La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.
De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.
La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.
Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.
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Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.
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En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.
Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.
Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.
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Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.
De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.
La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.
Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.
La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.
La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.
El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
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