Controversia por nuevo modelo para delimitar Santurbán: mineros anuncian acciones legales

La adopción de una metodología de delimitación progresiva para el Páramo de Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desató una fuerte controversia entre el Gobierno Nacional y organizaciones sociales, campesinas y mineras de Santander, que cuestionan la legalidad de la medida.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció la implementación de la metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos de Colombia y presentó su primera aplicación en Santurbán, acompañada de dos medidas orientadas a fortalecer la protección del sistema hídrico de la región.

Según el Gobierno, el objetivo de la decisión es proteger el agua que abastece a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Además, destacó la creación de áreas de reserva definitiva en la subcuenca La Baja, una zona donde, según el Ministerio, existen afectaciones por la minería ilegal y amenazas derivadas de proyectos de extracción de oro.

"El agua no se negocia y seguimos insistiendo en que Santurbán no debe ser explotado ni por la minería ilegal ni por grandes empresas multinacionales. Asimismo, solicitamos que la medida esté acompañada de una mayor presencia del Estado para combatir la minería ilegal, impulsar inversiones sociales en Soto Norte, fortalecer la producción agrícola y promover alternativas económicas para las comunidades tradicionalmente dedicadas a la minería", dijo Mayerlín López, vocera del Comité por la Defensa de Santurbán.

En contraste, más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones mineras de Soto Norte rechazaron el anuncio del Ministerio de Ambiente al considerar que contradice la posición jurídica que la misma cartera había expuesto ante el Tribunal Administrativo de Santander en 2023.

De acuerdo con un documento divulgado por estas organizaciones, el Ministerio había manifestado anteriormente que una delimitación parcial del Páramo de Santurbán era jurídicamente inviable y contraria a la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó adelantar un proceso integral de delimitación con participación de los 40 municipios involucrados en Santander y Norte de Santander.

Las organizaciones sostienen que expedir una resolución sobre solo el 70 % del territorio, mientras continúa la concertación con los municipios restantes, podría dar lugar a acciones judiciales para solicitar la nulidad del acto administrativo e investigaciones por presuntas irregularidades, al considerar que la medida desconocería el procedimiento fijado por la Corte Constitucional.

Los defensores de la iniciativa también advirtieron sobre una eventual campaña de desinformación en torno al proceso de delimitación e hicieron un llamado a la ciudadanía para participar este 18 de julio en una jornada de concertación convocada en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga.

El Páramo de Santurbán es uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país por su capacidad para abastecer de agua a más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander. Desde hace más de una década, su delimitación ha estado en el centro de un intenso debate entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas interesadas en desarrollar proyectos de extracción de minerales.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-361 de 2017, dejó sin efectos la delimitación expedida en 2014 y ordenó realizar un nuevo proceso con amplia participación ciudadana antes de adoptar una decisión definitiva. El anuncio del Ministerio de implementar una delimitación progresiva reabre el debate jurídico, ambiental y social sobre el futuro de Santurbán y la protección de uno de los principales complejos de páramo del país.