Yavarate - Papanuaua - Bocoa - Mitú.Revelan identidad de funcionariosEl siniestro ocurrió en la comunidad de Bocoa, perteneciente al corregimiento de Papanuaua, en Mitú. En el lugar fallecieron Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes cumplían funciones logísticas y administrativas durante el proceso de inscripción de votantes adelantado del 6 al 9 de noviembre.“La Registraduría Nacional del Estado Civil lamenta profundamente el fallecimiento de los tres funcionarios, quienes se dirigían a Mitú luego de culminar la jornada de inscripción de ciudadanos. Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos”, manifestó el registrador nacional, Hernán Penagos.Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente de la avioneta y las autoridades realizarán las investigaciones pertinentes para determinar lo ocurrido.
Una aeroambulancia de la empresa SAE Ambulancias, un Cessna 206 matrícula HK-1833, se estrelló este 24 de agosto hacia la 1:000 de la tarde en la comunidad de Belén de Inambú, en el departamento del Vaupés, dejando un saldo de cuatro personas muertas.La aeronave había salido de la comunidad de Trinidad del Tiquié con cuatro ocupantes, entre ellos un paciente. Al llegar a la zona reportada, se precipitó a tierra y explotó.La Defensa Civil informó que se activó el Comité de Mitú, el cual, junto con una comisión de la Aeronáutica Civil, se desplazó hasta el lugar del accidente, ubicado a unos 45 minutos de vuelo, para corroborar el estado de quienes viajaban en el avión.Los pasajeros de la aeronave fueron identificados como Jorge Moreno, piloto; Javier Gómez, médico; Luz Milena Londoño, paciente, y un acompañante cuya identidad aún no se ha establecido.La Aeronáutica Civil indicó que en este momento se adelantan las respectivas investigaciones para establecer las causas del accidente y reiteró su compromiso de informar de manera oportuna los avances del proceso.La Defensa Civil recordó también su compromiso con la atención humanitaria y el acompañamiento ante esta emergencia.
El coronel Vianney Javier Rodríguez Porras, actual comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, quien fue secuestrado por las Farc durante diez años, fue seleccionado para realizar el Curso Estratégico de Seguridad (Cesep) con miras a ascender al rango de brigadier general. Rodríguez, quien fue privado de su libertad por la extinta guerrilla el 1° de noviembre de 1998 en Mitú, Vaupés, cuando ostentaba el rango de teniente, expresó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, su sorpresa y gratitud por la oportunidad de realizar el curso que le permitirá ascender al máximo nivel en la jerarquía policial."Nunca pensé abandonar la Policía. Siempre es una vocación. Uno ingresa a la institución y es una institución de toda la vida. Siempre mi anhelo fue continuar y poder llegar a donde hoy en día, pues el mando me dio la oportunidad. Ese es el sueño de todo oficial, y logré llegar a este momento tan importante de mi carrera," afirmó el coronel.El proceso de selección para el Curso Estratégico de Seguridad, que busca llenar la ausencia de generales en la Policía, convocó a diez coroneles de los treinta y dos que se presentaron como aspirantes. En este contexto, Rodríguez es el único oficial que vivió el dramático episodio del secuestro por las Farc, y será el primero en ascender a la máxima graduación de la Policía entre sus compañeros de cautiverio.En cuanto al título de general, Rodríguez explicó que el proceso apenas inicia y agradeció la confianza del cuerpo general y del director de la Policía. El próximo año iniciará el curso, con la meta de culminarlo durante el año para ascender en diciembre al grado de brigadier general."Es un proceso que hasta ahora inicia, ya el día de ayer. Gracias a Dios, a la decisión del Cuerpo General y a la confianza del señor director. Pues iniciamos ya un curso el próximo año para, en lo corrido del año, culminarlo. Y ya en diciembre del próximo año, poder ascender ya al grado de brigadier general," detalló el oficial.Al abordar el tema de su secuestro, Rodríguez compartió que, después de ser liberado en la Operación Jaque, pudo continuar con su vida gracias al apoyo de la institución. Realizó estudios, estuvo en Estados Unidos durante tres años y ocupó diversos cargos en diferentes direcciones, incluyendo antinarcóticos, una escuela en Bogotá, otra en Villavicencio, y el Comando Operativo del Meta, entre otros."Después de eso, por fortuna, el mando, la institución me acogió, tuve la oportunidad de estudiar. Estuve en Estados Unidos. Estuve cerca de tres años en adelante algunos estudios. Posterior a eso, empecé a ocupar algunos cargos en diferentes direcciones", compartió el coronel.Rodríguez también destacó que, a pesar de la difícil situación que vivió, nunca consideró abandonar la Policía. "Siempre es una vocación. Uno ingresa a la institución y es una institución de toda la vida" enfatizó.En cuanto a la situación actual de la Policía, Rodríguez mencionó que es consciente de la escasez de generales, pero evitó hacer comentarios que pudieran afectar el curso de ascenso, señalando que esos temas no son de su competencia.Vea la entrevista completa aquí:
Colombia y el Reino de los Países Bajos conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas y comerciales, una alianza que se ha fortalecido con el paso del tiempo y que hoy convierte al país europeo en un socio estratégico para la economía colombiana.La celebración comenzó con el bautizo del tulipán blanco Kosmo Quynza, una nueva variedad de flor que representa los vínculos humanos, culturales y comerciales construidos entre ambas naciones desde 1826.En materia económica, los Países Bajos se han consolidado como una de las principales puertas de entrada de los productos colombianos al mercado europeo. Actualmente es el primer destino de las exportaciones de Colombia hacia Europa.Solo en 2025, las ventas de productos colombianos a ese país alcanzaron los 1.881,7 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 21.9 % frente al año anterior.Además, durante la última década, empresas neerlandesas han invertido 5.041,5 millones de dólares en Colombia, lo que ubica a los Países Bajos como el tercer mayor inversionista de la Unión Europea en el país.La relación comercial también se refleja en Holland House Colombia, la cámara de comercio bilateral que reúne a más de 500 empresas colombianas y neerlandesas.Más allá del comercio, ambos países trabajan juntos en sectores como agricultura sostenible, salud, agua, transición energética, movilidad, educación, derechos humanos y construcción de paz.La conmemoración de estos 200 años continuará durante todo 2026 con actividades en Bogotá y otras ciudades del país, con el objetivo de resaltar una relación que ha impulsado el desarrollo económico y la cooperación entre Colombia y los Países Bajos.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump regresar al país a una mujer colombiana que había sido deportada a la República Democrática del Congo, pese a que las autoridades de esa nación africana se negaron a recibirla por razones médicas.Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, fue expulsada del territorio estadounidense y llevada al Congo, aún cuando existían objeciones oficiales por parte del gobierno de ese país para admitir su ingreso a ese país.El juez federal Richard J. Leon concluyó que la deportación “probablemente fue ilegal”, debido a que la legislación estadounidense establece que una persona solo puede ser enviada a un tercer país si este acepta formalmente recibirla y el Ministerio del Interior de la República Democrática del Congo habría comunicado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no podía admitir a la colombiana porque el sistema de salud local no estaba en capacidad de atender sus necesidades médicas, pues Adriana María padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, condiciones que requieren atención médica constante y tratamiento especializado.“El Gobierno la envió a la República Democrática del Congo de todos modos”, escribió el juez Leon en su decisión, citada por medios estadounidenses, al advertir que la actuación de las autoridades migratorias podría haber vulnerado los procedimientos establecidos por la ley.Adriana había llegado a Estados Unidos en agosto de 2024, huyendo de Colombia por temor a sufrir nuevas agresiones de su expareja, un hombre presuntamente vinculado a la Policía Nacional de Colombia.De acuerdo con su testimonio entregado a The New York Times, la mujer aseguró haber sido víctima de violencia física y sexual, además de amenazas que la llevaron a abandonar el país buscando protección.Tras ser detenida por ICE al ingresar a territorio estadounidense, un juez migratorio determinó el año pasado que no podía ser deportada a Colombia debido al alto riesgo de que sufriera torturas o persecución, sin embargo, las autoridades optaron por enviarla al Congo, decisión que ahora enfrenta revisión judicial y podría convertirse en un precedente importante frente a las políticas migratorias implementadas durante la administración Trump.
Un accidente de tránsito en el que iban 30 menores se registró este jueves en el municipio de Lourdes, en Norte de Santander. Todos resultaron lesionados y uno de ellos presenta heridas de gravedad.En desarrollo.
A través de un comunicado, Dimayor dio a conocer las fechas y horarios en que se disputarán las semifinales de la Liga BetPlay 2026, que dejó que el primer duelo será este sábado, 16 de mayo, entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en el estadio Manuel Murillo Toro.El duelo entre verdolagas y pijaos quedó programado para las 6:00 de la tarde y, curiosamente, los mayores beneficiados por esta decisión fueron los seguidores del cuadro paisa debido a que sí habrá ingreso de hinchada visitante para este compromiso, así lo hizo saber el cuadro tolimense en sus redes sociales.Los hinchas interesados en este compromiso podrán adquirir su boleta en TuBoleta: https://tuboleta.com/es/eventos/deportes-tolima-vs-nacional-semifinalPrecios y localidades para Tolima vs. NacionalOccidental Numerada — $174.200 + $10.500 | Aforo: 550Occidental General — $133.900 + $8.100 | Aforo: 3.300Oriental — $96.200 + $5.800 | Aforo: 7.000Lateral Norte — $55.900 + $3.400 | Aforo: 3.750Lateral Sur — $46.800 + $2.900 | Aforo: 8.000Nor Occidental Visitante — $104.000 + $6.300 | Aforo: 2.000¿Final adelantada?El duelo entre pijaos y verdolagas será algo apasionante, en especial por el historial fases decisivas entre ambos equipos. Arrancará el 16 de mayo en Ibagué y cerrará el 23 en Medellín, en donde serán 180 minutos para definir a uno de los finalistas que buscarán bordar la estrella de mitad de año en el FPC.Ambos clubes llegan en un excelente nivel y con una ambición alta de lograr un buen resultado. Pero la "ventaja" que tendrá Atlético Nacional será la carga del Tolima en Copa Libertadores, que aún define si clasifica o no a los octavos de final, mientras que ellos tendrán la semana para descansar y preparar el duelo de vuelta.Este se ha convertido en uno de los duelos más comunes en la historia de los torneos cortos del fútbol colombiano, en especial por la calidad de cada uno.
A través de su cuenta en X, Benedetti aseguró que las afirmaciones del magistrado “son mentira” y defendió la gestión del Gobierno. “El CORMPE ha brindado garantías de seguridad como nunca antes en el país”, afirmó.La reacción del ministro se produjo luego de conocerse la carta fechada el 6 de mayo de 2026, en la que Prada expresó preocupación por el deterioro del orden público y el impacto que tendría sobre el derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad. En el documento, el magistrado señaló que la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales representa un riesgo para candidatos, líderes políticos y votantes. Además, citó alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE), según las cuales 185 municipios del país estarían en riesgo electoral, de los cuales 94 tendrían riesgo extremo.Prada también cuestionó la falta de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, mecanismos que considera fundamentales para que partidos y campañas puedan exponer situaciones de riesgo y coordinar respuestas institucionales.Sin embargo, Benedetti sostuvo que el magistrado sí ha sido convocado a esos espacios, incluida una reunión realizada recientemente en Manizales, a la que asistieron cinco magistrados del CNE. “Si usted no asiste pues no va a tener información actualizada y veraz de cómo va el proceso electoral”, escribió el ministro en su publicación.El jefe de la cartera política también aseguró que la carta divulgada por Prada ya había sido respondida desde el pasado 8 de mayo y reiteró que la invitación a participar en la Comisión de Garantías Electorales fue enviada originalmente el 5 de mayo. Finalmente, Benedetti cuestionó el tono de la denuncia del magistrado y afirmó que sus declaraciones “parecen más un show de mala leche que una preocupación real sobre el proceso electoral”.