Un total de 129 funcionarios de planta de la Secretaría de Salud de Santander no recibieron el pago correspondiente al mes de agosto debido a la entrada en vigor de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, que en su artículo 21, parágrafo 1, prohíbe la financiación de salarios de talento humano administrativo, de coordinación o dirección en salud pública con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
La misma norma establece que el talento humano operativo, como los técnicos y profesionales adscritos a programas de salud pública, debe financiarse con recursos propios del departamento, del propósito general del SGP o con rentas cedidas.
En Santander, la situación compromete una nómina anual cercana a los $14.000 millones, que hasta ahora se financiaba con dichas transferencias.
La Gobernación advierte un panorama crítico. La secretaria de Hacienda, Diana Durán, explicó que no existen fuentes de financiación suficientes para asumir de inmediato este gasto.
“Efectivamente son 129 funcionarios que se venían pagando con recursos del Sistema General de Participaciones, pero la resolución nos obliga a cubrirlos con ingresos propios o rentas cedidas. El problema es que los recursos de libre destinación del departamento son mínimos y ya están comprometidos con otras plantas de personal y secretarías. Si asumiéramos esta nómina, cerca de ocho secretarías quedarían sin presupuesto de inversión en 2026”, señaló.
Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz hizo un llamado al Ministerio de Salud para que reconsidere la medida.
“No puede ser que de un día para otro nos trasladen esta responsabilidad de $14.000 millones anuales cuando el departamento solo cuenta con $18.000 millones de ingresos de libre destinación. Esto requiere una transición. Desde 2011 se ha pagado con recursos del SGP y no podemos asumirlo de un solo golpe sin poner en riesgo la estabilidad laboral ni la salud pública”, señaló el mandatario.
Mientras avanza la discusión entre Nación y entidades territoriales, los trabajadores afectados aseguran estar en una situación crítica. Diana Ariza, profesional del área de epidemiología, dijo: “No sabemos qué hacer. Necesitamos una solución definitiva y el pago de nuestros sueldos. Detrás de estos 129 empleados hay 129 familias que hoy no tienen cómo responder a sus compromisos. Estamos en una fase crítica”.
La Gobernación de Santander advirtió en un comunicado que esta medida afecta directamente la operación de programas esenciales de inspección, vigilancia y control en salud pública, y pidió al Ministerio de Salud derogar o suspender los efectos de la Resolución 1597 de 2025 en su artículo 21; crear un régimen de transición que permita pagar los salarios ya presupuestados con cargo al SGP y definir una alternativa de financiación sostenible en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Congreso.
La situación también golpea a los trabajadores del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV). La coordinadora del grupo, Magda del Rosario Chacón, advirtió que, aunque el Ministerio giró más de $1.700 millones para el programa, solo se han ejecutado parcialmente, dejando a funcionarios sin recibir salario oportuno.
“Existe disponibilidad de recursos para continuar con la cancelación regular de los salarios, pero no se han aplicado de manera adecuada, lo que genera vulneración laboral e inestabilidad”, señaló en una carta enviada a la Secretaría de Hacienda.
Como respuesta la secretaria de Hacienda Diana María Durán, en entrevista con Blu Radio señaló: “nosotros tuvimos una mesa de trabajo con todo el equipo de la Gobernación y en particular de esta comunicación y sobre el equipo de 41 funcionarios de ETV, pero los recursos que señalan no alcanzan para el pago total. Le pedimos al secretario de Salud de Santander se verifique la disponibilidad de recursos para el pago de los funcionarios”.
Por ahora, los 129 trabajadores seguirán sin recibir el salario de agosto, mientras se define si el Ministerio de Salud modifica la resolución o si la Gobernación logra reestructurar su presupuesto. La Federación Nacional de Departamentos ya elevó una solicitud formal al Gobierno Nacional para instalar mesas de trabajo urgentes y evitar un colapso en los programas de salud pública.
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