Con el giro de más de 27.300 millones de pesos que hará Nueva EPS a siete clínicas del Cesar y La Guajira se apagan, por ahora, las alarmas que se habían encendido esta semana sobre una eventual crisis hospitalaria derivada de la falta de atención a los usuarios de dicha EPS, debido a las multimillonarias deudas que tiene esta entidad con las instituciones prestadoras de salud.Las IPS habían decidido suspender los servicios a los usuarios de Nueva EPS hasta tener claridad sobre cuánto y cuándo les harían un abono, y la respuesta llegó en las últimas horas por parte de la misma entidad, quien informó que “el pasado 30 de septiembre, ante la Adres, se confirmaron giros por más de $27.300 millones correspondiente a la facturación del mes de agosto, conforme al cronograma de pagos establecido”.“Para ser precisos, y después de la postulación respectiva ante la Adres, se girarán en total $ 27.364.515.782 al Grupo Clínica Médicos, Clínica Alta Complejidad de Aguachica, Empresa Multiactiva de Salud, Clínica Valledupar, Clínica del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar y Clínica San Juan Bautista (La Guajira)”, explicó Nueva EPS a través de un comunicado.De esta manera, Nueva EPS recalcó que la postulación ya quedó hecha a la Adres, para que se realicen los giros respectivos, de acuerdo con los tiempos determinados por esta entidad.Luego, al recibir esta información, el Grupo Clínica Médicos, que agrupa a las mencionadas IPS, informó que “está garantizada la continuidad plena en la prestación de servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de la Nueva EPS en el departamento del Cesar y la Guajira”.“Esta decisión es resultado de la reciente reunión sostenida con las directivas de Nueva EPS a nivel nacional, donde se reafirmó el compromiso mutuo para asegurar la calidad y el acceso a la atención médica”, dijo el gremio.
Este lunes se conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.Allí se acordó que la OMS enviará en los próximos días una comisión de expertos a Colombia para acompañar la discusión de la reforma a la salud que iniciará en febrero en el Congreso y que lidera la ministra Carolina Corcho.El tema es de suma importancia para el sector y la implicación en el sistema de salud de los colombianos. Al respecto, Denis Honorio Silva, presidente de Colombia Saludable, habló de la propuesta de modificación a la reforma a la salud, anticipándose a la que presentará el Gobierno Nacional.“Solicitamos participar en la construcción de la propuesta y la respuesta de la ministra fue que el proyecto ya estaba construido desde la campaña y, como no hicimos parte de ella, no pudimos participar. Proponemos cuatro cosas fundamentales: la primera, pasar de las EPS a un modulador que garantizaría la prestación de salud, sin intermediación”, indicó en Blu Radio.A su vez, Silva indicó que debe existir un capítulo especial para el talento humano y solicitó al Ministerio del Trabajo generar una política especial para trabajadores del sector salud, en la que se establezcan pagos dignos.“En el tema de la protección financiera, nos alejamos de la propuesta de la doctora Carolina Corcho y el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), en la que plantea tener uno en cada departamento. Ella dice que hay dinero en la salud, pero no hemos iniciado, por ejemplo, el tema de la vacunación contra la viruela”, señaló.El presidente de Colombia Saludable habló de lo que ha llamado la propuesta para la vida en materia de prevención y mencionó a la exsenadora y exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que con la ley 1438 ya había abordado este tema en el país.“El sistema le ofrece el mismo modelo de salud a todos los ciudadanos, a través de las EPS. Y para los territorios alejados debemos pensar de manera diferente. Nuestra propuesta es que el modulador, con la población civil, haga inventario de los hospitales en los territorios", enfatizó.Finalmente, Silva aclaró que, si bien no conoce el texto oficial de la ministra Corcho, no entregó una contrarreforma, sino una propuesta basada en que el modulador no maneje recursos, sino que sea el ADRES directamente.“No es lo mismo la evaluación del sistema de salud en las grandes ciudades que en las pequeñas poblaciones”, dijo sobre las críticas al actual modelo que opera en el país.
Durante la presentación del plan decenal de salud para los próximos 10 años, el presidente de la República, Iván Duque, hizo una advertencia y es que el país podría tener un pico en sus cifras por cuenta de contagios de COVID-19 en las próximas semanas, esto ante el aumento de casos en el país durante la última semana que fue de 8.742 casos.Duque enfatizó en que la pandemia no ha terminado, por lo que hizo un llamado a los colombianos a mantener medidas de bioseguridad.“La pandemia no ha terminado, queridos amigos, y estamos viendo que en varios países de América Latina se está empezando a ver un brotecito, un piquito por llamarlo así, en términos de contagios y Colombia no es la excepción, hemos visto como en los últimos días, comparados con las últimas semanas, se han subido un poco más los contagios, no podemos, afortunadamente, decir que eso se está presentando en términos de la letalidad”, expresó el presidente Iván Duque.El presidente sancionó el decreto mediante el cual se expide el Plan Decenal de Salud Pública para el país durante el periodo 2022-2031. Fernando Ruiz, ministro de Salud, le expresó al presidente Iván Duque que, “hoy cumplimos una de sus promesas de Gobierno, consagrada en el Plan de Desarrollo. El día que me posesioné, usted me pidió que este Plan Decenal de Salud Pública, con toda la política sectorial, se convirtiera en una política de Estado, hoy le estamos cumpliendo al país”.El funcionario señaló que este plan decenal se basa en pilares como: cultura para la vida, protección social y la salud, ambiente y salud, e integralidad en salud.El ministro de Salud resaltó que este plan decenal tiene un mayor valor, no solo porque está construido con una línea de acción intersectorial, sino porque recoge las necesidades y expectativas de la población de manera diferenciada y con una alta representatividad.“Proyectamos que, con este plan, en diez años hayamos avanzado en la garantía del derecho a la salud con equidad y oportunidad, gracias a esa acción intersectorial para la gestión de los determinantes sociales de la salud”, indicó el ministro Ruiz.Entre tanto, Duque aseguró que el plan no solo contempla la sostenibilidad financiera del sistema de salud, “está acorde con la ampliación de la infraestructura en materia de salud, para que podamos tener una mejor definición y sistemas de construcción de hospitales, que puedan pasar de la primera a la cuarta categoría, con una evaluación precisa”.El plan se construyó a partir de las lecciones que dejo el COVID-19 y se llegó gracias a la concertación con todos los actores del sistema y su enfoque principal es la prevención.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Un juez de Bogotá condenó, en primera instancia, a 10 años de cárcel al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino, por la apropiación irregular de recursos de esa EPS, lo cual generó un millonario detrimento de más de 398.000 millones de pesos.En la sentencia, de 318 páginas, se planteó que Carlos Palacino desvió los recursos parafiscales de la administradora Saludcoop EPS para incrementar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras, activos fijos, apropiación de reservas voluntarias y gastos u operaciones económicas, sin relación con el servicio de salud, con cargo a la unidad de pago por capitación, es decir, el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.“Además, rentas parafiscales que ingresaron a las cuentas de Saludcoop EPS y de terceros, que no le pertenecían a la persona jurídica en cita; afectándose la liquidez y capital de trabajo para cumplir con el aseguramiento en la salud de sus afiliados, y cubrir las cuentas de proveedores de servicios de la red externa”, precisó la sentencia.La Fiscalía se refirió a la naturaleza de Saludcoop EPS OC, indicando que esta fue constituida como una empresa asociativa sin ánimo de lucro, con una función básica de organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan obligatorio de salud a los afiliados al sistema, con personería jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud otorgada mediante resolución 0186 de 1995; siendo su presidente ejecutivo y bajo la representación legal de Carlos Palacino, cargo que ocupó del año 1995 hasta el 2004.El juez también condenó al empresario Palacino al pago de 296.000 millones de pesos por perjuicios materiales ocasionados con el delito, en favor del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y señaló que de quedar en firme esta sentencia, será emitida la orden de captura contra Palacino, quien en estos momentos tiene libertad provisional.Palacino, por lo pronto, tampoco podrá ejercer cargos públicos o celebrar contratos con el Estado.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Durante los últimos días, Colombia ha tenido una positividad de la propagación del COVID-19 en un 2%, lo que evidencia una disminución considerable a pesar de la propagación de la variante ómicron y su dominancia en el país.En diálogo con BLU Radio, la viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, María Andrea Godoy confirmó que ya se esta evaluando la posibilidad de incluir dentro del plan de beneficios en el sistema de salud el cubrimiento de la realización de pruebas COVID-19, vacunas y tratamientos contra este virus que puso en jaque a la humanidad.“Cuando ya esto pasa a ser una endemia, termina siendo una necesidad que quede incluido en la UPC. Para el año 2023 nosotros ya estamos considerando que quede cubierto bajo algunas financiaciones del Gobierno. Lo que son pruebas con recursos del sistema, y estamos analizando en la vacunación para qué poblaciones o cómo quedará incluida en la financiación del estado”, mencionó la Viceministra Godoy.En la actualidad, el Gobierno es responsable de los gastos en la adquisición de vacunas, pruebas y tratamientos por la vigente emergencia sanitaria que vive Colombia y los auxilios extraordinarios durante la pandemia. La intención es que una vez se declare endemia o controlada la propagación del virus, se puedan incluir estos costos de manera oficial dentro de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se destina a todas las EPS e IPS.
El Gobierno en los últimos días mencionó que, a 31 de diciembre de 2021, se han girado a prestadores, proveedores y EPS $6.1 billones para sanear las deudas que tiene el sistema de Salud. Sin embargo, según la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) ya hay auditadas deudas por encima de los 13 billones por lo que es importante utilizar otros recursos para cumplir con ese borrón y cuenta nueva que propuso el gobierno de Iván Duque.En las próximas horas, el Ministerio de Salud expedirá un decreto que reglamenta el uso obligatorio de las reservas técnicas para poder cubrir todas las obligaciones que se tienen con los prestadores en salud.“Los recursos que dimos desde el acuerdo de punto final terminan siendo flujo de caja porque son una inyección de dinero que están recibiendo las EPS e IPS. Adicionalmente, para las deudas ordinarias que se han ido acumulando entre el sistema de salud se está expidiendo un decreto en el cuál se le va a obligar a las EPS que tienen acumuladas carteras por más de 180 días a que usen las inversiones de reservas técnicas para poder sanear todas las deudas”, explicó la viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, María Andrea Godoy.Vea también: El propósito principal de las reservas técnicas es mantener una provisión en las EPS para garantizar el pago de la prestación de servicios de salud en cuanto a los servicios que hagan parte del plan obligatorio de salud y las incapacidades por enfermedad general. El problema es que estas reservas se utilizan sobre todo previendo la deuda a futuro que pueda tener una prestadora de salud para garantizar el servicio.Según el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, se debe buscar una forma menos riesgosa de garantizar el saneamiento de deudas en salud que no perjudique el funcionamiento a futuro de hospitales y clínicas. Con la liquidación de dos de las EPS más grandes en el país, existe un vacío económico en los pagos de trabajadores y atención de pacientes.“Si yo utilizó la reserva técnica de las autorizaciones que hago para pagar deudas anteriores, la pregunta es cómo garantizo mis gastos a futuro con las autorizaciones si utilice ese dinero en deudas del pasado. No estamos pensando en el sostenimiento del sistema de salud del futuro”, le dijo a BLU Radio Enrique Peñaloza Quintero, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.En un estudio del Instituto se entregan recomendaciones para que las EPS sean las verdaderas aseguradoras en salud, para manejar la prevención y no disponer de todos los recursos para la enfermedad.Dentro de sus recomendaciones se encuentra unificar los regímenes contributivo y subsidiado, contar con un rol de asegurador único con exclusiones en salud, generar eficiencias para fortalecer las fuentes financieras y apalancar el aseguramiento voluntario para disminuir costos.El gobierno incluso ha dispuesto de otras medidas para evitar que la deuda en salud siga creciendo: Una de ellas es la actualización de las reglas de contratación entre aseguradores y prestadores unificando las reglas de validación de la factura electrónica y sus soportes.Además, se están habilitando recursos a través de una línea de redescuento de tasa compensada de Findeter por $450 mil millones para efectos de los hospitales y clínicas que se han visto impactadas por las liquidaciones de EPS.
Tras conocerse la alerta por aumento de muertes de mujeres en embarazo en Antioquia asociadas a COVID, las autoridades implementaron varias medidas de urgencia para lograr que esta población se vacune y, además, asista a todos los controles necesarios. Las tareas se concretarán en el Urabá y Valle de Aburrá que son las subregiones con más casos.Las autoridades en Antioquia aseguraron que, con corte de 21 de agosto de 2021, han fallecido 35 maternas, 23 de ellas por COVID-19. Una cifra preocupante teniendo en cuenta que en todo 2019 fueron 25 casos y durante 2020, 34 casos. Por ello, Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia, instaron a las IPS a mejorar el contacto con las mujeres en embarazo y a que estas se vacunen, pues el coronavirus ha sido la principal causa de este aumento.“Movilizar a todos los actores del sistema de salud para que nos ayuden a tener una atención oportuna y pertinente al momento de que una materna consulte, también invitar a nuestras maternas a que utilicen toda las medidas de bioseguridad para evitar el contagio con COVID, a que se vacunen y a que asistan a todos los controles” informó Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.Y además del COVID, las hemorragia obstétricas, preclamsia o ruptura uterina, son otros de los motivos de fallecimiento. Urabá, con 12 casos, es la subregión que preocupa a las autoridades, seguida de Valle de Aburrá con 8 y Oriente con 5.
A partir de este martes 10 de agosto la Nueva EPS prestará servicios médicos a 410.663 afiliados provenientes de la EPS Comparta en liquidación.Estos afiliados de Comparta EPS están ubicados en 13 departamentos del país, principalmente en Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Magdalena, Santander, Cesar, Córdoba y Tolima. "Estas personas tendrán garantizada la continuidad en su atención, estamos preparados para garantizar las mejores condiciones de servicio para los afiliados asignados, contamos con una red de atención robusta y la cobertura necesaria, para ofrecer una atención integral a dicha población”, afirmó Mónica Rey Dueñas, vicepresidenta de operaciones de Nueva EPS. Los antiguos afiliados a Comparta EPS podrán consultar con su número de identificación información sobre su traslado en www.nuevaeps.co. También pueden comunicarse a la línea gratuita nacional 018000 954400 para el régimen contributivo y el 018000 9520000 para el subsidiado.“Lo más importante que deben saber los afiliados que llegan a Nueva EPS, es que no tienen que realizar ningún tipo de procedimiento administrativo, el proceso es automático y no tienen necesidad de realizar ningún trámite adicional, sin embargo, es importante actualizar sus datos de contabilidad mediante los canales de la Compañía” aseguró Mónica Rey Dueñas.
El director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Muñoz, anunció la fecha en que terminará la primera fase de vacunación contra el COVID-19 en el país.“Vamos a garantizar que antes del 20 de marzo completar la primera etapa de la fase uno. Esto es, más de 300,000 personas del personal de la salud vacunadas en primera línea y más de 1.200.000 personas mayores de 80 años”, dijo,Esto, tras la llegada en la mañana de este miércoles de 50.310 dosis de vacunas Pfizer. De esta manera, se completan 100.000 dosis de esta farmacéutica más 192.000 de Sinovac.Con este nuevo lote, el director reiteró que han garantizado más de 1.600.000 vacunas durante este primer mes de trabajo.Con la aprobación del Invima para el uso de emergencia de la farmacéutica AstraZeneca, que se espera llegue al país e los próximos días, según el gobierno nacional, se hizo otro importante anuncio.“Semanalmente estaremos recibiendo dosis por parte de la farmacéutica Pfizer y estaremos recibiendo en un par de semanas también un lote muy importante por parte de la farmacéutica Sinovac”, expresó.Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, también acompañó la llegada de estas vacunas y afirmó: “Complementamos la vacunación del personal en salud de las ciudades capitales y áreas metropolitanas y zonas que tienen disposición de ultra congelación para la vacuna Pfizer 100,000 dosis que completarán con 100,000 adicionales la semana entrante”.
La Corte Constitucional estudió cerca de 30 tutelas donde los pacientes alegaban la vulneración de sus derechos al no ser entregados implementos como pañales, pañitos, cremas y sillas de ruedas que tenían que pagar con su dinero las personas.La sentencia de ponencia del presidente de la corte, Alberto Rojas Ríos, y José Fernando Reyes, fijó las reglas para que las personas puedan acceder a estos servicios y que beneficiarán a personas que cotizan o están subsidiadas en el plan de beneficios de salud.La regla es que este tipo de entrega se dará únicamente si es ordenada por el médico.La corte dijo en su sentencia que en los casos que fueron analizados, se encontraron casos en que las pacientes argumentaban ser de escasos recursos económicos lo que dificultaba la adquisición de estos implementos.Al no encontrarse una norma que especificara esta entrega, la corte encontró un vacío y un debate sobre la responsabilidad de esta entrega, por lo que decidió poner fin a las reiteradas quejas unificando los criterios.Deberá existir prescripción médica según el alto tribunal, pero en caso de que no exista esta indicación médica, el paciente podrá presentar una tutela alegando la entrega de pañales, pañitos, sillas de ruedas, entre otros ante la necesidad, según explicó la corte.Dentro de la sentencia también quedó el caso de las cremas anti costras que sirven para la irritación o lesiones cutáneas, ya que se comprobó que no están por fuera del plan de beneficios. La corte entiende que sí están incluidas en el plan de beneficios de salud, por lo que también ordenó a las EPS a entregarlas.“La corte reiteró que el derecho al diagnóstico, como componente integral del derecho fundamental a la salud, implica una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos médicos que requiere”, manifestó el tribunal.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.