En medio de las preocupaciones que la Procuraduría y la Contraloría han emitido frente al sector energético y gasífero por posibles afectaciones en las operaciones ante la alta deuda que el gobierno sostiene con estos gremios, ambos entes solicitaron con urgencia al Ministerio de Minas y Energía que entregue detalles sobre el estado de los subsidios de energía eléctrica y gas, así como el avance en los pagos a la deuda acumulada por la opción tarifaria.
Las entidades de control demandan información precisa sobre si se están cumpliendo los plazos legales para el pago de subsidios y para la validación de conciliaciones. Esto resulta relevante, porque solo se conoce sobre informes de pago hasta diciembre de 2024, siendo este año se estaría presentando un incumplimiento que estaría incrementando los costos por mora.
Entre otros detalles, piden la información desglosada por cada operador, con el registro de qué periodo cubre cada pago y los saldos que quedan pendientes.
"En cuanto a las zonas no interconectadas (ZNI), el Ministerio deberá remitir un reporte actualizado sobre el pago de subsidios, basado en la información de la Superintendencia de Servicios Públicos que incluya, entre otros, las fechas de validación, los criterios para otorgar subsidios, la programación de pagos y el monto de la deuda por cada prestador del servicio. También se pidió información sobre si se han solicitado recursos para asegurar el funcionamiento, mantenimiento y reposición de los equipos de los Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (SSFVI), que forman parte de la tarifa del servicio", indica la Procuraduría a través de un comunicado conjunto que realizó con Contraloría.
Es importante tener en cuenta que, según Andesco, al cierre de mayo de este año la deuda del gobierno con el sector eléctrico alcanzaba los $1.5 billones, mientras que la del sector gasífero llegaba a los $500.000 millones. A esto se suman pagos pendientes por opción tarifaria que llegarían hasta los $3 billones de pesos en el país.