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Nicolás Petro se alista este miércoles 1 de octubre para el inicio de un nuevo proceso judicial en su contra que involucra una investigación por tres delitos asociados a posibles favorecimientos de terceros. Lo anterior, para presuntamente recibir recursos públicos mientras fungía como diputado de la Asamblea del Atlántico.
Por esto, la Fiscalía alista la imputación por tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, luego de haber hallado conversaciones en el celular de Daysuris Vásquez, entre ella y Nicolás, que dan cuenta de supuestas coordinaciones para recibir recursos de una contratación entregada por parte de la Gobernación del Atlántico a la Fundación Conciencia Social entre 2020 y 2021.
Pero esta audiencia de imputación de cargos sería objeto de aplazamiento a partir de una solicitud realizada por el abogado defensor de Petro Burgos, quien aseguró que no le es posible asistir por una cita que tiene en otra diligencia judicial, en la que acompaña al presidente de la República, por lo que sugirió que se estableciera como nueva fecha el 8 de noviembre.
Si bien fue identificado que esta fundación tenía un largo historial en contratación pública que habría sumado 16 contratos celebrados con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico durante más de una década, que sumarían más de $6 mil millones, para el caso de la investigación fue objeto de interés los que se realizaron mientras Petro Burgos era diputado.
En consecuencia, le fue puesta la lupa a dos contratos suscritos en dicho periodo. El primero fue suscrito en agosto de 2021 por $400 millones para trabajos con la población de adultos mayores en municipios. Sobre este, fue hallada evidencia de conversaciones entre Daysuris y Gustavo de la Ossa, representante legal de la fundación, en el que acordaron sobrecostos en los valores especificados para los pagos de los trabajadores. Por ejemplo, registraban que a un médico le pagarían $5 millones por su trabajo, cuando en realidad le darían solo $2 millones. Según este mismo diálogo, para la real ejecución del contrato solo sería empleado el 35% de los recursos, mientras que el resto sería repartido entre Daysuris, Nicolás, Gustavo de la Ossa y Pedro Name (expareja de Day).
El segundo contrato que es objeto de revisión es uno suscrito en a inicios de 2022, también entre la fundación y la Gobernación del Atlántico, por $572 millones, para trabajar nuevamente con centro de atención de adultos mayores y del cual hay prueba de que logró ser entregado un 40% del pago en anticipo.
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