El inicio de año en Barbosa, Santander, se vio empañado por un escándalo. Lo que debía ser una jornada de festividades se transformó en un escenario de confrontación, presuntas agresiones y una crisis institucional que hoy tiene al alcalde Marco Alirio Cortés en el ojo del huracán.
Pese a la advertencia preventiva emitida por la Procuraduría General de la Nación el pasado 29 de diciembre, la administración municipal siguió adelante con la corrida de toros programada para el 1 de enero.
La jornada estuvo marcada por un clima de hostilidad contra activistas, animalistas y figuras políticas, entre ellos el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano; el concejal de Bucaramanga Camilo Machado y el exconcejal Carlos Parra, quienes se congregaron para protestar pacíficamente contra el evento.
La polémica escaló tras la difusión de material audiovisual en redes sociales. En los videos, se observa al alcalde Cortés en un aparente estado de alicoramiento, haciendo ‘pistola’ con la mano en varias oportunidades.
En otra de las grabaciones, se escucha a uno de los manifestantes pidiéndole al alcalde que salga y éste le responde “maric*n”.
Según los denunciantes, la actitud del mandatario no solo fue impropia de su cargo, sino que actuó como un catalizador que exacerbó las agresiones por parte de algunos asistentes a la corrida hacia quienes realizaban el plantón, incluso, en uno de los videos se ve cómo le lanzan latas y botellas al representante Avendaño y por poco lo golpean en la cabeza.
Sin importar la protesta, el alcalde Marco Alirio Cortés ingresó al escenario con una actitud burlesca y la corrida se hizo. El diputado Danovis Lozano publicó un video en el que se observa una violenta pelea entre los asistentes.
Además, denunció que el alcalde de Barbosa permitió la entrada de niños a la corrida de toros y dijo que llevará esas pruebas a la Procuraduría.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que el alcalde de Barbosa sea judicializado por este acto tan miserable que cometió el día de hoy”, expresó Lozano.
Como bien se ha señalado en debates previos sobre la administración pública, una cosa es la elección popular de los gobernantes y otra, muy distinta, es el ejercicio estricto de sus funciones y competencias.
En este caso, la senadora Andrea Padilla y colectivos ciudadanos sostienen que Cortés habría desbordado sus facultades al “patrocinar espectáculos bárbaros” que, según la Ley 2385 de 2024 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, serían ilegales en Barbosa al no ser un municipio con tradición taurina ininterrumpida.
A este panorama se suma el malestar de 370 comerciantes de la plaza de mercado, quienes denuncian que fueron desplazados por orden directa del alcalde para dar lugar a una exposición equina, afectando su sustento económico.
Mientras el municipio permanece dividido entre quienes defienden la reactivación turística y quienes rechazan el maltrato animal, la justicia deberá determinar si el decreto emitido por el alcalde tiene validez legal o si, por el contrario, Barbosa se convirtió en el escenario de un desafío abierto a las autoridades de control.