Fiscales delegados ante la Corte investigarán a MinMinas por contratos que firmó en Air-e
El actual ministro fue durante cuatro meses agente interventor de la compañía, en medio de la crisis que enfrenta el sector energético en el país.
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La Fiscalía compulsó copias para que fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia investiguen al ministro de Minas Edwin Palma, quien habría contratado insumos para Air-e con sobrecostos hasta por el 60% cuando se desempeñaba como agente interventor de esta compañía.
La orden fue entregada desde la seccional Atlántico de la Fiscalía, con el fin de que se establezca si hubo posibles actos de corrupción que involucren al actual ministro frente a lo que hizo para la época en la que fue agente interventor de la compañía, la cual es encargada de prestar el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La compulsa de copias se da, luego de conocerse que el ministro Palma firmó un contrato de tercerización de servicios, una semana antes de salir del cargo, para la adquisición de más de 500 insumos para Air-e con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia SEC, el cual habría entregado a la intervenida compañía más de 700 transformadores con sobrecostos por el 60% sobre su valor original.
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Esto podría implicar una afectación económica por más de $4.000 millones, sin embargo, tendrán que ser los fiscales delegados los encargados de revisar los documentos y realizar las respectivas investigaciones. En caso de que encuentren alguna irregularidad, la Fiscalía puede hacer la solicitud de imputación ante la Corte.
Al respecto, el ministro Palma ha señalado en sus redes sociales que estas acusaciones son parte de un plan por desacreditarlo y que él solo actuó ante la difícil situación que enfrentaba la compañía, la cual, debido a su poco flujo de caja, no tenía suficiente confianza de los proveedores para que le vendieran los insumos que requería.
Con esa investigación buscará establecerse si las condiciones en las que se dio el contrato y los acuerdos del mismo se ajustan a los principios de transparencia y eficiencia exigidos en la administración de recursos públicos.