Todo tipo de reacciones generó en Medellín
el anuncio de que el Gobierno nacional convocará a una consulta popular sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. El anuncio lo hizo el presidente, Gustavo Petro, tras decir que el congreso ha hecho un “bloqueo institucional”, con el eventual hundimiento de la reforma laboral, luego de que no se diera visto bueno en la Comisión Séptima del Senado.
Según manifestó el jefe de Estado, va a convocar a una consulta popular para que según él, sea la ciudadanía, con su voto, la que respalde esos dos proyectos del gobierno. Más allá de los expertos en este mecanismo ciudadanos quienes han dicho que esa no es su función, desde la capital antioqueña también hubo rechazó esta idea el alcalde Federico Gutiérrez, quien dijo que “es una estrategia de campaña” del presidente Petro y le recordó su pasado en una organización guerrillera.
"Es una estrategia electoral, el país tiene que tener mucho cuidado frente a eso. No soporta que democráticamente en una discusión se hunda una reforma laboral, amenaza congresistas, amenaza a quien no esté de acuerdo con él. Al parecer el presidente no ha dejado los vicios de amenazar, seguramente desde cuando hacía parte de una organización guerrillera, de pronto algunos vicios no se quitan", expuso el mandatario.
En el mismo sentido se refirió el concejal Alejandro de Bedout, quien dijo que “más que participación democrática, parece una jugada política para arrancar campaña antes de tiempo”.
A su vez, argumentó que la jurisprudencia ha sido clara, pues las consultas no pueden usarse “para evadir el Congreso ni legitimar decisiones ya tomadas. Además, requieren aprobación legislativa y control constitucional, lo que impide que sean simples encuestas políticas”.
¿Por qué no es el mecanismo adecuado?
Según explicó el abogado constitucionalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, David Mendieta, este no sería el mecanismo de participación ciudadano adecuado y no tendría el respaldo de los colombianos.
“Nuestra Constitución y las leyes 134 y 1757 establecen que la aprobación o derogación de leyes debe hacerse mediante referendo, no mediante consulta popular”, dijo el experto.
Además, señaló que “la ley prohíbe que se utilice la consulta popular para proyectos de ley articulados, por lo que el presidente tendría que reformular las preguntas como decisiones generales, lo que es complicado y sujeto a revisión por la Corte Constitucional”. En su opinión, este mecanismo “más que aportar a la realidad jurídica y política del país, genera un debate conflictivo y desgastante para las fuerzas políticas”.
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