Procuraduría formula cargos a docente de Piedecuesta por presunto irrespeto a estudiantes
La Procuraduría catalogó la conducta como una falta grave por parte del docente de una institución pública de Piedecuesta, Santander.
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La Procuraduría General de la Nación abrió un pliego de cargos contra Jorge Lozano García, docente del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento de Piedecuesta, por presunto irrespeto y falta de rectitud hacia dos estudiantes menores de edad.
Según el Ministerio Público, se investiga si el maestro de lengua castellana habría realizado insinuaciones inapropiadas a dos adolescentes de 13 y 14 años durante la vigencia escolar de 2024, acciones que, de comprobarse, habrían desbordado la relación docente–estudiante.
El ente de control busca establecer si el servidor público desconoció sus deberes funcionales como figura de autoridad dentro del ambiente educativo, especialmente tratándose de menores que gozan de especial protección constitucional.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga calificó la conducta atribuida a Lozano García como una presunta falta grave cometida a título de dolo. Con la apertura del proceso disciplinario, la entidad determinará si el docente vulneró el principio de moralidad y las obligaciones propias de su rol formador.
En mayo de 2025 también la Procuraduría formuló pliego de cargos contra John Alexander Gómez Montañez, docente de la Institución Educativa José Antonio Galán, ubicada en el municipio de Floridablanca, Santander, por presunto acoso sexual a una estudiante menor de edad.
Según informó el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido durante el año 2023, cuando el maestro de ciencias sociales habría sostenido conversaciones vía mensajes de texto con la alumna, en los que, presuntamente, emitió comentarios e insinuaciones de carácter sexual y sentimental.
en su momento la Procuraduría investigaba si esta conducta configuraba una falta disciplinaria por parte del docente, que podría constituir una vulneración al principio de moralidad en el ejercicio de la función pública, así como una transgresión a su deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los menores que tiene a su cargo, como la vida, la integridad personal y la libertad sexual.