Este 1 de noviembre se cumplen 28 años de la toma de Mitú, capital del Vaupés, un ataque de las Farc que se extendió durante tres días y dejó 41 personas muertas, entre policías, militares y civiles. La incursión comenzó hacia las 5:30 de la mañana del domingo 1 de noviembre de 1998, cuando cientos de integrantes del Bloque Oriental de esa guerrilla ingresaron al casco urbano y atacaron la estación de Policía.Según los registros del Ejército Nacional, los primeros enfrentamientos estuvieron acompañados de disparos, ráfagas de ametralladora y explosiones de cilindros bomba. Las Farc ocuparon la pista de aterrizaje para impedir la llegada de refuerzos y atacaron las instalaciones policiales. Sin embargo, varios de los cilindros lanzados no alcanzaron su objetivo y cayeron sobre lugares como el colegio, el hospital y otros bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Los combates se concentraron principalmente en el barrio La Floresta y dejaron incomunicado al municipio, según el Observatorio de la Unidad para las Víctimas.En medio del ataque, 24 bachilleres auxiliares de Policía fueron secuestrados. La mayoría fue sacada de sus viviendas durante las primeras horas de la incursión. La llegada de refuerzos también se vio obstaculizada debido a que las aeronaves de la Fuerza Aérea no pudieron aterrizar por los disparos que se registraban en la pista, mientras que las tropas que intentaron ingresar por carretera fueron emboscadas y tuvieron que desembarcar en un punto más alejado, en el kilómetro 22.La toma se prolongó hasta el martes 3 de noviembre. Para entonces, Mitú tenía edificios públicos destruidos, viviendas y establecimientos afectados y una población que intentaba dimensionar lo ocurrido. Según el Ejército, en un recorrido realizado ese día por el alcalde y el inspector de Policía, encontraron las instalaciones de la Caja Agraria arrasadas y los cuerpos de uniformados que todavía permanecían en la estación. También fueron hallados muertos un diputado de la Asamblea Departamental y sus dos hermanos. La respuesta de la Fuerza Pública se desarrolló a través de la Operación Vuelo de Ángel, en la que participaron tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 52 y de la Brigada Móvil No. 3. Al terminar los enfrentamientos, el balance fue de 16 policías, 14 militares y 11 civiles muertos. Los uniformados secuestrados fueron trasladados por las Farc y posteriormente presentados ante medios de comunicación extranjeros y delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja.La dimensión del ataque también se entiende al mirar las características de la población que lo vivió. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, Mitú tenía entonces 9.596 habitantes, de los cuales el 66,6 % pertenecía a comunidades indígenas, organizadas en 19 comunidades. Su ubicación en la frontera con Brasil y las condiciones geográficas del departamento habían facilitado la presencia de las Farc, que desde mediados de los años noventa adelantaban una ofensiva militar en el sur y el oriente del país.De acuerdo con el Ejército Nacional, para el Gobierno de la época, la toma buscaba demostrar la capacidad militar de las Farc y su intención de poner en evidencia la debilidad del Estado en regiones apartadas del país. El secuestro de los uniformados también hizo parte de esa estrategia de presión, en un contexto en el que la guerrilla buscaba forzar un intercambio de personas privadas de la libertad.A 28 años de estos hechos, la toma de Mitú sigue siendo uno de los episodios más recordados del conflicto armado en el Vaupés, no solo por la magnitud del ataque, sino por las consecuencias que dejó entre sus habitantes, las comunidades indígenas y las familias de las víctimas.A propósito de otro aniversario, el Centro Nacional de Memoria Histórica acompañó un acto conmemorativo para recordar a las víctimas y a los habitantes que vivieron el ataque. La jornada se realizó junto a la Gobernación del Vaupés y la Alcaldía de Mitú, mientras que el CNMH señaló que mantener viva esta historia es también un compromiso con la verdad y con las nuevas generaciones, para que hechos como los ocurridos en Mitú no se repitan.
Una operación del Ejército permitió asestar un golpe al tráfico de estupefacientes en Mitú, Vaupés, donde cinco personas fueron capturadas en flagrancia y se produjo la incautación de más de una tonelada de marihuana.El procedimiento se desarrolló este 8 de octubre, hacia las 5:05 de la mañana, en el marco de operaciones adelantadas por tropas de la Cuarta División. En la acción participaron unidades de la Brigada de Selva N.° 31, el Batallón de Infantería de Selva N.° 30 y el BAIMI N.° 4.De acuerdo con el reporte militar, los cinco capturados estarían relacionados con la Estructura Primera ‘Armando Ríos’, del Bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’ de las disidencias de las Farc, una estructura señalada de desarrollar actividades ilícitas en esta zona del país.Durante el procedimiento, los uniformados encontraron 1.058 kilogramos de marihuana, además de tres teléfonos celulares, elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte del proceso judicial.Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Será la Fiscalía y posteriormente un juez de control de garantías quienes determinen su situación jurídica.Más allá de las capturas, el resultado representa un golpe a la capacidad logística de la estructura criminal, debido al volumen del estupefaciente incautado. El Ejército sostiene que la operación afecta también una de las fuentes de financiación de este grupo armado.Según la información entregada por la institución, en Vaupés no se obtenía un resultado de estas características desde hace cuatro años, por lo que la incautación representa uno de los principales golpes recientes contra las redes dedicadas al tráfico de drogas en el departamento.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 11 exintegrantes del Farc-EP por su responsabilidad en 165 hechos delictivos perpetrados en varios departamentos del país, entre ellos Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.De acuerdo con la decisión judicial, los 11 exintegrantes fueron declarados responsables por diferentes conductas delictivas que incluyen homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.Entre los hechos ilícitos documentados por las autoridades se encuentra la toma a las bases de la Policía Antinarcóticos y del Ejército Nacional de Colombia en el municipio de Miraflores, ocurrida el 3 de agosto de 1998. Según lo establecido dentro del proceso judicial, este ataque dejó como resultado la muerte de 19 uniformados y el secuestro de 131 integrantes de la fuerza pública, en uno de los episodios más graves registrados en esa zona del país durante el conflicto armado.Asimismo, dentro de la sentencia se les atribuye la incursión armada al municipio de Mitú, registrada el 26 de octubre de 1998. De acuerdo con la investigación judicial, aproximadamente 1.500 integrantes del entonces Bloque Oriental de las Farc-EP atacaron la estación de policía utilizando armas no convencionales. Como consecuencia de esta incursión armada, fueron asesinados 38 integrantes de la fuerza pública y ocho civiles, mientras que otros 61 policías fueron secuestrados por los insurgentes.La decisión judicial identificó como responsables de estos hechos a los exintegrantes Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, César Díaz Sosa, Críspulo Efraín Quiñónez Barreiro, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Berny Derley Ordóñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez, quienes fueron hallados responsables de los delitos investigados dentro de este proceso judicial.
El traslado se realizó mediante un puente aéreo que se mantiene activo desde el pasado 5 de enero y que permitió llevar combustible esencial hasta los municipios de Mitú y Puerto Inírida.La operación se llevó a cabo desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, en Apiay (Meta), utilizando aeronaves C-130 Hércules, que completaron diez vuelos consecutivos para cumplir con la misión logística. En estos aviones se instalaron equipos especiales conocidos como BATT-TANK (Batt Bulk Aviation Transport Tank), bidones portátiles diseñados para el transporte seguro de combustible en zonas apartadas y de difícil acceso.El abastecimiento aéreo fue solicitado y coordinado por el Ministerio de Minas y Energía como respuesta a la escasez generada por el intenso verano, que ha dejado a varias poblaciones con serias dificultades para recibir combustibles por rutas fluviales. El ACPM transportado es clave para el funcionamiento de plantas eléctricas, servicios básicos y actividades esenciales en estos territorios.La operación refleja la magnitud de la emergencia logística que atraviesan las regiones del suroriente del país, donde el aislamiento geográfico se agrava durante las temporadas secas. Mientras persista el bajo nivel de los ríos, el transporte aéreo se mantiene como una de las pocas alternativas para garantizar el suministro de combustible y evitar una mayor afectación a las comunidades.
Desde el pasado 22 de diciembre de 2025, el municipio de Mitú, capital del departamento del Vaupés, enfrenta una grave crisis por los racionamientos prolongados de energía eléctrica, una situación que, según la Defensoría del Pueblo, no cuenta con una solución estructural clara por parte de las empresas responsables del servicio.La entidad advirtió que la falta de suministro eléctrico está afectando de manera severa a la población y comprometiendo derechos fundamentales como la salud y la vida.A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la Defensoría alertó que los cortes de energía impactan con especial gravedad a niños, niñas, adultos mayores y personas que requieren atención médica permanente, sectores de la población que dependen de manera crítica de la continuidad del servicio eléctrico.Uno de los puntos más críticos de la emergencia es la afectación directa al Hospital San Antonio de Mitú, principal centro de atención médica del municipio. De acuerdo con la Defensoría, los racionamientos ponen en riesgo el derecho a la salud, al comprometer el funcionamiento normal del hospital, la conservación de medicamentos y vacunas, y la atención oportuna de pacientes que requieren servicios constantes y especializados.Además del ámbito sanitario, la crisis energética también ha impactado otros sectores como el comercio, las actividades productivas y la prestación de servicios esenciales como la educación, la seguridad y el acceso al agua potable.La entidad recordó que desde el 26 de diciembre de 2025 ha elevado requerimientos formales, junto con la Procuraduría General de la Nación, a las entidades responsables del suministro eléctrico para que adopten medidas urgentes. Sin embargo, pese a estos llamados y a una reunión interinstitucional realizada el pasado 9 de enero, en la que se evaluó la situación, no se han presentado planes de contingencia claros que permitan garantizar la continuidad del servicio.Según la información divulgada, las entidades responsables indicaron que los racionamientos continuarán debido a un desabastecimiento de combustible, una explicación que no ha venido acompañada de soluciones de fondo ni de un cronograma que permita prever cuándo se normalizará el suministro.La crisis ya ha derivado en manifestaciones comunitarias en el municipio, las cuales han afectado la movilidad y reflejan el creciente malestar de los habitantes frente a la situación.
Desde el 22 de diciembre, más de 12 mil habitantes de Mitú, en el departamento del Vaupés, sufren por la falta de combustible, lo que ha generado cortes de energía y pérdidas en el comercio de hasta 10 millones de pesos por negocio.Es el caso de Sebastián García, propietario de un restaurante, quien se ha visto afectado por el cierre de su negocio. “Desde que estamos en esta contingencia hemos tenido que cerrar siete días. Cuando hay cortes de energía se pierde la cadena de frío y los alimentos se nos han dañado, pero el arriendo y el pago de los empleados sí tenemos que seguir haciéndolos… Entre 8 y 10 millones de pesos son mis pérdidas”, aseguró.La situación obedece a que la sequía en el río Vaupés ha complicado el traslado de combustible hacia esta zona del país, generando intermitencia en el servicio de energía, que por ahora solo se presta cada tres horas.Josué David Matajira, gerente de la Central de Energía Eléctrica del Vaupés, confirmó que el Ministerio de Minas y Energía dispuso aviones para transportar 27 mil galones de gasolina en aeronaves de la Fuerza Aérea, como medida de contingencia mientras se normaliza el traslado fluvial del combustible hacia este municipio, pero por mal tiempo los vuelos no han podido realizarse.“Se necesitan 4 mil galones diarios de gasolina para el suministro de energía en el municipio. Estamos a la espera de que puedan llegar esos 27 mil galones. Actualmente se hace un racionamiento cada tres horas: tres horas con energía y tres horas sin energía por circuito. Tenemos dos circuitos; mientras en uno hay energía, en el otro no, y se va haciendo rotación cada tres horas”, señaló el funcionario.Otro de los sectores afectados son las estaciones de servicio, donde hay enormes filas de conductores buscando algo de combustible para sus vehículos y motocicletas. Además, están sin agua, porque las plantas que bombean el líquido funcionan con energía.Actualmente, el municipio tiene racionamiento de energía cada tres horas y la comunidad pide con prontitud una solución definitiva a esta situación.
La Fiscalía General de la Nación confirmó nuevos hallazgos sobre el caso del subintendente Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado durante la toma de Mitú en 1998 y asesinado por las Farc en 2003, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, indicó que en los dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’, mando de las disidencias de las Farc, se halló información relevante relacionada con el paradero del uniformado.Camargo explicó que el contenido fue detectado durante las verificaciones desarrolladas en el último año y que los detalles ya fueron entregados al Grupo de Búsqueda (Grube), que trabaja en terreno con criminalistas, topógrafos, antropólogos y personal de la Dijín para reducir el área de búsqueda. “En esos dispositivos se encontró información que tiene que ver con el paradero del subintendente Peña Bonilla, y tenemos equipos del Grube y de la Policía Nacional haciendo labores para encontrar los restos humanos”, señaló la fiscal.El subintendente Peña Bonilla es una de las víctimas más emblemáticas de la toma de Mitú. Fue secuestrado por el Bloque Oriental de las Farc junto con otros uniformados que defendían la estación de Policía. Su familia inició una búsqueda que se ha prolongado por más de dos décadas. Diversos testimonios recogidos a lo largo del tiempo han descrito el sufrimiento del uniformado en cautiverio. La versión sobre su asesinato fue narrada por exsecuestrados como Orlando Beltrán ante la JEP, quien relató que Peña habría sido sometido a torturas que le generaron graves problemas mentales y luego fue fusilado bajo el pretexto de un intento de fuga. Otro compañero de cautiverio aseguró haberlo visto por última vez entre diciembre de 2001 y enero de 2002 en un campamento.La nueva información encontrada en los archivos de alias ‘Calarcá’ representa el avance más significativo en años dentro de este caso, cuya resolución es una deuda histórica con la familia del subintendente Peña. La Fiscalía espera que las labores en terreno permitan finalmente localizar sus restos y cerrar un ciclo de dolor que se ha extendido por más de 25 años.
La Registraduría General de la Nación confirmó que los tres funcionarios que viajaban en una avioneta en Mitú, la cual se accidentó este lunes, perdieron la vida luego del grave siniestro.Vale recordar que la Aeronáutica Civil había informado que la aeronave accidentada en Vaupés con funcionarios de la Registraduría había quedado completamente incinerada por lo que se presumía no había sobrevivientes. El rastro de la aeronave, que llevaba cuatro ocupantes, se perdió luego de dos minutos de haber despegado del aeropuerto de Mitú.Según el comunicado de la Registraduría, los funcionarios perdieron la vida de forma accidental cuando regresaban a Mitú, tras concluir la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación. Los funcionarios laboraban en la Delegación Departamental de Vaupés y se movilizaban en una avioneta que cubría la ruta Yavarate - Papanuaua - Bocoa - Mitú.Revelan identidad de funcionariosEl siniestro ocurrió en la comunidad de Bocoa, perteneciente al corregimiento de Papanuaua, en Mitú. En el lugar fallecieron Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes cumplían funciones logísticas y administrativas durante el proceso de inscripción de votantes adelantado del 6 al 9 de noviembre.“La Registraduría Nacional del Estado Civil lamenta profundamente el fallecimiento de los tres funcionarios, quienes se dirigían a Mitú luego de culminar la jornada de inscripción de ciudadanos. Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos”, manifestó el registrador nacional, Hernán Penagos.Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente de la avioneta y las autoridades realizarán las investigaciones pertinentes para determinar lo ocurrido.
Una aeroambulancia de la empresa SAE Ambulancias, un Cessna 206 matrícula HK-1833, se estrelló este 24 de agosto hacia la 1:000 de la tarde en la comunidad de Belén de Inambú, en el departamento del Vaupés, dejando un saldo de cuatro personas muertas.La aeronave había salido de la comunidad de Trinidad del Tiquié con cuatro ocupantes, entre ellos un paciente. Al llegar a la zona reportada, se precipitó a tierra y explotó.La Defensa Civil informó que se activó el Comité de Mitú, el cual, junto con una comisión de la Aeronáutica Civil, se desplazó hasta el lugar del accidente, ubicado a unos 45 minutos de vuelo, para corroborar el estado de quienes viajaban en el avión.Los pasajeros de la aeronave fueron identificados como Jorge Moreno, piloto; Javier Gómez, médico; Luz Milena Londoño, paciente, y un acompañante cuya identidad aún no se ha establecido.La Aeronáutica Civil indicó que en este momento se adelantan las respectivas investigaciones para establecer las causas del accidente y reiteró su compromiso de informar de manera oportuna los avances del proceso.La Defensa Civil recordó también su compromiso con la atención humanitaria y el acompañamiento ante esta emergencia.
El coronel Vianney Javier Rodríguez Porras, actual comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, quien fue secuestrado por las Farc durante diez años, fue seleccionado para realizar el Curso Estratégico de Seguridad (Cesep) con miras a ascender al rango de brigadier general. Rodríguez, quien fue privado de su libertad por la extinta guerrilla el 1° de noviembre de 1998 en Mitú, Vaupés, cuando ostentaba el rango de teniente, expresó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, su sorpresa y gratitud por la oportunidad de realizar el curso que le permitirá ascender al máximo nivel en la jerarquía policial."Nunca pensé abandonar la Policía. Siempre es una vocación. Uno ingresa a la institución y es una institución de toda la vida. Siempre mi anhelo fue continuar y poder llegar a donde hoy en día, pues el mando me dio la oportunidad. Ese es el sueño de todo oficial, y logré llegar a este momento tan importante de mi carrera," afirmó el coronel.El proceso de selección para el Curso Estratégico de Seguridad, que busca llenar la ausencia de generales en la Policía, convocó a diez coroneles de los treinta y dos que se presentaron como aspirantes. En este contexto, Rodríguez es el único oficial que vivió el dramático episodio del secuestro por las Farc, y será el primero en ascender a la máxima graduación de la Policía entre sus compañeros de cautiverio.En cuanto al título de general, Rodríguez explicó que el proceso apenas inicia y agradeció la confianza del cuerpo general y del director de la Policía. El próximo año iniciará el curso, con la meta de culminarlo durante el año para ascender en diciembre al grado de brigadier general."Es un proceso que hasta ahora inicia, ya el día de ayer. Gracias a Dios, a la decisión del Cuerpo General y a la confianza del señor director. Pues iniciamos ya un curso el próximo año para, en lo corrido del año, culminarlo. Y ya en diciembre del próximo año, poder ascender ya al grado de brigadier general," detalló el oficial.Al abordar el tema de su secuestro, Rodríguez compartió que, después de ser liberado en la Operación Jaque, pudo continuar con su vida gracias al apoyo de la institución. Realizó estudios, estuvo en Estados Unidos durante tres años y ocupó diversos cargos en diferentes direcciones, incluyendo antinarcóticos, una escuela en Bogotá, otra en Villavicencio, y el Comando Operativo del Meta, entre otros."Después de eso, por fortuna, el mando, la institución me acogió, tuve la oportunidad de estudiar. Estuve en Estados Unidos. Estuve cerca de tres años en adelante algunos estudios. Posterior a eso, empecé a ocupar algunos cargos en diferentes direcciones", compartió el coronel.Rodríguez también destacó que, a pesar de la difícil situación que vivió, nunca consideró abandonar la Policía. "Siempre es una vocación. Uno ingresa a la institución y es una institución de toda la vida" enfatizó.En cuanto a la situación actual de la Policía, Rodríguez mencionó que es consciente de la escasez de generales, pero evitó hacer comentarios que pudieran afectar el curso de ascenso, señalando que esos temas no son de su competencia.Vea la entrevista completa aquí:
El hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa de basura en California llevó a las autoridades a resolver un caso de asesinato que permaneció sin identificar durante cuatro años. La investigación permitió establecer que la víctima era Paul Wesley Fitzmaurice Jr., un hombre de 73 años, cuya muerte habría sido ocultada por su esposa y su hija, quienes fueron detenidas en noviembre de 2026.El caso comenzó el 28 de septiembre de 2022, cuando una residente que paseaba a su perro encontró restos humanos en el área de Todd Valley, en Foresthill, al norte de California. La Oficina del Sheriff del Condado de Placer recibió el reporte y, debido al estado en que se encontraba la cabeza, inicialmente no logró establecer la identidad de la víctima.Los investigadores adelantaron análisis forenses y enviaron los restos a la Universidad Estatal de California, en Chico. Posteriormente, recurrieron a pruebas de ADN y genealogía genética para reconstruir los vínculos familiares y determinar quién era el hombre.¿Cómo identificaron al hombre encontrado en una bolsa de basura?En enero de 2024, el ADN fue incorporado a un proceso de análisis genético que permitió encontrar posibles familiares de la víctima. Los detectives contactaron a parientes lejanos y obtuvieron muestras que ayudaron a confirmar que se trataba de Paul Wesley Fitzmaurice Jr.Durante las pesquisas, las autoridades establecieron que el hombre vivía en Citrus Heights, en la misma casa que su esposa y su hija, antes de su muerte. Sin embargo, nunca había sido reportado como desaparecido.Los investigadores también descubrieron que las dos mujeres habrían mantenido ante familiares y amigos la versión de que Paul seguía con vida, aunque ya había sido asesinado.¿De qué acusan a la esposa y a la hija de Paul Fitzmaurice?El martes 17 de noviembre de 2026, detectives ejecutaron una orden de registro en la vivienda familiar y detuvieron a Georgia 'Gwenn' Fitzmaurice, de 75 años, y Mary Fitzmaurice, de 45.La hija fue acusada de asesinar a su padre y quedó ingresada en la cárcel de South Placer. Su madre, por su parte, enfrenta cargos por presunta complicidad en el crimen y por ayudar a deshacerse de los restos de Paul.El sheriff Wayne Woo señaló que, según la investigación, ambas habrían sostenido que Paul tenía problemas de consumo de sustancias, se había aislado y desaparecía durante días, pero que regresaba a la casa periódicamente.Además, las autoridades indicaron que las mujeres habrían seguido cobrando los beneficios del Seguro Social y la pensión de Paul. La investigación continúa y las autoridades no han revelado qué habría motivado el asesinato.
De cara al inicio de la temporada decembrina, se conoció una denuncia sobre el incremento de los cobros extorsivos en Medellín bajo la modalidad denominada por los grupos delincuenciales como "aguinaldo navideño".De acuerdo con los reportes revelados desde el Concejo Distrital, estructuras armadas están exigiendo pagos extraordinarios de hasta 2'500.000 pesos a los establecimientos comerciales, sumados a las cuotas periódicas que ya afectan a miles de hogares y negocios en la ciudad.La alerta fue expuesta públicamente por el concejal Andrés Tobón, quien señaló que durante las últimas semanas ha recibido múltiples reportes ciudadanos sobre estas exigencias económicas asociadas a las festividades de fin de año.Según detalló el corporado, en el sector limítrofe entre la comuna 12 (La América) y la comuna 13 (San Javier), integrantes de la estructura criminal conocida como La Agonía estarían exigiendo el pago de 2,5 millones de pesos a cada comercio bajo el argumento de financiar actividades comunitarias en diciembre."Nos informa, por ejemplo, en un sector muy conocido, El Límite, en la Comuna 12 y la Comuna 13, entre la América y San Javier, la estructura criminal de La Agonía está cobrando a los establecimientos un aguinaldo, dicen ellos, del valor de 2.5 millones de pesos supuestamente para las actividades dirigidas a la comunidad, dicen estos desgraciados", afirmó el corporado.El reporte conocido sobre este fenómeno indica que, más allá de los cobros extraordinarios de temporada, la extorsión afecta de manera permanente a cerca de 150.000 hogares y establecimientos comerciales en Medellín. Bajo el concepto de la llamada "cuota de seguridad", los cobros regulares comienzan desde los 2.000 pesos semanales en las viviendas residenciales y alcanzan hasta los 50.000 pesos diarios en el caso de los locales comerciales.Durante su intervención en la corporación, el concejal Andrés Tobón pidió acciones concretas frente a esta modalidad delictiva que suele intensificarse con la llegada de diciembre, mientras las autoridades mantienen habilitadas las líneas de atención del Gaula para recibir las denuncias de los comerciantes y residentes afectados en las distintas comunas de la capital antioqueña.
La crisis humanitaria en el Catatumbo, en Norte de Santander, continúa generando preocupación. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y denunció nuevas intimidaciones contra sus equipos, que adelantan labores de acompañamiento y atención en los territorios afectados por el conflicto armado.De acuerdo con la entidad, las comunidades siguen enfrentando ataques con drones, enfrentamientos entre grupos armados, secuestros y desplazamientos forzados, situaciones que afectan sus derechos fundamentales y limitan la movilidad en diferentes municipios de la región.A este panorama se suma la situación de los funcionarios encargados de desarrollar las misiones humanitarias. La Defensoría denunció que sus equipos han sido objeto de interceptaciones, amenazas e intimidaciones por parte del ELN mientras adelantaban labores en terreno. Incluso, en algunas ocasiones, los integrantes de estas misiones habrían recibido advertencias sobre las condiciones en las que podían movilizarse.La institución también manifestó preocupación por los señalamientos difundidos por el frente 33 contra la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y otras entidades que trabajan en la protección de las comunidades, especialmente en el municipio de Tibú.La gravedad de la situación quedó reflejada en el balance presentado por la Defensoría del Pueblo. Entre el 12 y el 21 de noviembre se documentaron al menos 17 nuevos hechos de violencia en el Catatumbo.Según el reporte, estos acontecimientos dejaron cinco personas muertas, cuatro de ellas integrantes de la fuerza pública y una civil, además de 17 heridos, entre los que se encuentran cinco militares y 12 civiles. También se reportó el secuestro de dos mujeres, quienes posteriormente fueron liberadas.Entre los hechos documentados se encuentran ataques con explosivos lanzados desde drones contra viviendas, instalaciones y zonas rurales de municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata.Uno de los episodios ocurrió el 20 de noviembre, cuando un ataque con explosivos contra una vivienda en la vereda Kilómetro 77, en El Tarra, dejó herida a una niña de dos años. Ese mismo día, en Tibú, otros ataques con drones provocaron lesiones a dos personas y la muerte de un civil. Además, 27 familias, integradas por 57 personas, se desplazaron hacia el casco urbano del municipio.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la misión humanitaria y se abstengan de realizar señalamientos, amenazas o acciones de intimidación contra quienes trabajan en la protección de la población.La entidad insistió en que las labores humanitarias se desarrollan bajo principios de independencia, neutralidad e imparcialidad, y que las intimidaciones ponen en riesgo a sus funcionarios y dificultan la atención de las comunidades que necesitan acompañamiento.
Someterse a un trasplante capilar implica más que elegir una clínica y comparar precios. Antes de realizarse la cirugía, el paciente debe verificar la formación del profesional, las condiciones del establecimiento, los riesgos del procedimiento y los controles posteriores, aspectos que pueden influir en su salud y en el resultado de la intervención.Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar, advierte que una consulta debe priorizar la información clínica y no la venta del procedimiento. Por eso, cuando la atención comienza con descuentos y ofertas, pero no incluye explicaciones sobre las técnicas, los riesgos y las condiciones del paciente, recomienda detenerse y buscar una segunda opinión.¿Qué debe verificar antes de elegir una clínica para un trasplante capilar?Una de las primeras recomendaciones es revisar las credenciales del médico y la habilitación del establecimiento donde se realizará la cirugía. Antes de contratar el servicio, el paciente debe comprobar:Que las acreditaciones de la clínica estén visibles.Que el establecimiento tenga vigente su habilitación.Que el médico esté inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).Que el profesional cuente con la formación y las certificaciones correspondientes para realizar este tipo de intervenciones.Que exista claridad sobre quién realizará cada etapa de la cirugía.La consulta previa también debe incluir una revisión de los antecedentes y la historia clínica del paciente, además de un examen con tricoscopio para identificar las causas de la caída del cabello y evaluar tanto las condiciones del cabello como la zona donante.No todas las personas con pérdida capilar son candidatas a esta cirugía. Algunas formas de alopecia no responden favorablemente al trasplante, por lo que identificar el origen de la caída es un paso necesario antes de recomendar la intervención.¿Qué riesgos tiene un trasplante capilar y qué debe preguntar?En la técnica FUE, el médico debe tener participación durante las diferentes etapas del procedimiento, incluida la extracción de folículos, el diseño, la anestesia y la supervisión de la intervención. Por eso, el paciente debe preguntar quién realizará cada tarea y si el profesional estará presente durante la cirugía.Entre las posibles complicaciones están el sangrado, las infecciones, las dificultades de cicatrización, la pérdida de folículos y los resultados diferentes a los esperados. También pueden aparecer molestias durante la aplicación de la anestesia.Una extracción excesiva de la zona donante o una distribución inadecuada de los folículos puede dejar cicatrices, generar una apariencia artificial o afectar la dirección del crecimiento del cabello.Antes de firmar el consentimiento informado, el paciente debe recibir las órdenes de laboratorio, las recomendaciones pre y posoperatorias, la información sobre medicamentos, los riesgos de la cirugía y un contacto de emergencia con los signos de alarma.Las fotografías de antes y después también deben revisarse con criterio, buscando casos de personas con características similares y sin basar la decisión únicamente en las imágenes promocionales de las clínicas.La decisión de realizarse un trasplante capilar debe partir de una evaluación médica individual y de información transparente, no únicamente de las ofertas comerciales.
Diferentes instituciones del país se sumaron a las voces de rechazo contra el ataque terrorista sufrido en la noche del sábado contra un batallón militar en La Jagua de Ibirico, Cesar. El hecho dejó un soldado muerto y al menos 22 heridos, según las cifras entregadas por la Alcaldía del municipio.A esas voces que condenaron el hecho, se sumó el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien expresó su “solidaridad con el Ejército, las víctimas y familias del cruel y cobarde ataque terrorista que se registró contra el Batallón Especial Energético y Vial en La Jagua de Ibirico”.“Rechazamos estos actos y hacemos un llamado al respeto por la vida y las instituciones”, enfatizó el Procurador en una publicación que hizo en su cuenta de X.Así mismo, la Defensoría del Pueblo, también a través de redes sociales, lamentó la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina durante el ataque.La entidad expresó su preocupación por la creciente utilización de tecnologías y artefactos explosivos por los grupos criminales y los riesgos que esto representa tanto para los integrantes de la fuerza pública y las comunidades.Más temprano el presidente Abelardo De La Espriella condenó fuertemente el hecho y reiteró que este y todos los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil “los narcoterroristas los van a pagar con sangre”. Agregó en su cuenta en la red social X que “cada acción criminal tendrá una respuesta contundente” del Estado “más fuerte, letal e implacable”.“¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia!”, escribió el mandatario.Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, se trasladó hasta La Jagua de Ibirico en la mañana de este domingo, para liderar una mesa de seguridad extraordinaria junto al alcalde, Leonardo Hernandez, y autoridades de Policía y Ejército.Reveló Esquivel que presuntamente el ataque terrorista contra el Batallón Especial Energético y Vial se realizó con “tatucos”. Además, un vehículo fue quemado en la carretera para distraer a los uniformados y varios drones sobrevolaron el municipio.Sobre el uso de drones, el alcalde Leonardo Hernández dijo que estos incluso sobrevolaron los alrededores del hospital de La Jagua, cuando los soldados heridos eran atendidos. Por la tensa situación decidió declarar el toque de queda por 24 horas.Agregó el mandatario municipal que la población civil tiene zozobra y mucha preocupación ante la posibilidad de que se presenten nuevos ataques.Por último, destacó Hernández que este ataque que él atribuye al ELN, se dio por los últimos golpes que se vienen propinando contra todas sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, entre esos el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de cocaína en la Serranía del Perijá.