Condenan a 20 años a exrectora por permitir abusos de paramilitares a estudiantes en Charalá

El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó la condena de 20 años de prisión contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, en el corregimiento de Riachuelo (Charalá, Santander), por delitos relacionados con el paramilitarismo y la explotación sexual de menores.El fallo, de 136 páginas, señala que la exrectora mantuvo vínculos directos con integrantes del frente paramilitar Cacique Guanentá, y permitió que su vivienda y el colegio fueran utilizados por los jefes del grupo armado para realizar reuniones políticas, actividades sociales y alojar a sus hombres.La decisión fue proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, con ponencia del magistrado Guillermo Ángel Ramírez Espinosa, quien ratificó el fallo emitido por un juzgado especializado.Lucila Gutiérrez fue hallada culpable de secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado, todos cometidos en el marco del accionar del frente Cacique Guanentá, que operó en la región entre 2002 y 2006. El Tribunal ordenó su captura inmediata para el cumplimiento de la pena.Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2001 y 2003, Gutiérrez permitió que varias de sus estudiantes fueran víctimas de abusos sexuales sistemáticos por parte de los cabecillas de esa estructura criminal. Incluso, habría llegado al extremo de presentar y ofrecer a las jóvenes en eventos públicos, como bazares y reinados de belleza, y al parecer prestaba la oficina de la rectoría para que allí se cometieran las agresiones.“La mujer presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. También prestó la oficina de la rectoría para que se ejecutaran las agresiones. En el curso del proceso fueron identificadas, por lo menos, dos víctimas que permanecieron encerradas y soportaron durante prolongados periodos los vejámenes de jefes paramilitares conocidos como ‘Víctor’, ‘Carlos’, ‘Nariz’, ‘Chirrete’, ‘Silvestre’ y ‘Shuster’”, señaló la Fiscalía.El fallo también establece que la casa de la familia Moreno era “un lugar abierto para los integrantes del Frente Comunero”, donde podían almacenar víveres, realizar fiestas y hospedarse.Entre las víctimas identificadas se encuentran Rosa Isabel Pinzón Niño y Nolba Rubiela Castro Cruz, quienes sufrieron abusos sexuales, esclavitud y desplazamiento forzado, además de otros jóvenes reclutados ilegalmente por el grupo armado.La investigación contra Gutiérrez se remonta al año 2024, cuando la Fiscalía recopiló pruebas documentales y testimoniales que demostraron su participación activa en los crímenes cometidos por el frente Cacique Guanentá.En su defensa, la exrectora apeló el fallo alegando inconsistencias en los testimonios, pero el Tribunal concluyó que las pruebas eran contundentes y confirmaban su responsabilidad.El magistrado ponente enfatizó que las acciones de Gutiérrez contribuyeron directamente al sostenimiento del grupo armado y a los vejámenes cometidos contra las víctimas, especialmente niñas y adolescentes del colegio.La sentencia, ratificada el 29 de septiembre de 2025, deja en firme la condena de 20 años de prisión efectiva, aunque la defensa aún puede interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.