Señalado por la Contraloría General de la República de desviar 1,4 billones de pesos de la salud, concretamente de la EPS Saludcoop, Carlos Palacino, expresidente de la entidad prestadora de salud más grande del país, se defendió y aseguró que ese cuestionamiento se aleja de la realidad en cuanto a la administración de los recursos públicos. “A mí de lo que se me tilda es de haber construido infraestructura, de haber adquirido equipos médicos para poder con esas mismas herramientas generar el mejor servicio posible, y defendiendo algunos principios y derechos de usuarios; la institución fue muy sólida hasta que fue intervenida por el Estado”, indicó el exdirectivo. Palacino también negó tener un patrimonio cercano a los 63.000 millones de pesos que está congelado por la Contraloría General de la República, desde donde también se cuestionó por desviar los recursos de la salud para la construcción de un condominio en el departamento del Meta. Vea también: Las advertencias a Santos de los malos manejos de Grosso en Saludcoop (Parte 2) “Ojalá tuviera ese patrimonio. En mi última declaración de renta fui transparente, un patrimonio de alrededor de 7.000 millones de pesos: mi patrimonio. Obviamente eso está embargado por la Contraloría, pero son todos recursos que fueron adquiridos con mis ingresos personales”, agregó. El exdirectivo de Saludcoop aseguró que detrás de la intervención y posterior liquidación de la EPS más grande de Colombia, estaban manos políticas. “Yo creo que sí, detrás de Saludcoop hubo acciones políticas con el propósito de tomar el control de la organización, yo creo que sí había competidores que tenían interés de sacar del camino al principal competidor”, manifestó. Cuestionado por su relación personal con el exfiscal Eduardo Montealegre, de quien dice la Contraloría, contrató con Saludcoop cerca de 3.000 millones de pesos en defensa. Sobre esto, Palacino respondió: “No es que tenga que ver una cosa con otra. Él recibió unos honorarios, supongo yo, para hacer un trabajo específico en ese período en que él fue abogado de Saludcoop, que fue anterior a ser fiscal”, dijo.
BLU Radio reveló, en una primera parte, varias denuncias que fueron radicadas en Presidencia de la República desde 2014 y que tenían como destinatario al propio mandatario de entonces, Juan Manuel Santos.Vea también Las denuncias que advirtieron a Santos de manejos de Guillermo Grosso en Saludcoop Sin embargo, no fueron las únicas advertencias. Durante 2015 a Palacio llegaron por lo menos cuatro denuncias de varias personas que le advertían al presidente de la celebración indebida de contratos de parte de Grosso, además de un saldo millonario de cuentas sin pagar a la red de clínicas de Saludcoop. Esto hizo que la EPS durante la intervención tuviera problemas de liquidez.Ese mismo año, no obstante, Grosso fue nombrado presidente de Cafesalud por la junta directiva de la aseguradora. Este documento tiene radicado del 07 de diciembre 2015:“En una aberrante desatención de estos postulados legales, constitucionales y técnicos, el señor agente interventor de Saludcoop permitió que las cuentas sin pagar a las IPS llegaran a la astronómica suma de $1.612.571.641.194,00 al corte de junio de 2015, lo que absurdamente contrasta con las deudas que con las IPS existían en Saludcoop en mayo de 2011 y que según la Superintendencia nacional de Salud ascendían a $376.253 millones de pesos por servicios de salud”, dice el documento.Y más adelante, agrega:“Como el Sr Superintendente Nacional de Salud, en la resolución 2414 de 2015 intentó justificar esta mayúscula posible defraudación como resultado de una siniestralidad desbordada del 114% y tal hecho riñe con las estimaciones razonables de gasto hechas por el Ministerio de Salud, lo que realmente parece que explica esta gravísima situación es una política dolosa del agente interventor de Saludcoop tolerada por el Sr superintendente de Salud, consistente en sobrecostos en las tarifas pagadas por Saludcoop en la prestación de servicios de salud, orientadas a favorecer a algunos contratistas que en el tiempo de su gestión vinculó el interventor Dr Grosso Sandoval”, señala la denuncia.Como ese radicado hay otro del 27 de noviembre del mismo año, varios durante 2016 y otros más de 2017.Aunque Presidencia conoció estas denuncias desde el 2014, y los organismos de control iniciaron investigaciones contra Grosso Sandoval que terminaron en la reciente captura del interventor acusado de los delitos de Concierto para delinquir, y cohecho por dar u ofrecer por el escándalo de corrupción en la Superintendencia Nacional de Salud, el Gobierno nunca tomó la decisión de removerlo de su cargo y, por el contrario, fue nombrado presidente de Cafesalud en diciembre de 2015, hasta marzo de 2016. Consultado sobre estos hechos, el secretario de Transparencia de Presidencia de ese momento, Camilo Enciso, dijo que todo esto fue informado al entonces superintendente de Salud y hubo reuniones con los organismos de control en donde el Ministerio y la Superintendencia fueron informados sobre los avances de los hallazgos.
BLU Radio conoció varias denuncias que fueron radicadas desde el 2014 en la Presidencia de la República y que le advirtieron al presidente Santos de supuestos manejos ilegales de parte de Guillermo Grosso como entonces interventor de Saludcoop. Se trata de documentos que fueron entregados en Palacio y en las que el destinatario era el propio presidente Juan Manuel Santos. Uno de ellos tiene radicado de recibido en Presidencia el 15 de septiembre de 2015. Allí se informaba con copia al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud que Guillermo Grosso, como agente interventor, estaba supuestamente favoreciendo a personas cercanas a través de la contratación de la EPS con los dineros públicos para la salud. “Los doctores Guillermo Grosso Sandoval, agente interventor de Saludcoop EPS, y Jaime Poveda, agente interventor de la Corporación IPS Saludcoop, con el beneplácito del doctor Norman Julio Muñoz, superintendente Nacional de Salud, están llevando a cabo una estrategia para desmantelar a la Corporación IPS Saludcoop y favorecer a contratistas privados con el otorgamiento de contratos por servicios que por años brindó la corporación, con calidad y a bajos costos”, dice el documento. Hay otra denuncia conocida por BLU Radio que fue entregada en Presidencia el 3 de noviembre de 2015 y que tenía que ver con posibles irregularidades en la transferencia de los afiliados de Saludcoop a Cafesalud. Allí se le volvía a avisar al presidente de la República, máxima autoridad en vigilancia y control, que Grosso Sandoval, hoy capturado y acusado por la Fiscalía General y la Contraloría de hechos de corrupción, era un riesgo. “Existe un enorme riesgo de corrupción pues el muy probable autonombramiento del actual interventor de Saludcoop, doctor Guillermo Grosso, como presidente de Cafesalud, indica que dicho funcionario puede continuar llevando a cabo las posibles conductas criminales de “interés indebido en la celebración de contratos", en hechos que se han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación”, dice el documento. Estas denuncias fueron puestas en conocimiento del presidente, la superintendencia, el ministerio y los órganos de control desde 2014, pero Grosso nunca fue removido de su cargo como agente delegado del Gobierno para la intervención. De hecho, días después de que terminó la intervención de Saludcoop fue escogido presidente de Cafesalud. BLU Radio consultó con el entonces secretario de Transparencia de Presidencia quien dijo que el 23 de enero de 2017 hubo una reunión con todos los organismos de control.Vea aquí: Exministro Alejandro Gaviria critica decisión de la Contraloría sobre caso Saludcoop “No es conveniente que el ejecutivo se convierta en Fiscalía. De hecho, es un riesgo para la democracia. De todos modos, cuando yo era secretario de Transparencia, le recomendé personalmente al presidente y a la Comisión Nacional de Moralización ocuparse de este asunto directamente, citando al superintendente de Salud y al ministro de Salud a una sesión en la que estarían el contralor, procurador, fiscal y el presidente, para que explicaran los avances de la intervención, y específicamente todos los problemas con Caprecom, Cafesalud y Saludcoop”, dijo. Agregó que: “como la Secretaría de Transparencia no es órgano de investigación, ninguna de las IAS podía revelar el detalle probatorio de las investigaciones en estos temas porque sería una violación al deber de reserva y un delito. La reunión de la que hablo fue el 23 de enero de 2017. En esa reunión, el fiscal presentó los avances de sus investigaciones y el ministro y el supersalud hicieron referencia al trabajo en equipo con la Fiscalía. También hicieron una presentación de avances y dificultades en toda su gestión que requería mayor compromiso de las IAS”. Ante la pregunta de por qué el Gobierno, aunque conocía estos hechos desde el 2014, nunca recomendó el relevo del cargo de Grosso al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud, Enciso respondió: “funcionalmente es la SuperSalud la encargada de la supervisión y control del sector salud. La Constitución le da las funciones de vigilancia y control al gobierno, que la ejerce a través de las superintendencias. La Superintendencia de Salud investigaba las denuncias que le llegaban y ellos al igual que nosotros remitíamos a la Fiscalía, después de haber hecho la revisión de las denuncias. La Superintendencia, que obviamente tiene muchos más dientes, hacía verificaciones en el marco de su competencia y con sus facultades legales. Y remitía todo a la Fiscalía”. Por la ausencia de respuestas de Presidencia, estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en donde todavía están pendientes de ser investigados.
Conrado Gómez fue el superintendente de Salud que coordinó, como representante del presidente Santos en la vigilancia y control, la intervención de Saludcoop por los entonces escándalos de corrupción sobre la administración de Carlos Arturo Palacino en el 2011. La Contraloría le imputó responsabilidad fiscal por $20.470 millones de pesos porque argumenta que, como superintendente, tuvo una “conducta gravemente culposa y omisiva” al no detener el pago de unas deudas de Saluscoop en intervención con Banco de Occidente y Bancolombia por cerca de $35.000 millones de pesos por contratos de leasing, es decir de arrendamiento de bienes y equipos. Gómez asegura que la consecuencia de haber detenido esos pagos habría causado problemas muy graves para el sistema de salud y señala que en la intervención hubo muchos intereses de personas particulares que querían tener influencia sobre el futuro de los recursos. “Nos están pidiendo explicaciones y nos están imputando sobre por qué no dimos la orden de suspender el pago de unos arriendos financieros para unas clínicas y unos equipos biomédicos que estaban en toda la red de servicios de Saludcoop. Estamos hablando de unas 35 clínicas, 20 centros de urgencias, unos 15 centros de especialistas en todo el país, además de mesas de cirugías, lamparás de cirugías, material de quirófano que se estaba utilizando para atender a todos los pacientes. Yo no podía dar la orden de detener esos pagos porque eso habría creado una crisis de salud que habría atentado contra la vida de muchas personas”, explica Gómez que hoy tiene sus cuentas embargadas por el ente de control. Agrega que, cuando él hizo la intervención esos contratos, ya estaban y los equipos estaban funcionando. Afirma que de hecho hoy los equipos que fueron arrendados siguen en uso y están en poder o del Gobierno o de la agente interventora.Vea también: Investigan fiscalmente a dos exsuperintendentes de salud por caso Saludcoop “Yo no podía crear un colapso de la red de servicios más grande del país. La Contraloría lo que dice es que esos recursos no se utilizaron en cosas que no tuvieran que ver con la prestación del servicio de salud, y eso no es cierto. Todos estos equipos se utilizaron en consultas, cirugías, etcétera”, argumenta. Gómez insiste en que la decisión de la Contraloría es un mal mensaje para el sistema en general porque plantea un escenario en el que los privados no pueden utilizar los únicos recursos que poseen, los de la Unidad de Pago por Capitación, para pagar servicios que son necesarios en el modelo de la libre competencia. Pero hay otro tema. A los agentes interventores, Mauricio Castro, Wilson Sánchez y Guillermo Grosso también se les imputa cargos por contratar a firmas de asesorías de abogados por cientos de millones de pesos, lo cual, en opinión de la Contraloría no tenía nada que ver con la destinación de la prestación del servicio. Gómez señala que nunca se enteró de malos manejos de los interventores que nombró: Sánchez, en junio de 2011, y Mauricio Castro, de noviembre de 2011 a mayo de 2013. “Yo hice muchas reuniones de seguimiento, auditoría, y nunca vi nada irregular. En mi administración había 34.000 vigilados. Las entidades intervenidas son entidades que tienen vigilancia mayor de la Superintendencia. Era imposible saber que un interventor, una gobernación o una EPS contrató un abogado. Uno se entera después en las auditorías, pero el seguimiento que uno hace es en temas muy específicos. Pero yo nunca me di cuenta de irregularidades”, puntualiza. Gómez, al igual que los otros cuatro vinculados a la investigación fiscal, tiene medidas cautelares para asegurar el pago de la imputación. Por ahora, el proceso continúa, pero la decisión tiene implicaciones reales sobre la actualidad de la Superintendencia. Es un mensaje claro para el superintendente Aristizábal: Si no suspende pagos de créditos a las EPS con bancos u otras entidades, podría ser imputado por omisión como responsable fiscal.
La agente especial liquidadora de Saludcoop EPS, Ángela María Echeverri, explicó en BLU Radio los efectos de la terminación del contrato de Medimás luego de la revocatoria de la venta de Cafesalud EPS. “No es revocatoria de la venta sino terminación del contrato de venta por incumplimiento, no solo de las cuotas dinerarias sino de la prestación del servicio, de las dos cosas”, aclaró Echeverri. La decisión, de acuerdo con la Procuraduría, está condicionada a que la Supersalud garantice el aseguramiento y continuidad de la atención a los más de 4 millones de afiliados. “No pueden decir que no estaban advertidos porque hasta este lunes s les dijo: ‘mire no podemos seguir con este contrato en esas condiciones, no pagan, no prestan el servicio’. Conocían los requerimientos de la Procuraduría y otros organismos de control”, agregó.Vea también: Medimás seguirá atendiendo a los usuarios: accionista de la EPS “En este momento, ellos siguen siendo dueños de Medimás. Por eso les solicitamos la terminación del contrato, para que haya una restitución o una solución diferente”, declaró Echeverri. “¿Qué es lo que les estamos diciendo? Mire, si usted no puede pagar ni puede operar las clínics ni puede operar el servicio, lo lógico es que la deba restituir”, sostuvo la agente liquidadora. De acuerdo con Echeverri, los directivos sabían perfectamente lo que sucedía con la entidad. “Ellos no pueden decir que traen el caos, ellos sabían que en la prestación del servicio empezaban cero kilómetros. Ellos no cogieron ningún contrato viejo de los que tenía Cafesalud. Ellos dijeron con cuáles me quedo y con cuáles no”, declaró. “Entonces usted, con una EPS que empieza de cero a recibir 440.000 millones de pesos al mes, ¿cómo va a decir que no va a tener plata para prestar el servicio?”, cuestionó. Escuche completa esta entrevista:
Ángela María Echeverry, agente liquidadora de Saludcoop que estructuró la venta de Cafesalud hace un año y quien aceptó la oferta del grupo de Prestasalud, advirtió que ha habido un incumplimiento en el pago este año.El conflicto se desprende del pago de las deudas que tenía Cafesalud con hospitales y clínicas, y el pago de facturas e incapacidades a los pacientes de entonces que todavía están en deuda.Según Echeverry, este año no se ha recibido “la cuota de mayo, junio, y julio y con la de agosto serían $40.000 millones de mora. La semana pasada hablamos con ellos y nos dijeron que en estos días iban a cancelar, pero si hay una revocatoria habría un problema con los dineros para las incapacidades y pagos a las IPS, porque dejaría de entrar el dinero de la venta”.En junio de 2017 se acordó que por Cafesalud se iba a pagar una cuota mensual de $10.000 millones de pesos. Echeverry asegura que el año pasado los pagos se hicieron a tiempo, pero este año ay atrasos que tienen efectos en el sistema de salud.La liquidadora insiste en que aún no tiene lista ninguna decisión sobre la solicitud del procurador Carrillo para revocar la venta y afirma que no está inclinada hacia ninguna opción, pero concluye que pronto se tomará una decisión al respecto.Una revocatoria de la venta de Cafesalud podría traer cuantiosas demandas para el Estado. Como lo señaló el exministro de Salud Alejandro Gaviria, cambiaría radicalmente la composición de Medimás y podría tener consecuencias negativas en los pacientes, tanto como una intervención.Blu Radio buscó insistentemente a Prestnewco y a los socios dueños de Medimás, pero no contestaron.
Blu Radio revela otro de los polémicos contratos que fue aprobado por Saludcoop en la administración de Guillermo Grosso, quien está siendo investigado por la Contraloría por el posible gasto irregular de más de $80.000 millones de pesos cuando este era el gerente interventor de la EPS.Vea también: Los correos al exinterventor de Saludcoop en los que le advertían irregularidades Esta vez se trata de un contrato del 15 de enero de 2015 por más de $45.000 millones de pesos con la Unión Temporal SASO, con el objeto de prestar el servicio terrestre de transporte de usuarios para los pacientes que tuvieran dificultades para movilizarse.El contrato tenía un plazo de 36 meses, pero en medio de la ejecución, uno de los gerentes regionales de Saludcoop, le envió una carta advirtiéndole a Grosso de un sobrecosto innecesario en la contratación con Saso que, según las palabras del empleado, correspondía a un 1.219%, porque con los anteriores prestadores se pagaba un precio de poco menos de $4.000 millones.El documento resaltó en ese momento: “De manera especial comento mi preocupación por el actual contrato de transporte el cual incrementa los costos de este servicio en un 1219% Este incremento afecta de manera importante la gestión de costos de la regional, y que en su mayoría corresponde a transporte de zona especial, los cuales aún no se ven reflejados, pero el impacto va a ser importante debido a este porcentaje”.Esto sucedió justamente en el periodo examinado por la Contraloría que llamó a indagación preliminar al exinterventor porque se habrían invertido recursos millonarios en temas administrativos y no en la prestación del servicio, violando el tope del 10% permitido por la ley.Blu Radio buscó Grosso que señaló que “el contrato fue evaluado por la Fiscalía en 2016”.“No tengo comentarios adicionales sobre el mismo y espero a ser notificado por la Contraloría”, respondió el exempleado.El tema Saludcoop es un viejo escándalo que aún no apaga su luz. El anuncio de la Contraloría despertó el tema y especialmente la labor del Gobierno en lo que tuvo que ver con la administración de la EPS, cuando se ordenó su intervención forzosa en mayo de 2011 por el entonces superintendente nacional de salud, Conrado Gómez.Carlos Palacino, el otrora presidente de la EPS, y uno de los empresarios más exitosos del sector salud en el país, se encuentra en la cárcel la picota a la espera de un juicio por el posible gasto indebido de recursos públicos.
Blu Radio conoció un cruce de correos que se dio en diciembre de 2013 entre el entonces agente interventor de Saludcoop, Guillermo Grosso, y uno de las gerentes regionales de la EPS, en donde este último le llama la atención Grosso Sandoval sobre un contrato que estaba a punto de gestarse entre Saludcoop y una empresa llamada Orthohand.Vea también: "No hay lugar a dudas, ni confusión contable: Contraloría a MinSalud por caso GrossoEn el correo el gerente regional le hace saber a Grosso que no entiende por qué se sugiere esa contratación con esa empresa, aun cuando esta cobraba un 50% más que otras que competían en el mercado como Cruz Blanca o la Fundación Cardio Infantil. El correo dice: “No es coherente que si en la regional tenemos una tarifa promedio del 26%, estemos contratando por encima del 50%”.En otra de las comunicaciones con Grosso le piden información sobre por qué se decidió contratar con la empresa Orthohand y agrega: “este tipo de contratos no favorece el plan de acción propuesto para disminuir los costos de la empresa”. A pesar de las alertas de la gerencia regional de la EPS que se encontraba intervenida en cabeza de Grosso, la empresa decidió contratar con OrthoHand y el 12 de diciembre el entonces inverventor contestó: “yo creo sí se necesita”. El contrato era para realizar cirugías y entregar insumos y tratamientos de tipo ortopédico a los pacientes de la regional. Por estos hechos hay una denuncia penal en la Fiscalía General de la nación. El gerente fue amenazado, asegura que individuos entraron a su casa luego de la denuncia y lo amedrentaron por lo que tuvo que dejar el trabajo y su residencia.Esto sucedió en el 2013, y se conoce en el contexto de la indagación preliminar de la Contraloría al exinterventor por el posible gasto indebido de más de $80.000 millones de pesos en el 2015 que debían ser invertidos en servicios de salud. Pero se gastaron en temas administrativos.
La Contraloría General insistió en que el exinterventor de Saludcoop, Guillermo Grosso, delegado por el exsuperintendente Gustavo Morales en su momento, gastó más de $80.000 millones en gastos administrativos que debían ser invertidos en servicios de salud.“La cuantía del hallazgo fiscal por $80.631 millones no corresponde a un error en la contabilización de las provisiones contables. Estas fueron depuradas y verificadas por la Contraloría”, señala el comunicado del ente de control.Esta respuesta se da luego de que el ministro Gaviria publicara un documento explicando que el informe de la Contraloría era producto de un “desconocimiento o desacuerdo de los investigadores”.Gaviria explicó que el hallazgo de la Contraloría no tiene que ver con corrupción: “Los investigadores mencionan una cifra de 80.000 millones de pesos de exceso de gasto. Este hallazgo tiene una única explicación: se trata de una confusión contable: del desconocimiento, o del desacuerdo quizás, por parte de la Contraloría, sobre la manera como se contabilizan las provisiones. La Revisoría Fiscal dejó las notas aclaratorias en su momento. La Supersalud ha dado todas las explicaciones. Estamos ante una discusión meramente contable. Aquí no hay ninguna evidencia de corrupción”.Sin embargo, la Contraloría detalló que sus hallazgos no solo fueron fiscales, sino “disciplinarios y penales”, por lo que trasladó el informe a la Fiscalía y la Procuraduría.Y va más allá. Asegura que sus conclusiones se encuentran soportadas en los estudios que realizó el revisor de Saludcoop en el 2015, que era la reconocida firma Baker Tilly Colombia LTDA, quien en ese entonces estableció:“Al 30 de noviembre de 2015 el indicador de siniestralidad (costos para la prestación del servicio de salud) acumulada en Saludcoop EPS asciende a 117.6%. Adicionalmente los gastos de administración ascienden a un porcentaje del 12.95%, incumpliendo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1438 de 2011”.Y es que el debate tiene que ver con el límite del 10% que permite la ley para gastar parte de la totalidad de los recursos públicos que son girados a las EPS en temas administrativos.Según Gaviria, una resolución de la Supersalud del año 2015 permitió que se superara el límite con el objetivo de lograr un saneamiento contable, pero para la Contraloría la Ley 1438 de 2011 dejó claro que superar la barrera era violar la ley.El proceso hasta ahora se mantiene en una indagación preliminar, pero luego de conocerse el traslado a Fiscalía y Procuraduría, ambas entidades podrían abrir sus propias investigaciones contra Grosso.Guillermo Grosso Sandoval llegó a Saludcoop como vicepresidente de Salud en 2013, luego fue designado agente interventor para la EPS y posteriormente presidente de Cafesalud.
La Contraloría General de la Nación confirmó un hallazgo fiscal por $80.631 millones de pesos para la vigencia 2015 cuando la EPS Saludcoop fue intervenida forzosamente y se delegó un agente interventor de parte de la Superintendencia de ese momento en cabeza de Gustavo Morales, hoy presidente de Afidro. En ese entonces el interventor delegado fue Guillermo Grosso, quien con la consolidación de Cafésalud, fue nombrado presidente de esa EPS, y tiempo después revocado por la junta directiva por posibles irregularidades en la entrega de contratos con los recursos para la salud. En esta ocasión la Contraloría asegura que esos 80 mil millones debieron ser invertidos en temas relevantes para la prestación del servicio de salud. Por el contrario, Grosso tomó la decisión invertir el dinero en gastos administrativos, por lo que la Contraloría considera que hubo detrimento patrimonial. Y es que la ley colombiana establece que las EPS solo pueden gastar hasta un 10% del total de recursos girados por el estado en temas administrativos, que además deben tener una correlación directa con la prestación del servicio. Pero Grosso gastó $404.889.751.689, de más de dos billones seiscientos mil del total girado. Por lo que el límite fue violado en poco más de un cinco por ciento. “Los hechos evidenciados constituyen un detrimento a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, posición que no sólo la Contraloría ha venido reiterando, sino que ha sido ratificado tanto por la Corte Constitucional, como por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, señala el comunicado del ente de control. La Contraloría ya compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para sus respectivas áreas de investigación y sanción. Esto en el contexto del llamado a juicio al expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino.
En un operativo realizado por el Ejército Nacional, con apoyo del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y de la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de un hombre señalado de falsificar miles de dólares en Villavicencio, departamento del Meta.De acuerdo con las investigaciones, esta persona habría usado 3 sitios diferentes en Villavicencio para falsificar dólares. Incluso, en uno de ellos y justo en el lugar en el que se materializó la captura se llegaron a encontrar 540.000 dólares falsos, lo que significa más o menos 2.161 millones de pesos colombianos. Asimismo, en el lugar se incautó una máquina de imprenta de billetes.Según las autoridades, el dinero que ya fue fabricado estaría siendo transportado hacia Cundinamarca, Vichada y Casanare. “En dichas zonas, se vendía movido en actividades comerciales. De esta manera, algunas organizaciones criminales estarían delinquiendo para obtener recursos que les ayuden a financiar actividades ilícitas y de sostenimiento”, afirma el comunicado del Ejército Nacional.Tras su captura, el hombre deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y fabricación de moneda nacional y extranjera. Por su parte, el Ejército Nacional afirmó que seguirá usando todas sus capacidades para combatir los delitos que, hoy, afectan a la economía regional y, asimismo, fortalecen a los grupos delincuenciales del país.
En la madrugada de hoy, 19 de mayo de 2024, un fuerte sismo de magnitud 3.8 sacudió el municipio de Angostura, Antioquia, a las 2:20 a.m. Según reportes de la comunidad, el sismo se sintió en 39 municipios del departamento.Pocos minutos después, a las 2:22 a.m., en la misma área epicentral, se registró otro sismo de magnitud 3.4. Ambos eventos generaron preocupación entre la población, aunque no se reportaron daños mayores ni víctimas.Los municipios que más reportes envió sobre el sismo incluyen Angostura, Campamento, San Andrés de Cuerquía y Santa Rosa de Osos, así como los centros poblados de Cedeño (Yarumal) y El Salto (Gómez Plata). Según los informes recibidos, la intensidad máxima percibida fue de 4 en la escala de Mercalli Modificada, lo que indica que fue sentido ampliamente por la población.¿Qué hacer en caso de un sismo fuerte?Si estás en el interior: Mantén la calma. Es fundamental no entrar en pánico. Ubícate en un lugar seguro. Busca refugio bajo un mueble resistente, como una mesa o un escritorio. Si no hay muebles cerca, cúbrete contra una pared interior.Aléjate de ventanas, espejos, estanterías, lámparas y otros objetos que puedan caer.Agárrate con ambas manos de la estructura que te protege.Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos.Si estás en el exterior:Ubícate en un área abierta lejos de edificios, árboles y líneas eléctricas.Agáchate en el suelo y cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos.Aléjate de objetos que puedan caer, como postes de luz o señales de tráfico.Si estás en un vehículo:Detén el vehículo en un lugar seguro y alejado de edificios, árboles y líneas eléctricas.Permanece en el vehículo y mantén las manos sobre el volante.
El reciente desplazamiento de más de 120 familias del corregimiento de Micoahumado, zona rural del municipio de Morales, prendió una vez más las alertas en el sur del departamento de Bolívar por la creciente escalada violenta de grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.Precisamente con el objetivo de contrarrestar el accionar delictivo de estos grupos ilegales, en las últimas horas la Fuerza de Tarea Conjunta Marte informó que cuatro vehículos blindados ASV M1117, procedentes del Batallón de Armas Combinadas N.° 1 del departamento de Guajira, arribaron al sur de Bolívar.Estos vehículos, según detalló el coronel Héctor Libardo Cely, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, tendrán como prioridad el patrullaje en las vías del sur del departamento.“La misión que va a cumplir este pelotón es asegurar, proteger a la población civil que se desplaza por las principales vías de comunicación de Cantagallo, de Simití, de Santa Rosa, de Morales, de Arenal, con el propósito de que nuestra población civil pueda ejercer libremente sus derechos aquí en el sur de Bolívar”, aseguró el oficial.En el sur de Bolívar, los grupos armados se disputan el control del territorio y la extracción del oro en zonas como la Serranía de San Lucas.El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte señaló además que con estos vehículos también se busca llegar con más agilidad a los puntos críticos del departamento.“Con esta capacidad queremos llegar con mayor agilidad a determinados puntos donde grupos armados ilegales han estado perturbando la tranquilidad de la población”.
Luego de una visita a la cárcel El Pedregal de Medellín para verificar las condiciones humanitarias de las personas privadas de la libertad, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reconoció que ya se evidencian mejoras en la alimentación, luego de que en abril diera a conocer las irregularidades evidenciadas en este centro penitenciario.Y es que el incumplimiento de los horarios en el suministro de los alimentos, su poca cantidad y ausencia de calidad y seguridad que ya estaría teniendo repercusiones en la salud de los reclusos fueron las causas de la advertencia que hizo la Defensoría del Pueblo.A ese momento, la entidad remitió a la Corte Constitucional un informe que sobre los hallazgos en el establecimiento carcelario, entre ellos, la ausencia de la interventoría y la supervisión en la ejecución del contrato de alimentos en el que no se evidencian acciones efectivas de control para garantizar la prestación del servicio."Se han logrado ir superando toda esa serie de dificultades en materia de alimentación. Se le han hecho los llamados correspondientes a la USPEC, que es la que presta los servicios penitenciarios, donde se han ido tomando también los correctivos, de manera que hoy le podemos decir al país de que se han ido mejorando las condiciones", aseguró Camargo.Ante esto, Camargo reconoció los esfuerzos de la Procuraduría y la Personería de Medellín para supervisar los correctivos que tomó la USPEC para mejorar esta problemática.
España llamará a consultas "sine die" a su embajadora en Buenos Aires después de que el presidente argentino, Javier Milei, llamara "corrupta" a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en Madrid, anunció el ministro de Asuntos Exteriores."Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires sine die", dijo José Manuel Albares en un mensaje institucional, tras denunciar unas palabras "gravísimas" y sin "precedentes en la historia de las relaciones internacionales".En desarrollo...