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Una veeduría ciudadana solicitó formalmente a la Procuraduría Regional de Santander iniciar una investigación disciplinaria por posibles irregularidades en la designación y actuación de la actual directora encargada de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Gloria Milena Durán Villar.
En una comunicación dirigida a la procuradora regional, Magda Liliana Buendía Chacón, el ciudadano Ramiro Vásquez Giraldo, actuando como miembro de la veeduría, expone que la señora Durán Villar estaría ejerciendo el cargo de manera presuntamente irregular, pese a que existiría una recusación formal presentada por el ingeniero Orlando Arenas Villar, quien integra el consejo directivo en representación de los gremios y primo de la directora de la CAS.
El escrito cuestiona el nombramiento de Durán Villar, designada mediante el Acuerdo 120 del 1 de abril de 2025 por parte del Consejo Directivo de la CAS, debido a su presunto parentesco en cuarto grado de consanguinidad con un consejero que representan a la gremios economicos del sur de Santander.
Según se argumenta en la solicitud, la continuidad de Durán Villar en funciones contravendría el artículo 44 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, así como jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencia 11001-03-28000-2012-00057-00), que resalta la obligación de respetar el régimen de inhabilidades en cargos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Además, se pide a la Procuraduría que se revisen todos los actos administrativos firmados durante su encargo, incluyendo nombramientos, licencias, permisos y sanciones, y se determine si deben ser declarados nulos por haber sido expedidos, presuntamente, por una persona inhabilitada.
La solicitud también señala posibles omisiones por parte del Gobernador de Santander y del Consejo Directivo de la CAS, al permitir que la funcionaria continúe ejerciendo el cargo sin resolver la recusación ni atender las advertencias legales.
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El documento fue radicado oficialmente ante la Procuraduría Regional, y se espera que en los próximos días la entidad defina si inicia una actuación disciplinaria frente a los hechos denunciados.
El pasado 18 de julio, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, ordenó como medida provisional la suspensión inmediata del trámite o de cualquier actuación administrativa relacionada la elección del nuevo director de la CAS al admitir una acción de tutela promovida por el veedor Jesús Antonio Castro González.
Mediante un comunicado de la Gobernación de Santander confirmó que la elección del director de la CAS fue suspendida. El trámite estaba programado para el miércoles 23 de julio.
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"Esta convocatoria fue realizada en estricto cumplimiento del deber legal y
estatutario que recae sobre los miembros del Consejo Directivo. La inobservancia de esta obligación no solo representa un incumplimiento formal, sino que constituye una falta disciplinaria grave por omisión, conforme al régimen disciplinario y los principios de legalidad y responsabilidad que rigen la función pública", dice el comunicado de la Gobernación de Santander.
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