Un juzgado penal especializado de Medellín condenó a 28 años de prisión al exsubdirector de Inteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, como determinador del secuestro de Piedad Esneda Córdoba Ruiz, el 21 de mayo de 1999.
Según la Fiscalía, la decisión se produjo luego de que en el proceso judicial se determinara que el entonces directivo del organismo de inteligencia visitara al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propusiera retener y asesinar a Córdoba con la idea de que era colaboradora de la guerrilla del ELN.
Como prueba de ello, Narváez le entregó información clasificada a Castaño para así perpetrar el hecho ocurrido cuando Piedad Cordoba, en ese momento una reconocida defensora de los derechos humanos y crítica del paramilitarismo, asistía a una cita médica en un consultorio en sector de El Poblado en Medellín.
Dentro de la condena en la que se estableció la conducta de Narváez de secuestro agravado en calidad de determinador, también se le obligó a asumir una multa de 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, alrededor de 1.100 millones de pesos, en favor de Natalia María Córdoba Castro, hija de la política fallecida el pasado 20 de enero de 2024.
No obstante, dentro de esta decisión que es de primera instancia y se le pueden interponer los respectivos recursos, se conoció por parte del mismo despacho la decisión de vincular al expresidente Álvaro Uribe Vélez; su hermano, Santiago Uribe Vélez; y el general (r) Carlos Mauricio Ospina, excomandante del Ejército, como presuntos determinadores de los asesinatos no solo del abogado Jesús María Valle, sino también del profesor universitario Eduardo Umaña.
El juzgado de la capital antioqueña se basó en testimonios de exparamilitares asegurando que estos “permiten inferir la existencia de una estructura organizada con capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento, que operaba en coordinación con actores estatales y operadores ideológicos”, especialmente a raíz de un reconocido encuentro que en 1997 sostuvieron los implicados en una finca de Urabá denominada La Marranera los implicados.
El relato fue aportado por el exparamilitar Francisco Villalba, en julio de 2008, nueve meses antes de ser asesinado en una zona semirrural del municipio de La Estrella donde cumplía prisión domiciliaria.
“Ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada la orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”, aseguró Villalba sobre las razones para atentar contra Umaña, Valle, Jaime Garzón y funcionarios de la Fiscalía que en el momento del encuentro estaban investigando lo que había ocurrido en la masacre de El Aro en el municipio de Ituango.
“Era un solo papel estaba escrito en computador estaba bien redactada, la tenía Carlos Castaño y se la pasó a Santiago Uribe y empezaron a decir que esas personas tenían que ser calladas como fuera”, se lee en el mismo interrogatorio a Villalba en 2008.
Sobre la participación puntual de los hermanos Uribe, el exparamilitar también declaró: “El que dio más bomba para asesinar a esas personas fueron los hermanos Uribe, Carlos Castaño y mi general Ospina, ellos fueron los que dieron más bomba, la referencia que hizo Álvaro Uribe es que a esas personas tocaba callarlas antes de que eso se adelantara más, que se nos va a venir la Corte Interamericana encima sobre la vaina de derechos humanos, esa era la preocupación que él tenía”.
En varias oportunidades el expresidente Uribe ha negado de forma reiterada cualquier participación o vínculo con la masacre de El Aro, ocurrida en octubre de 1997, cuando él era gobernador del departamento. También que las declaraciones que lo vinculan en estos hechos son falsas, calumniosas y motivadas políticamente.