Gobernación de Antioquia ha denunciado cerca de 90 violaciones a derechos humanos en 2025

A la preocupación que persiste en varias regiones de Antioquia por cuenta de acciones violentas de grupos armados, se suma una inquietud mayor por parte del gobierno departamental ante denuncias que aseguran siguen sin ser escuchadas por parte de entidades nacionales e internacionales.Así lo hizo saber el gobernador, Andrés Julián Rendón, tras el reciente hecho que dejó dos niños gravemente lesionados en San Andrés de Cuerquia tras la explosión de un artefacto que habría sido instalado por el Frente 36 de las disidencias.Según Rendón, durante 2025 desde el departamento se han enviado a organismos internacionales unas nueve comunicaciones con reportes sobre violaciones a los derechos humanos y otras 80 al Ministerio de Defensa sin que hasta ahora hayan obtenido respuestas efectivas."Los receptores de los procesos de verificación nunca nos han dado respuesta ante las violaciones de derechos humanos que hemos señalado por cuenta de los grupos criminales que delinquen en los distintos rincones de Antioquia. Nosotros vamos a ir ante organismos internacionales esperando que estas situaciones, estas denuncias, realmente tengan eco, que esto no se quede en la impunidad", afirmó.Le puede interesar: Niños heridos por explosivo en San Andrés de Cuerquia se recuperan en MedellínHechos como los ocurridos en San Andrés de Cuerquia, el mandatario departamental destacó que serán repetitivos no solo si no se atienden las denuncias, sino también si el Gobierno nacional insiste en dialogar con grupos armados que no han demostrado voluntad de paz."Todo esto se vuelve repetitivo, mientras exista esa disposición tan equívoca del gobierno nacional de contemporizar con el crimen, de negociar con él, de tratarlos como angelitos, cuando ellos solo le infligen terror a la población", manifestó el mandatario.Entre las situaciones más recurrentes advertidas a las entidades competentes por parte del gobierno de Antioquia se encuentran la instalación de artefactos explosivos en zonas rurales con el fin de afectar la Fuerza Pública o grupos enemigos, pero que ponen en alto riesgo a la población civil generando también situaciones de confinamiento y desplazamiento.