En Santander durante la IV Mesa Técnica de la Comisión Accidental Minera de la Cámara de Representantes, un espacio que reunió a alcaldes, congresistas, gremios y comunidades mineras de Santander, Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Boyacá, los líderes reclamaron que la nueva Ley Minera sea concertada con las regiones.
Los participantes advirtieron que la imposición de la Zona de Reserva Temporal (ZRT) en el macizo de Santurbán ha vulnerado el derecho de participación ciudadana, desconoce el Acuerdo de Escazú y pone en riesgo la actividad formal de la que dependen más de 25 mil santandereanos.
Según señalaron, esta medida ha impedido la formalización de al menos 26 mineros en Vetas y California, al tiempo que abre espacio para el avance de la minería ilegal.
La alcaldesa de Vetas, Angélica García, sostuvo que “las comunidades merecen que se les escuche y se construyan soluciones técnicas y viables, no imposiciones que ponen en riesgo la economía y el futuro de nuestras familias”.
La mandataria recordó que la Agencia Nacional de Minería negó las solicitudes de formalización por efecto de la ZRT, lo que deja en la incertidumbre a decenas de trabajadores que buscan operar bajo la legalidad.
Fabio Maldonado, director del Consejo de Soto Norte, también alertó sobre los riesgos de la política minera actual. “Es el mismo Estado el que está poniendo en jaque al medio ambiente al negarle licenciamientos a la minería formal. Eso incrementa la ilegalidad y, además, contribuye a la contaminación del río Suratá, que abastece hasta un 18 % del agua de Bucaramanga”, señaló.
Por su parte, el representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, denunció que “el Gobierno ha criminalizado la minería formal, mientras los grupos armados ilegales se apropian de minas de oro. Santander enfrenta riesgos crecientes como la presencia de banderas del ELN en zonas mineras y resoluciones de reservas temporales que afectan no solo el oro, sino también materiales esenciales para vivienda, vías e infraestructura”.
El encuentro concluyó con un llamado al Gobierno Nacional para que la nueva Ley Minera sea construida con las comunidades y los verdaderos actores del sector, garantizando sostenibilidad ambiental, desarrollo regional y estabilidad económica para miles de familias.
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