Gobernación de Santander refuerza acciones contra el crimen y ofrece millonaria recompensa
Hasta 50 millones de pesos ofrece la administración departamental por información de los grupos armados organizados que buscan ingresar a la región.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 016 de 2025 por la presencia de tres grupos armados ilegales que se estarían disputando el control del territorio en Rionegro, Santander.
El organismo advirtió una triple confrontación armada en ese municipio, específicamente, en los corregimientos de San Rafael de Lebrija, Papayal, San José de Los Chorros y La Tigra.
Según el informe, en esta zona del Bajo Rionegro, considerada un corredor estratégico para el narcotráfico, confluyen estructuras del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y una posible presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que aumenta el riesgo para los habitantes.
En vista de la situación, las autoridades departamentales se reunieron este jueves, 13 de noviembre, para analizar el comportamiento delictivo de los grupos organizados que, presuntamente, operan en Santander y para crear estrategias que permitan evitar cualquier tipo de confrontación.
Una de las estrategias es la de entregar una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren datos que conduzcan a la captura de integrantes o redes de apoyo de los grupos armados organizados que buscan ingresar al territorio santandereano.
"Es un compromiso desde la Gobernación de Santander poder contrarrestar todas las estructuras de grupos armados organizados y trabajar por la contención de los delitos, especialmente el homicidio y la extorsión”, dijo Óscar Hernández Durán, secretario del Interior departamental.
De igual forma, el gobierno departamental llevó un equipo multidisciplinario a Rionegro para que, en un trabajo articulado con el Ejército y la Policía Nacional, puedan dar acompañamiento a la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo y así anticipar, contener riesgos, fortalecer la presencia institucional y garantizar la protección de las comunidades más vulnerables del territorio santandereano.