Con el giro de más de 27.300 millones de pesos que hará Nueva EPS a siete clínicas del Cesar y La Guajira se apagan, por ahora, las alarmas que se habían encendido esta semana sobre una eventual crisis hospitalaria derivada de la falta de atención a los usuarios de dicha EPS, debido a las multimillonarias deudas que tiene esta entidad con las instituciones prestadoras de salud.Las IPS habían decidido suspender los servicios a los usuarios de Nueva EPS hasta tener claridad sobre cuánto y cuándo les harían un abono, y la respuesta llegó en las últimas horas por parte de la misma entidad, quien informó que “el pasado 30 de septiembre, ante la Adres, se confirmaron giros por más de $27.300 millones correspondiente a la facturación del mes de agosto, conforme al cronograma de pagos establecido”.“Para ser precisos, y después de la postulación respectiva ante la Adres, se girarán en total $ 27.364.515.782 al Grupo Clínica Médicos, Clínica Alta Complejidad de Aguachica, Empresa Multiactiva de Salud, Clínica Valledupar, Clínica del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar y Clínica San Juan Bautista (La Guajira)”, explicó Nueva EPS a través de un comunicado.De esta manera, Nueva EPS recalcó que la postulación ya quedó hecha a la Adres, para que se realicen los giros respectivos, de acuerdo con los tiempos determinados por esta entidad.Luego, al recibir esta información, el Grupo Clínica Médicos, que agrupa a las mencionadas IPS, informó que “está garantizada la continuidad plena en la prestación de servicios de salud a los afiliados y beneficiarios de la Nueva EPS en el departamento del Cesar y la Guajira”.“Esta decisión es resultado de la reciente reunión sostenida con las directivas de Nueva EPS a nivel nacional, donde se reafirmó el compromiso mutuo para asegurar la calidad y el acceso a la atención médica”, dijo el gremio.
Este lunes se conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el marco de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.Allí se acordó que la OMS enviará en los próximos días una comisión de expertos a Colombia para acompañar la discusión de la reforma a la salud que iniciará en febrero en el Congreso y que lidera la ministra Carolina Corcho.El tema es de suma importancia para el sector y la implicación en el sistema de salud de los colombianos. Al respecto, Denis Honorio Silva, presidente de Colombia Saludable, habló de la propuesta de modificación a la reforma a la salud, anticipándose a la que presentará el Gobierno Nacional.“Solicitamos participar en la construcción de la propuesta y la respuesta de la ministra fue que el proyecto ya estaba construido desde la campaña y, como no hicimos parte de ella, no pudimos participar. Proponemos cuatro cosas fundamentales: la primera, pasar de las EPS a un modulador que garantizaría la prestación de salud, sin intermediación”, indicó en Blu Radio.A su vez, Silva indicó que debe existir un capítulo especial para el talento humano y solicitó al Ministerio del Trabajo generar una política especial para trabajadores del sector salud, en la que se establezcan pagos dignos.“En el tema de la protección financiera, nos alejamos de la propuesta de la doctora Carolina Corcho y el ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), en la que plantea tener uno en cada departamento. Ella dice que hay dinero en la salud, pero no hemos iniciado, por ejemplo, el tema de la vacunación contra la viruela”, señaló.El presidente de Colombia Saludable habló de lo que ha llamado la propuesta para la vida en materia de prevención y mencionó a la exsenadora y exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que con la ley 1438 ya había abordado este tema en el país.“El sistema le ofrece el mismo modelo de salud a todos los ciudadanos, a través de las EPS. Y para los territorios alejados debemos pensar de manera diferente. Nuestra propuesta es que el modulador, con la población civil, haga inventario de los hospitales en los territorios", enfatizó.Finalmente, Silva aclaró que, si bien no conoce el texto oficial de la ministra Corcho, no entregó una contrarreforma, sino una propuesta basada en que el modulador no maneje recursos, sino que sea el ADRES directamente.“No es lo mismo la evaluación del sistema de salud en las grandes ciudades que en las pequeñas poblaciones”, dijo sobre las críticas al actual modelo que opera en el país.
Durante la presentación del plan decenal de salud para los próximos 10 años, el presidente de la República, Iván Duque, hizo una advertencia y es que el país podría tener un pico en sus cifras por cuenta de contagios de COVID-19 en las próximas semanas, esto ante el aumento de casos en el país durante la última semana que fue de 8.742 casos.Duque enfatizó en que la pandemia no ha terminado, por lo que hizo un llamado a los colombianos a mantener medidas de bioseguridad.“La pandemia no ha terminado, queridos amigos, y estamos viendo que en varios países de América Latina se está empezando a ver un brotecito, un piquito por llamarlo así, en términos de contagios y Colombia no es la excepción, hemos visto como en los últimos días, comparados con las últimas semanas, se han subido un poco más los contagios, no podemos, afortunadamente, decir que eso se está presentando en términos de la letalidad”, expresó el presidente Iván Duque.El presidente sancionó el decreto mediante el cual se expide el Plan Decenal de Salud Pública para el país durante el periodo 2022-2031. Fernando Ruiz, ministro de Salud, le expresó al presidente Iván Duque que, “hoy cumplimos una de sus promesas de Gobierno, consagrada en el Plan de Desarrollo. El día que me posesioné, usted me pidió que este Plan Decenal de Salud Pública, con toda la política sectorial, se convirtiera en una política de Estado, hoy le estamos cumpliendo al país”.El funcionario señaló que este plan decenal se basa en pilares como: cultura para la vida, protección social y la salud, ambiente y salud, e integralidad en salud.El ministro de Salud resaltó que este plan decenal tiene un mayor valor, no solo porque está construido con una línea de acción intersectorial, sino porque recoge las necesidades y expectativas de la población de manera diferenciada y con una alta representatividad.“Proyectamos que, con este plan, en diez años hayamos avanzado en la garantía del derecho a la salud con equidad y oportunidad, gracias a esa acción intersectorial para la gestión de los determinantes sociales de la salud”, indicó el ministro Ruiz.Entre tanto, Duque aseguró que el plan no solo contempla la sostenibilidad financiera del sistema de salud, “está acorde con la ampliación de la infraestructura en materia de salud, para que podamos tener una mejor definición y sistemas de construcción de hospitales, que puedan pasar de la primera a la cuarta categoría, con una evaluación precisa”.El plan se construyó a partir de las lecciones que dejo el COVID-19 y se llegó gracias a la concertación con todos los actores del sistema y su enfoque principal es la prevención.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Un juez de Bogotá condenó, en primera instancia, a 10 años de cárcel al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino, por la apropiación irregular de recursos de esa EPS, lo cual generó un millonario detrimento de más de 398.000 millones de pesos.En la sentencia, de 318 páginas, se planteó que Carlos Palacino desvió los recursos parafiscales de la administradora Saludcoop EPS para incrementar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras, activos fijos, apropiación de reservas voluntarias y gastos u operaciones económicas, sin relación con el servicio de salud, con cargo a la unidad de pago por capitación, es decir, el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.“Además, rentas parafiscales que ingresaron a las cuentas de Saludcoop EPS y de terceros, que no le pertenecían a la persona jurídica en cita; afectándose la liquidez y capital de trabajo para cumplir con el aseguramiento en la salud de sus afiliados, y cubrir las cuentas de proveedores de servicios de la red externa”, precisó la sentencia.La Fiscalía se refirió a la naturaleza de Saludcoop EPS OC, indicando que esta fue constituida como una empresa asociativa sin ánimo de lucro, con una función básica de organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan obligatorio de salud a los afiliados al sistema, con personería jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud otorgada mediante resolución 0186 de 1995; siendo su presidente ejecutivo y bajo la representación legal de Carlos Palacino, cargo que ocupó del año 1995 hasta el 2004.El juez también condenó al empresario Palacino al pago de 296.000 millones de pesos por perjuicios materiales ocasionados con el delito, en favor del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y señaló que de quedar en firme esta sentencia, será emitida la orden de captura contra Palacino, quien en estos momentos tiene libertad provisional.Palacino, por lo pronto, tampoco podrá ejercer cargos públicos o celebrar contratos con el Estado.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Durante los últimos días, Colombia ha tenido una positividad de la propagación del COVID-19 en un 2%, lo que evidencia una disminución considerable a pesar de la propagación de la variante ómicron y su dominancia en el país.En diálogo con BLU Radio, la viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, María Andrea Godoy confirmó que ya se esta evaluando la posibilidad de incluir dentro del plan de beneficios en el sistema de salud el cubrimiento de la realización de pruebas COVID-19, vacunas y tratamientos contra este virus que puso en jaque a la humanidad.“Cuando ya esto pasa a ser una endemia, termina siendo una necesidad que quede incluido en la UPC. Para el año 2023 nosotros ya estamos considerando que quede cubierto bajo algunas financiaciones del Gobierno. Lo que son pruebas con recursos del sistema, y estamos analizando en la vacunación para qué poblaciones o cómo quedará incluida en la financiación del estado”, mencionó la Viceministra Godoy.En la actualidad, el Gobierno es responsable de los gastos en la adquisición de vacunas, pruebas y tratamientos por la vigente emergencia sanitaria que vive Colombia y los auxilios extraordinarios durante la pandemia. La intención es que una vez se declare endemia o controlada la propagación del virus, se puedan incluir estos costos de manera oficial dentro de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se destina a todas las EPS e IPS.
El Gobierno en los últimos días mencionó que, a 31 de diciembre de 2021, se han girado a prestadores, proveedores y EPS $6.1 billones para sanear las deudas que tiene el sistema de Salud. Sin embargo, según la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) ya hay auditadas deudas por encima de los 13 billones por lo que es importante utilizar otros recursos para cumplir con ese borrón y cuenta nueva que propuso el gobierno de Iván Duque.En las próximas horas, el Ministerio de Salud expedirá un decreto que reglamenta el uso obligatorio de las reservas técnicas para poder cubrir todas las obligaciones que se tienen con los prestadores en salud.“Los recursos que dimos desde el acuerdo de punto final terminan siendo flujo de caja porque son una inyección de dinero que están recibiendo las EPS e IPS. Adicionalmente, para las deudas ordinarias que se han ido acumulando entre el sistema de salud se está expidiendo un decreto en el cuál se le va a obligar a las EPS que tienen acumuladas carteras por más de 180 días a que usen las inversiones de reservas técnicas para poder sanear todas las deudas”, explicó la viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, María Andrea Godoy.Vea también: El propósito principal de las reservas técnicas es mantener una provisión en las EPS para garantizar el pago de la prestación de servicios de salud en cuanto a los servicios que hagan parte del plan obligatorio de salud y las incapacidades por enfermedad general. El problema es que estas reservas se utilizan sobre todo previendo la deuda a futuro que pueda tener una prestadora de salud para garantizar el servicio.Según el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, se debe buscar una forma menos riesgosa de garantizar el saneamiento de deudas en salud que no perjudique el funcionamiento a futuro de hospitales y clínicas. Con la liquidación de dos de las EPS más grandes en el país, existe un vacío económico en los pagos de trabajadores y atención de pacientes.“Si yo utilizó la reserva técnica de las autorizaciones que hago para pagar deudas anteriores, la pregunta es cómo garantizo mis gastos a futuro con las autorizaciones si utilice ese dinero en deudas del pasado. No estamos pensando en el sostenimiento del sistema de salud del futuro”, le dijo a BLU Radio Enrique Peñaloza Quintero, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.En un estudio del Instituto se entregan recomendaciones para que las EPS sean las verdaderas aseguradoras en salud, para manejar la prevención y no disponer de todos los recursos para la enfermedad.Dentro de sus recomendaciones se encuentra unificar los regímenes contributivo y subsidiado, contar con un rol de asegurador único con exclusiones en salud, generar eficiencias para fortalecer las fuentes financieras y apalancar el aseguramiento voluntario para disminuir costos.El gobierno incluso ha dispuesto de otras medidas para evitar que la deuda en salud siga creciendo: Una de ellas es la actualización de las reglas de contratación entre aseguradores y prestadores unificando las reglas de validación de la factura electrónica y sus soportes.Además, se están habilitando recursos a través de una línea de redescuento de tasa compensada de Findeter por $450 mil millones para efectos de los hospitales y clínicas que se han visto impactadas por las liquidaciones de EPS.
Tras conocerse la alerta por aumento de muertes de mujeres en embarazo en Antioquia asociadas a COVID, las autoridades implementaron varias medidas de urgencia para lograr que esta población se vacune y, además, asista a todos los controles necesarios. Las tareas se concretarán en el Urabá y Valle de Aburrá que son las subregiones con más casos.Las autoridades en Antioquia aseguraron que, con corte de 21 de agosto de 2021, han fallecido 35 maternas, 23 de ellas por COVID-19. Una cifra preocupante teniendo en cuenta que en todo 2019 fueron 25 casos y durante 2020, 34 casos. Por ello, Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia, instaron a las IPS a mejorar el contacto con las mujeres en embarazo y a que estas se vacunen, pues el coronavirus ha sido la principal causa de este aumento.“Movilizar a todos los actores del sistema de salud para que nos ayuden a tener una atención oportuna y pertinente al momento de que una materna consulte, también invitar a nuestras maternas a que utilicen toda las medidas de bioseguridad para evitar el contagio con COVID, a que se vacunen y a que asistan a todos los controles” informó Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.Y además del COVID, las hemorragia obstétricas, preclamsia o ruptura uterina, son otros de los motivos de fallecimiento. Urabá, con 12 casos, es la subregión que preocupa a las autoridades, seguida de Valle de Aburrá con 8 y Oriente con 5.
A partir de este martes 10 de agosto la Nueva EPS prestará servicios médicos a 410.663 afiliados provenientes de la EPS Comparta en liquidación.Estos afiliados de Comparta EPS están ubicados en 13 departamentos del país, principalmente en Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Magdalena, Santander, Cesar, Córdoba y Tolima. "Estas personas tendrán garantizada la continuidad en su atención, estamos preparados para garantizar las mejores condiciones de servicio para los afiliados asignados, contamos con una red de atención robusta y la cobertura necesaria, para ofrecer una atención integral a dicha población”, afirmó Mónica Rey Dueñas, vicepresidenta de operaciones de Nueva EPS. Los antiguos afiliados a Comparta EPS podrán consultar con su número de identificación información sobre su traslado en www.nuevaeps.co. También pueden comunicarse a la línea gratuita nacional 018000 954400 para el régimen contributivo y el 018000 9520000 para el subsidiado.“Lo más importante que deben saber los afiliados que llegan a Nueva EPS, es que no tienen que realizar ningún tipo de procedimiento administrativo, el proceso es automático y no tienen necesidad de realizar ningún trámite adicional, sin embargo, es importante actualizar sus datos de contabilidad mediante los canales de la Compañía” aseguró Mónica Rey Dueñas.
El director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Muñoz, anunció la fecha en que terminará la primera fase de vacunación contra el COVID-19 en el país.“Vamos a garantizar que antes del 20 de marzo completar la primera etapa de la fase uno. Esto es, más de 300,000 personas del personal de la salud vacunadas en primera línea y más de 1.200.000 personas mayores de 80 años”, dijo,Esto, tras la llegada en la mañana de este miércoles de 50.310 dosis de vacunas Pfizer. De esta manera, se completan 100.000 dosis de esta farmacéutica más 192.000 de Sinovac.Con este nuevo lote, el director reiteró que han garantizado más de 1.600.000 vacunas durante este primer mes de trabajo.Con la aprobación del Invima para el uso de emergencia de la farmacéutica AstraZeneca, que se espera llegue al país e los próximos días, según el gobierno nacional, se hizo otro importante anuncio.“Semanalmente estaremos recibiendo dosis por parte de la farmacéutica Pfizer y estaremos recibiendo en un par de semanas también un lote muy importante por parte de la farmacéutica Sinovac”, expresó.Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, también acompañó la llegada de estas vacunas y afirmó: “Complementamos la vacunación del personal en salud de las ciudades capitales y áreas metropolitanas y zonas que tienen disposición de ultra congelación para la vacuna Pfizer 100,000 dosis que completarán con 100,000 adicionales la semana entrante”.
La Corte Constitucional estudió cerca de 30 tutelas donde los pacientes alegaban la vulneración de sus derechos al no ser entregados implementos como pañales, pañitos, cremas y sillas de ruedas que tenían que pagar con su dinero las personas.La sentencia de ponencia del presidente de la corte, Alberto Rojas Ríos, y José Fernando Reyes, fijó las reglas para que las personas puedan acceder a estos servicios y que beneficiarán a personas que cotizan o están subsidiadas en el plan de beneficios de salud.La regla es que este tipo de entrega se dará únicamente si es ordenada por el médico.La corte dijo en su sentencia que en los casos que fueron analizados, se encontraron casos en que las pacientes argumentaban ser de escasos recursos económicos lo que dificultaba la adquisición de estos implementos.Al no encontrarse una norma que especificara esta entrega, la corte encontró un vacío y un debate sobre la responsabilidad de esta entrega, por lo que decidió poner fin a las reiteradas quejas unificando los criterios.Deberá existir prescripción médica según el alto tribunal, pero en caso de que no exista esta indicación médica, el paciente podrá presentar una tutela alegando la entrega de pañales, pañitos, sillas de ruedas, entre otros ante la necesidad, según explicó la corte.Dentro de la sentencia también quedó el caso de las cremas anti costras que sirven para la irritación o lesiones cutáneas, ya que se comprobó que no están por fuera del plan de beneficios. La corte entiende que sí están incluidas en el plan de beneficios de salud, por lo que también ordenó a las EPS a entregarlas.“La corte reiteró que el derecho al diagnóstico, como componente integral del derecho fundamental a la salud, implica una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos médicos que requiere”, manifestó el tribunal.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció que la Policía, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura en Medellín e Itagüí de los dos presuntos responsables del ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en la capital de Antioquia. En este hecho fueron asesinadas tres personas, entre ellas el patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre.“Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, dijo el mandatario.Uno de los capturados tenía anotaciones por hurto calificado y lesiones. Otro de ellos tenía anotaciones por hurto calificado y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 46 local, Unidad de Reacción Inmediata de Medellín.
Colombia registra actualmente importaciones de gas natural superiores a los 400 millones de pies cúbicos diarios, un volumen destinado a cubrir el consumo residencial, el transporte vehicular y la generación eléctrica.En diálogo con Mañanas BLU, Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros y Gasoductos (Campetrol), advirtió sobre la urgencia de fortalecer la producción interna para proteger las tarifas de los usuarios y evitar depender exclusivamente de mercados externos.El gasoducto binacional: Una "llanta de repuesto" frente a la crisisEn relación con la propuesta de reparar y habilitar el gasoducto binacional con Venezuela para abastecer al mercado colombiano, el dirigente gremial sostuvo que, si bien constituye una alternativa valiosa, no resuelve de fondo el problema estructural de abastecimiento.Castañeda definió el rol de esta infraestructura señalando: "Esto es una es una llanta de repuesto muy buena. Es un plan B y un plan C. El país necesita todas las fuentes de energía, lógicamente. Privilegiamos el gas nacional, que es mucho más económico". Asimismo, explicó que, aunque el suministro venezolano llegaría por tubería, evitando los costos logísticos de licuefacción y transporte marítimo, su tarifa final dependerá de las condiciones de libre mercado, los acuerdos comerciales y la geopolítica internacional. El elevado costo del gas importado y su impacto en la factura de los colombianosUno de los aspectos más críticos expuestos por el presidente de Campetrol radica en la brecha tarifaria entre el combustible producido en territorio nacional y el gas natural licuado (GNL) traído del exterior.Castañeda detalló que el gas importado debe pasar por un proceso intensivo que incluye su licuefacción, traslado en buques metaneros, recepción en puertos locales y posterior regasificación para inyectarlo al Sistema Nacional de Transporte. "El gas importado vale tres y cuatro veces el gas nacional dado que toca volverlo líquido, transportarlo en barco, traerlo a puerto colombiano, regasificarlo y meterlo al sistema nacional de transporte", enfatizó el vocero.Sirius y Fracking 4.0: Las alternativas nacionales estratégicasPara superar la coyuntura y garantizar el suministro a mediano y largo plazo, Campetrol propuso avanzar de manera paralela en cuatro frentes: la infraestructura de regasificación, la importación vía Venezuela, el desarrollo offshore y los yacimientos no convencionales. Entre las cartas más fuertes a nivel nacional se destaca el proyecto Sirius, el cual posee recursos contingentes proyectados en 470 millones de pies cúbicos diarios. No obstante, Castañeda remarcó la necesidad de agilizar las consultas previas para tramitar la licencia ambiental y construir un gasoducto de 120 kilómetros que conecte el pozo con tierra firme. "Ahí tenemos una alternativa que es Sirius que podría entrar en 36 meses, pero si todos nos ponemos de acuerdo como país podríamos cumplir ese cronograma y no tener demoras", afirmó.Escuche aquí la entrevista:
La polémica relacionada con la captura de Santiago Peña, tras el colapso de Ueno Bank, sigue generando interrogantes. En medio de las investigaciones, durante un allanamiento a la mansión de verano del expresidente paraguayo, las autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.El inmueble, ubicado en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, fue allanado el domingo 8 de noviembre de 2026, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. Los fiscales y agentes de Policía llegaron hasta una puerta blindada, pero no consiguieron acceder al espacio que se encontraba detrás.Durante el operativo, las imágenes difundidas por la Fiscalía y medios paraguayos mostraron un pasillo que conduce desde una de las habitaciones hasta el acceso a la bóveda. Al finalizar el procedimiento, las autoridades todavía no habían podido ingresar al recinto. Por lo tanto, se desconoce qué hay en su interior.¿Cómo es la bóveda encontrada en la mansión de Santiago Peña?De acuerdo con información publicada por ABC Color, la puerta tendría un sistema de seguridad de nivel siete y requeriría varios mecanismos de autenticación, entre ellos reconocimiento facial o del iris, huella dactilar, clave numérica y llaves especiales.Medios paraguayos señalaron que la tecnología podría ser de procedencia israelí. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada oficialmente.Además, circuló un video que mostraría el espacio durante la construcción de la vivienda. En las imágenes se puede ver el interior de la estructura antes de que terminaran las obras, pero su autenticidad todavía no ha sido verificada.La Fiscalía confirmó el allanamiento, aunque en su comunicado no hizo referencia específica a la bóveda. Según informó ABC Color, los investigadores regresarían a la propiedad para continuar con la inspección de la vivienda.¿Cómo planean abrir la bóveda de la mansión de Santiago Peña?Los investigadores todavía no han definido cómo ingresarán a la bóveda, ubicada debajo de una piscina y detrás de una pared falsa. La estructura tiene una puerta de acero blindado y un sistema de seguridad que, según las primeras hipótesis, podría requerir reconocimiento facial, datos biométricos o una clave alfanumérica. Entre las posibilidades está contactar al fabricante mediante una orden judicial o recurrir a personas que conozcan el mecanismo, incluida la exesposa del expresidente. Sin embargo, no se ha confirmado que ella vaya a participar ni que Peña sea trasladado al inmueble para facilitar la apertura.Sobre el valor de la propiedad, la periodista Fátima Garay informó para Noticias Caracol que la tasación superaría el millón de dólares. Además, señaló que Peña habría solicitado un préstamo de cerca de 470.000 dólares a Ueno Bank para construirla, con cuotas aproximadas de 31.000 dólares. Hasta ahora, las autoridades no han establecido qué contiene la bóveda ni si había objetos en su interior antes del allanamiento.¿Por qué investigan la mansión de Santiago Peña?La residencia es uno de los puntos centrales de la investigación contra el exmandatario. Según el acta de imputación, en mayo de 2024, cuando Peña todavía era presidente, habría recibido dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a cerca de 600.000 dólares, para financiar la construcción de la propiedad.Las cuotas mensuales habrían sido de 239 millones de guaraníes, una cifra que, de acuerdo con los fiscales, equivalía a seis veces su salario presidencial.La vivienda tuvo un costo declarado de 7.750 millones de guaraníes, distribuidos entre el terreno, la construcción y el equipamiento. La propiedad cuenta con un lote de 5.012 metros cuadrados y una superficie construida de 1.015 metros cuadrados.Peña fue imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía también investiga posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos depositados en la entidad financiera.El expresidente niega los cargos y permanece en prisión preventiva en Asunción. Hasta el momento, su defensa no se ha pronunciado sobre el hallazgo de la bóveda.
La Unión Sindical Obrera (USO) rechazó las propuestas que plantean vender Ecopetrol como una salida a la crisis fiscal y una alternativa para evitar nuevas reformas tributarias. En un comunicado de su Junta Directiva Nacional, la organización sindical advirtió que entregar la empresa a manos privadas sería “traicionar a la patria” y aseguró que el déficit fiscal no puede solucionarse vendiendo uno de los activos más estratégicos y rentables del país.Para sustentar su rechazo, la USO señaló que la discusión debe tener en cuenta el panorama energético internacional, marcado por las tensiones y los conflictos alrededor del control de las reservas de petróleo y gas y de los mercados de distribución de energía. Recordó que más del 80 % de la canasta energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles y puso como ejemplo a empresas estatales que tienen un papel protagónico en el sector, como Saudi Aramco, de Arabia Saudita; Sinopec y CNPC, de China; Rosneft y Gazprom, de Rusia; Petrobras, de Brasil, y Equinor, de Noruega. "Ecopetrol como grupo empresarial aportó a la nación en los últimos 4 años más de 180 billones vía impuestos, dividendos y regalías; adicionalmente y como ha sido histórico Ecopetrol reemplaza en los territorios con inversión social a los Gobiernos nacional, departamentales y locales", afirmó la USO en su comunicado. También resaltó su papel en la generación de encadenamientos productivos que abarcan desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su transporte, refinación y comercialización.Otro de los argumentos de la USO tiene que ver con la dependencia de Colombia de las importaciones para abastecer su consumo energético. Según las cifras presentadas por el sindicato, el país importa el 41 % del gas natural y el 43 % de las gasolinas que consume, así como el 20 % del diésel. Además, debe traer del exterior el 12 % del crudo liviano que necesita la refinería de Barrancabermeja.Para la organización, estas cifras evidencian una crisis energética que atribuye, entre otros factores, a las políticas de desestímulo a la inversión en petróleo y gas, los bajos resultados de la exploración y la falta de implementación de tecnologías para aumentar la recuperación de hidrocarburos en campos maduros. También señaló los retrasos en la entrada de proyectos de gas offshore, la postergación de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio y la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño.El sindicato advirtió que esta situación se presenta incluso cuando las dos refinerías del país han alcanzado eficiencias importantes y operan al máximo de su capacidad de carga. "Ecopetrol se debe fortalecer en su negocio original para revertir la tendencia creciente de importaciones y así recuperar la seguridad en el suministro y garantizar la Soberanía energética del pueblo Colombiano; lo que jamás sería posible en manos de capitales privados", afirmó el sindicato.Teniendo en cuenta los motivos anteriores, la USO anunció que convocará a sus trabajadores, a las comunidades de los territorios petroleros y al país en general para defender la empresa y la soberanía energética. “La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora, a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y patrimonio público”, dicen en el comunicado. Finalmente, la organización sindical recordó que su historia está ligada a la creación de Ecopetrol. Según explicó, la huelga de 1948, impulsada por trabajadores y comunidades, permitió que la Nación asumiera el control de la industria petrolera que estaba en manos de la Tropical Oil Company, tras impedir la prórroga de su contrato.También recordó que en 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una huelga que calificó como patriótica para frenar un nuevo intento de privatización de la empresa. Ahora, 22 años después, cuestionó que el expresidente y su bancada política vuelvan a plantear la entrega de Ecopetrol a los privados.
Cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, pertenecientes a la estructura 33, fueron capturados y un menor de edad recuperado durante una operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional en la vereda La Perla, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.El operativo fue desarrollado por tropas de la Segunda División del Ejército Nacional. Las cinco personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales y, en el caso del menor, el restablecimiento de sus derechos.Entre los capturados se encuentra alias Eddy, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González de las disidencias. También fueron detenidos alias Franyer, quien sería sicario de esta estructura, y alias Franklin, señalado de desempeñarse como dronista y sicario.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres."En materia de comunicaciones fueron encontrados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta organización armada ilegal", afirmó el general Néstor Nieto, comandante de la Trigésima Brigada del Ejército. Uno de los resultados más importantes de la operación fue la incautación de material explosivo. Según el reporte militar, fueron encontrados aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras."Además, personal especializado destruyó de manera controlada una granada y cinco dispositivos explosivos improvisados. Uno de ellos, por sus características, se asemejaba a una mina antipersonal, mientras que los otros cuatro podían ser utilizados como trampas explosivas", manifestó el coronel Gonzalo Esteban Blanco, comandante de la Policía Norte de Santander. En el operativo también fueron recuperados una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada. Según las autoridades, estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar integrantes de la organización, armamento e insumos.Con este resultado, la Fuerza Pública reportó una nueva afectación a las capacidades armadas, logísticas y explosivas de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona del Catatumbo.