Mineros rechazan medidas sobre Santurbán y anuncian acciones legales contra Minambiente

Organizaciones sociales, comunales y mineras de la provincia de Soto Norte cuestionaron las recientes resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el Páramo de Santurbán y anunciaron que emprenderán acciones legales al considerar que las decisiones vulneran los derechos de participación de las comunidades y afectan el futuro de la minería legal en la región.

En un pronunciamiento, los representantes de las organizaciones aseguraron que las medidas adoptadas por el Ministerio, encabezado por la ministra encargada Irene Vélez, favorecen la expansión de la minería ilegal al limitar el desarrollo de la minería formal y tradicional en municipios como California y Vetas.

"El Gobierno prácticamente le está entregando el páramo de Santurbán a los criminales. Los pequeños mineros que queremos trabajar de manera formal estamos siendo desplazados, mientras la ilegalidad gana terreno", afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas y representante de organizaciones del POMCA Alto Lebrija.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la denominada delimitación progresiva del Páramo de Santurbán. Según las organizaciones, este mecanismo fue considerado por el propio Ministerio de Ambiente, en un concepto presentado al Tribunal Administrativo de Santander en 2023, como una alternativa jurídicamente inviable e incompatible con lo ordenado por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que exige una delimitación integral con participación de los municipios involucrados.

Asimismo, rechazaron la creación de una Zona de Reserva Permanente en jurisdicción de California, Santander, al señalar que fue adoptada sin un proceso de participación ciudadana suficiente, lo que, en su criterio, desconoce los principios del Acuerdo de Escazú y afecta directamente a comunidades que históricamente han desarrollado actividades mineras por fuera del ecosistema de páramo.

Las organizaciones también cuestionaron la intención del Ministerio de prorrogar hasta 2029 la Zona de Reserva Temporal establecida en 2024, argumentando que la medida mantiene en incertidumbre a municipios cuya economía depende de la minería legal y que, desde su creación, ha sido objeto de observaciones por parte de organismos de control y autoridades regionales.

Los voceros anunciaron que presentarán denuncias por presuntos delitos como fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra la ministra y los funcionarios que participaron en la expedición de las resoluciones.

Además, hicieron un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander para que intervengan en el proceso y garanticen el respeto por el debido proceso y el derecho a la participación de las comunidades de Soto Norte.

Las declaraciones se conocen un día después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara la realización de nuevos estudios técnicos internacionales sobre Santurbán, con el propósito de buscar una solución definitiva al proceso de delimitación del páramo.

El proceso de delimitación del Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín ha generado un amplio debate durante la última década entre autoridades ambientales, comunidades campesinas, pequeños mineros, organizaciones sociales y empresas del sector minero. En los últimos días, el Ministerio de Ambiente anunció nuevas medidas para fortalecer la protección del ecosistema, mientras distintos sectores de Santander mantienen posiciones encontradas sobre el alcance jurídico, ambiental y social de las decisiones adoptadas.