“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales”: Char

El alcalde Alejandro Char hizo fuertes críticas a la decisión del ministro de Justicia, Andrés Idárraga, de darle el visto bueno al traslado de los cabecillas de las estructuras criminales de Los Costeños y Los Pepes, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ y Digno Palomino, además de alias ‘El Negro Ober’, a centros penales de la ciudad, al parecer, antes del 20 de enero, día en el que finaliza la tregua firmada por ambos grupos criminales.El mandatario hizo un fuerte pronunciamiento a través de su cuenta de X:“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno Palomino, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”.Agregó que, desde el Gobierno, no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. Tampoco se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios.“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, se preguntó Char.El alcalde también advirtió que Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, por lo que hace una advertencia al Gobierno sobre la seguridad en la ciudad.“Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada "paz urbana" que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”.Por último, Alejandro Char exigió decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocó a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador Eduardo Verano de la Rosa y el Ministerio Público para una reunión urgente.