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Desde el Concejo de Medellín denunciaron una red de parqueaderos ilegales disfrazados de patios judiciales.
Según explicó Andrés Tobón, concejal de Medellín, estos establecimientos se presentan como depósitos autorizados por la Rama Judicial, pero no figuran en los registros oficiales.
Aun así, estarían realizando aprehensiones irregulares e, incluso, utilizando documentos alterados para justificar los procedimientos y exigir pagos excesivos, en algunos casos superiores al valor de los mismos vehículos.
Uno de los casos más graves involucra al parqueadero J&L Sede 4, en Copacabana, que según la denuncia no aparece en ninguna resolución vigente de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pese a recibir automotores mediante supuestas órdenes judiciales.
"Opera en Copacabana, pero que afecta a gente, sobre todo en Medellín. Aprehensiones, secuestros y custodia ilegal. No solamente desde el principio, no autorizados por la rama judicial, sino hasta el final cobrando precios absurdos que están por fuera de la norma y que en ninguna manera se justifican", aseguró.
Blu Radio conoció el testimonio de una víctima de este presunto entramado de parqueaderos ilegales.
Se trata de un ciudadano de Apartadó, quien relató que su vehículo fue retenido por la Policía a pesar de que el proceso judicial de embargo ya se encontraba en suspensión.
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Según su testimonio, el automóvil fue trasladado al parqueadero J&L Sede 4, en Copacabana, un establecimiento no autorizado por la Rama Judicial, donde le exigieron más de 9 millones de pesos por menos de un mes de parqueo.
"El día que nos encontramos ese ese ese escenario, había otro señor reclamando otro vehículo, que llevaba once meses. La liquidación de ese señor le dio cuarenta millones de pesos. El señor estaba llorando ahí en parqueadero, ahí afuera, en esa reja, que, por favor, le entregaran su vehículo. No muestran la cara, tienen una malla ahí que no, es imposible", detalló la víctima.
El afectado también denunció presunta complicidad de algunos uniformados de la Policía de Urabá y funcionarios judiciales, quienes habrían facilitado el traslado irregular del vehículo.
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Desde el Concejo de Medellín pidieron acciones urgentes frente a estos parqueaderos donde aseguran opera un esquema delictivo con posibles delitos de fraude procesal, falsedad documental, estafa y hurto.
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