La situación de orden público en zonas rurales del Magdalena Medio santandereano mantiene en alerta a las autoridades y organismos de control, tras confirmarse incursiones de grupos armados organizados provenientes de departamentos vecinos, que han generado temor entre las comunidades.
Los hechos se concentran en áreas rurales de Rionegro, especialmente en sectores de Rionegro Bajo y límites con Puerto Wilches, El Playón y La Esperanza, donde se ha reportado la presencia de estructuras ilegales como el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra.
Según explicó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, estos grupos estarían ingresando desde el sur de Bolívar, el nororiente antioqueño y el departamento del Cesar, realizando acciones intimidatorias contra la población civil.
“Estos actores armados se encuentran en otros departamentos y hacen incursiones en territorio santandereano, generando intimidación y afectando la tranquilidad de las comunidades”, señaló el funcionario.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el pasado domingo hacia las 11:00 de la mañana, cuando hombres armados hicieron presencia en sectores como Los Chorros y Santa Catalina, generando zozobra entre los habitantes.
Frente a esta situación, las autoridades activaron protocolos de respuesta con la intervención de tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía, que lograron recuperar el control en puntos críticos. “Se activaron todos los recursos y capacidades para atender la situación. Desde el día siguiente ya había presencia del Ejército Nacional con control en la zona”, agregó Hernández.
Las acciones institucionales también contemplan investigaciones judiciales para esclarecer los hechos y evitar nuevas incursiones, al tiempo que se han intensificado los consejos de seguridad y la articulación con departamentos como Cesar y Norte de Santander.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que este tipo de incursiones representa un alto riesgo para la población civil, especialmente en zonas rurales donde la presencia institucional es limitada.
El organismo ha reiterado la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección, así como la presencia permanente de la Fuerza Pública, ante la posibilidad de confrontaciones entre grupos armados ilegales y el impacto que esto podría tener en las comunidades.
Además, la Defensoría ha insistido en la urgencia de activar rutas de atención para posibles desplazamientos forzados, confinamientos y vulneraciones a los derechos humanos, en medio del recrudecimiento de la violencia en la región.
Las autoridades también mantienen seguimiento a la situación en el municipio de Coromoro, donde se ha advertido una posible movilidad del ELN, relacionada con hechos violentos recientes, entre ellos homicidios y un caso de secuestro que terminó con la muerte de un ganadero.
En esta localidad, además, se activó el mecanismo de búsqueda urgente por la desaparición de cuatro jóvenes. Entretanto, en El Peñón y Landázuri fueron ubicadas dos adolescentes reportadas como desaparecidas, gracias a la rápida reacción de las autoridades.
Finalmente, fue convocado un nuevo Consejo de Seguridad en Coromoro, con el objetivo de evaluar medidas adicionales que permitan contener la expansión de estos grupos armados ilegales y garantizar la protección de las comunidades en el departamento.
Las autoridades reiteraron su rechazo a la presencia de estas estructuras criminales y aseguraron que no permitirán su consolidación en territorio santandereano.