El Tribunal Superior de Bucaramanga condenó a 7 años y 7 meses de prisión al exdirector del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU), Cristian Rueda Rodríguez, por el delito de peculado por apropiación, en un fallo que revoca la sentencia absolutoria emitida previamente por un juez penal del circuito.
Los hechos se remontan al año 2012, cuando el IMEBU suscribió el contrato 080 con la Fundación Jóvenes con Ideas y Soluciones (Jovis). Dicho contrato tenía como fin ejecutar un programa de formación con nuevas tecnologías dirigido a jóvenes de escasos recursos, buscando motivarlos para ingresar al mundo laboral.
Sin embargo, la Fiscalía demostró que el proceso contractual estuvo plagado de irregularidades en la ejecución, entre ellas la entrega de listas de asistencia y facturas falsas, contratos sin respaldo legal y ausencia de evidencia de los servicios prestados. A lo largo del proceso se estableció un faltante superior a los 100 millones de pesos del dinero público comprometido.
El tribunal consideró que existían pruebas suficientes que demostraban la responsabilidad de Rueda Rodríguez en el manejo indebido de los recursos, y determinó que su actuar facilitó el desvío del dinero. Por ello, impuso la pena privativa de la libertad, aunque el fallo aún puede ser apelado por la defensa.
Pero este no es primer caso de corrupción en el IMEBU. La Fiscalía con pruebas ante un juez demostró que Ángel Miguel Pinto Urrea, supervisor del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, era culpable de hechos irregulares y por eso fue condenado a 8 años de prisión.
La actuación judicial la hizo la Fiscalía en medio de seis investigaciones, por el mismo número de contratos, en el que se presumió que hubo indicios de un carrusel de la contratación en el que el Instituto de Empleo contrató con diferentes instituciones y fundaciones para ofrecer capacitaciones a jóvenes y adultos mayores, hechos que conllevaron a un peculado de 120 millones de pesos.
Este caso envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión de los recursos del Estado y refuerza el compromiso de la Fiscalía con el combate contra la corrupción. La entidad subrayó la importancia de la vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de los controles administrativos para prevenir casos similares.